Sentencia CL-609-16 — Registro 8476
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación, reformando la sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el Impetrante alega como causa interpretación errónea del artículo 117 del Código del Trabajo; sin embargo, la ruptura de la relación laboral es provocada por la notificación hecha por el patrono, lo que llevó como consecuencia que la demandante incoara la presente demanda para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó su despido conforme a la normativa indicada, ello nos lleva a concluir que la notificación del despido basada en el artículo 117 mencionado es parte de la controversia y consecuentemente de la prueba aportada al proceso como consta en los autos, siendo improcedente el ataque por esta vía, ya que la violación directa se produce al margen del haz probatorio."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la recurrente no explica con claridad y precisión el concepto de la infracción, de manera que pueda observarse en el fallo, ya que la simple trascripción de las normas relacionadas no otorga el derecho, sino que hay que justificar mediante la confrontación del fallo y la Ley la alegada falta de aplicación de la norma considerada como violada."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se puede determinar que el despido es ilegal en razón de que no se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos, con lo que puede concluirse es una actividad de carácter permanente de la institución; además que no se siguió el procedimiento establecido en la cláusula 37 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el INJUPEMP y el Sindicato de la misma, es de observar que en el proceso de restructuración además del procedimiento legal para el mismo debe observarse previo a culminar con una posible terminación del contrato de trabajo, la reubicación en la institución, sin embargo, reiteramos que, la actividad que venía desarrollando el Departamento o División de Ingeniería y Proyectos es una actividad permanente de la misma, por lo que la causa invocada en la terminación no se justifica, convirtiéndose el despido en injusto e ilegal.- XVIII. Es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-09, 239-12 y 293-12). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XIX. Este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes SL.105-09, SL.499-09, SL.300-11 y SL. 767-12).-"...
Jerarquía: Reiterativa
..."En materia laboral prevalece el principio de gratuidad y la condena en costas solo puede imponerse por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad entre otros, circunstancias que no se observan en el presente caso, consecuentemente atendiendo el interés social del ordenamiento jurídico del trabajo no procede condenar en costas.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 8 de marzo del 2017, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES, como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha de despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2015, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de apoderada legal del señor JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño y con domicilio en Pespire, Choluteca, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO, en ese entonces la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 8 de agosto del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, proferida en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor JOSÉ ALEJANDRO OYUELA MORALES contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LO EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, para el reintegro al puesto de trabajo u otros de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, mas los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, que corre agregada a folios 468-475 frente y vuelto de la primera pieza del expediente.- III.- REVOCANDO los numerales I Y II de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en la que declara con lugar la demandan de reintegro y condena a la demandada EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LO EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, al reintegro, al pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación de el contrato hasta la reinstalación y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, en consecuencia: I.- Declara SIN LUGAR la demanda Laboral promovida por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor JOSÉ ALEJANDRO OYUELA MORALES contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LO EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, para el reintegro al puesto de trabajo u otros de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, mas los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- II..- ABSUELVE AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su representante Legal y Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, de reintegrar al señor JOSÉ ALEJANDRO OYUELA MORALES, asimismo del pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, sin perjuicio del pago de sus derechos de prestaciones laborales de conformidad con las normas laborales.- III.- CONFIRMA el numeral III de la parte resolutiva de la sentencia apelada.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a laborar para la demandada en fecha 18 de noviembre de 2002, desempeñándose al momento del despido como Supervisor de Proyectos, devengando un salario de L.40,400.00, que durante el tiempo que trabajó en la Institución desarrolló sus actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en su trabajo, pero en fecha 27 de marzo de 2015, le fue notificado su despedido, mediante nota firmada por la Directora Ejecutiva Martha Vicenta Doblado, en la cual le notifican que decidió dar por terminada la relación de trabajo que le unía, fundamentándose en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos sería suprimido de la Organización Administrativa de la Institución; por lo que su puesto desaparecía en la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo ésta una causa de terminación no imputable a su persona, por mandato legal se le pagaría el total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, alegando que lo que sucede es una tercerización de servicios, ya que la actividad que desempeñaba era el avaluó de las viviendas que iban a ser financiadas por el INJUPEMP o aquellos terceros que eran propiedad del INJUPEMP así como la Supervisión de las Obras de la Institución. La actividad que realizaba aun subsiste en la institución, a tal grado que actualmente lo que están haciendo es contratando ingenieros independientes para que realicen los avalúos.- 2.-La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el INJUPEMP, conforme su Ley Orgánica, se creó con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más óptima; la División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La antiguamente Junta Directiva del INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01-1307, de fecha 06 de marzo del año 2014 y ratificada el Jueves 10 de abril del 2014, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en la actualidad el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero - patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión”, la Dirección Interina solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No.336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Préstamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección Interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12-2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Préstamos. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. El Reglamento de Préstamos en los artículos del 78 al 81 manda que los servicios de avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios deban ser prestados por profesionales valuadores, que estén debidamente certificados y registrados en la CNBS. Este mandato está conforme con la Resolución GE No. 073/21-01-2015 emitida por la CNBS, denominada “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia”, mediante la cual se definen los criterios para que cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el valor computado de la garantía debe estar respaldado por un avalúo efectuado por profesionales en la materia o empresas dedicadas a dicha actividad debidamente registradas en la CNBS. Para tal efecto la misma CNBS, emitió la Resolución GE No. 1922/11-12-2012, que reforma las “Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de Instituciones Supervisadas”, las cuales según el numeral 1) del Artículo 1 tiene por objeto regular la inscripción, la renovación, suspensión y cancelación de personas naturales y jurídicas en el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas. De forma categórica también en el numeral 2) de este artículo, se establece que: las instituciones supervisadas contraten los servicios profesionales de valuación ofrecidos por las personas naturales y jurídicas inscritas en dicho Registro y conforme a los ramos autorizados por la Comisión. La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; asimismo, cabe destacar el Dictamen Financiero, Actuarial y de Procesos relacionado con el análisis de costos de la División de Ingeniería y Proyectos actualizado con cifras del periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, ratifica el perjuicio económico que causa al Instituto la existencia de dicha División; determinándose que en ese período, para el Instituto y consecuentemente para los beneficiarios del Fondo de Pensión la pérdida fue de L.6,744,767.30 y que el impacto en el déficit actuarial de continuarse con la operación de esta División es de aproximadamente L.200,000,000.00, que en el caso de la terminación laboral con el demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue suprimido de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al hoy demandante, por mandato legal ha sostenido y mantiene el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de agosto del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir; en consecuencia CONDENO al INJUPEMP a lo siguiente: REINTEGRAR demandante a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del Contrato; más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio: que en la nota de despido no se le señala ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, es preciso recordar que ningún trabajador puede ser despedido, si no, por causas justas de separación enumeradas en la Ley, así como que no menos cierto es que no se siguió el procedimiento legal que indica la cláusula 37 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el INJUPEMP y el Sindicato de la misma; de igual forma se acreditó en autos que el INJUPEMP aun sigue concediendo préstamos hipotecarios a sus cotizantes para lo cual se requiere de un avaluó que debe ser realizado por un Profesional Certificado e inscritos en la Base de Datos de la CNBS que son quienes actualmente hacen los avalúos en el INJUPEMP, quedando demostrada que las actividades que realizaba el demandante siguen vigentes y son permanentes dentro de la institución demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 28 de septiembre del 2016, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en consecuencia la declaró sin lugar, absolvió al demandado del reintegro del demandante, así como del pago de salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas allegadas al juicio se estableció que previo al cierre del Departamento de Ingeniería se elaboraron estudios del impacto financiero y análisis sobre dicho departamento, así como dictamen financiero actuarial y de procesos relacionados con el análisis de costos de la División de Ingeniería, en los cuales se establece como justificación para llevar a cabo el cierre mencionado, que las actividades que realiza la División de Ingeniería y que están enmarcadas dentro del proceso de préstamos para la vivienda, no son procesos ágiles que favorezcan al participante, que el costo de un avalúo para los participantes del Instituto efectuado por la División de Ingeniería supera en un 100% el costo de los avalúos en el sistema financiero nacional, que la medición de la eficiencia del personal de la División de Ingeniería es mayor en San Pedro Sula, la cual es de 12.77% vrs 7.93% para cada uno de los 11 empleados de la División de Ingeniería de Tegucigalpa, que la División de Ingeniería es un centro de costos y que para el período comprendido del 1 de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, contabilizó gastos directos de L.8,023.764.55 con una pérdida directa para el instituto de L.6,744.767.30, más los costos indirectos, gastos de operación y gastos generales no promediados y finalmente que en base a las hipótesis financieras producto de la experiencia de rendimientos financieros del INJUPEMP y al comportamiento de los índices de precios al consumidor que oficialmente determina el Banco Central de Honduras y utilizando las variables biométricas esperadas para los próximos años, se determinó que el impacto que ocasiona en las cuentas del pasivo del balance técnico actuarial, bajo la actual estructura de la División de Ingeniería es de L.196,918.380.07, valor que contribuye a aumentar el déficit actuarial del Instituto. Que al haberse acreditado que el Departamento de Ingeniería del INJUPEMP fue cerrado, cumpliendo con lo establecido en la ley, no es posible acceder al reintegro del demandante, pero si al reconocimiento del pago de sus prestaciones laborales.- 5. Mediante auto de fecha 24 de enero del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha 8 de marzo del 2017, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de marzo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción indirecta proveniente de error de hecho por la apreciación errónea de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante relacionada con el documento nota de despido visible a folio 29 - 32, de la primera pieza de autos, de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al demandante JOSÉ ALEJANDRO OYUELA MORALES, en su condición de SUPERVISOR DE PROYECTOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero interpretado párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: I.as Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma sustantiva que se estima violada son los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo.- La Corte recurrida aprecia, de forma errónea , según expone de forma expresa en su fallo impugnado, que con el señalado medio de prueba, considera CONSIDERANDO (4). Que en reiteradas ejecutorias los Tribunales del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, han sostenido el criterio que cuando el trabajador demanda por despido directo, ilegal e injustificado, o cancelación de contrato, es a el a quien le incumbe probar que el patrono no tuvo causa justa para hacerlo y al empleador acreditar las justas causas que lo motivaron para la ruptura de la relación laboral, por lo que el demandado debe acreditar idóneamente los hechos invocados en la nota librada en fecha 27 de marzo de 2015 y del análisis del haz probatorio practicado en el proceso ante el juzgado de primera instancia, específicamente las pruebas presentadas como ser las documentales públicas, mediante oficio y testifical, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva que se conoce por apelación interpuesta por el representante procesal de la parte demandada no está apegada a derecho... Sin embargo la Corte de Apelación aprecia erróneamente el contenido de la notificación al no establecerse conforme al artículo 117 del Código del Trabajo una “...causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación” conforme a lo regulado por los artículos 111 o 112 del Código de Trabajo, que contienen las causas legales de la terminación del contrato de trabajo y las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, circunstancias que no fueron invocadas en la prueba apreciada erróneamente por la demandada, lo cual da lugar a que si la Corte hubiese utilizado lo contenido en el artículo 113 párrafo primero interpretado y tercero literal b) del Código del Trabajo, en cuando a la inexistencia de causa justa para la terminación, y por ende, no probada el motivo invocado en dicha nota, hubiese declarando en su fallo la reinstalación y demás derechos e indemnizaciones reclamados. Por lo que la apreciación de la nota de despido o notificación de la terminación de la relación laboral que el patrono dio al trabajador, no fue realizada de forma legal como así consta y por ende se ha incurrido en un error de hecho por la errónea apreciación de la prueba anteriormente singularizada, la que, relacionada con el resto del material probatorio, se concluye además de las inexistentes e ilegales motivo, que no se encuentra violación alguna de índole laboral que pudiese ser causal de la terminación de la relación de trabajo en la forma que se hizo de conformidad a la nota de despido y sus fundamentos. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta del medio de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea, al estimar una situación distinta a la que efectivamente ha ocurrido. Prueba singularizada que de haber sido apreciada de forma correcta, junto con el resto del material probatorio, llevaría a la procedencia de la demanda, al no invocarse causa legalmente establecida ni justa e inexistente, así como quedo acreditado con el resto del material probatorio valorado en conjunto, que la actividad o labor que se desempeñaba es d naturaleza permanente.”.- III. Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por infracción directa proveniente de la interpretación errónea del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, y a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9), y 112 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar y revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, de sus consideraciones se colige, se fundamenta el artículo 117 del Código de Trabajo y lo interpreta de forma errónea, estableciendo que “PRIMERO: El código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar los principios fundamentales de una sociedad o las garantías precisas de su existencia; en la nota mediante la cual la institución demandada da por finalizada la relación laboral se sustenta según la nota de fecha 27 de marzo de 2015, en la que la denominada oficina división de Ingeniería y Proyectos, en la cual estaba asignado el demandante es suprimido de la organización administrativa de la institución demandada y en la misma se le reconocen los derechos en su totalidad por la finalización de la relación laboral, misma con la que se llega al convencimiento que ha existido una relación laboral.” sin embargo, la norma citada como violada, literalmente expresa “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, que relacionado con el 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo “Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva... El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: b) si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación...” , a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9) y 112 del Código de Trabajo “Artículo 111. Son causas de la terminación de los contratos de trabajo: … 1) cualesquiera de las estipuladas en ellos (contratos) si no fueren contrarias a la Ley. Artículo 112. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” es decir, la normativa antes transcrita regula condiciones en la notificación de la terminación de una relación de trabajo para no causar indefensión o desconocimiento de las circunstancias imputadas, así como la condición de validez de la causal, para el caso de la tipificada en el mencionado artículo 111 numeral 1) y 9) del Código de Trabajo y por otra parte la obligatoriedad de mencionar la falta en el caso del artículo 112 del C5digo de Trabajo. Por lo cual, la Corte de Apelaciones al aplicar el artículo 117 pretendiendo establecer únicamente el alcance de la norma y no las consideraciones antes expuestas, en cuanto a inexistencia de causa o causa justa de terminación del contrato de trabajo, ha interpretado de forma errónea la disposición. El verdadero alcance e interpretación correcta, es que se establezca sin lugar a duda que la cusa de la terminación de la relación laboral, no se encuentra tipificada conforme a las disposiciones invocadas, así como que los fundamentos utilizados en la notificación que regula la norma son inexistentes en este caso, incumpliendo con la Ley laboral al no invocarle cusa justificada de despido, faltando el patrono a la obligación que le impone el artículo 117 del Código de Trabajo, lo cual viola la estabilidad laboral en el cargo que garantizan los artículos 129 de la Constitución de la República y 110 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el Impetrante alega como causa interpretación errónea del artículo 117 del Código del Trabajo; sin embargo, la ruptura de la relación laboral es provocada por la notificación hecha por el patrono, lo que llevó como consecuencia que la demandante incoara la presente demanda para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó su despido conforme a la normativa indicada, ello nos lleva a concluir que la notificación del despido basada en el artículo 117 mencionado es parte de la controversia y consecuentemente de la prueba aportada al proceso como consta en los autos, siendo improcedente el ataque por esta vía, ya que la violación directa se produce al margen del haz probatorio.- VI. Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la falta de apreciación del medio de prueba RECONOCIMIENTO JJDICIAL, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMITIDA A LA PARTE DEMANDANTE, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República y 47, 95 numeral 19) y 111 numerales 1) y 9) del Código del Trabajo y en relación a la protección contra el despido formulado por los instrumentos internacionales de derechos humanos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del 4ódigo del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: RECONOCIMIENTO JUDICIAL, EXHIBICIÓN DE OCUMENTOS PÚBLICOS ADMITIDA A LA PARTE DEMANDANTE, que obra a folios 167 al 169 del expediente de primer grado, que se refiere a: 1)…; 2) …; 3) Si el INJUPEMP concede préstamos hipotecarios a sus cotizantes. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 40 de dicho reglamento, tiene como objetivo otorgar préstamos con garantía hipotecaria a los participantes activos, en suspenso, voluntarios y a los pensionados por vejez, para atender de forma equitativa necesidades en los rubros vivienda, apartamento o condominio u otros destinos establecidos en este reglamento y que a su vez le permita al instituto diversificar su programa de inversiones en un marco confiable de seguridad, rentabilidad y liquidez. 4) Cuales son los requisitos para conceder un préstamo hipotecario. R/ se tuvo a la vista el reglamento de préstamos de INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 42 de dicho reglamento los requisitos para conceder un préstamo hipotecario son los siguientes: a) ... b)... c)... d) presentar documentación requerida, de acuerdo a la modalidad del financiamiento solicitado; e)... f)... g)... h) que el inmueble a gravar sea declarado elegible por el instituto de acuerdo a las regulaciones legales y técnicas, previo avalúo del mismo; i)... J)... 5) Si para conceder un préstamo hipotecario es necesario un avalúo del inmueble. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 79 en su último párrafo de dicho reglamento, establece que dicho avalúo forma parte de los requisitos de préstamo hipotecario o de vivienda y deberá contener el análisis de zonas de riesgo. 6) quien cobra al participante los avalúos de inmuebles para los préstamos hipotecarios. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 79 primer párrafo de dicho reglamento, establece que pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuara el pago al perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; 7) cual es el número de cuenta a la que se pagan los avalúos y a quien pertenece esa cuenta. R/ internamente se ha establecido el número de cuenta 203332031964 a nombre de INJUPEMP en BANCO FICOHSA. 8) Si el INJUPEMP paga mediante cheque o efectivo a los peritos valuadores los avalúos hechos en los inmuebles. R/ ... paga mediante transferencias bancarias a los peritos valuadores los avalúos hechos a los inmuebles; 9) si en el año 2014 el participante que iba a solicitar un préstamo hipotecario pagaba costos por avalúo. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2014, donde se pudo constatar que según el artículo 28 inciso c) párrafo primero de dicho reglamento, establece que el Instituto percibirá por una sola vez, el medio por ciento (0.5%) en los casos de adquisición y liberación y el 0.70% en los casos de construcción y mejoras y ampliación. Ambos cargos serán calculados sobre el monto del préstamo que incluye gastos de supervisión y avalúo. 10) cual era el costo por avalúo de un inmueble en el año 2010. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2014, donde se pudo constatar que según el artículo 28 de dicho reglamento, establece que además de las tasas de interés señaladas en el artículo 21 el prestatario deberá pagar al instituto, por concepto de administración del crédito, los siguientes valores: a) ... b... c) asimismo el un título percibirá por una sola vez, el medio por ciento (0.5%) en los casos de adquisición y liberación y el 0.70% en los casos de construcción y mejoras y ampliación; Ambos cargos serán calculados sobre el monto del préstamo que incluye gastos de supervisión, inspección y avalúo... 11) quien hacia los avalúos antes del mes de abril de 2015. R/ ... el departamento encargado de realizar los avalúos era la División de Ingeniería del INJUPEM. 12) QUE empresa o que personas realiza actualmente los avalúos de los bienes inmuebles sobre los cuales se concede o se tramita préstamos hipotecarios. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 80 de dicho reglamento, establece que en base al manual de procedimientos de préstamos hipotecarios aprobado por el Directorio de Especialistas, debe seleccionar los servicios de evaluación de bienes inmuebles, entre los valuadores inscritos en el registro que para tal efecto lleva la comisión, debiendo considerar para estos efectos los ramos para los cuales el evaluador está autorizado. 13) cuanto es el costo que actualmente se paga por el avalúo de un inmueble. R/.... 14) actualmente (al momento de la práctica de éste medio de prueba) quien hacía los avalúos de los bienes inmuebles sobre los cuales se concede o tramitan préstamos hipotecarios, R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2014, donde se pudo constatar que según el artículo 79 de dicho reglamento, establece que el pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del instituto, quien a la vez efectuara al pago al perito valuador contra la entrega del informa de valuación y el recibo correspondiente. El avalúo forma parte de los requisitos de préstamos hipotecarios o de vivienda y deberá contener el análisis de zonas de riesgo. 15) que procedimiento interno ¿guió INJUPEMP para reestructurar el departamento de ingeniería y si le dio seguimiento al artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. R/ se tuvo la constancia de fecha 15 de marzo del año 2015 extendida por la Abogada Yesenia Marisol Aguilar en su condición de Jefe e Recursos Humanos del INJUPEMP, donde se pudo constatar que sirvieron como fundamento para la terminación laboral los artículos 95 numeral 19), 111 numerales i) y 9), 16, 120, 126 del Código del Trabajo, artículo 14 numeral 3) y párrafo final del decreto legislativo 266-2013 contentivo de la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento a la transparencia en el Gobierno, artículo 78 al 81 el Reglamento de Prestamos vigente, Resoluciones de la Asamblea de Participantes y portantes del INJUPEMP número 02-2015 y 03-2015 de la sesión ordinaria del acta 009-2015 de fecha 11 de marzo de 2015, Resolución de Junta Directiva JD-N° 01-1307 de fecha 6 de marzo de 2015 referente a la “supresión de la división de ingeniería y Proyectos por mandato de Ley”. 16) cuantos trabajadores tenía el departamento de ingeniería y quienes eran debiendo consignar los nombres de cada uno de ellos y si siguen laborando para la institución o no (en el entendido señora juez que se solicita quienes prestaban el servicio de dicho departamento, no quienes estaban nombrados). R/ se tuvo la constancia de fecha 15 de marzo del año 2015 extendida por la Abogada Yesenia Marisol Aguilar en su condición de Jefe de Recursos Humanos del INJUPEMP, donde se pudo constatar que LA División de Ingeniería tenía la cantidad de 12 empleados los cuales eran... JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES... los cuales fueron cancelados el 27 de marzo de 2015 por supresión de la división de ingeniería. 17) la fecha en que fue aprobado el reglamento de préstamos. R/ se tiene a la vista la resolución número 02-2015 y 03-2015 de la sesión ordinaria del acta 009-2015, la que se acompaña debidamente autenticada en la cual se pudo constatar el reglamento de préstamos del INJUPEMP del años 2015 fue aprobado el 11 de marzo de 2015. 18)... PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el medio de prueba señalado anteriormente y admitido y evacuado en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que en el caso en particular se aduce por el ad-quem, que “CONSIDERANDO (4). Que en reiteradas ejecutorias los Tribunales del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, han sostenido el criterio que cuando el trabajador demanda por despido directo, ilegal e injustificado, o cancelación de contrato, es a él a quien le incumbe probar que el patrono no tuvo causa justa para hacerlo y al empleador acreditar las justas causas que lo motivaron para la ruptura de la relación laboral, por lo que el demandado debe acreditar idóneamente los hechos invocados en la nota librada en fecha 27 de marzo de 2015 y del análisis del haz probatorio practicado en el proceso ante el juzgado de primera instancia, específicamente las pruebas presentadas como ser las documentales públicas, mediante oficio y testifical, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva que se conoce por apelación interpuesta por el representante procesal de la parte demandada no está apegada a derecho... ““ y en sus argumentos legales señala: “PRIMERO: El código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar los principios fundamentales de una sociedad o las garantías precisas de su existencia; en la nota mediante la cual la institución demandada da por finalizada la relación laboral se sustenta según la nota de fecha 27 de marzo de 2015, en la que la denominada oficina división de Ingeniería y P proyectos, en la cual estaba asignado el demandante es suprimido de la organización administrativa de la institución demandada y en la misma se le reconocen los derechos en su t4talidad por la finalización de la relación laboral, misma con la que se llega al convencimiento que ha existido una relación laboral.” “SEGUNDO: Que el decreto legislativo 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, para mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 establece que las instituciones descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario pira los fines de la administración pública, y al haber hecho esta forma en la parte organizativa d 1 INJUPEMP hace no posible el reintegro en iguales o mejores condiciones, pues el departamento u oficina ya no está dentro de la organización administrativa y funcional de la d mandada” “TERCERO: De acuerdo a las facultades de la Dirección de la demandada y de conformidad a la Ley de INJUPEMP esta debe definir su estructura y organización de las dependencias, determinándose mediante resolución JD-N°o1-13o7; decide suprimir la dirección de Ingeniería y Proyectos donde estaba asignado el Señor JOSE ALEJANDRO OYUELA, en el puesto de supervisor de proyectos”” CONSIDERANDO (5) Que es permitido que las empresas o instituciones realizar las reestructuraciones y ajustes en sus organizaciones administrativas, siempre que las mismas vayan enmarcadas en la Ley y con respeto y sujeción a las normas protectorias de los derechos de los trabajadores, y como antes se ha relacionado y ha quedado robado la demandada reconoce en la nota de despido, los derechos totales que por prestaciones e indemnizaciones laborales corresponden al trabajador, por lo que garantiza sus derechos salariales.” Sin embargo, el criterio expuesto además de ser ilegal, en contravención el artículo 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República respecto a la garantía de estabilidad en el trabajo y a las justas causas de separación, así como el derecho a lección del trabajador, a que se le reintegre a su labor con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; 47 del Código del Trabajo, que establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si subsiste la causa que le dio origen, tal como ocurrió en este caso; el artículo, 95 numeral 19) en relación a que al llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo, es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observo por la demandada; y 111 numerales 1) y 9) del Código del Trabajo que establece la terminación del contrato de trabajo, sin embargo, el numeral primero es referente a contratación a término o para obra determinada y el numeral nueve, de la liquidación de la empresa, circunstancias que no se observaron en la Litis. La Corte de Apelaciones violenta la protección contra el despido formulado por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en abierta inobservancia de la prueba singularizada, que ha evidenciado que la actividad de los prestamos es un giro permanente de la institución y que dentro del procedimiento para el otorgamiento de los mismos se requiere conforme al reglamento de préstamos el respectivo avalúo, particularmente para garantizar la transacción que se realiza, asimismo que dicha actividad se continua realizando, es necesaria para los proyectos de inversión de la Institución, que han sido de cierta forma tercerizadas en violación al principio protectorio del orden laboral y el derecho a la estabilidad en el trabajo, ya que reitero, las actividades de avalúos persisten, forman parte del procedimiento y constituye requisito del prestamos hipotecario que se pretenda, no cabe duda que la naturaleza del trabajo desarrollado por los demandantes ha sido permanente, pues a ese efecto la demandada cuenta con personal fijo para que realice esas funciones; sin embargo, si se hubiesen apreciado por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera considerado que dichas funciones son permanentes, no siendo procedente suprimir o reestructurar la dirección de Ingeniería y Proyectos, sin un procedimiento adecuado o garantista, pero no antojadizo y autoritario. Todo ello llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de las normas sustantivas enunciadas, al negar a mi representado el REINTEGRO solicitado y que por Ley les corresponde.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) hace referencia a prueba no singularizada en este cargo, tal es el caso de la nota de despido; y, b) el error de hecho debe ser ostensible, que no quede duda al confrontar el fallo, sin embargo de lo esgrimido por la Impetrante resultan ser alegaciones propias de instancia, no adecuando el error invocado conforme a la técnica del recurso.- VIII. Que la Censora formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional infracción directa proveniente de la falta de aplicación del artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19) , 110, 112 y 117 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada es el artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al reformar y revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, ha dejado de aplicar el artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo, estableciendo que PRIMERO: El código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar los principios fundamentales de una sociedad o las garantías precisas de su existencia; en la nota mediante la cual la institución demandada da por finalizada la relación laboral se sustenta según la nota de fecha 27 de marzo de 2015, en la que la denominada oficina división de Ingeniería y Proyectos, en la cual estaba asignado el demandante es suprimido de la organización administrativa de la institución demandada y en la misma se le reconocen los derechos en su totalidad por la finalización de la relación laboral, misma con la que se llega al convencimiento que ha existido una relación laboral sin embargo, la demandada ha incumplido su carga probatoria de probar la justificación del despido. La norma citada como violada regula que, “artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el p trono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva... El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: b) si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios q e hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la r4instalación...”, a su vez en relación a los artículos 117 del Código del Trabajo que expresa “..a parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, en relación con los artículos 129 de Constitución de la República respecto a la garantía de estabilidad en el trabajo y a las justas causas de separación, así como el derecho a elección del trabajador, a que se le reintegre a su labor con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; 47 del Código del Trabajo, que establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si subsiste la causa que le dio origen, tal como ocurrió en este caso; Artículo 110 por el despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y a la indemnización o a que se le reintegre a su trabajo, a su elección .el Artículo 112, señala las Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” es decir, la normativa antes transcrita regula condiciones en la notificación de la terminación de una relación de trabajo para no causar indefensión o desconocimiento de las circunstancias imputadas, así como la condición de validez de la causal, o en cuanto a inexistencia de causa o causa justa de terminación del contrato de trabajo. El artículo, 95 numeral 19) en relación, señala como obligaciones de los patronos, llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo, es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observó por la demandada.”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la recurrente no explica con claridad y precisión el concepto de la infracción, de manera que pueda observarse en el fallo, ya que la simple trascripción de las normas relacionadas no otorga el derecho, sino que hay que justificar mediante la confrontación del fallo y la Ley la alegada falta de aplicación de la norma considerada como violada.- X. La Impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En la sentencia definitiva dictada por el Tribula de Apelación en fecha 28 de septiembre de 2016, se han violentado los principios de congruencia al haber concluido la improcedencia de la demanda fundándose en que CONSIDERANDO 4. Que en reiteradas ejecutorias los Tribunales del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, han sostenido el criterio que cuando el trabajador demanda por despido directo, ilegal e injustificado, o cancelación de contrato, es a él a quien le incumbe probar que el patrono no tuvo causa justa para hacerlo y al empleador acreditar las justas causas que lo motivaron para la ruptura de la relación laboral, por lo que el demandado debe acreditar idóneamente los hechos invocados en la nota librada en fecha 27 de marzo de 2015 y del análisis del haz probatorio practicado en el proceso ante el juzgado de primera instancia, específicamente las pruebas presentadas como ser las documentales públicas, mediante oficio y testifical, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva que se conoce por apelación interpuesta por el representante procesal de la parte demandada no está apegada a derecho...” de lo expuesto se observa que se impone al demandante probar el despido, cuando la misma Corte hace sus considerandos diciendo los argumentos de la nota de despido, que aporto la parte demandante, siendo esa su obligación en juicio, y la de la demandada probar que es justo el mismo, pero debe darse conforme a la ley, con una causa de terminación que establece el artículo 111 o una causa justa según el artículo 112 del Código del Trabajo, ya que las utilizadas por INJUPEMP no están amparadas en los fundamentos utilizados, el numero 1) y 9) del articulo 111 en mención se refieren a estipulaciones en el contrato de trabajo a término, lo cual no es lo que invoca la notificación y, el otro fundamento a la liquidación o clausura de la empresa, que tampoco ha ocurrido, así como que al llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo (artículo 95 numeral 19) del Código del trabajo), es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observó por la demandada, con lo que la decisión de la Corte de Apelaciones se vuelve incongruente y violatoria del debido proceso y derecho de defensa. Hay nulidad de igual forma, por incongruente y contradictorio con el principio protectorio y debido proceso, así como violatorio del derecho de defensa, al haber dictado un fallo que no se acorde con las pretensiones y alegatos oportunos de las partes. Mi representado fue despedido invocándosele una causal que es ilegal conforme al código del trabajo que debe aplicar en primer lugar la Corte de Apelaciones, sin embargo, considera que el despido fundamentado en leyes de gestión administrativa y por propias facultades de la demandada, contrarias a la constitución, lo cual conlleva violación del derecho de defensa ya que si el patrono puede avocarse a otras causales no contempladas o inexistentes en el Código del Trabajo, cualquier trabajador no podrá defenderse legítimamente y esto también vulnera la legalidad como principio. Por otra parte, se ha demandado que no existen señalamientos sobre causa legalmente establecida conforme al artículo 117 del código de trabajo, y mucho Henos que esta contenga hechos concretos, si no que ha sido por aplicación de disposiciones que contravienen el derecho laboral, y que el análisis de la corte es ilegal e incongruente con lo que ha acontecido en esta demanda, a sabiendas que los funcionarios n tienen más facultades que los que la ley les otorga y no puede existir un abuso que conlleve violación de derechos en el juicio y que impiden defenderse de forma adecuada en base a la Ley laboral. ”.- XI. Habiéndose estimado el primer motivo expuesto por la Impetrante, resulta innecesario conocer los argumentos de la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- XII. Que por las razones antes expuestas es procedente inadmitir el segundo, tercer y cuarto motivo de casación y admitir el primero motivo, por lo que cabe declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- XIII. Que el señor JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES en fecha 24 de junio de 2015, promovió demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejor categoría por despido directo ilegal e injustificado con condena en salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta que sea reinstalado en su trabajo y costas del juicio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Directora Ejecutiva la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, exponiendo en su libelo que empezó a laborar para la demandada en fecha 18 de noviembre de 2002, desempeñándose al momento del despido como Supervisor de Proyectos, devengando un salario de L.40,400.00, que durante el tiempo que trabajó en la Institución desarrolló sus actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en su trabajo, pero en fecha 27 de marzo de 2015, le fue notificado su despedido, mediante nota firmada por la Directora Ejecutiva Martha Vicenta Doblado, en la cual le notifican que decidió dar por terminada la relación de trabajo que le unía, fundamentándose en que el Centro de Trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos sería suprimido de la Organización Administrativa de la Institución; por lo que su puesto desaparecía en la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo ésta una causa de terminación no imputable a su persona, por mandato legal se le pagaría el total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, alegando que lo que sucede es una tercerización de servicios, ya que la actividad que desempeñaba era el avaluó de las viviendas que iban a ser financiadas por el INJUPEMP o aquellos terceros que eran propiedad del INJUPEMP así como la Supervisión de las Obras de la Institución. La actividad que realizaba aun subsiste en la institución, a tal grado que actualmente lo que están haciendo es contratando ingenieros independientes para que realicen los avalúos.- XIV. Que la demandada contestó rechazando los hechos de la misma, señalando que conforme su Ley Orgánica, se creó con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más óptima; la División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La antigua Junta Directiva del INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01-1307, de fecha 06 de marzo del año 2014 y ratificada el jueves 10 de abril del 2014, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en la actualidad el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero - patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión”, la Dirección Interina solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No.336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Préstamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015, de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección Interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12-2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Préstamos. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República, por lo tanto no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación. El Reglamento de Préstamos en los artículos del 78 al 81, manda que los servicios de avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios deban ser prestados por profesionales valuadores, que estén debidamente certificados y registrados en la CNBS. Este mandato está conforme con la Resolución GE No. 073/21-01-2015, emitida por la CNBS, denominada “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia”, mediante la cual se definen los criterios para que cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el valor computado de la garantía debe estar respaldado por un avalúo efectuado por profesionales en la materia o empresas dedicadas a dicha actividad debidamente registradas en la CNBS. Para tal efecto la misma CNBS, emitió la Resolución GE No. 1922/11-12-2012, que reforma las “Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de Instituciones Supervisadas”, las cuales según el numeral 1) del Artículo 1 tiene por objeto regular la inscripción, la renovación, suspensión y cancelación de personas naturales y jurídicas en el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas. De forma categórica también en el numeral 2) de este artículo, se establece que: las instituciones supervisadas contraten los servicios profesionales de valuación ofrecidos por las personas naturales y jurídicas inscritas en dicho Registro y conforme a los ramos autorizados por la Comisión. La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; asimismo cabe destacar el Dictamen Financiero, Actuarial y de Procesos relacionado con el análisis de costos de la División de Ingeniería y Proyectos actualizado con cifras del periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, ratifica el perjuicio económico que causa al Instituto la existencia de dicha División; determinándose que en ese período, para el Instituto y consecuentemente para los beneficiarios del Fondo de Pensión, la pérdida fue de L.6,744,767.30 y que el impacto en el déficit actuarial de continuarse con la operación de esta División es de aproximadamente L.200,000,000.00, que en el caso de la terminación laboral con el demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue suprimido de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al hoy demandante, por mandato legal ha sostenido y mantiene el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales.- XV. Que constituyen hechos probados los siguientes: 1. La existencia de la relación laboral entre las partes. 2. El salario mensual que devengaba el demandante. 3. Que la relación laboral finalizó por despido del patrono mediante notificación de fecha 27 de marzo de 2015, donde la demandada notificó la terminación de la relación laboral sin una causa justa y legal establecida de conformidad a la Ley laboral, documentos que corren a folios 29 y 32 de la primera pieza de los autos. La notificación referida no reúne los requisitos establecidos en el artículo 117 del Código del Trabajo.- XVI. Que la contienda se centra en establecer si el patrono, basó su despido en una causa justa y legal para ello y si acreditó o no las causas de terminación alegadas oportunamente, para ello es pertinente la confrontación de la notificación con la Ley en base a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.- XVII. Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se puede determinar que el despido es ilegal en razón de que no se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos, con lo que puede concluirse es una actividad de carácter permanente de la institución; además que no se siguió el procedimiento establecido en la cláusula 37 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el INJUPEMP y el Sindicato de la misma, es de observar que en el proceso de restructuración además del procedimiento legal para el mismo debe observarse previo a culminar con una posible terminación del contrato de trabajo, la reubicación en la institución, sin embargo, reiteramos que, la actividad que venía desarrollando el Departamento o División de Ingeniería y Proyectos es una actividad permanente de la misma, por lo que la causa invocada en la terminación no se justifica, convirtiéndose el despido en injusto e ilegal.- XVIII. Es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-09, 239-12 y 293-12). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XIX. Este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes SL.105-09, SL.499-09, SL.300-11 y SL. 767-12).- XX. En materia laboral prevalece el principio de gratuidad y la condena en costas solo puede imponerse por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad entre otros, circunstancias que no se observan en el presente caso, consecuentemente atendiendo el interés social del ordenamiento jurídico del trabajo no procede condenar en costas.- XXI. Que por las razones antes expuestas, se concluye y estima procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito, condenar a la demandada al reintegro del trabajador en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la terminación o despido, hasta que sea reinstalado en su trabajo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos: 82, 90, 129, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 53, 55, 60, 66, 95 numeral 19), 117, 345, 349, 360, 361, 365, 369, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 765, 769, 778 y 858 del Código del Trabajo; 1, 9 y 10 de la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo; 1 y 4 del Reglamento del Décimo Cuarto Mes de Salario en Concepto de Compensación Social; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: CASAR la sentencia definitiva recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, Departamento de Francisco Morazán, de fecha 28 de septiembre de 2016. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejor categoría por despido directo ilegal e injustificado con condena en salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta que sea reinstalado en su trabajo, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. TERCERO: En consecuencia, CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a: I.) REINTEGRAR al trabajador señor JOSE ALEJANDRO OYUELA MORALES en iguales o mejores condiciones; II) al pago de los beneficios laborales y demás derechos adquiridos que se han otorgado en su ausencia; y, III) pago de salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión hasta que sea reinstalado en su trabajo. CUARTO: SIN COSTAS. Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno. Y MANDA: Que con certificación de este fallo y para los fines legales pertinentes se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 609-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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