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Sentencia CL-596-16 — Registro 7324

Resumen

En segunda instancia se reformó la sentencia y se declaró con lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales a favor del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Industria de la Construcción y Afines (STICA), organización sindical que actúa en representación de varios trabajadores.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“II. Que la Abogada ODESSA ORQUÍDEA AGUILERA MALDONADO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley sustantiva Nacional en infracción directa en que incurrió el tribunal de apelación al dejar de aplicar el artículo 114, literal f) del Código del Trabajo, el cual contiene las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, literal f) No pagarle el patrono el salario completo que corresponda en la fecha y lugar convenidos o ACOSTUMBRADAS salvo las deducciones autorizadas por la ley, ya que tal como se probo en juicio a los ahora demandantes la COSTUMBRE DE PAGO, en la Empresa INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, era en pagos parciales, siendo este hecho aceptado por los trabajadores de que laboraban en mi representada constituyendo dicho hecho un acto consensuado y costumbre de pago, por lo cual no pudo ser objeto como causal de despido indirecto. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infracción directa se produce con prescindencia del haz probatorio; b) el artículo 114 literal f) del Código del Trabajo citado como violado, si fue aplicado en el fallo impugnado, por lo que su ataque por esta vía es improcedente; y, c) formula alegatos propios de instancia.

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley sustantiva Nacional en infracción directa en que incurrió el tribunal, al omitir la aplicabilidad de lo contemplado en el artículo 115, del Código del trabajo, el cual establece que la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el trabajador la comunique al patrono, en el juicio de mérito, la parte que unilateralmente quebranto y dio por terminado el contrato de trabajo por la vía del despido indirecto, no cubrió con este requisito de notificar legalmente a la Empresa de su decisión de retirarse de la misma, notificando a su Gerente General, personal directivo o cualquier representante del patrono, tal como se probó en juicio, procediendo a dejar documentos en el portón vehicular de las oficinas administrativas de la empresa, por lo que esa notificación es nula de pleno derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. ...- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la violación directa se produce con prescindencia del material probatorio, en el sub judice la notificación o no de la terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y de la prueba, tal como el mismo Impetrante lo acusa, razón por la cual el ataque al fallo no debió formularse por esta vía.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Parrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (INDECO), como recurrente; además es parte recurrida, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y AFINES (SITICA), representado en juicio por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, vacaciones adeudadas, reajuste de salario mínimo, indemnización por accidente de trabajo, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce, por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y AFINES (SITICA), a favor de los siguientes trabajadores miembros del sindicato: 1) JUAN SANTOS SANTOS, OSCAR IVAN SORIANO CHACON, VICTOR MANUEL RODAS FLORES, JOSE RENAN PERDOMO, PRESENTACION GARCIA TROCHEZ, ELISEO AVILA NAVARRO, VICTOR MANUEL ARITA, WALTER OBDULIO LOPEZ GARCIA, OSCAR HERNANDEZ ASTURIAS, QUINTIN ALVARADO, MARIO ORDOÑEZ LUNA, CARLOS IVAN HERNANDEZ MEJIA, WILFREDO VEGA ENAMORADO, ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, SABINO ERAZO MENDOZA, ARTURO VASQUEZ MENDEZ, EULALIO GUTIERREZ, RIGOBERTO AGUILAR ZAMORA, ISABEL CASTRO MATUTE, JOSE JUSTINIANO HERNANDEZ, EDWIN DAGOBERTO SALEZ, JUAN RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO MALDONADO LOPEZ, OCTAVIO MURCIA H., CARLOS ARTURO HERNANDEZ, LEOVIGILDO PEREZ PINEDA, SANTOS LUIS FUNEZ, JOSE DANIEL RODRIGUEZ GONZALES, MARTIR HERNANDEZ ALVARENGA, JOSE CLEOFES MEDINA MENDOZA, JOAQUIN ZELAYA CANALES, PEDRO GONZALES RECARTE, LUCIANO MANCIA, OSMAN ENRIQUE SARMIENTO ORELLANA, EDUARDO GONZALES ORTIZ y JUAN DE LA CRUZ MONTOYA, todos mayores de edad, Obreros, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (INDECO, S.A. DE C.V.), por medio de su Presidente Ejecutivo, señor FEIZAL J. SIKAFFY, mayor de edad, soltero, Ingeniero, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el representante procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el veintidós de Agosto del año dos mil dieciséis (22/08/16) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, SE REFORMA la misma, la que se contrae a: A) Declarar CON LUGAR la demanda de merito, en cuanto al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y AFINES (STICA), organización sindical que actúa en representación de los trabajadores: JUAN SANTOS SANTOS, OSCAR IVAN SORIANO CHACON, VICTOR MANUEL RODAS FLORES, JOSE RENAN PERDOMO, PRESENTACION GARCIA TROCHEZ, ELISEO AVILA NAVARRO, VICTOR MANUEL ARITA, WALTER OBDULIO LOPEZ GARCIA, OSCAR HERNANDEZ ASTURIAS, QUINTIN ALVARADO, MARIO ORDOÑEZ LUNA, CARLOS IVAN HERNANDEZ MEJIA, WILFREDO VEGA ENAMORADO, ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, SABINO ERAZO MENDOZA, ARTURO VASQUEZ MENDEZ, EULALIO GUTIERREZ, RIGOBERTO AGUILAR ZAMORA, ISABEL CASTRO MATUTE, JOSE JUSTITIANO HERNANDEZ, EDWIN DAGOBERTO SALEZ, JUAN RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO MALDONADO LOPEZ, OCTAVO MURCIA H., CARLOS ARTURO HERNANDEZ, LEOVIGILDO PEREZ PINEDA, SANTOS LUIS FUNEZ, JOSE DANIEL RODRIGUEZ GONZALES, MARTIR HERNANDEZ ALVARENGA, JOSE CLEOFES MEDINA MENDOZA, JOAQUIN ZELAYA CANALES, PEDRO DAGOBERTO RECARTE, LUCIANO MANCIA, OSMAN ENRIQUE SARMIENTO ORELLANA, EDUARDO GONZALES ORTIZ y JUAN DE LA CRUZ MONTOYA. SEGUNDO: CONDENA a la empresa INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V (INDECO) a través de su representante legal al pago de las prestaciones laborales por la cantidad de: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.3,570,460.60) valor que se desglosa de la siguiente manera: JUAN SANTOS SANTOS: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 114.333.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 1.147.69, lo que hace un total de L. 136.814.35; OSCAR IVAN SORIANO CHACON: Preaviso: L. 16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 122.500.00, lo que hace un total de L.138.833.33; VICTOR MANUEL RODAS FLORES: Preaviso: L. 16.006.48, Auxilio de Cesantía: L.112.045.36.00, lo que hace un total de L. 128.051.84; JOSE RENAN PERDOMO: Preaviso: L. 16.333.33, Auxilio de Cesantía: L.24.500.00, lo que hace un total de L.40.833.33; PRESENTACION GARCIA TROCHEZ: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L.65.333.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L.4.627.78, lo que hace un total de L. 86.294.44; ELISEO AVILA NAVARRO: Preaviso: L 16.333.33, Auxilio de Cesantía: L.122.500.00, lo que hace un total de L.138.833.33; VICTOR MANUEL ARITA: Preaviso: L 16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 114.333.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 5.625.23, lo que hace un total de L. 136.292.59; WALTER OBDULIO LOPEZ GARCIA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 89.833.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L.2.949.07, lo que hace un total de L.109.115.74; OSCAR HERNANDEZ ASTURIAS: Preaviso: L 16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 122.500.00 lo que hace un total de L138.833.33; QUINTIN ALVARADO: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L.16,333.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 1.179.63, lo que hace un total de L. 33.846.30; MARIO ORDOÑEZ LUNA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 122.500.00, lo que hace un total de L. 138.833.33; CARLOS IVAN HERNANDEZ MEJIA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 57.166.67, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 3.123.24, lo que hace un total de L. 76.653.24; WILFREDO VEGA ENAMORADO: Preaviso: L.21.000.00 Auxilio de Cesantía: L. 42.000.00 Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 7,437.50, lo que hace un total de L.70,437.50; ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ: Preaviso: L.16.000.00 Auxilio de Cesantía: L. 106.166.67Auxilio de Cesantía Proporcional: L.2.631.48, lo que hace un total de L. 125.131.48; SABINO ERAZO MENDOZA: Preaviso: L. 16.333.33 Auxilio de Cesantía: L. 65.333.33 Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 4.741.20, lo que hace un total de L.86.407.87; ARTURO VASQUEZ MENDEZ: Preaviso: L.16.333.33 Auxilio de Cesantía: L. 57.166.67, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 5.013.43. lo que hace un total de L. 78.513.43; EULALIO GUTIERREZ: Preaviso: L.16.333.33 Auxilio de Cesantía: L. 98.000,00, Auxilio de Cesantía Proporcional: L.3.743.06, lo que hace un total de L. 118.076.39; RIGOBERTO AGUILAR ZAMORA: Preaviso: L.16.333.33 Auxilio de Cesantía: L. 65.333.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 5.036.11, lo que hace un total de L. 86.702.78; ISABEL CASTRO MATUTE: Preaviso: L.16.333.33 Auxilio de Cesantía: L. 114,333.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 5.058.801, lo que hace un total de L. 135.725.46; JOSE JUSTITIANO HERNANDEZ: Preaviso: L.16.333.33 Auxilio de Cesantía: L.122,500,00, lo que hace un total de L138.833.33; EDWIN DAGOBERTO SALEZ: Preaviso: L.8,166.67 Auxilio de Cesantía: L. 8,166.67, Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 2,064.35, lo que hace un total de L.18.397.69; JUAN RODRIGUEZ RIVERA: Preaviso: L.16,333.33 Auxilio de Cesantía: L. 73,500.00, lo que hace un total de L.89,8333.33; FRANCISCO MALDONADO LOPEZ: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L.40.833.33 Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 1,814.81, lo que hace un total de L. 58,981.48; OCTAVIO MURCIA H.: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 98.000.00 Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 3,493.52 lo que hace un total de L. 117,826.85; CARLOS ARTURO HERNANDEZ: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 98.000.00 Auxilio de Cesantía Proporcional: L.7,055.09 lo que hace un total de L. 39.721.76; LEOVIGILDO PEREZ PINEDA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 24.500.00 lo que hace un total de L.40.833.33, SANTOS LUIS FUNEZ: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 106,166.67. Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 7.418.06, lo que hace un total de L.129,918.06; JOSE DANIEL RODRIGUEZ: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 98.000.00 Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 3,811.11, lo que hace un total de L.118.144.44; GONZALES MARTIR HERNANDEZ ALVARENGA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 40.833.33 Auxilio de Cesantía Proporcional: L.2,041.67, lo que hace un total de L.59,208.33; JOSE CLEOFES MEDINA MENDOZA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 32.666.67 Auxilio de Cesantía Proporcional: L.6,987.04, lo que hace un total de L.55.987.04; JOAQUIN ZELAYA CANALES: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L.89.833.33, Auxilio de Cesantía Proporcional: L.4,741.20, lo que hace un total de L.110.907.87; PEDRO DAGOBERTO RECARTE: Preaviso: L16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 122.500.00, L., lo que hace un total de L.138.833.33; LUCIANO MANCIA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 98.000.00, Auxilio de Cesantía Proporcional: L.7.100.46, lo que hace un total de L.121.433.80; OSMAN ENRIQUE SARMIENTO ORELLANA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 122.500.00 lo que hace un total de L.138.833.33; EDUARDO GONZALES ORTIZ: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 122.500.00 lo que hace un total de L.138.833.33; JUAN DE LA CRUZ MONTOYA: Preaviso: L.16.333.33, Auxilio de Cesantía: L. 32,666.67. Auxilio de Cesantía Proporcional: L.703.24., lo que hace un total de L.49.703.24; más los salarios dejados de percibir hasta el momento en que de acuerdo a la Ley quede firme la sentencia. TERCERO: Establecer como cuantía total de condena la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (LPS. 5,222.502.14), integrado por los conceptos y montos fijados por el Iudex A-Quo y por esta alzada. CUARTO: Se CONFIRMA la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia en sus demás extremos. QUINTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fueron contratados verbalmente y por tiempo indefinido, para laborar en la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (INDECO), en las fechas siguientes: Juan Santos Santos, el 01 de noviembre de 2007; Oscar Iván Soriano Chacón, el 06 de mayo de 1997; Víctor Manuel Rodas Flores, el 04 de agosto de 1998; José Renán Perdomo, el 02 de agosto de 2009; Presentación García Tróchez, el 08 de enero de 2004; Eliseo Avila Navarro, el 17 de junio de 1997; Víctor Manuel Arita, el 24 de noviembre de 1997; Walter Obdulio López García, el 22 de marzo de 2001; Oscar Hernández Asturias, el 27 de mayo de 1992; Quintín Alvarado, el 10 de junio de 2010; Mario Ordoñez Luna, el 11 de enero de 1993; Carlos Iván Hernández Mejía, el 13 de marzo de 2005; Wilfredo Vega Enamorado, el 17 de noviembre de 2007; Antonio Martínez Hernandez, el 06 de abril de 1999; Sabino Erazo Mendoza, el 03 de enero de 2004; Arturo Vásquez Méndez, el 21 de diciembre de 2004; Eulalio Gutiérrez, el 17 de febrero de 2000; Rigoberto Aguilar Zamora, el 20 de diciembre de 2003; Isabel Castro Matute, diciembre de 1997; José Justiniano Hernández, el 12 de abril de 1992; Edwin Dagoberto Salez, el 01 de mayo de 2011; Juan Rodríguez Rivera, el 03 de julio de 2006; Francisco Maldonado López, el 12 de mayo de 2007; Octavo Murcia H., el 28 de febrero de 2000; Carlos Arturo Hernández, el 21 de septiembre de 2009; Leovigildo Pérez Pineda, el 16 de julio de 2009; Santos Luis Fúnez, el 05 de septiembre de 1998; José Daniel Rodríguez Gonzales, el 14 de febrero del año 2000; Mártir Hernández Alvarenga, el 02 de mayo de 2007; José Cleofes Medina Mendoza, el 24 de septiembre de 2007; Joaquín Zelaya Canales, el 03 de enero de 2001; Pedro Dagoberto Recarte, el 30 de agosto de 1995; Luciano Mancia, el 19 de septiembre de 1999; Osman Enrique Sarmiento Orellana, el 22 de mayo de 1995; Eduardo Gonzales Ortiz, el 18 de junio de 1992 y Juan de la Cruz Montoya, el 01 de julio de 2008, todos como obreros devengando un salario de L.6,990.00 mensuales respectivamente; Que en vista de que les adeudaban tales derechos desde hace mucho tiempo, y al no tener respuesta de su patrono, los demandantes se presentaron a la Inspectoría General de Trabajo en la ciudad de San Pedro Sula, el día 26 de junio del año 2012 y manifestaron su reclamo por los derechos que los han privado. A la fecha la empresa les adeuda más de tres meses de salarios, y no obstante de haberles reclamado a los representantes del patrono, por lo que el 02 de agosto de 2012, se dieron por despedidos indirectamente para poder buscar otro trabajo y así sostener a sus familias, pues nadie puede estar sin devengar un salario durante más de tres meses. Que el trabajador Juan Santos Santos, sufrió un accidente de trabajo el 25 de enero del año 2012, fecha en que fue asaltado por ocho desconocidos en la empresa demandada, donde fungía como Guardia de Seguridad cuidando los bienes de la empresa, pero a la fecha su empleador se niega a pagarle la indemnización correspondiente, la cual le fue calculada en el monto de L.49,388.01 por el Inspector del Trabajo.- 2. La parte demandada, la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (INDECO), contestó dicha demanda señalando que los demandantes decidieron dar por terminados los contratos de trabajo mediante la vía del despido indirecto, sin hacer ninguna notificación a la empresa de tal decisión, únicamente dejando las hojas de despido indirecto en el portón de acceso vehicular de la empresa; no se constató ningún incumplimiento de pago o se les haya emplazado a través del ente legal administrativo laboral correspondiente a fin de que si había algún incumplimiento, fuera corregido, decidiendo en forma intempestiva retirarse de la empresa, dejando en una situación precaria; los demandantes decidieron poner fin a sus contratos de trabajo sin invocar ninguna causa de despido indirecto, ni fundamentación legal que sea aplicable, solo manifestaron que se les adeudan salarios; que en la empresa la forma de pago se deriva en pagos parciales, no de forma semanal, quincenal ni mensual, y es la costumbre a que los empleados que laboran para la misma se han acostumbrado, sin haber tenido reclamo de los empleados dentro de los treinta días que establece la ley, por ende, se ha hecho consuetudinaria y aceptado tácitamente por las partes, la forma de pago que se realiza en la empresa; dicha forma de pago se ha derivado de la crisis que atraviesa la economía del país y especialmente el rubro de la construcción que es su giro, que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Industria de la Construcción y Afines (SITICA), se encuentra inactivo, ya que no se han convocado a asambleas, no existe pago de cuotas sindicales, aplicabilidad de contratos colectivos de trabajo, nombramiento y notificación de juntas directivas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada; declaró sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, promovida por el Abogado Jaime Aguilar Smith, quién actúa en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y AFINES (SITICA), a favor de los trabajadores miembros del Sindicato, señores: Juan Santos Santos, Oscar Iván Soriano Chacón, Víctor Manuel Rodas Flores y otros, contra la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (INDECO S.A.); absolviendo a la demandada por dichos conceptos; declarando con lugar la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos, pago de salarios adeudados y reajuste de salario mínimo, de igual forma se declara con lugar la demanda del señor Juan Santos Santos, para el pago de incapacidad temporal, indemnización por incapacidad parcial permanente y gastos médicos; por tanto se le condenó a pagar a los demandantes la suma de L.1,652,041.54 por los conceptos de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salario adeudado, ajuste salarial, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, si bien, en la nota de desvinculación laboral se invocó que desde el 13 de diciembre del año 2011, se les adeudan varios meses de salario y que por virtud del artículo 865 del mismo cuerpo de Leyes, los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de un mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto; de acuerdo al documento visible a folios del 225 al 226 de los autos y que fue firmado en fecha posterior al del cese laboral, consta la existencia de un acuerdo conciliatorio de pago por ciertas cantidades de dinero, entendiéndose con ello, que se renunció al derecho de la prescripción; de ahí que ante tales circunstancias debe declararse sin lugar la excepción perentoria de pago en los términos en que fue planteada (en razón del tiempo para adoptar la decisión respecto a la terminación de la relación de trabajo). El ius variandi es la facultad que tiene el empleador o patrón de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo, tales como: cambio de lugar de trabajo; alteración de la jornada laboral; cambio de labores o prestaciones laborales que impliquen un cambio en la categoría de trabajo; alteración de la remuneración pactada o de convenio. En el caso de despido indirecto es sobre el trabajador que recae la necesidad o el interés de probar la justa causa prevista en la Ley e imputable al patrono, que invoque para darse por despedido, en el sub judice, de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, es indudable que a los trabajadores no se les pagaba completo el salario pactado, pues así ha sido reconocido por la demandada, más tal situación fue un hecho aceptado por éstos, pues según consta de autos, en los años 2010, 2011 y 2012 se les venía haciendo abonos a sus salarios; estimándose con ello, el consentimiento de los actores respecto a la variación en la forma de pago y por ende no puede ser causa justa del cese laboral, tal y como lo afirmara la representación procesal demandada; al respecto la doctrina ha establecido que: “si el salario se reduce y el contrato continua ejecutándose por parte del empleado, debe verse en su desarrollo asentimiento de este a la determinación del patrono. Si el reclamo al salario pactado no produce efecto y, sin embargo, el trabajador continúa cumpliendo sus obligaciones, tolerando la violación del contrato sin hacer uso de los medios que la ley le brinda, no puede después de exigir su tutela, extinguido el vínculo, pedir lo que, en su oportunidad, no exigió” “Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo, por el Dr. Francisco Yezid Triana, página 154”; en ese sentido, el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, no resultan atendibles, pues los motivos invocados como causa del cese laboral fueron consentidos. No obstante lo anterior, de las pruebas apenadas al proceso, la demandada ha reconocido adeudar salarios y que de acuerdo a dicha prueba (folios: 534-734), la remuneración pactada, es inferior al mínimo legal fijado para el año 2012, mediante acuerdo STSS-001-2012, a excepción de los señores Víctor Manuel Rodas Flores y Wilfredo Vega Enamorado, en razón de ello, y en observancia de los artículos 128.5 de la Constitución de la República, 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, debe atenderse la petición de pago de salarios adeudados en los valores reconocidos por la accionada y el reajuste del salario mínimo a partir del 10 de diciembre del 2011 (folio: 235) y hasta la fecha de la desvinculación laboral, a excepción de los señores Víctor Manuel Rodas Flores y Wilfredo Vega Enamorado, en éste último concepto; de igual forma deben concederse el pago de derechos adquiridos en forma proporcional, pues estos se pagan independientemente la forma en que terminó el nexo jurídico. Siendo que de la prueba aportada al proceso consta que el señor Juan Santos Santos sufrió un accidente de trabajo y que de acuerdo al dictamen médico y cálculo del Ministerio del Trabajo, éste debe ser indemnizado con el pago de incapacidad temporal por la suma de L.22,469.44; indemnización por incapacidad parcial permanente por la cantidad de L.24,876.57; gastos médicos por un valor de L.2,042.00, resulta procedente dicha demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, la que se contrae a: Declarar con lugar la demanda de mérito, en cuanto al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES (STICA), organización sindical que actúa en representación de los trabajadores: Juan Santos Santos, Oscar Iván Soriano Chacón, Víctor Manuel Rodas Flores y otros; condenando a la empresa INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (INDECO) al pago a favor de los trabajadores demandantes de las prestaciones laborales por la cantidad de L.3,570,460.60, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y auxilio de cesantía proporcional, más los salarios dejados de percibir; Estableciendo como cuantía total de condena la suma L.5,222.502.14, integrado por los conceptos y montos fijados por el Iudex A Quo y por el Ad Quem; confirmando la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia en sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que el Código del Trabajo en el artículo 114, enuncia varios supuestos jurídicos que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, invocando entre otras, como causa justa la que aparece consignada en el literal f) de la citada norma, que literalmente dice: “No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley’’ figura jurídica que implica un quebrantamiento del equilibrio contractual por parte del patrono que rehúye al pago en término y de modo total a su trabajador (Cabanellas) y que se constituye en motivo suficiente para el auto-despido de quién presta servicios de forma subordinada, sin responsabilidad de su parte, cuando pese a realizar gestiones de requerimiento de pago para que se haga efectiva su retribución salarial, el empleador moroso se resiste o niega a pagar el salario que adeuda; y es que en razón de la finalidad y alcance del principio de estabilidad laboral que prima en las relaciones laborales, el contrato de trabajo no puede ser rescindido sorpresiva e intempestivamente, pues la ruptura laboral tiene que derivarse de la imposibilidad de su vigencia o continuidad; tal es el caso que a falta de pago del salario los trabajadores notificaron la ruptura laboral. Si bien, con la aceptación (pago en forma parcial de salarios), se produce lo que la doctrina conoce con el nombre del ius variandi, y éste, es una consecuencia de la facultad de dirección del empresario, que habilita dentro de determinados, límites a disponer de dicha capacidad según las exigencias de la producción o funcionamiento de la empresa; de otro modo no se puede modificar sustancialmente lo concertado; de ser así, no se trataría de un derecho a variar los modos de prestación, sino alterar el acuerdo mismo; así esta facultad está limitada dentro del diseño de lo pactado a cambios razonables; mas en el presente caso, de las pruebas que obran en los autos no resultan situaciones fácticas para aplicar el ius variandi, pues si bien es cierto la demandada efectuó pagos de salarios en tiempo distinto al establecido contractualmente, también lo es que, los demandantes efectuaron los reclamos pertinentes, y de ello constan las gestiones administrativas y el reclamo judicial planteado a ese efecto. Dada la personalidad del recurso de apelación, de las alegaciones formuladas por el recurrente, del análisis en su conjunto del material probatorio y de la sentencia definitiva, que al ser confrontada con el material factico y jurídico; el recurrente pide que se reforme la sentencia únicamente en lo que se refiere al pago de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir a favor de los trabajadores demandantes, habida cuenta que en el caso de merito no es aplicable el ius variandi, por lo que ante la constatación de la causa justa invocada, se estima que resultan atendibles los argumentos del recurrente; consecuentemente, la sentencia proferida en la primera instancia debe ser reformada.- 5. Mediante auto de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (INDECO), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (INDECO), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ODESSA ORQUÍDEA AGUILERA MALDONADO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley sustantiva Nacional en infracción directa en que incurrió el tribunal de apelación al dejar de aplicar el artículo 114, literal f) del Código del Trabajo, el cual contiene las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, literal f) No pagarle el patrono el salario completo que corresponda en la fecha y lugar convenidos o ACOSTUMBRADAS salvo las deducciones autorizadas por la ley, ya que tal como se probo en juicio a los ahora demandantes la COSTUMBRE DE PAGO, en la Empresa INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, era en pagos parciales, siendo este hecho aceptado por los trabajadores de que laboraban en mi representada constituyendo dicho hecho un acto consensuado y costumbre de pago, por lo cual no pudo ser objeto como causal de despido indirecto. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. Honorables Magistrados, para que se produzca la infracción directa de la Ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas, en el caso de los autos a pesar que el articulo 114 literal f) es claro, el tribunal de apelaciones en el fallo proferido ignoro y dejo de aplicar este articulo al tratar de desconocer el IUS VARIANDI, que se produjo en la forma de pago que se realizara a los trabajadores, que se dieron por despedidos en forma indirecta, ya que dicha forma de pago en forma parcial, se venía dando consensuadamente con los trabajadores por años, específicamente tal y como se probó en juicio en los años 2010, 2011 y 2012, por lo que 3causal de ruptura de la relación laboral, el pago que consensuada mente como repito tenían en la Empresa. El tribunal Ad quem, en su sentencia establece en el Fundamento de derecho TRES: si bien, con la aceptación (pago en forma parcial de salarios), se produce lo que en doctrina conoce con el nombre del IUS VARIANDI, y este, es una consecuencia de la facultad de dirección del empresario, que habilita dentro de determinados limites- a disponer de dicha capacidad según las exigencias de la producción o funcionamiento de la empresa; de otro modo no se puede modificar sustancialmente lo concertado, de ser así, no se trataría de un derecho a variar los modos de prestación, sino alterar el acuerdo mismo; así esta facultad está limitada dentro del diseño de lo pactado a cambios razonables; más en el presente caso, de las pruebas que obran en los autos no resultan situaciones fácticas para aplicar el ius-variandi, pues si bien es cierto la demanda efectuó pagos de salarios en tiempo distinto al establecido contractualmente, también lo es que, los demandantes efectuaron los reclamos pertinentes, y de ello constan las gestiones administrativas y el reclamo judicial planteado a ese efecto. Señores Magistrados el Ad quem hace una mala apreciación de la prueba que fuera aportada en juicio, ya que a mi representada nunca se le notifico por parte da ningún ente administrativo del trabajo, ni mucho menos le fue notificada demanda laboral alguna previo al quebrantamiento del Contrato de trabajo por decisión de los trabajadores, este extremo se puede establecer con la simple revisión de los medios de prueba aportados en juicio, y si la parte actora realizo alguna gestiones al respecto, mi mandante nunca tuvo conocimiento, puesto que los tramites los realizaron unilateralmente los trabajadores, sin dar participación a la parte patronal; dicho extremo si fue tomado en consideración por el Juez A quo, al estudiar minuciosamente las pruebas aportadas en juicio, lo llevo al convencimiento la aplicabilidad del IUS VARIANDI, y por la costumbre de pago en mi mandante (folio 3,652. Tomo V). algunos tratadistas al respecto establecen “si el salario se reduce y el contrato continúa ejecutándose por parte del empleado, debe de verse en su desarrollo asentimiento de este a la determinación del patrono. Si el reclamo de salario pactado no produce efecto y sin embargo, el trabajador continua cumpliendo sus obligaciones, tolerando la violación del contrato sin hacer uso de los medios que la ley le brinda, no puede después de exigir su tutela, extinguido el vínculo, pedir lo que, en su oportunidad, no exigió Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo Dr. Francisco Yezid Triana, pagina 154, en este caso el pago de preaviso y auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, los motivos invocados como causa del cese laboral fueron consentidos. Adicionalmente a esto señores Magistrados consta de las pruebas aportadas al juicio, que la forma de pago que tomara mi mandante, no fue antojadiza, o con el afán de perjudicar a los trabajadores, si no por causas externas a la voluntad del patrono, ya que la economía de la misma se ha visto en detrimento por la mala economía que actualmente se sufre en el país y principalmente en el rubro de la construcción, así como el sabotaje que tuvo la planta de producción de INDECO, a fin de perjudicar a la empresa, dañando todo el sistema eléctrico de la misma, pretendiendo lograr el cierre de la empresa”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infracción directa se produce con prescindencia del haz probatorio; b) el artículo 114 literal f) del Código del Trabajo citado como violado, si fue aplicado en el fallo impugnado, por lo que su ataque por esta vía es improcedente; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley sustantiva Nacional en infracción directa en que incurrió el tribunal, al omitir la aplicabilidad de lo contemplado en el artículo 115, del Código del trabajo, el cual establece que la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el trabajador la comunique al patrono, en el juicio de mérito, la parte que unilateralmente quebranto y dio por terminado el contrato de trabajo por la vía del despido indirecto, no cubrió con este requisito de notificar legalmente a la Empresa de su decisión de retirarse de la misma, notificando a su Gerente General, personal directivo o cualquier representante del patrono, tal como se probó en juicio, procediendo a dejar documentos en el portón vehicular de las oficinas administrativas de la empresa, por lo que esa notificación es nula de pleno derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. Honorables Magistrados, para que se produzca la infracción directa de la Ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas, en el caso de los autos a pesar que el articulo 115 es claro, al establecer que la terminación del contrato conforme a una de tas causas enumeradas en el artículo anterior, refiriéndose en el artículo 114 del mismo cuerpo legal a las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, surte efecto desde que el trabajador lo comunique al patrono, en el caso que nos ocupa, el tribunal ad quem, al REFORMAR, en fecha 26 de Octubre del 2016, la sentencia definitiva del A quo de fecha 22 de Agosto del 2016, omite este requisito indispensable que establece la Ley, para que surta los efectos correspondientes un despido en forma indirecta”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la violación directa se produce con prescindencia del material probatorio, en el sub judice la notificación o no de la terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y de la prueba, tal como el mismo Impetrante lo acusa, razón por la cual el ataque al fallo no debió formularse por esta vía.- VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 596-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZRECEPTOR ADSCRITO,

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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