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Sentencia CL-594-16 — Registro 7690

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la excepción de prescripción de la acción para reclamar el pago de reajustes salariales correspondientes a los años 2011 y 2012 y sin lugar excepción de prescripción de la acción para demandar; ambas opuestas por la apoderada legal de la parte demandada. Se declara con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe en juicio la causa justa de despido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II. Que la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en el primer motivo de casación alega: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar lo establecido en el artículo 129 y 331 de la Constitución de la Republica. III.- Que este cargo es inadmisible, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa o falta de aplicación de la ley se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la forma de la terminación de la relación laboral y ello fue objeto del material probatorio, por ende, fue un hecho del debate y no procedía el ataque al fallo por esa vía. Por otro lado, si bien se ha establecido por esta Sala, que algunas normas constitucionales pueden ser objeto de ataque en el recurso extraordinario de casación, pero las mismas deben tener el carácter sustantivo de contener derechos y obligaciones reciprocas para patrono y trabajador o que las extingan, situación que no ostenta el artículo 331 de la referida Carta Fundamental y en el caso del 129, habiendo sido aplicado por el Juzgador, al determinar el derecho de estabilidad laboral que tienen los demandantes, equivocó la senda para impugnar de esa forma (falta de aplicación) el fallo recurrido.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “IV.- Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar los artículos 95 numeral 19 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 111 inciso l del mismo código, relacionada a su vez con la cláusula 82 párrafo cuarto del Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH; que literalmente dice: “Hondutel, se compromete que la terminación de relación de trabajo por supresión de plazas, ocurrirá solamente en casos estrictamente necesarios, siguiendo el procedimiento establecido y reconociendo el pago de los derechos del trabajador” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. … Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que al igual que en el primer motivo, ataca al fallo por la vía de infracción directa, lo cual es procedente cuando la cuestión debatida tiene que ver con la forma de terminación de la relación laboral, lo cual fue objeto del material probatorio; repárese que es la misma Recurrente la que relaciona una cláusula del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre HONDUTEL y SITRATELH (82 párrafo cuarto), la cual se integra al proceso como prueba.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“ VI.- Que en su tercer motivo la Impetrante aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. - VII.- Que el anterior motivo no puede prosperar, porque se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo son disposiciones que contienen varios párrafos y literales, que hacen referencia a diferentes situaciones jurídicas, que no fueron precisadas a cuál de ellas se dirige el ataque; y, b) en su explicación realiza extensos e inoportunos alegatos propios de instancia y hace referencia a normativa no señalada en su formulación, tal es el caso de los artículos 97, 98, 100 numerales 4), 5) y 15), 114,117 y 126 del citado cuerpo de leyes, 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 97 numeral 13), 132 y 143 del Reglamento Interno de Hondutel y cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de esa empresa estatal.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“… En el cuarto motivo de casación se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 Numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA EVACUADAS… IX.- Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que la acusación de una sentencia por error de hecho en la apreciación de las pruebas, exige que el juzgador estime la prueba y como resultado de tal operación, dé por demostrado en el juicio un hecho que ella no acredita, o por inexistente un hecho que la prueba establece de modo irrefragable; asimismo, no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciación de medios probatorios, cuando el juzgador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso, pero no le adjudica los efectos jurídicos que pretende el recurrente a dichos medios de prueba, por considerarlos ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de prueba demuestran. En el presente caso, es innegable que para el Juzgador, que la demandada no realizó correctamente el procedimiento administrativo de la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes, tampoco acreditó tener causa justificante para tal suspensión y más aún para el despido, con ello violentó el derecho de estabilidad laboral que tienen como trabajadores, consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República y en el Contrato Colectivo celebrado entre HONDUTEL y su Sindicato de trabajadores, partiendo del análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso, por ello ha resuelto declarar con lugar la demanda incoada por los demandantes.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, por la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además son parte recurrida, los señores WILFREDO ADAIN CARRANZA LAZO y MARIA ESTHER CASTILLO MELENDEZ, representados en juicio por el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de la suspensión de labores y posteriormente el arbitrario e injusto despido, caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, por los señores WILFREDO ADAIN CARRANZA LAZO y MARIA ESTHER CASTILLO MELENDEZ, mayores de edad, casados, Perito Mercantiles y Contadores Públicos, hondureños y del domicilio de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la Excepción de Prescripción de la Acción Para reclamar el pago de Reajustes Salariales correspondientes a los años 2011 y 2012 y que son concedidos por la Cláusula 49 del Contrato Colectivo vigente dentro de la Institución Demandada, los cuales debieron otorgarse en el mes de Enero de los años 2011 y 2012; dado que a la fecha de despido y presentación de la Demanda ha transcurrido un plazo mayor que el señalado por la Ley para el reclamo de salarios y reajustes salariales; y SIN LUGAR Excepción de Prescripción de la Acción Para Demandar; ambas opuestas por la Apoderada Legal de la Parte Demandada. SEGUNDO (2): Se declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento Del Patrono para que pruebe en Juicio la Causa Justa de Despido, caso contrario y mediante Sentencia Definitiva se ordene el Reintegro al Trabajo en Iguales o Mejores Condiciones, pago de salarios dejados de percibir a Título de Daños y Perjuicios desde la fecha en que se produjo la Ilegal Suspensión de Labores y hasta la Reinstalación en el Puesto de Trabajo y Pago de Beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la presente acción; promovida por los Señores WILFREDO ADAIN CARRANZA LAZO y MARIA ESTHER CASTILLO MELENDEZ; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General, Señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia se CONDENA a la EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General, Señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a lo siguiente: I) REINTEGRAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES que las tenidas al momento de su despido a los Demandantes, así: 1) WILFREDO ADAIN CARRANZA LAZO: En el cargo de ADMINISTRATIVO III y 2) MARIA ESTHER CASTILLO MELENDEZ: En el cargo de ADMINISTRATIVO IV; ambos en la Oficina Regional de la Empresa Demandada en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida. II) INDEMNIZAR a los Demandantes con el pago de los salarios y beneficios legales dejados de percibir en ausencia desde la fecha de su despido hasta que se produzca la reinstalación en los cargo; indemnización que no comprende los reajustes salariales contenidos en la Cláusula 49 del Contrato Colectivo vigente dentro de HONDUTEL por las razones expuestas en los Numerales Séptimo y Decimo de los Hechos Probados y Numerales 11 y 13 de la Motivación jurídica del presente fallo. III) PAGAR a los Demandantes los salarios y beneficios legales correspondientes al período del 08 De Octubre de 2014 al 04 de Febrero de 2015; fecha en que sus contratos de trabajo fueron suspendidos por el Patrono Demandado, quien ya les canceló el Mes de Salario como indemnización por no haber concedido el preaviso correspondiente previo a la suspensión. CUARTO (4): SE EXIME DEL PAGO DE LAS COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con Hondutel, de la manera siguiente: Wilfredo Adain Carranza Lazo, el 31 de agosto del año 2007, desempeñándome al momento del despido como Asistente de la Sección de Transporte, con nombramiento según nota de despido como Administrativo III, con un sueldo mensual de L.16,709.76; y, Maria Esther Castillo Meléndez, el 06 de noviembre del año 2009, nombrada como Administrativo IV, pero realizaba funciones en el SAP en planta Externa como Coordinadora del Ingreso y Egreso de materiales así como Coordinadora de las Reparaciones en Línea de Abonados, con un sueldo mensual de L.11,700.00. En fecha 07 de octubre del año 2014 el señor Jesús Arturo Mejía Arita procedió a notificar a los demandantes una suspensión de labores por espacio de ciento veinte (120) días sin goce de salario, acción que se produjo atropellando flagrantemente garantías constitucionales, así como el artículo 100 y 101 del Código del Trabajo, ya que en primer lugar ésta disposición por principio tutelar de derechos sociales es aplicable a los trabajadores del Estado, con el agravante de no haberse seguido siquiera el procedimiento que el artículo 101 del cuerpo legal precitado establece al respecto.- En consecuencia y siguiendo su conducta arbitraria, el patrono procedió a despedirlos en fecha 05 de febrero del año 2015, argumentando según lo establecido en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo; la normativa precitada, arbitrariamente para la cancelación de los contratos de trabajo es injusta e ilegal, como quedará establecido y no es procedente ya que se viola la tutela de derechos constitucionales y las normas de protección social y laboral contenidos en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y convenios internacionales aplicables. No obstante, lo antes relacionado, en la nota de despido no se señala ninguna causa o motivo legal para la terminación del contrato de trabajo, faltando el patrono a la obligación que le impone el artículo 117 del Código de Trabajo.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la demandada el 7 de octubre de 2014, invocando los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014 Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud ésta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, Hondutel siguiendo el procedimiento legal correspondiente, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a la demandante, el 5 de febrero de 2015 HONDUTEL, notificó a la demandante la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de sus prestaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto. Es evidente que Hondutel no ha incurrido en violación de los derechos laborales de la demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que Hondutel se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la excepción de prescripción de la acción para reclamar el pago de reajustes salariales correspondientes a los años 2011 y 2012 y que son concedidos por la Cláusula 49 del Contrato Colectivo vigente dentro de la institución demandada, los cuales debieron otorgarse en el mes de enero de los años 2011 y 2012; dado que a la fecha de despido y presentación de la demanda ha transcurrido un plazo mayor que el señalado por la ley para el reclamo de salarios y reajustes salariales; y, sin lugar la excepción de prescripción de la acción para demandar, ambas opuestas por la apoderada legal de la parte demandada; declaró con lugar la demanda, condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo, más el pago de los salarios y beneficios legales dejados de percibir en ausencia desde la fecha de su despido hasta que se produzca la reinstalación en los cargos; al pago a favor de los demandantes de los salarios y beneficios legales correspondientes al período del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero de 2015; fecha en que sus contratos de trabajo fueron suspendidos por el patrono demandado, quién ya les canceló el mes de salario como indemnización por no haber concedido el preaviso correspondiente previo a la suspensión, sin costas; bajo el criterio que el artículo 100 numeral 5) del Código del Trabajo establece como causa de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; comprobación que a juicio no concurre en el caso de autos puesto que no se está ante un patrono cualquiera, sino ante una institución descentralizada que forma parte de la administración Pública, regida por principios de eficiencia y efectividad sin fines de lucro, supervisada por el Estado, tal como señalan los artículos 260 y 262 de la Constitución de la República y cuyo patrimonio se constituye con fondos del Estado según señala el artículo 52 de la Ley General de la Administración Pública, por tanto no existe la imposibilidad de obtener los fondos invocados. Que de acuerdo al artículo 101 del Código del Trabajo, la suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa se inicie ante la Secretaría del Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado o 30 días después de la suspensión, cuando el hecho que la origina sea previsible. En el caso de autos, se acreditó que el patrono demandado suspendió los contratos de trabajo de los demandantes y dio por terminada la relación laboral con ellos sin haber obtenido la autorización correspondiente ni tampoco que se siguió el procedimiento que señala la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente dentro de HONDUTEL, el cual es de obligatorio cumplimiento para el patrono demandado de conformidad con el artículo 60 del Código del Trabajo. Que de acuerdo al artículo 102 del Código del Trabajo, cuando el patrono tenga que suspender las labores por la causa invocada por el patrono, estará obligado a dar aviso a los trabajadores afectados con 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos, quedando obligado a indemnizar a los trabajadores afectados con el salario de 30 días en caso de no dar el preaviso correspondiente, indemnización que ya fue pagada a los demandantes en fecha 23 de Diciembre de 2014. Que ha quedado acreditado que desde la fecha en que fue efectiva la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes (08 de octubre de 2014 hasta el 04 de febrero de 2015), no transcurrieron 120 días consecutivos. Que el artículo 60 del Código del Trabajo señala que los contratos colectivos obligan a sus firmantes así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran, estableciendo a su vez el artículo 1348 del Código Civil que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos, señalando a su vez los artículos 1576 y 1578 del mismo cuerpo legal la forma en que deben interpretarse las cláusulas de un contrato, sobre todo en casos como el presente en que el Contrato Colectivo no señala otra forma de interpretación, razón por la cual no se accede a la pretensión de pago de reajustes salariales contenidos en la Cláusula 49 del Contrato Colectivo vigente dentro de HONDUTEL dado que dicha norma únicamente concede aumentos para los años 2010, 2011 y 2012, sin quedar abierta a fin de que dichos aumentos puedan concederse para años posteriores. En el caso del reclamo para los aumentos salariales para los años 2011 y 2012 que concede la Cláusula 49 del Contrato Colectivo de HONDUTEL y que es reclamado por los demandantes, siendo que dicho aumento debió concederse en el mes de enero de 2011 y 2012, por lo que el plazo de dos años que concede el artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo y que ha sido utilizado para reconocer reajustes salariales de forma retroactiva, comenzó a correr el 01 de febrero de los años 2011 y 2012, por lo que a la fecha de despido y al interponer la presente demanda, dicho derecho se encontraba prescrito. Que por todo lo antes expuesto, habiendo quedado evidenciado que el patrono demandado no siguió el debido proceso para la suspensión y posterior despido de los demandantes y haber éstos acudido a emplazar a su patrono dentro del término que para ello se les concede.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que llas leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Siendo que quedó plenamente acreditado que la parte demandante fue suspendida sin contar el patrono con causa justificante para tal suspensión y más aún para realizar el despido como así aconteció. En tal sentido quién solicita la tutela jurídica del Estado debe tener muy en cuenta que las pruebas que hará valer en juicio resultan eficaces para al caso que se ocupa, encontrándose ante dos circunstancias que demuestra la existencia del derecho demandado, circunscribiéndose al caso sub júdice, que corresponde al patrono demostrar la existencia de la causa justificada del despido directo alegado y al trabajador la existencia del despido, lo cual no sucedió en el sentido de que la parte demandada no contaba con el derecho de dar por finalizada la relación de trabajo de manera unilateral, sino que debió seguir el procedimiento de ley ante la Secretaría de Trabajo para que ésta autorizara la terminación de los mismos en el tiempo y la forma señalada, ello por la responsabilidad que le acarrea el dar por terminada una relación laboral basada en una causa que no éste contemplada en el artículo 112 del Código de Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GINA CONSUELO DIAZ DEL VALLE MENDOZA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en el primer motivo de casación alega: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar lo establecido en el artículo 129 y 331 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo; sino, en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545- 2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Asimismo, el art. 331 establece que el Estado reconoce, garantiza y fomenta la libre contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública, que no se aplica en el presente caso.”.- III.- Que este cargo es inadmisible, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa o falta de aplicación de la ley se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la forma de la terminación de la relación laboral y ello fue objeto del material probatorio, por ende, fue un hecho del debate y no procedía el ataque al fallo por esa vía. Por otro lado, si bien se ha establecido por esta Sala, que algunas normas constitucionales pueden ser objeto de ataque en el recurso extraordinario de casación[1], pero las mismas deben tener el carácter sustantivo de contener derechos y obligaciones reciprocas para patrono y trabajador o que las extingan, situación que no ostenta el artículo 331 de la referida Carta Fundamental y en el caso del 129, habiendo sido aplicado por el Juzgador, al determinar el derecho de estabilidad laboral que tienen los demandantes, equivocó la senda para impugnar de esa forma (falta de aplicación) el fallo recurrido.- IV.- Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar los artículos 95 numeral 19 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 111 inciso l del mismo código, relacionada a su vez con la cláusula 82 párrafo cuarto del Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH; que literalmente dice: “Hondutel, se compromete que la terminación de relación de trabajo por supresión de plazas, ocurrirá solamente en casos estrictamente necesarios, siguiendo el procedimiento establecido y reconociendo el pago de los derechos del trabajador” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Por no darle aplicación al artículo 95 inciso 19 del Código de Trabajo, y vedarle así el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga, la sentencia impugnada solamente adujo como argumento el que contiene su considerando segundo, en el cual, exige que la terminación de la relación laboral debe ser conforme a una de las causales señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo; eludiendo detenerse a considerar que la terminación de los contratos de trabajo como consecuencia lógica del fenómeno que imposibilita que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades; resultando de manera ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas siguiendo con los procedimientos establecidos en nuestra normativa, teniendo que suprimir puestos de trabajo por necesidad y no por placer, con el fin de evitar que se perdieran más puestos de trabajo. Es importante destacar, que de acuerdo como lo establecido el Libro “El Recurso Extraordinario de Casación Laboral”, primera edición 1993, del autor Luis Lagos Pantoja en su página 21 que establece “En materia laboral, es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos para empleadores y trabajadores ligados por una relación de trabajo y regida por un contrato de la misma naturaleza. Pueden considerarse como tales: la Constitución Nacional, el Código Sustantivo de Trabajo, leyes especiales de carácter laboral, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo y el fallo arbitral firme. Asimismo, debe tenerse en cuenta las normas procedimentales, cuando ellas consagran los mismos derechos y obligaciones.” [SIC], por tanto, ha quedado evidenciado la infracción directa a los preceptos legales.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que al igual que en el primer motivo, ataca al fallo por la vía de infracción directa, lo cual es procedente cuando la cuestión debatida tiene que ver con la forma de terminación de la relación laboral, lo cual fue objeto del material probatorio; repárese que es la misma Recurrente la que relaciona una cláusula del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre HONDUTEL y SITRATELH (82 párrafo cuarto), la cual se integra al proceso como prueba.- VI.- Que en su tercer motivo la Impetrante aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral anteriormente citada, por los siguientes motivos: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL en relación al tiempo por el cual se dio la suspensión de los contratos de trabajo, en el segundo agravio esgrimido se manifiesta que la solicitud de suspensión fue presentada ante la Secretaria de Trabajo y previsión Social en tiempo y forma, no siendo esto compartido por el tribunal de alzada, puesto que la ya tantas veces señalada suspensión se notificó a los demandantes en fecha 07 de octubre del 2014 y la solicitud fue presentada ante la secretaria el 10 de octubre de ese mismo año, estimando que la parte demandada no siguió el procedimiento establecido y por ello se comparte la decisión de la juez al declarar con lugar la demanda presentada en su contra, de lo que se infiere, ya que si bien es cierto en la sentencia de segunda instancia no se establece expresamente que la norma laboral aplicada por la Corte de Apelaciones del Trabajo son los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo, normativa legal aplicada de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales de los artículos 112 relacionadas con el artículo 113, sino que dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo la cual se hace de la siguiente manera: A) la terminación del contrato de trabajo de los actores se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el cual instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista Olvin E. Rodríguez, en su obra “Derecho Individual de Trabajo”, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce, que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible. B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra “El Derecho Individual del Trabajo”, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. De igual manera, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”, según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo, sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a los demandantes a podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que los demandantes, en este caso, solamente tienen derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se han cancelado los puestos de trabajo de los demandantes debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la vez por la nueva estructura orgánica de la empresa, ya que una vez surgió la suspensión se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente” (http://es.wikipedia.org/wiki/Principio de primac%C3%ADa de la realidad), por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dieta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 1 11 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente honorable corte suprema de justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, habiendo debido aplicar debidamente el articulo 111 numeral 8) del Código de Trabajo y no lo hizo, favoreciendo con ello a los trabajadores y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- VII.- Que el anterior motivo no puede prosperar, porque se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo son disposiciones que contienen varios párrafos y literales, que hacen referencia a diferentes situaciones jurídicas, que no fueron precisadas a cuál de ellas se dirige el ataque; y, b) en su explicación realiza extensos e inoportunos alegatos propios de instancia y hace referencia a normativa no señalada en su formulación, tal es el caso de los artículos 97, 98, 100 numerales 4), 5) y 15), 114,117 y 126 del citado cuerpo de leyes, 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 97 numeral 13), 132 y 143 del Reglamento Interno de Hondutel y cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de esa empresa estatal.- VIII.- En el cuarto motivo de casación se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 Numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA EVACUADAS, CONSISTENTE EN :1) MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO: a) CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL XI CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS AÑOS 2008 Y 2009, EXCEPTUANDO LA CLAUSULA 59, QUE CORRE AGREGADA A FOLIO 23 b) CÁLCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LOS DEMANDANTES LOS CUALES CORREN AGREGADOS A FOLIO 21 Y 22; 2)MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL: PRACTICADO EN LAS OFICINAS DE BANCO LAFISE Y ATLÁNTIDA CON EL FIN DE CONSTATAR QUE A LOS DEMANDANTES SE LES ACREDITÓ EL PAGO DE UN MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR NO HABÉRSELES CONCEDIDO EL PREAVISO PARA LA SUSPENSIÓN DE SUS CONTRATOS DE TRABAJO, QUE CORRE AGREGADO SU EVACUACIÓN A FOLIO 140, 141 Y 142; y 3) MEDIOS DE PRUEBA RECONOCIMIENTOS JUDICIALES VÍA LIBRAMIENTO DE EXHORTOS AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: 1.) MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO UNO: PRACTICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DEMANDADA A FIN DE CONSTATAR LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 1) SI EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL AÑOS 2013, 2014, ENERO Y FEBRERO DEL 2015 SE REFLEJAN PERDIDAS CORRIENDO AGREGADA SU EVACUACIÓN A FOLIOS 182, AL 194 DE LOS AUTOS; 2) MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL NÚMERO DOS: PRACTICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DEMANDADA A FIN DE CONSTATAR SI LA FACTURACIÓN DE LA EMPRESA REFLEJA DÉFICIT EN LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 CORRIENDO CORRE AGREGADO A FOLIO 209-2013. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: 1) DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL XI CONTRATO COLECTIVO PARA LOS AÑOS 2008 Y 2009; B) CÁLCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES; C) MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL. Explicación: 1) Argumenta la honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que realiza el análisis del fallo recurrido en contraste con los agravios esgrimidos que se violentaron los procedimientos legales y los derechos de los trabajadores, con lo que se prueba el despido injusto, sin embargo, no explicó de manera puntual los procedimientos legales que aduce en la referida sentencia. 2) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los Estados de resultados de Hondutel de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a los demandantes, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el Juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. No se tomó en cuenta los estados financieros. 1) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. Al respecto, nuevamente cito el Libro “El Recurso Extraordinario de Casación Laboral”, del Autor, Luis Lagos Pantoja en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho, que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- IX.- Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que la acusación de una sentencia por error de hecho en la apreciación de las pruebas, exige que el juzgador estime la prueba y como resultado de tal operación, dé por demostrado en el juicio un hecho que ella no acredita, o por inexistente un hecho que la prueba establece de modo irrefragable; asimismo, no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciación de medios probatorios, cuando el juzgador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso, pero no le adjudica los efectos jurídicos que pretende el recurrente a dichos medios de prueba, por considerarlos ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de prueba demuestran. En el presente caso, es innegable que para el Juzgador, que la demandada no realizó correctamente el procedimiento administrativo de la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes, tampoco acreditó tener causa justificante para tal suspensión y más aún para el despido, con ello violentó el derecho de estabilidad laboral que tienen como trabajadores, consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República y en el Contrato Colectivo celebrado entre HONDUTEL y su Sindicato de trabajadores, partiendo del análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso, por ello ha resuelto declarar con lugar la demanda incoada por los demandantes.- X.- Para fines jurisprudenciales se debe estimar que en los casos de suspensión de los contratos de trabajo a que hacen referencia los numerales 1 al 5 del artículo 100 del Código del Trabajo, no solo resulta obligatorio para el patrono o empleador, realizar el procedimiento que determinan los artículos 101 al 103 del citado ordenamiento jurídico, sino que además deberán probar y justificar tales situaciones ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, es decir, que tales eventos ocurren derivados de cuestiones ajenas a su responsabilidad, porque tal medida presupone que temporalmente se permite afectar los derechos del trabajador en función de mantener la relación laboral, dado que en esta materia prevalecen los principios de ajenidad de riesgos o indemnidad, continuidad y estabilidad laboral. Por ello, si se dieran por terminados los contratos basados en que la causa de suspensión excede los 120 días, sin que la autoridad administrativa haya emitido esa autorización, claramente evidencia que tal terminación es ilegal e injusta y da lugar al trabajador a exigir los derechos contemplados en el artículo 110 del referido Código del Trabajo.- XI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 100, 101, 102, 103, 110, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 594-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencia del 16 de septiembre del 2015, expediente CL 238-14