Sentencia CL-614-16 — Registro 7696
Resumen
En segunda instancia se declaró ha lugar el recurso de apelación y se reformó la sentencia, declarando con lugar la demanda ordinaria laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. Que el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDES, en su único motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora: …III. Que el cargo que antecede resulta inestimable en virtud que se indica en la formulación el error de hecho por apreciación errónea de la prueba testifical, cuando es sabido, que la misma no puede ser objeto de valoración por este Tribunal, por estar supeditada a la inmediación del juzgador de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los once días del mes de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal del nombramiento permanente de trabajo, caso contrario sea condenado al pago de los derechos laborales, así como los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, por el señor EDWIN JOVANY ZALDIVAR PERDOMO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su representante legal, señor RICHARD ZABLAH, mayor de edad, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando ha lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Julio Cesar Pérez García en su condición de representante procesal del trabajador Edwin Jovany Zaldívar en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el procedimiento iniciado con la demanda ordinaria laboral promovida por el citado trabajador en contra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a través de su representante legal, todos de generales conocidas en el citado proceso, en consecuencia se procede a REFORMAR la sentencia definitiva de la referencia, reforma que se contrae a: I) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el pago del Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, más a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que con sujeción a las normas procesales establecidas en el Código del Trabajo, quede firma la sentencia condenatoria respectiva; II) Condenar a la institución demandada a pagar al trabajador por los conceptos antes señalados, los valores siguientes: Preaviso Lps. 29,337.86; Auxilio de Cesantía Lps. 102,682.51; y, Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 11,490.56; mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; III) Fijar como monto total de condena el valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS. 147,178.65), valor que corresponde a los conceptos antes señalados y a los que fueron otorgados por el a quo en el fallo recurrido; SEGUNDO: Confirmando la citada sentencia en sus demás extremos, es decir en cuanto a que concede el pago de los derechos adquiridos y absuelve de costas a la institución demandada. TERCERO: Sin Costas…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 27 de noviembre del 2014, inició el periodo de vacaciones que aprovechó para compartir con su familia en Nueva Celilac, Santa Bárbara, hasta el 22 de diciembre del mismo año; que se le había concedido un permiso por un año pero posteriormente se le comunicó la suspensión del mismo, en razón de ello se reincorporó a sus funciones y el 08 de enero del 2015, fue citado a audiencia de descargos, en la cual se argumenta que el día 15 de diciembre del 2014 (estando en el periodo de vacaciones) realizó venta de una bolsa de productos médicos a la derecho habiente de nombre Lesby Isabel Mejía López; aduciendo que ese acto está prohibido por el Reglamento Interno de Trabajo y que se funda en el argumento de la denuncia de la ofendida y la declaración del vigilante de nombre Edgar Arturo Castillo Martínez, con el cual se le prejuzga su conducta laboral, calificándola como grave constitutiva de despido; que no fue él quien le vendió los productos relacionados, pues no conoce a la derecho habiente; el demandante declaró que es socio de la empresa ORTOMEDQ, S. DE R. L. que se dedica a la venta de servicios médicos que en sus horas no laborales y vacaciones dado los bajos salarios y que ello no está prohibido; que el señor Edgar Arturo Castillo Martínez se le sancionó con, suspensión por ocho días por la compra de materiales que realizó a la señora Lesby Isabel Mejía López, lo que considera que es violatorio al artículo 60 de la Constitución de la República, pues a él se le sanciona con el despido; además estima que la sanción es excesiva si se analiza que durante el tiempo laborado no existe ninguna sanción.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que existe la veracidad de las infracciones laborales que se detallan en la audiencia de cargos y descargos y el incumplimiento de normas de observancia contenidas en la Constitución de la República, Código del Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de Procedimiento Administrativo, se establece como falta grave las infracciones y justa la cancelación del nombramiento permanente del demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir promovida por el señor Edwin Jovany Zaldivar Perdomo contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); absolviendo a la demandada por dichos pagos; declaró con lugar la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos; condenando a la institución demandada a pagar al demandante la suma de L.13,667.72 por los conceptos de vacaciones L.6,542.81; décimo tercer mes proporcional L. 419.11; décimo cuarto mes proporcional L. 6,705.80, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, resulta acreditado que el actor participó en los hechos que se le atribuyen en la nota de desvinculación laboral, al venderle productos a una derecho habiente del IHSS, pese a que en el Reglamento Interno de Trabajo en el artículo 84 letra n) se lo prohíbe; ya que si bien, durante ese tiempo se encontraba de vacaciones, éste en la audiencia de cargos y descargos reconoció que se dedica a realizar actos de comercio y que se relacionan a la venta de productos o materiales médicos quirúrgicos a pacientes del IHSS que lo llaman; declaraciones que coinciden en la forma en que se realizó la venta a la derecho habiente, pues las investigaciones arrojaron que se le llamó vía teléfono para efectuar dicho negocio; comportamiento que a criterio de éste Juzgador justifican el cese de la relación de trabajo, por ser un comportamiento no ajustado a la ética, pues siendo la demandada una institución que brinda los servicios de salud, no es correcto que sus empleados se dediquen a la venta de materiales médicos, razón por la que en la normativa interna se les prohíbe, por reñir con la buena fe se debe prevalecer en la relación de trabajo, no siendo posible establecer la existencia de un trato desigual con el otro empleado al que se le sancionó con la suspensión de labores, por cuanto, los hechos atribuidos a éste son distintos a los probados en el presente caso; de ahí que los derechos impetrados por el actor deben ser desestimados a excepción de los derechos adquiridos que se pagan independientemente de la forma en que finaliza el vínculo laboral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, de la manera siguiente: I) declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, más a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir; II) condenar a la institución demandada a pagar al trabajador por los conceptos antes señalados; III) Fijar como monto total de condena el valor de L.147,178.65, valor que corresponde a los conceptos antes señalados y a los que fueron otorgados por el a quo en el fallo recurrido; confirmando la citada sentencia en sus demás extremos, es decir, en cuanto a que concede el pago de los derechos adquiridos y absuelve de costas a la institución demandada, sin costas; bajo el criterio que la demandada en el sub judice al notificar al trabajador su decisión de dar por terminada la relación laboral invocó como causa “haberse presentado al Instituto Hondureño de Seguridad Social en horas y días no laborables ya que se encontraba de vacaciones, a partir del 27 de noviembre al 22 de diciembre del 2014”; ingresando sin autorización interna procediendo a efectuar actos de comercio dentro de las instalaciones del IHSS estando en su horario no laborable; vendiéndole medicamentos y otros insumos a la derechohabiente Lesby Isabel Mejía López, con numero de afiliación B-2000-1992-001544, según denuncia presentada por la misma derecho habiente, actos de comercio que están totalmente prohibidos por el reglamento interno de trabajo de la institución, específicamente en el artículo 82 inciso n) del Reglamento Interno de Trabajo en mención…”, causa para cuya acreditación se propuso el expediente de investigación de los guardias de seguridad José Indalecio Galindo Mejía, Edgar Arturo Castillo Martínez y del demandante Edwin Jovany Zaldívar Perdomo que contienen las declaraciones de éstos como cargos y como testigos firmadas por los participantes y por el inspector laboral de la entidad demandada; todo lo anterior fue incorporado al proceso en el acta del reconocimiento adicionándose otra documentación que no fue propuesta pero que al igual que la anterior corre agregada a folios del 96 al 181 de la primera pieza. Que el demandado no ha probado en el proceso de manera fehaciente, que el trabajador demandante haya incurrido en el comportamiento que se le atribuye como causa de terminación, es decir, que haya ingresado a las instalaciones de la demandada con o sin autorización interna, y menos aún, que haya sido éste quien realizó la venta de insumos a la derecho habiente; y si bien, como antes se expusiera, aunque aceptados por éste los actos de comercialización durante los últimos dos años, los mismos se realizaron con la anuencia de los representantes de la regional, tal y como lo aseverara el trabajador y lo acreditara en el proceso, razones éstas por las que resultan atendibles la argumentaciones del recurrente, en cuanto a que, con la prueba aportada y no valorada por el a quo, logró desarmar la tesis del patrono, desvirtuando la legalidad del despido.- 5. Mediante auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDES, en su único motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora: A.) del acta de fecha 26 de febrero del 2016, levantada la audiencia denominada TESTIFICAL ACTORA; B.) Considerar que el hecho hicieron con anuencia de la parte demandada. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora, A) Acta de fecha 26 de febrero del 2016, levantada en la audiencia denominada TESTIFICAL ACTORA. En la sentencia parcialmente impugnada dictada por la Honorable Corte de Apelaciones (en folio 23 vuelto), en los FUNDAMENTOS DE DERECHOS inciso primero, señala: A.- Rindieron declaración los señores José Ronaldo Rivera Mate y Mario Osmin Rodríguez Valle, sin que la representación de la entidad demandada lograra revertir tales dichos ya sea porque objetara las preguntas o porque en el contra interrogatorio lograra establecer la falsedad de los mismos. Sin embargo en el contra interrogatorio realizado por el Representante Legal de la parte demandada” Cuando se le formuló la pregunta al testigo JOSE ROLANDO RIVERA MATEO ¿Qué si conoce donde reside el señor Edwin Geovany Zaldívar? Contestó: “vive en Celilac, Santa Bárbara. por lo que el testigo NO ES CONTESTE, ya que el propio demandante estableció en la demanda que su lugar de residencia es en Aldea Zapotal, tercer pasaje atrás de la escuela Bilingüe Abrahán Chacón de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Y cuando fue preguntado el testigo MARIO OSMIN RODRIGUEZ VALLE por el Juez A quo ¿Quién le gustaría que ganara el juicio? Respondió: Edwin por supuesto. Al ser interrogado por la parte actora ¿sabe usted en qué lugar vive Edwin Geovany Zaldívar? Respondió: sí, vive en nuevo Celilac. (folio 93 vuelto) por lo que el testigo NO ES CONTESTE, ya que el propio demandante estableció en la demanda, que su lugar de residencia es en Aldea Zapotal, tercer pasaje atrás de la escuela Bilingüe Abrahán Chacón de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Y así mismo, al ser interrogado por la parte demandada que si conocía donde trabaja el señor Edwin Geovany Zaldívar? Contestó: No. También la testigo KENIA YOMAIRA VASQUEZ LOPEZ, cuando fue interrogada por el Juez A Quo: ¿Quién le gustaría que ganara el juicio? Respondió: El trabajador (folio 92). Al ser interrogada por la parte demandada la testigo LESBY ISABEL MEJIA LOPEZ, que sí reconoce la firma que hay en el documento de fecha 15 de diciembre del 2014, respondió: Que sí, es la firma de ella pero que no reconoce del significado que hay en el papel (folio 91 vuelto), mismo documento que contiene; la denuncia de los testigos que relata Kenia Vásquez que el guardia de seguridad Edgar Castillo la envió cerca de la morgue donde llego otro señor supuestamente de nombre Edwin, quien le entrego el paquete y ella le dio los mil lempiras el guardia de segur dad Edgar Castillo, que en efecto, la señora Kenia Vásquez se presentó ayer, y que el llamó al número de teléfono 9945-0613, que pertenece a Edwin quien trabaja en sala de operaciones, quien es el que vende los materiales y que el solo hace el favor de llamar, documento que obra a folio 97, conteniendo la huella digital de Kenia Vásquez López (denunciante), huella y firma de Lesby Isabel Mejía López (denunciante), firma de Dilma Martínez (Inspector de Personal), Firma de Cristian Elías Santeli (Analista e Relaciones Laborales), Firma de Paola Palao (Testigo), Firma de Edgar Castillo (Guardia de Seguridad). B.- En folio 23 vuelto dice que la existencia de la entidad mercantil consta en efecto, el trabajador era socio de una entidad mercantil constituida desde el año 2013, dedicada a la prestación de servicios de instrumentaciones de cirugías y distribuidores de material ortopédico (f.19 p.p.), sociedad de cuya existencia era conocedora la institución demandada según lo hiciera constar con la documentación que sin objeción alguna fuera incorporada al proceso y que es visible a folios setenta y cinco al setenta y nueve de la primera pieza (f. 75 al 79), también consta esta circunstancia del documento incorporado por la demandada en el acta de reconocimiento (f. 173), a través de la cual se anunciaba en las paredes de la sala de labor y parto la venta de materiales ( f.96, 129 p.p.), el trabajador había venido realizando actividades de venta de materiales a los derechohabientes del IHSS, desde hacía dos años con la anuencia de los representantes de la entidad demandada, así lo dijo en la audiencia de descargo convocada por la investigación iniciada a raíz de los hechos acaecidos los días 14 y 15 del año dos mil catorce, y consta en la documentación que la misma demanda incorporó en el acto del reconocimiento con el reporte que en su momento hiciera al licenciado Fabricio Perdomo, / jefe de personal, el Coordinador int. De seguridad de la entidad demandada (f. 96 p. p.), desde el día 20 de junio del año 2014, en el que dice “haber verificado que el señor Edwin Zaldívar es quien trae medicina a las personas que tienen parientes en labor y parto, esta persona e incluso les ha dejado N° De teléfono en las puertas de esa sala para lo que pueden llamar para traerle los medicamentos.- así mismo menciona: que según informe es empleado de este hospital y en algunas oportunidades se le ha hecho saber que lo que hace está prohibido” de manera que pese a lo reprochable que pudiere se la comercialización de productos médicos quirúrgicos en las instalaciones de la entidad demandada, la incompatibilidad entre el servicio y esa actividad comercial, la prohibición de ejercer actos de comercio en el sitio de trabajo de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, lo cierto es que, ésta se había venido realizando con la anuencia de las autoridades de la regional y de la Comisión (f. 148 p.p. ), pues un sabiéndolo no se hicieron advertencias, no se levantaron actas de descargo a ese respecto en tiempo, y si bien esto resulta evidenciado y documentado del hecho acaecido del día citado, no es posible para la demandada invocar la citada circunstancia como causa o reiteración de causa para poner fin al contrato de trabajo.” Todo este argumento carece de veracidad porque el documento incorporado por la demandada en (f.173), no es un acta, tampoco tiene firmas y mucho menos es un documento autorizado por el IHSS. Folio 96 es un informe de empleado de fecha 20 de junio 2014 que sirve de referencia para investigación posterior por no demostrarse un hecho concreto y en el folio 97 se refiere al acta del 15 de diciembre 2014 donde se estable textualmente lo que dijo Kenia Vásquez: “llego otro señor supuestamente de nombre Edwin que fue el señor Edwin quien me entrego el paquete y yo le di los mil lempiras” y el señor Edgar Castillo confirma textualmente en esta misma acta: “que él llamó al número de teléfono 9945-0613, que pertenece a Edwin quien trabaja en sala de operaciones, quien es el que vende los materiales por lo tanto en dicha acta no se confirma el consentimiento que dice la Corte de Apelaciones.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inestimable en virtud que se indica en la formulación el error de hecho por apreciación errónea de la prueba testifical, cuando es sabido, que la misma no puede ser objeto de valoración por este Tribunal, por estar supeditada a la inmediación del juzgador de instancia.- IV. Que el impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 10 de noviembre del dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, señalando los errores procesales siguientes: A.- .- En folio 23 vuelto dice que la existencia de la entidad mercantil consta en efecto, el trabajador era socio de una entidad mercantil constituida desde el año 2013, dedicada a la prestación de servicios de instrumentaciones de cirugías y distribuidores de material ortopédico (f.19 p.p.), sociedad de cuya existencia era conocedora la institución demandada según lo hiciera constar con la documentación que sin objeción alguna fuera incorporada al proceso y que es visible a folios setenta y cinco al setenta y nueve de la primera pieza (f. 75 al 79), también consta esta circunstancia el documento incorporado por la demandada en el acta de reconocimiento (f. 173) , a través de la cual se anunciaba en las paredes de la sala de labor y parto la venta de materiales (f.96, 129 p.p.), el trabajador había venido realizando actividades de venta de materiales a los derechohabientes del IHSS, desde hacía dos años con la anuencia de los representantes de la entidad demandada, así lo dijo en la audiencia de descargo, convocada por la investigación iniciada a raíz de los hechos acaecidos los días 14 y 15 del año dos mil catorce, y consta en la documentación que la misma demandada incorporo en el acto del reconocimiento con el reporte que en su momento hiciera al licenciado Fabricio Perdomo, jefe de personal, el Coordinador int. De seguridad de la entidad demandada (f. 96 p.p.), desde el día 20 de junio del año 2014, en el que dice: “haber verificado que el señor Edwin Zaldívar es quien trae medicina a las personas que tienen parientes en labor y parto, esta persona e incluso les ha dejado Nº. De teléfono en las puertas de esa sala para lo que pueden llamar para traerle los documentos.- así mismo menciona que: “ que según informes es empleado de este hospital y en algunas oportunidades se le ha hecho saber que lo que hace está prohibido,” de manera que pese a lo reprochable que pudiere ser la comercialización de productos médicos quirúrgicos en las instalaciones de la entidad demandada, la incompatibilidad entre el servicio y esa actividad comercial, y la prohibición de ejercer actos de comercio en el sitio de trabajo de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, lo cierto es que, ésta se había venido realizando con la anuencia de las autoridades de la regional y de la Comisión ( f. 148 p.p. ), pues aun sabiéndolo, no se hicieron advertencias, no se levantaron actas de descargo a ese respecto en tiempo, y si bien esto resulta evidenciado y documentado del hecho acaecido del día citado, no es posible para la demandada invocar la citada circunstancia como causa o reiteración de causa para poner fin al contrato de trabajo.” Todo este argumento carece de veracidad porque el documento incorporado por la demandada en (f. 173), no es un acta, tampoco tiene firmas y mucho menos es un documento autorizado por el IHSS. Folio 96, es un informe de empleado de fecha 20 de junio 2014 que sirve de referencia para investigación posterior por no demostrarse un hecho concreto y en el folio 97 se refiere al acta del 15 de diciembre 2014 donde se estable textualmente lo que dijo Kenia Vásquez: “llego otro señor supuestamente de nombre Edwin que fue el señor Edwin quien me entrego el paquete y yo le di los mil lempiras” y el señor Edgar Castillo confirma textualmente en esta misma acta “que el llamo al número de teléfono 9945-0613, que pertenece a Edwin quien trabaja en sala de operaciones, quien es el que vende los materiales por lo tanto en dicha acta no se confirma el consentimiento que dice la Corte de Apelaciones. C.- En folio 98 es una simple cedula de citación.- Folio 99 a 102 de fecha 23 de diciembre 2014 conteniendo acta de cargos y descargos interpretan erróneamente la prueba presentada por la parte demandada ya que en ningún momento hay anuencia por parte de la demandada.- Al respecto el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles analógicamente aplicable que dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos que debió plantear como motivos de casación con los requisitos de ley, así como al instar normativa que se encuentra derogada, como es el caso del Código de Procedimientos Civiles; resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación y sin lugar la nulidad solicitada en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 614-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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