Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-592-16 — Registro 7689

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, Salarios Dejados de Percibir, y el pago de beneficios otorgados a trabajadores durante la suspensión y despido del trabajo, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09 y 362-13); y, b) carece de explicación suficiente"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los once días del mes de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, por la Abogada ENY SAMARIS REYES VELÁSQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, la señora ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE, representada en juicio por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la justificación de la terminación de la relación laboral con acoso (mobbing), quién gozaba de incapacidad cuando se le notificó la suspensión del contrato y el consecuente despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, entre otros, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de junio de dos mil quince, por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “ FALLA: I. Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, Salarios Dejados de Percibir, y el pago de beneficios otorgados a trabajadores durante la suspensión y despido del trabajo; instaurada por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO quien es mayor de edad, soltera, hondureña, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el N° 17,060; actuando en su condición de Representante Procesal de la Señora ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA II.- CONDENAR: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA a lo siguiente: 1.- Reintegrar a la Señora ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE a su puesto de trabajo por lo menos en igual de condiciones que tenía al momento del despido; Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la Suspensión de Trabajo y despido hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral; instaurada por la ABOGADA GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO actuando en su condición de Representante Procesal de la Señor ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE para el pago de Bono de Utilidades y Estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto; Indemnización por daños en la relación de Aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la Banca privado; IV.- ABSOLVER: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA pagar a la ABOGADA GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO; actuando en su condición de Representante Procesal de la Señor ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE dichos conceptos. V.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral instaurada por la ABOGADA GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO; actuando en su condición de Representante Procesal de la Señor ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE para la JUSTIFICACION DE UNA TERMINAC1ON SIN CAUSA DE LA RELACION LABORAL CON ACOSO (MOBBING); VIII.- ABSOLVER A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA haber despedido a la Señora ADILIA DE JESUS MORADEL MATUTE con ACOSO LABORAL (MOBBING); VI.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 16 de noviembre de 2006, en el puesto de Administrativo III, devengando un salario ordinario mensual de L.11,499.00. Que la demandante fue objeto de acoso laboral, mismo que comenzó cuando se encontraba gozando de una incapacidad, notificándole la suspensión de su contrato individual de trabajo del 07 de octubre de 2014, al 05 de febrero del 2015, efectivo a partir del 08 de octubre de 2014, es decir, por un plazo de 120 días, pues debía presentarse el 05 de febrero de 2015; contra dicha suspensión se presentó formal oposición ante la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, misma que a la fecha de interposición de la demanda de mérito no ha sido resuelta. Dicha suspensión operó pese a que la demandante se encontraba gozando de una incapacidad médica, por lo que, no le fue notificada en legal debida forma, es decir, personalmente. Que mediante Oficio número GGH-474-2015 de fecha 05 de febrero de 2015, HONDUTEL le notificó a la demandante la decisión de dar por terminada la relación laboral invocándole tres supuestas causales, rechazándose las mismas, ya que la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió, de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión de la demandante operó exactamente los 120 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; en cuanto a la segunda causal de conformidad con el artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador. Respecto a la tercera supuesta causal, antes de la finalización de la suspensión, en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, HONDUTEL estaba obligado a notificar a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el sólo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respetivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a) comunicar la reanudación del trabajo al SITRATELH y a los propios trabajadores; b) publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría del Trabajo, por lo que es fácil concluir que jurídicamente los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar de que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la Ley, transcurrido el término de la suspensión, es decir, el 05 de febrero del 2015, la demandante se presentó al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndosele impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Esta terminación sin causa de la relación laboral se produce en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, y de los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la demandada el 7 de octubre de 2014, invocando los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraba la demandante. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009, hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud ésta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, HONDUTEL siguiendo el procedimiento legal correspondiente, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a la demandante, el 5 de febrero de 2015, HONDUTEL, notificó a la demandante la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de sus prestaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto. Es evidente que HONDUTEL no ha incurrido en violación de los derechos laborales de la demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral instaurada por la Abogada Gabriela Alejandra Ramírez Bustillo, en su condición de representante procesal de la señora Adilia de Jesús Moradel Matute contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de Bono de Utilidades y Estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto; indemnización por daños en la relación de Aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la Banca privada; absolviendo a la demandada por dichos conceptos; sin lugar la demanda para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing); absolvió a la demandada de haber despedido a la demandante con acoso laboral (mobbing), sin costas; bajo el criterio que en fecha 07 de octubre del año 2014, se le notificó a la demandante la suspensión de labores por parte del Gerente General de HONDUTEL la misma se encontraba gozando de incapacidad del 29 de septiembre al 19 de octubre de 2014, tal y como consta a folio 17 de los autos; por lo tanto estaba en suspenso su Contrato de Trabajo tal y como lo señala el artículo 100 de la Legislación Laboral hondureña; por las razones anteriormente expuestas y las pruebas allegadas al juicio, es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora. Que la demandante también reclama en su demanda el pago de Bono de Utilidades y Estudiantil, el reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, Indemnización por daños en la relación de Aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la Banca privada; conceptos que procede declarar sin lugar en virtud de no estar acreditado en autos tener derecho a los mismos; de igual forma la jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo. Que la demandante solicita en la demanda la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing) que a criterio de la suscrita es procedente declarar sin lugar, la demanda con acoso laboral (MOBBYING), en virtud de que la suspensión y el despido ha sido para varios empleados de HONDUTEL; asimismo no se acreditó que fue un despido por acoso laboral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha once de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que está probado de autos de primera pieza la relación laboral que existió entre empleador y la demandante, hecho que no es controvertido por ser reconocido por la parte demandada en la contestación de la demanda en el acápite hechos y razones en que se apoya la defensa. También está probado de autos la terminación de la relación laboral promovida directamente por el empleador de forma unilateral y notificada a la trabajadora demandante, en fecha 05 de febrero del 2015, la cual corre a folios 9 y 10 de primera pieza de autos. Que cuando se notifica a la demandante la suspensión del contrato individual de trabajo se encontraba con incapacidad extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el periodo del 29 de septiembre al 19 de octubre del 2014, por lo que su contrato de trabajo se encontraba en suspenso. De la revisión y valoración de los antecedentes este Tribunal de Alzada es del criterio que la parte demandante con sus medios de prueba allegados al proceso, probó el derecho que le asiste en cuanto a sus pretensiones reclamadas, a excepciones de las pretensiones de pago de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, vacaciones, cantidades adeudadas por cualquier concepto y la indemnización por Aseguración de INJUPEMP y préstamos en la Banca Privada, porque no probo tales derechos con sus medios de prueba en los trámites del juicio, en consecuencia la sentencia dictada en primera instancia está apegado conforme a las disposiciones que franquean las normas que regulan la materia laboral.- 5. Mediante auto de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARCO TULIO PADILLA VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada ENY SAMARIS REYES VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar lo establecido en el artículo 129 y 331 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo; sino, en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Asimismo, el art. 331 establece que el Estado reconoce, garantiza y fomenta la libre contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública, que no se aplica en el presente caso.”.- III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09 y 362-13); y, b) carece de explicación suficiente.- IV. Que la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en un segundo motivo de casación alega lo siguiente: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar los artículos 95 numeral 19 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 111 inciso 1 del mismo código, relacionada a su vez con la cláusula 82 párrafo cuarto del Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH; que literalmente dice: “Hondutel, se compromete que la terminación de relación de trabajo por supresión de plazas, ocurrirá solamente en casos estrictamente necesarios, siguiendo el procedimiento establecido y reconociendo el pago de los derechos del trabajador”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Por no darle aplicación al artículo 95 inciso 19 del Código de Trabajo, y vedarle así el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga, la sentencia impugnada solamente adujo como argumento el que contiene su considerando 5, en el cual, exige que la terminación de la relación laboral debe ser conforme a una de las causales señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo; eludiendo detenerse a considerar que la terminación de los contratos de trabajo como consecuencia lógica del fenómeno que imposibilita que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades; resultando de manera ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas siguiendo con los procedimientos establecidos en nuestra normativa, teniendo que suprimir puestos de trabajo por necesidad y no por placer, con el fin de evitar que se perdieran más puestos de trabajo. Es importante destacar, que de acuerdo como lo establecido el Libro “El Recurso Extraordinario de Casación Laboral”, primera edición 1993, del autor Luis Lagos Pantoja en su página 21 que establece “En materia laboral, es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos para empleadores y trabajadores ligados por una relación de trabajo y regida por un contrato de la misma naturaleza. Pueden considerarse como tales: la Constitución Nacional, el Código Sustantivo de Trabajo, leyes especiales de carácter laboral, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo y el fallo arbitral firme. Asimismo, debe tenerse en cuenta las normas procedimientales, cuando ellas consagran los mismos derechos y obligaciones.” [SICI], por tanto, ha quedado evidenciado la infracción directa a los preceptos legales.”.- V.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula; y, b) carece de explicación suficiente.- VI. Que la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en el tercer motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral anteriormente citada, por los siguientes motivos: la Corte de Apelaciones estima que, HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la cual se probó por la demandante el despido injusto que da derecho a emplazar al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada, de lo que se infiere, ya que sí bien es cierto en la sentencia de segunda instancia no se establece expresamente que la norma laboral aplicada por la Corte de Apelaciones del Trabajo son los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo, normativa legal aplicada de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales de los artículos 112 relacionadas con el artículo 113, sino que dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo la cual se hace de la siguiente manera: A) la terminación del contrato de trabajo de la actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el cual instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista Olvin E. Rodriguez, en su obra “Derecho Individual de Trabajo”, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce, que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2 La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible. B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo).y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra “El Derecho Individual del Trabajo”, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del CT...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continua manifestando que “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. De igual manera, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral- Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido Acciones que tienen origen y efectos distintos”, según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo, sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la vez por la nueva estructura orgánica de la empresa, ya que una vez surgió la suspensión se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “..Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”(htt: / /es.wikiDedia.org/wiki /Principio de primac%C3%ADa d e la realidad), por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, la demandante se negó a recibirlas. Finalmente honorable corte suprema de justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, habiendo debido aplicar debidamente el articulo 111 numeral 8) del Código de Trabajo y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación invoca como infringidos los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, artículos que contienen diversas situaciones jurídicas, así como causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, dentro del cual debió indicar con precisión, que causa invocaba, así como el párrafo que pretende señalar como infringido; y b) realiza alegatos propios de instancia.- VIII. Que la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en el cuarto motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 Numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) LA INCAPACIDAD QUE CORRE AGREGADA A FOLIO 249; B) EL OFICIO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2014 QUE CORRE AGREGADO A FOLIO 15; C) EL COMPROBANTE DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2015 QUE CORRE A FOLIO 214; y D) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIO 215-222, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) la incapacidad que corre agregada a folio 249, B) el oficio de fecha 7 de octubre del 2014 que corre agregado a folio 15; C) el comprobante de fecha 17 de agosto del 2015 que corre a folio 214; y D) estados financieros de Hondutel que corre agregado a folio 215-222, todos de a primera pieza de autos. Explicación: 1) Argumenta la honorable Corte de Apelaciones que la demandante se encontraba gozando de una incapacidad temporal por enfermedad común cuando se hizo efectiva la cancelación violentando los procedimientos legales y los derechos de la trabajadora, con lo que se prueba el despido injusto, que le da derecho a emplazar al patrono ante los Tribunales competentes; en relación a este hecho, el Código de Trabajo en el artículo 100 en las causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes, no señala que la condición de incapacidad sea un motivo injustificado para dar por terminado un contrato de trabajo. Asimismo, no explicó de manera puntual los procedimientos legales que aduce en la referida sentencia. Ya que el artículo que desarrolla los procesos y causas de la suspensión de los contratos de trabajo no exceptúa la condición que se encuentra el trabajador, por ende, debe entenderse que la suspensión es aplicable a todos los trabajadores. 2) La sentencia recurrida no tuvo corno hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los Estados financieros de resultados de Hondutel de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el Juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. No se tomó en cuenta los estados financieros. 3) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. Al respecto, nuevamente cito el Libro “El Recurso Extraordinario de Casación Laboral”, del Autor, Luis Lagos Pantoja en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho, que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, o cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- IX.- Este motivo no resulta admisible en virtud que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo.- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en todos sus motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en todos sus motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada Maria Fernanda Castro Mendoza. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 592-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

20