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Sentencia CL-606-16 — Registro 7695

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago del preaviso y auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional; y el caso de la demandante Rosangela Soto se le pagara la indemnización por embarazo, pre-post natal y horas de lactancia, y para todos los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que este firme el presente fallo, en consecuencia y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “ Que el motivo así expuesto, es totalmente defectuoso y por ende inadmisible, ya que el Recurrente incurrió en los siguientes errores: a) El artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalado como infringido, no ostenta el carácter de ser precepto legal sustantivo del orden laboral; b) el precepto autorizante ha sido indicado de forma errónea, ya que en esta materia las causales del recurso de casación laboral se encuentran contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo y no tienen ninguna aplicación las señaladas en el 719 del Código Procesal Civil, que fue la disposición invocada por el Impetrante; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hacen referencia a una cuestión de competencia genérica que debió oponer o excepcionar en el momento procesal oportuno, lo cual no realizó en la contestación de la demanda ni en la audiencia primera de trámite.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 06 de febrero del 2017, por el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores CESAR EDUARDO SIMON HERNANDEZ, CONNIE STEPHANIA MARTINEZ GUILLEN, JOYCE BAHR IRAHETA, KARLA CELESTE ANDINO RIVAS, PABLO IVAN ZEPEDA KORTE, ROSANGELA SOTO ZUNIGA y SINTYA JUDITH ORDOÑEZ LANZA, representados en juicio por el Abogado MARCO VINICIO MONTES URRUTIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios caídos a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de mayo del 2014, por los señores CESAR EDUARDO SIMON HERNANDEZ, soltero, Bachiller en Computación, CONNIE STEPHANIA MARTINEZ GUILLEN, soltera, Estudiante, JOYCE BAHR IRAHETA, soltera, Estudiante, KARLA CELESTE ANDINO RIVAS, soltera, Estudiante, PABLO IVAN ZEPEDA KORTE, soltero, Estudiante, ROSANGELA SOTO ZUNIGA, casada, Estudiante y SINTYA JUDITH ORDOÑEZ LANZA, casada, Estudiante; todos mayores de edad y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA, adscrita a la SECREATRÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de octubre del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de agosto del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por CESAR EDUARDO SIMON HERNANDEZ, CONNIE STEPHANIA MARTINEZ GUILLEN, JOYCE BAHR IRAHETA, KARLA CELESTE ANDINO RIVAS, PABLO IVAN ZEPEDA KORTE, ROSANGELA SOTO ZUNIGA, y SINTYA JUDITH ORDOÑEZ LANZA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago del preaviso y auxilio de cesantía, Auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional; y el caso de la demandante ROSANGELA SOTO se le pagara la indemnización por embarazo, pre-post natal y horas de lactancia, y para todos los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que este firme el presente fallo, en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar la cantidad de QUINIENTOS CAURENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA y UN CENTAVOS (L.548,604.81) desglosados de la siguiente forma: para CESAR EDUARDO SIMON HERNANDEZ, pagar la cantidad de L. 91,615.74 por los siguientes conceptos: preaviso L.23,333.10; auxilio de cesantía L. 23,333.10, auxilio de cesantía proporcional L. 15,360.95; vacaciones proporcionales L.6,144.38; vacaciones pendientes L.6,999.93; décimo tercer mes proporcional L. 3,222.19, décimo cuarto mes proporcional L.13,222.09; CONNIE STEPHANIA MARTINEZ GUILLEN, pagar la cantidad de L. 46,518.42 por los siguientes conceptos: preaviso L.17,499.60; auxilio de cesantía L.17,499.60; auxilio de cesantía proporcional L.3,567.81, Vacaciones proporcionales L. 1,786.41, décimo tercer mes proporcional L. 1,207.50, décimo cuarto mes proporcional L.4,957.50; JOYCE BAHR IRAHETA, pagar la cantidad de L. 71,744.08 por los siguientes conceptos: preaviso L. 23,333.10; auxilio de cesantía L. 23,333.10 auxilio de cesantía proporcional L.648.14, vacaciones proporcionales L. 209.99, vacaciones pendientes L7,777.70 décimo tercer mes proporcional L. 3,222.19, décimo cuarto mes proporcional L.13,219.86; KARLA CELESTE ANDINO RIVAS, pagar la cantidad de L.72,952.81 por los siguientes conceptos: preaviso L. 30.333.00; auxilio de cesantía L.15,166.50, auxilio de cesantía proporcional L.1,263.87, Vacaciones proporcionales L. 842.58, vacaciones pendientes L.14660.95, décimo tercer mes proporcional L.2,092.98,décimo cuarto mes proporcional L.8,592.93; PABLO IVÁN ZEPEDA KORTE, pagar la cantidad de L..36,678.76 por los siguientes conceptos: preaviso L. 18,666.66; auxilio de cesantía L.9,333.30, auxilio de cesantía proporcional L.777.77, Vacaciones proporcionales L. 388.88, vacaciones pendientes L.933.33, décimo tercer mes proporcional L.1,287.96, décimo cuarto mes proporcional L.5,287.86; ROSANGELA SOTO ZUNIGA, pagar la cantidad de L. 163,224.10 por los siguientes conceptos: preaviso L.23,333.10; auxilio de cesantía L. 23,333.10, auxilio de cesantía proporcional L.3,629.59, vacaciones proporcionales L. 1,209.86, vacaciones pendientes L. 7,777.70, décimo tercer mes proporcional L.3,219.96, décimo cuarto mes proporcional L. 13,222.09, indemnización por embarazo L.4,666.20 Pre y post natal L. 65,332.68, horas de Lactancia L. 17,499.82; y SINTYA JUDITH ORDOÑEZ LANZA, pagar la cantidad de L.65,870.90 por los siguientes conceptos: preaviso L.30,333.00; auxilio de cesantía L. 15,166.50, auxilio de cesantía proporcional L. 3,265.01, vacaciones proporcionales L.854.43, vacaciones pendientes L. 5,561.05, décimo tercer mes proporcional L.2,092.98, décimo cuarto mes proporcional L.8,592.93; y para todos el pago de los salarios dejados de percibir en concepto de daños mismos que se calcularan desde la fecha efectiva de la terminación de la relación laboral hasta que este firme el presente fallo; 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción que fueron contratados por la demandada así: Cesar Eduardo Simón Hernández el 05 de junio del 2012, en el cargo de Asistente Coordinador de Planificación y Seguimiento, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual de veinte L.20,000.00; Connie Stephania Martínez Guillén, el 01 de agosto del 2011, en el cargo de Presentadora de Programa, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual L.7,500.00; Joyce Bahr Iraheta, el 01 de marzo del 2013, en el cargo de Directora de Relaciones Públicas, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual de L.20,000.00, Karla Celeste Andino Rivas, el 25 de enero del 2010, en el cargo de Directora de Periodismo Investigativo, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual L.20,000.00; Rosangela Soto Zuniga, en fecha 02 de enero del 2013, en el cargo de Presentadora de Programa, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual L.20,000.00, en este caso por razón del embarazo, en el que ocurrió el despido de su cargo, no se justificó previamente ante el Juez del Trabajo respectivo alguna de las causas justas para dar por terminado el Contrato de Trabajo, lo que conlleva a una responsabilidad económica adicional al Patrono; Pablo Ivan Zepeda Korte, el 01 de septiembre del 2010, en el cargo de Presentador de los Programas de la Primera Dama, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual de L.8,000.00; Sintya Judith Ordoñez Lanza, el 01 de julio del 2009, en el cargo de Productor, del programa Televisión Nacional de Honduras, con un salario mensual de L.13,000.00; manifestaron que se desempeñaron de manera continua e ininterrumpida mediante suscripción de varios contratos de Servicios Profesionales; además alegaron que no obstante que en dichos contratos se expresaba el término de duración, la suscripción de contratos continuos da lugar a que los trabajadores sean considerados como permanentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo que expresamente señala: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”. Y que los servicios que prestaban en dicho Programa son de naturaleza permanente ya que coadyuvan al cumplimiento de los fines de la Institución al tenor del mismo artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo y por lo tanto los contratos de trabajo se ejecutaron por tiempo indefinido; argumentaron también que mediante Circular Número DE-TNH-O1-28022014 de fecha 28 de febrero del 2014, suscrita por el Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Honduras (TNH) Licenciado don Armando Vinicio Valdés se les notificó mediante fotocopia fijada en las paredes de las instalaciones del Edificio donde opera la Televisión Nacional de Honduras (TNH) que a partir del mes de marzo del 2014 no se les renovarían los Contratos de Servicios Profesionales y por lo tanto se les cancelaba de los cargos sin ninguna expresión de la causa o motivo para tomar tal determinación, que los despidos de los cargos que desempeñaban en la Coordinación Presidencial de las Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, fueron ilegales e injustificados en vista de no haberles invocado en dicha Circular ninguna causa justa estipulada en el Código del Trabajo, para poder ser despedidos sin ninguna responsabilidad para el Patrono, por lo que reclaman el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales en virtud del despido ilegal e injusto de que han sido objeto y en el caso de la señora Rosangela Soto Zuniga, por su estado de embarazo en el momento en el que ocurrió el despido, conlleva a una responsabilidad económica adicional al Patrono, como ser el pago de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código de Trabajo, y además, al pago de 12 semanas en concepto de descanso prenatal y posnatal, manifestaron que se dio por agotado el tramite Gubernativo correspondiente en fecha 06 de mayo del 2014.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando totalmente la pretensión de los demandantes, alegando que entre los demandantes y el Estado de Honduras, nunca existió una relación de trabajo, porque se encontraba enmarcada en Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, en los cuales claramente se estableció en la cláusula décima sobre las leyes aplicables que: “las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este Contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y a lo expresamente pactado en el mismo.”; asimismo, expresó que en los contratos las partes acordaron lo siguiente: “para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo” y en virtud de lo que establece el Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado... “, razón por la cual manifestó que no existió ninguna obligación laboral entre el demandado y los demandantes, ya que la relación era meramente de carácter administrativo, aceptando los demandantes sin objeción alguna los términos de contratos suscritos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de agosto del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; condenó al demandado a pagar la cantidad L.548,604.81, en concepto de pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, decimotercer y decimocuarto mes proporcional, los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que este firme el presente fallo; y el caso de la demandante Rosangela Soto al pago de la indemnización por embarazo, pre-post natal y horas de lactancia, sin costas; bajo el criterio que los demandantes laboraban para la institución demandada bajo la figura de contratos de servicios profesionales y que de los mismos se desprende que lo que existía era fraude a la ley, por ser en esencia relaciones de trabajo regidas por la legislación laboral al tenor de lo que establece el Código del Trabajo y que sostuvieron una relación continua e ininterrumpida por la suscripción de varios contratos de trabajo, sin importar la denominación de los mismos, los que reunían los tres elementos del contrato de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, asimismo la actividad que realizaban era permanente y que al momento de ser notificados mediante una circular se violentó las normas procesales, por no contener un procedimiento previo ni tampoco se invocó justa causa del despido, poniendo asimismo en riesgo la vida del menor por estar en estado de embarazo una de las demandantes, por lo que el patrono incurre en responsabilidad siendo condenado al pago por indemnización por estado de embarazo, pre y post natal y horas de lactancia.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 26 de octubre del 2016, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado la relación laboral que existió entre el empleador demandado y los trabajadores demandantes, por medio de la modalidad de contratos de servicios profesionales, el que fue reconocido por la parte demandada, que la relación laboral fue terminada por decisión unilateral del empleador por medio de una circular colectiva, la que no fue notificada de manera directa y personal a cada trabajador, aduciendo que había finalizado el término del contrato; además quedó evidenciado que los demandantes desempeñaron su labor de manera continua e ininterrumpida cada uno de ellos en sus respectivos puestos de trabajo y en sus funciones específicas, lo que determina que la relación de trabajo no podía estar bajo la regulación de preceptos que conceptualizan el trabajo de servicios profesionales, además la naturaleza de las actividades desempeñadas era permanente, por lo que existió entre el acto jurídico del empleador y trabajadores una relación de trabajo en aplicación al artículo 20 del Código del Trabajo.- 5.- Mediante auto de fecha 08 de diciembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 06 de febrero del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de febrero del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARCO VINICIO MONTES URRUTIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su único motivo de casación alega: “El artículo 719 del Código Procesal Civil dice: Causales del Recurso: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulas: a) Competencia Genérica, b) …. y c) La forma y contenido de la Sentencia, enunciados que paso a desarrollar a continuación: CAUSAL POR FALTA DE COMPETENCIA GENERICA: Infracción al Artículo 3 literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en relación al Artículo 2 del Código del Trabajo Vigente, por la apreciación del señor Juez, por lo cual debió obtenerse o inhibirse de conocer el asunto que nos ocupa, en virtud que los contratos de cualquier naturaleza suscritos entre la Administración Pública y personas particulares se regirán por las normas y disposiciones del Derecho Administrativo vigente y aplicable y no del Derecho Labora y siendo la competencia la facultad que tiene cada Juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- Que la Sentencia recurrida, se establece que la parte demandada rechazo las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que entre los demandantes y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de la Presidencia, nunca ha existido una relación de trabajo ya que la relación entre ellos se encontraba enmarcadas en contratos administrativos de Servicios Profesionales, al tenor de lo que también establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 3, que dicha ley conocerá: a) las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resoluciones y recisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de la Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, las Municipalidades y por las instituciones Autónomas, como ser los relativos a los Contratos por Servicios Profesionales o Técnicos, por lo tanto, la materia laboral no es competente para conocer de ese asunto y esto crearía un problema jurídico ya que lo contratos de cualquier naturaleza suscritos entre la Administración Pública y personas particulares se regirán por las normas y disposiciones del Derecho Administrativo vigente y aplicable y no del Derecho Laboral y siendo la competencia la facultad que tiene cada Juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.”.- III.- Que el motivo así expuesto, es totalmente defectuoso y por ende inadmisible, ya que el Recurrente incurrió en los siguientes errores: a) El artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalado como infringido, no ostenta el carácter de ser precepto legal sustantivo del orden laboral; b) el precepto autorizante ha sido indicado de forma errónea, ya que en esta materia las causales del recurso de casación laboral se encuentran contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo y no tienen ninguna aplicación las señaladas en el 719 del Código Procesal Civil, que fue la disposición invocada por el Impetrante; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hacen referencia a una cuestión de competencia genérica que debió oponer o excepcionar en el momento procesal oportuno, lo cual no realizó en la contestación de la demanda ni en la audiencia primera de trámite.- IV.- El Tribunal de Casación no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia, sino que se trata de un recurso extraordinario, por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende.- V.- Que, en adición, el acápite de DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN del escrito del recurso, ha sido formulado erróneamente por el Censor, ya que se limitó a transcribir la parte resolutiva del fallo recurrido y por ello omitió consignar el petitum de su demanda de casación.- VI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VII.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes; también se debe certificar el mismo al Tribunal Superior de Cuentas.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 606-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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