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Sentencia CL-607-16 — Registro 7325

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo hace referencia a normativa no señalada como violada en la formulación;, tal es el caso de los artículos: 112, 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo y 62 y 80 de la Constitución de la República; y, b) el Impetrante señala la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008, lo cual constituye material probatorio que en el tipo de violación por la vía directa invocado resulta inadmisible su revisión."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violación de la Ley, ya que invoca dos sub modos excluyentes entre sí, al indicar que es error de hecho por falta de apreciación y por otra en el desarrollo del cargo hace referencia a la apreciación errónea denominándola como medio de prueba interpretado erróneamente; b) formula alegaciones propias de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida la señora TANNIA YAMILETH GAMONEDA VEGA, representada en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil quince, por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora TANNIA YAMILETH GAMONEDA VEGA, mayor de edad, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de Apoderada de la señora TANNIA YAMILETH GAMONEDA VEGA en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Gerente General y Representante legal de aquél entonces del Ingeniero JESUS ARTURO MEJIA ARITA. 2) CONDENA a HONDUTEL a reintegrar a la demandante TANNIA YAMILETH GAMONEDA VEGA a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de la demandante como el bono de utilidades, bono estudiantil, goce de vacaciones correspondiente al período 2013-2014 (1 día), el pago del complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2014 y demás derechos que pudieran existir. 3) SIN LUGAR el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por préstamos en la Banca Privada. 4) ABSOLVER a HONDUTEL del pago de esto conceptos. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 10 de junio de 2006, en el cargo de Asistente Administrativo IV, dependiente de la Dirección de Comercialización, funcionalmente desempeñándose en el Departamento de Operaciones Call Center, devengando un salario mensual de L.16,709.00. Que el acoso laboral comenzó cuando se le notificó una suspensión del contrato de trabajo del 8 de octubre de 2014 al 4 de febrero de 2015. Que contra dicha suspensión se presentó formal oposición ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, misma que a la fecha de interposición de la demanda no ha sido resuelta. Mediante el oficio GGH-313-2015 del 5 de febrero de 2015 se le notificó a la demandante la terminación de la relación laboral invocándole la demandada tres supuestas causales, establecidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo. La suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, tan es así, que el numeral 15) del artículo 100 del Código del Trabajo invocado por el patrono establece: “Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social”; en este caso, sin que dicha Secretaría de Estado otorgara la autorización, por sí y ante sí HONDUTEL se erige en autoridad del trabajo y la asume como causal, siendo la causal invocada inexistente, porque no llegó a tipificarse, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión de la demandante operó por exactamente 119 días a pesar que la demandada solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la empresa demandada, el 7 de octubre de 2014, HONDUTEL, invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables al Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero de ese mismo año, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraba la demandante. Que es de conocimiento público la situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el 2009, hasta la fecha incrementándose durante los dos últimos periodos fiscales 2012 y 2013, al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la última administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas perdidas. En vista de que la empresa no puede ser explotada por su mala rentabilidad operativa, el 10 de octubre del año 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social una solicitud de autorización de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de HONDUTEL, la solicitud que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, ya que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, HONDUREL siguiendo el procedimiento legal correspondiente presentó ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas por HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron despedidos, por lo tanto habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de la suspensión a la demandante, el 5 de febrero de 2015, HONDUTEL notificó la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentándose la demandada en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo, 97 numeral 13), 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada Johana Waleska Barahona Espinoza, en su condición de apoderada de la señora Tannia Yamileth Gamoneda Vega, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de la demandante como el bono de utilidades, bono estudiantil, goce de vacaciones correspondiente al periodo 2013-2014 (1 día), el pago del complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2014 y demás derechos que pudieran corresponder; sin lugar el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por préstamos en la Banca Privada; absolvió a la demandada del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que la demandada al momento de “suspender” el contrato de trabajo de la demandante, no contaba con la debida autorización de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para hacerlo, y además el contrato de trabajo de la trabajadora, se encontraba suspendido en vista de encontrarse gozando del período vacacional antes relacionado, por lo tanto, no cabe hacer una suspensión sobre otra suspensión, en tal virtud lo que se dio fue un despido que además de ser ilegal es injusto, ya que el Código del Trabajo, es el que establece el procedimiento legal para llevar a cabo la suspensión de un contrato de trabajo, por lo tanto, no son las normas jurídicas las que justifican el despido del trabajador, sino los hechos concretos que la parte patronal considera justificativos de su decisión y que el trabajador tiene el derecho de conocer, los cuales no fueron aportados al proceso; además el despido infringió garantías constitucionales como ser la estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo, y el derecho a la salud al tenor de lo establecido en los artículos 64 y 128 párrafo primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 3 del Código del Trabajo. Constituye también una pretensión de la demandante el pago del reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto de indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por préstamos en la Banca Privada, sin embargo no fue acreditado en los autos los gastos médicos quirúrgicos que haya incurrido la demandante a partir del despido, como tampoco que tuviera préstamo con el INJUPEMP y que éste haya caído en mora, lo mismo con instituciones bancarias privadas, en consecuencia los reclamos resultan improcedentes. Que si bien es cierto, un buen ambiente laboral es algo fundamental en cualquier empresa, de este depende en gran medida la efectiva productividad de los empleados, no obstante en cuanto al acoso laboral (mobbing) que la actora dice haber sufrido, por lo que se considera que no se ha producido, ya por el hecho de haber sido objeto de suspensión del contrato de trabajo y posterior despido, éstas son instituciones que el Código del Trabajo las regula y que autorizan al patrono aplicarlas con las limitaciones que el mismo código establece, por lo cual a criterio, el despido de la demandante no se dio a consecuencia de violencia o acoso en las relaciones laborales (mobbing).- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba allegados al juicio quedó probado de autos la relación laboral que existió entre empleador y trabajadora demandante, la cual se inició el 10 de junio de 2008, en el puesto de Asistente Administrativo IV, dependiente de la Dirección de Comercialización. Que la demandante fue suspendida temporalmente de su puesto de trabajo por 120 días a partir del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero de 2015; es de establecer que la fecha de inicio de la suspensión de su contrato de trabajo le faltaba un día para concluir su periodo de vacaciones. La parte demandada infringió la ley al suspender el contrato de trabajo de la demandante por 120 días, puesto que esta tenía suspendido su contrato con anterioridad por estar disfrutando su periodo de vacaciones el cual se le vencía hasta el 08 de octubre de 2014. La empresa demandada al cumplirse el término de 120 días de suspensión del contrato individual de trabajo de la demandada, procedió a notificarle su terminación de la relación laboral sin tener autorización de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, tanto para la suspensión del contrato de trabajo como la prórroga del mismo por lo que violentó los artículos 101, 102 y 103 del Código del Trabajo vigente, por lo que el despido resulta ser ilegal e injustificado.- 5. Mediante auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ANA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su primer motivo de casación alega: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar lo establecido en el artículo 129 y 331 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo; sino, en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Asimismo, el art. 331 establece que el Estado reconoce, garantiza y fomenta la libre contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública, que no se aplica al presente caso.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo hace referencia a normativa no señalada como violada en la formulación;, tal es el caso de los artículos: 112, 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo y 62 y 80 de la Constitución de la República; y, b) el Impetrante señala la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008, lo cual constituye material probatorio que en el tipo de violación por la vía directa invocado resulta inadmisible su revisión.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar los artículos 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 111 inciso 1 del mismo código, relacionada a su vez con la cláusula 82 párrafo cuatro del Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH; que literalmente dice: “Hondutel, se compromete que la terminación de relación de trabajo por supresión de plazas, ocurrirá solamente en casos estrictamente necesarios, siguiendo el procedimiento establecido y reconociendo el pago de los derechos del trabajador”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Por no darle aplicación al artículo 95 inciso 19 del Código del Trabajo, y vedarle así el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga, la sentencia impugnada solamente adujo como argumento el que contiene su considerando 5, en el cual, exige que la terminación de la relación laboral debe ser conforme a una de las causales señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo; eludiendo detenerse a considerar que la terminación de los contratos de trabajo como consecuencia lógica del fenómeno que imposibilita que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades; resultando de manera ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas siguiendo con los procedimientos establecidos en nuestra normativa, teniendo que suprimir puestos de trabajo por necesidad y no por placer, con el fin de evitar que se perdieran más puestos de trabajo. Es importante destacar, que de acuerdo como lo establecido el Libro “El Recurso Extraordinario de casación Laboral”, primera edición 1993, del autor Luis Lagos Pantoja en su página 21 que establece: “En materia laboral, es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos para empleadores y trabajadores ligados por una relación de trabajo y regida por un contrato de la misma naturaleza. Pueden considerarse como tales: la Constitución Nacional, el Código sustantivo de Trabajo, leyes especiales de carácter laboral, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo y el fallo arbitral firme. Asimismo, debe tenerse en cuenta las normas procedimentales, cuando ellas consagran los mismos derechos y obligaciones.” (SIC), por tanto, ha quedado evidenciando la infracción directa a los preceptos legales.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral anteriormente citada, por los siguientes motivos: la Corte de Apelaciones estima que, HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la cual se probó por la demandante el despido injusto que da derecho a emplazar al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada, de lo que se infiere, ya que si bien es cierto en la sentencia de segunda instancia no se establece expresamente que la norma laboral aplicada por la Corte de Apelaciones del Trabajo son los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo, normativa legal aplicada de forma indebida por el siguiente motivo; HONDUTEL en ningún momento cancelo o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales de los artículos 112 relacionada con el artículo 113, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo la cual se hace de la siguiente manera: A) la terminación del contrato de trabajo de la actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el cual instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista Olvin E. Rodríguez, en su obra “Derecho Individual de Trabajo”, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce, que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art.112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art.114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (art. 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abog. Olvin E. Rodríguez, en su obra “El derecho Individual del Trabajo”, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art.112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T…”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que “…En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones…”. De igual manera, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentenci8a en el expediente CL.105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”, según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código del Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5, y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la vez a la nueva estructura orgánica de la empresa, ya que una vez surgió la suspensión se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, y de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “…Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Principio de primac%C3%ADa de la realidad), por lo tanto según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, la demandante se negó a recibirlas. Finalmente honorable corte suprema de justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, habiendo debido aplicar debidamente el articulo 111 numeral 8) del Código de Trabajo y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicado aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas, artículos 112 y 113 contienen varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; b) hace referencia a normativa no citada en la formulación del cargo; y c) formula alegaciones propias de instancia.- VIII. Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 Numeral 8 del Código de Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) LA SOLICITUD DE VACACIONES QUE CORRE AGREGADA A FOLIO 15; B) EL OFICIO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2014 QUE CORRE AGREGADO A FOLIO 257; C) EL COMPROBANTE DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2015, QUE CORRE A FOLIO 220; y D) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 227-234, TODOS DEL TOMO II DE LA PRIEMRA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROICESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) el oficio de fecha 7 de octubre del 2014 que corre agregado a folio 223; B) estados financieros de Hondutel que corre agregado a folios 226-233, todos del tomo I de la primera pieza de autos. Explicación: 1) Argumenta la honorable Corte de Apelaciones que la demandante TANNIA YAMILETH GAMONEDA VEGA, se encontraba gozando de vacaciones en esa fecha, teniendo suspendido su contrato de trabajo, cuando se hizo efectiva la cancelación violentando los procedimientos legales y los derechos de la trabajadora, con lo que se prueba el despido injusto, que le da derecho a emplazar al patrono ante los Tribunales competentes; en relación a este hecho, el Código de Trabajo en el artículo 100 en las causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes, no señala que el goce de vacaciones sea un motivo injustificado para dar por terminado un contrato de trabajo. Asimismo, no explicó de manera puntual los procedimientos legales que aduce en la referida sentencia. Ya que el artículo que desarrolla los procesos y causas de la suspensión de los contratos de trabajo no exceptúa la condición que se encuentra la trabajadora, por ende, debe entenderse que la suspensión es aplicable a todos los trabajadores. 2) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los Estados financieros y de resultados de Hondutel de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el Juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. No se tomó en cuenta los estados financieros. 3) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. Al respecto, nuevamente cito el Libro “El Recurso Extraordinario de Casación Laboral”, del Autor, Luis Lagos Pantoja en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho, que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violación de la Ley, ya que invoca dos sub modos excluyentes entre sí, al indicar que es error de hecho por falta de apreciación y por otra en el desarrollo del cargo hace referencia a la apreciación errónea denominándola como medio de prueba interpretado erróneamente; b) formula alegaciones propias de instancia.- X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 607-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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