Sentencia CL-611-17 — Registro 8139
Resumen
Segunda instancia confirmó parcialmente con lugar la demanda contraída a pedir el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo, salarios dejados de percibir, bono de utilidades y estudiantil, reembolso de gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios de la contratación colectiva, cantidades adeudadas, vacaciones, indemnización de daños por la aseguración del INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que, tanto la ilegalidad del despido o no, en relación a probar la justa causa del despido y la suspensión del contrato de trabajo por 120 días en relación a la autorización o no por parte de la autoridad administrativa para dicha suspensión, fueron objeto de la controversia, por ende de la prueba, lo que provoca que la violación alegada en este motivo no resulte atendible; b) hace referencia en el desarrollo del cargo a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo; y, c) es de tener en cuenta que el Juzgador de instancia ha aplicado correctamente la norma citada como violada (artículo 113 del Código del Trabajo) bajo el criterio que no se ha probado por parte del patrono la justa causa en que fundó su despido.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 101 del Código del Trabajo, no es una disposición de carácter sustantivo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que la suspensión del contrato fue objeto de la controversia por ende de la prueba, la misma resulta inadmisible."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Recurrente olvida: a) que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley; y, b) el error de hecho debe ser ostensible, la equivocación en que incurre el juzgador debe ser notoria al confrontar el motivo expuesto con el fallo, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, sin embargo, el cargo carece de suficiente explicación que demuestre el yerro conforme al error invocado. Todo lo cual provoca que el motivo sea inestimable."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); además, son parte recurrida las señoras FRANKLIN LEONARDO HERNANDEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS Y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECCMINICACIONES (HONDUTEL), representado en juicio por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo, salarios dejados de percibir, bono de utilidades y estudiantil, reembolso de gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios de la contratación colectiva, cantidades adeudadas, vacaciones, indemnización de daños por la aseguración del INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas; promovida por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, actuando en su condición de apoderada de los señores FRANKLIN LEONARDO HERNANDEZ MORALES, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, con dirección en la Colonia Miguel Barahona, primera calle y última del Edén, SOFIA JACKELKINE ZELAYA OCHOA, soltera, Perito Mercantil, con dirección particular en la colonia Campo 1, una cuadra debajo de la Clínica Mercedes, frente a los Palos Ríos de Agua Viva; FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, soltero, Perito Mercantil, con dirección en la colonia Laguna Seca, San Francisco de Becerra, Barrio El Centro, FELIX RENE CASTRO SANTOS, casado, Abogado, con dirección en el Barrio El Porvenir, calle principal, frente a la pulpería El Porvenir y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas, con dirección en la colonia Calpules, bloque 15, casa número 1803, los primeros cuatro de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho y el último de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente literalmente dice: “ PRIMERO Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores FRANKLIN LEONARDO HERNANOEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS Y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECCMINICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ASFURA.- SEGUNDO CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a REINTEGRAR a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones a los demandantes señores FRANKLIN LEONARDO HERNANDEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, con todos os beneficies obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sea devienen reinstalada.- TERCERO SE CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes FRANKLIN LEONARDO HERNANOEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS Y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos su contratos individuales de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el cuatro de febrero del año 2015 la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes de la siguiente forma:
- FRANKLIN LEONARDO HERNANOEZ MORALES, Lps. 12,000.00, 2) SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA Lps. 15,700.52, 3) FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, de Lps. 8078.79, 4) FELIX RENE CASTRO SANTOS, Lps. 25,254.03 y 5) JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES Lps. 29,161.60.- QUINTO: se CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de decimo tercero y cuarto mes de salario proporcional y vacaciones proporcionales del periodo 2014-2015 a los demandantes FRANKLIN LEONARDO HERNANOEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS Y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES cuyas cantidades serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; SEXTO: Se ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por prestamos en la banca.- SEPTIMO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que los demandantes laboraron para la demandada de la manera siguiente: FRANKLIN LEONARDO HERNANDEZ MORALES, comenzó a laborar el 18 de noviembre del 2010, en el puesto de gestor de atención al cliente II, devengando un salario de L.12,000.00; SOFIA JACKELINE ZELAYA OCHOA, el 11 de marzo del año 2009, en el puesto de administrativo III, devengando un salario de L.8,000.00; FELIX RENE CASTRO SANTOS, el 03 de julio del año 2006, en el puesto de asesor legal I, devengando un salario ordinario mensual de L.25,250.00; y, JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, el 01 de noviembre de 2006 en el puesto de Auxiliar Jurídico II, devengando un salario de L. 29,161.60; a estos de les notificó una suspensión de los contratos de trabajo el 7 de octubre del año 2014 al 5 de febrero del año 2015, efectiva a partir del 8 de octubre del año 2014, por 120 días, pues debían presentarse el 6 de febrero del año 2015, contra dicha suspensión se presentó formal oposición ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, misma que a la fecha de interposición de la presente acción aun no había sido resuelta. Que mediante los oficios GGH-299-2015, GGH-359-2015, GGH-141-2015, GGH-466-2015 y GGH- 446-2015, todos de fecha 5 de febrero del año 2015, se les notificó a los señores referidos la terminación de la relación laboral, aduciendo la demandada a la grave crisis económica en la que la Empresa HONDUTEL se encuentra sumergida y a las series dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha venido atravesando, lo que hace tomar medidas a la generación de ahorro y reducción de pérdidas, de conformidad con lo descrito es evidente observar que las causales que dieron lugar a suspensión del contrato individual de trabajo, no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporar a los trabajadores a su puestos de trabajo, en consecuencia la demandada toma la determinación de dar por terminado los contratos individuales de trabajo de los demandantes, comprometiéndose al pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando el siete de octubre del año dos mil catorce, su representada, invocando lo establecido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 10 1,102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificarle en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día hábil siguiente (8 de octubre del 2014), por el término de 120 días, es decir, hasta el día cuatro de febrero del año 2015, debiéndose presentar a sus labores el día 5 de febrero de los corrientes y dentro del personal suspendido se encontraban las demandantes, que en fecha 10 de octubre del 2014, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social el escrito intitulado: “SE SOLICITA QUE SE TENGAN POR COMPROBADAS LAS CAUSAS DE SUSPENSION PARCIAL DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR 120 DIAS CONSECUTIVOS, NOTIFICADA A 660 EMPLEADOS DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), CUYAS CAUSALES INVOCADAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 100 NUMERALES 4), 5) Y 15) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.- SE OFRECE PRUEBA AMPLIA Y SUFICIENTE DE COMPROBACIÓN DE CAUSALES DE SUSPENSIÓN”, que habiendo transcurrido el término de 120 días consecutivos de la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a las demandantes, sin que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social haya emitido la resolución respecto al escrito presentado por HONDUTEL, el 10 de octubre del 2014 y que no obstante, una vez transcurrido el referido término de la suspensión, aun persisten las condiciones y causales que dieron lugar a la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo, garantizándoles pagos de prestaciones e indemnizaciones laborales, también es preciso establecer que en el Código del Trabajo, existente en las causas de terminación de los contratos de trabajo como ser las que se derivan los artículos 97, 98, 100 y 111, por lo que de la simple lectura de estas disposiciones llegamos a la conclusión que HONDUTEL puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, ni atribuibles al patrono, como ser causas oxigenadas como las invocadas por HONDUTEL en la notificación de terminación de contrato individual de trabajo, en estos casos las demandantes no tiene derecho justificante para demandar al reintegro a su patrono, porque en la nota de terminación no se le notificó ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y 98 del Código del Trabajo, ya que en el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción de reintegro y su fundamento debe ser necesariamente en el artículo 112 del referido Código, que de lo antes expuesto se concluye que las demandantes quieren hacer creer que la notificación de terminación de los contratos de trabajo fue ilegal e injustificado, lo cual no es cierto, ya que lo que hubo fue una terminación de contrato individual de trabajo basado en el artículo 111 numeral 8), y no un despido fundamentado en cualquiera de las causales de despido que facultan al patrono de dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, actuando en su condición de apoderada de los señores FRANKLIN LEONARDO HERNANDEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS Y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, contra EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), bajo el criterio que aunque la demandada alegó una suspensión del contrato de trabajo por 120 días, que producto de la suspensión conlleva la terminación de la relación de trabajo aduciendo que las causas persisten, es oportuno acotar que la Resolución de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, fue emitida pronunciándose sobre la autorización de la suspensión de los contratos de trabajo hasta en fecha 27 de octubre del 2015, 8 meses después, lo cual se puede apreciar que dicha terminación operó antes que la entidad precitada se pronunciara declarando con o sin lugar de dichas suspensiones; que de conformidad a lo establecido como causa que motivó el despido dentro de eso encuentra la imposibilidad de Explotar la empresa con un mínimo razonable y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, por lo que al ser ilegal la suspensión antes relacionada, también lo es el despido. Por otra parte, siendo una de las pretensiones de la parte actora es el pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca, no es posible pronunciarse, en vista de que no son relacionados en los hechos del escrito de demanda y la parte demandada no aporta prueba alguna para sustentar su petición. Ahora bien, se ha señalado en el escrito de demanda como pretensión el pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, esta solicitud la parte actora la realiza de manera abierta, por lo que se ven involucrados los preceptos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, no habiéndose acreditado por la parte demandada el aviso de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos, ni el pago en concepto de indemnización a los demandantes, por no haber notificado la empresa demandada la suspensión de que fueron objeto sus contratos individuales de trabajo, es que procede el pago de la indemnización aludida a los demandantes consistente a treinta días de salario.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, la parte demandada con evidente abuso y violentando derechos fundamentales de los trabajadores, da por terminada la relación laboral y sin esperar la resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con lo cual no puede establecerse con certeza si la suspensión iba o no a ser autorizada al momento del despido y si existían razones justificadas para ello, es decir, si la causal es legítima y además si la causal invocada afecta a la empresa, por lo que al no tener la empresa demandada la autorización dentro del término de los ciento veinte (120) días, que duró la suspensión del trabajo y haber procedido a despedir a los trabajadores demandantes sin la autorización antes señalada, convierte el despido en arbitrario, ilegal e injusto, puesto que está utilizando una potestad que establece la ley en perjuicio de los intereses del trabajador y la falta de una justa causa considera este Tribunal, que únicamente tenía como objetivo no pagar los salarios o simplemente encubrir un despido injustificado. Que si bien es cierto la parte demandada en las notas de despido le reconocen a los trabajadores el pago de sus prestaciones laborales y demás derechos, lo cierto es que la Constitución de la República, ya establece que es el trabajador a quien le corresponde decidir si opta por el pago de las prestaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo, conociendo en ambos casos el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en caso de ser un despido injusto y en el presente caso la parte Demandante ha optado por el reintegro a sus puesto de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo siete motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de los señores FRANKLIN LEONARDO HERNANDEZ MORALES, SOFIA JACKELKNE ZELAYA OCHOA, FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SANCHEZ, FELIX RENE CASTRO SANTOS Y JOSE ADIEL VASQUEZ FLORES, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO. ”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que, tanto la ilegalidad del despido o no, en relación a probar la justa causa del despido y la suspensión del contrato de trabajo por 120 días en relación a la autorización o no por parte de la autoridad administrativa para dicha suspensión, fueron objeto de la controversia, por ende de la prueba, lo que provoca que la violación alegada en este motivo no resulte atendible; b) hace referencia en el desarrollo del cargo a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo; y, c) es de tener en cuenta que el Juzgador de instancia ha aplicado correctamente la norma citada como violada (artículo 113 del Código del Trabajo) bajo el criterio que no se ha probado por parte del patrono la justa causa en que fundó su despido.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo. ”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 101 del Código del Trabajo, no es una disposición de carácter sustantivo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que la suspensión del contrato fue objeto de la controversia por ende de la prueba, la misma resulta inadmisible.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “Si la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El artículo 101 nos ofrece el procedimiento a seguir una vez iniciado el proceso de suspensión ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, el consabido artículo también informa cuál es la consecuencia de que dicho proceso de suspensión no sea autorizado por la Secretaría del Trabajo como autoridad competente. Es en este segundo aspecto donde es preciso realizar un análisis. El segundo artículo del artículo 101 manda que, en caso de que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, luego del análisis y valoraciones que como autoridad realicen, estime que el proceso de suspensión iniciado por la empresa y sometido a su aprobación resultare injusto o no existencia la causa alegada, declarará sin lugar el proceso. ¿Qué efectos tiene entonces que la secretaría declarase sin lugar el proceso de suspensión? El efecto sería la prerrogativa del trabajador para ejercitar sus derechos del contrato de trabajo y de toda la normativa laboral. Como puede apreciarse, este segundo párrafo es bastante claro y sirve como una medida de protección de los derechos del trabajador ante un posible error del patrono. Sin embargo, y al trasladarnos al caso de marras, notamos que el procedimiento iniciado ante la Secretaría de Trabajo por HONDUTEL fue declarado CON LUGAR, considerando automáticamente válidas y existentes las causales de suspensión incoadas. ¿Qué deriva de esto? Pues de un simple análisis lógico se puede arribar a la conclusión de que al tener HONDUTEL una resolución favorable, los trabajadores no tienen derecho a exigir sus derechos por la vía laboral, pues dicha resolución favorable otorgó a la empresa la razón de haber iniciado un proceso de suspensión, librándola de toda responsabilidad. Como se puede apreciar, la corte sentenciadora interpretó de manera errónea este precepto legal al confirmar la sentencia de primera instancia, pasando de largo sus efectos y las consecuencias que nacen de una resolución favorable por parte de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 101 del Código del Trabajo, no es una disposición de carácter sustantivo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que la suspensión del contrato fue objeto de la controversia por ende de la prueba, la misma resulta inadmisible. En adición, es importante establecer al Recurrente que una misma norma no puede ser aplicada indebidamente, es decir, que no debió aplicarse según lo expuso en su segundo motivo; y por otra parte, interpretada erróneamente, es decir, que debía aplicarse pero el Juzgador le dio alcances jurídicos distintos; si bien es cierto, que los motivos son independientes, el análisis de la demanda de casación es en su conjunto, por lo que resulta impropio que los motivos de casación sean contradictorios, lo cual provoca falta de claridad y precisión en la técnica que se requiere en este medio de impugnación extraordinario.- VIII. Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 de Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3°, 40, 50 Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, corno quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente establecidas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que la suspensión del contrato fue objeto de la controversia por ende de la prueba, la misma resulta inadmisible; y, b) que tratándose de interpretación errónea de la disposición sustantiva que considera violada, devenía obligado a explicar cuál es la interpretación correcta o alcance de la norma, lo que conlleva a un criterio o decisión distinta a la que arribó el Juzgador de instancia.- X. Que el demandante en casación formula un quinto motivo pretendiendo lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOL4DO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 165 y 166, 170 y 171, 175 y 176, 180 y 181, 186 y 186, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los oficios del 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 165 y 166, 170 y 171, 175 y 176, 180 y 181, 186 y 186, fueron propuestos para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.”.- XI. Que el Recurrente olvida: a) que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley; y, b) el error de hecho debe ser ostensible, la equivocación en que incurre el juzgador debe ser notoria al confrontar el motivo expuesto con el fallo, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, sin embargo, el cargo carece de suficiente explicación que demuestre el yerro conforme al error invocado. Todo lo cual provoca que el motivo sea inestimable.- XII. Que el Censor formula un sexto motivo de casación solicitando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN El. MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 197 AL 204, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 197 AL 204, de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDIJTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 66 al 73 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan en el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. ”.- XIII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, en el presente caso esa asociación de la prueba en su conjunto llevó al convencimiento que no se demostró la causa justa para la terminación del contrato de trabajo y que la suspensión no fue autorizada por la autoridad administrativa en el momento de la terminación; y, b) hace referencia en el desarrollo del cargo a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 100 del Código del Trabajo.- IVX. Que el demandante en casación formula un séptimo motivo en el que arguye lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 291 al 379, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132- 2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 291 al 379, de la primera pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132- 2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a Quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oj2osiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja. en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error hecho que “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.”.- XV. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, en el presente caso esa asociación de la prueba en su conjunto llevó al convencimiento que no se demostró la causa justa para la terminación del contrato de trabajo y que la suspensión no fue autorizada por la autoridad administrativa en el momento de la terminación, en adición, la autorización para la suspensión por 120 días de la actividad laboral no implica terminación del contrato, salvo lo determinado en la Ley, circunstancia que no se ha presentado en este caso.- XVI. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores los señores FRANKLIN LEONARDO HERNÁNDEZ MORALES; SOFÍA JACKELINE ZELAYA OCHOA; FAVIAN ALEXANDER MAYORQUIN SÁNCHEZ; FÉLIX RENE CASTRO SANTOS; y JOSÉ ADIEL VÁSQUEZ FLORES a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en once (11) de septiembre del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- XVII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, lo argüido por el Censor en ambas pretensiones de nulidad, debió invocarse por un motivo de casación correctamente formulado conforme a los requisitos del recurso extraordinario de casación, por lo que este Tribunal no estima que se haya violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable las nulidades alegadas de forma subsidiaria.- XIV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus siete motivos de casación y sin lugar las nulidades solicitadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus siete motivos. 2) SIN LUGAR las nulidades solicitadas de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 611-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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