Sentencia CL-589-17 — Registro 8472
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos,en consecuencia conceda todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, pago de vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales, salarios adeudados, más el pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que no es admisible el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes errores técnicos: a) Alega la interpretación errónea del artículo 46 literal a), pero dicha disposición no ostenta el carácter sustantivo exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; también incluye el artículo 767 del mismo Código, pero dicho precepto contiene dos párrafos con distintas situaciones jurídicas y era menester precisar a cuál de ellas dirige el ataque contra el fallo impugnado y no lo hizo; en adición, tampoco esa norma ha tenido incidencia en la decisión del fondo del asunto; b) el precepto autorizante ha sido señalado de forma imprecisa, al enunciarse “el Artículo 765 párrafo primero y párrafo segundo del código de trabajo”; y, c) invocándose la interpretación errónea era necesario establecer el criterio errado del Juzgador, así como la correcta interpretación de la norma, lo cual no se realizó, limitándose a efectuar alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"III.- Que no es admisible el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes errores técnicos: a) Alega la interpretación errónea del artículo 46 literal a), pero dicha disposición no ostenta el carácter sustantivo exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; también incluye el artículo 767 del mismo Código, pero dicho precepto contiene dos párrafos con distintas situaciones jurídicas y era menester precisar a cuál de ellas dirige el ataque contra el fallo impugnado y no lo hizo; en adición, tampoco esa norma ha tenido incidencia en la decisión del fondo del asunto; b) el precepto autorizante ha sido señalado de forma imprecisa, al enunciarse “el Artículo 765 párrafo primero y párrafo segundo del código de trabajo”; y, c) invocándose la interpretación errónea era necesario establecer el criterio errado del Juzgador, así como la correcta interpretación de la norma, lo cual no se realizó, limitándose a efectuar alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Que se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales.- (Ver sentencias de la Sala Laboral del 8 de octubre del 2013, expediente CL 232-12 y 21 de junio del 2016, expediente CL 112-15).-"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando el siguiente criterio que se comparte: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional el 19 de octubre del 2016 en expedientes AL 726-15, AL 777-15 y AL 1134-15)."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, por la Abogada JUANA ANTONIA GARCÍA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor HECTOR EUGENIO VELASQUEZ MEJIA, representado en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia conceda todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, pago de vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales, salarios adeudados, más el pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre de dos mil quince, por el señor HECTOR EUGENIO VELASQUEZ MEJIA, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION GENERAL DE AERONAUCTICA CIVIL, adscrita al INSEP, ahora AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, ente desconcentrado de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones y demás indemnizaciones laborales; mas el pago de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto mes causados y proporcionales. Mas el pago de salarios adeudados. Pago de salarios dejados de percibir; instaurada por el Señor HECTOR EUGENIO VELASQUEZ MEJIA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; II.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; pagar al señor HECTOR EUGENIO VELASQUEZ MEJIA; la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 155,202.48), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 23,333.32; Auxilio de Cesantía Lps. 34,999.98; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 7,388.91; Vacaciones Lps. 10,500.03; Vacaciones Proporcionales Lps. 4,927.24; Aguinaldo Lps. 20,000.00; Aguinaldo proporcional Lps. 6,359.00; Décimo cuarto mes Lps. 20,000.00; Décimo Cuarto mes Proporcional Lps. 1,359.99; Salarios Adeudados Lps. 26,333.07. Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, según Decreto Ejecutivo No. PCM-022-2015, publicado en la Gaceta en fecha 18 de mayo de 2015; el 02 de enero del 2012, desempeñando el puesto de Supervisor de Técnicos de Turno, devengando un salario mensual de L.10,000.00, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos. Vencido que fue el último contrato con vigencia hasta el 31 de mayo de 2015, el demandante continuó prestado sus labores a petición de la parte demandada, con la promesa que le renovarían sus contratos, a medida que transcurría el tiempo se le asignaban más funciones y nada del nuevo contrato ofrecido, en consecuencia y al no existir un nuevo contrato de trabajo firmado entre las partes, la relación de trabajo se volvió permanente de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo. Sin embargo debido al atraso que se ha tenido en el pago del salario del demandante desde el mes de junio hasta 19 de agosto de 2015, y no habiendo suscrito ningún otro contrato, amén de laborar diariamente con el mayor de los esmeros y responsabilidad, es por eso que el demandante acudió a la Inspectoría del Trabajo en fecha 19 de agosto de 2015 para constatar las razones del no pago de sus salarios adeudados, manifestando el empleador que es debido a que el contrato del demandante venció en fecha 31 de mayo de 2015, pero que el demandante continuaba laborando y continuaría hasta que no se le notificara lo contrario, no obstante a lo anterior en fecha 21 de agosto de 2015 a todos sus compañeros les renovaron el contrato menos al demandante, por lo que acudió ante su jefe para que le explicara el porqué de la no renovación del contrato, y molestos por haber acudido a la Inspectoría del Trabajo le dijeron que ya no renovarían su contrato, violentando con ello los artículos 10 y 96 numeral 10) del Código del Trabajo, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), ahora Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, conforme al Decreto Ejecutivo PCM-022-2015, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,732 de fecha 18 de mayo del 2015, relación contractual que según consta en los archivos de la Agencia, fue iniciada el 2 de enero del 2012, el cual fue mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales; asimismo, afirmamos que el demandante inició la relación contractual como Técnico en Radio Ayudas, como lo establece la naturaleza de sus servicios en el contrato, en el cual se estipula en la Cláusula Tercera la vigencia, señalando fecha de inicio y terminación, la cual fue con el pleno conocimiento y aprobación sin objeción alguna por parte del demandante y también arguye que se le hizo una promesa que se le renovaría el contrato, hecho que deberá probarlo en el momento procesal oportuno, ya que no hay personal autorizado para prometer renovación de contrato, estando solo facultado el Estado de Honduras mediante la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, fundamentando su reclamo en el artículo 47 del Código de Trabajo al que hace referencia, no siendo aplicable a los Contratos de Servicios Profesionales celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente Administrativos de carácter temporal, con una vigencia determinada, cabe mencionar también que los Contratos de Servicios Profesionales dada la naturaleza del mismo, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y a lo expresamente pactado en el mismo y para dirimir las controversias que surjan de la implicación de este contrato, sometiéndose a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción, por otra parte, el demandante tratando de aplicar erróneamente la normativa de los artículos 10 y 96 numeral 10) del Código del Trabajo, debido a que no fue un despido ni se tomó ninguna represalia en su contra solo llegó a su fin el Contrato de Trabajo, que invoca para sustentar sus exigencias de beneficios inexistentes que no se aplican en el caso que se ocupa, mismos que no se objetan ya que estos son de orden público y su aplicación es generalizada, en virtud que suscribió contrato de Servicios Profesionales, bajo términos y condiciones claramente establecidas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Héctor Eugenio Velásquez Mejía, contra el Estado de Honduras, condenando al demandado a pagar al demandante la cantidad de L.155,202.48, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el demandante desde que inició su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual, es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral el 31 de mayo del año 2015, sin embargo considera éste Tribunal que la relación laboral del demandante era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se le debe de tener como empleado permanente desde que inició su relación laboral y al no invocársele en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5. Mediante auto de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JUANA ANTONIA GARCÍA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada JUANA ANTONIA GARCÍA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada JUANA ANTONIA GARCÍA ORDOÑEZ, en su primer motivo expresa: “Ser la Sentencia violatoria a la Ley sustantiva por la interpretación errónea del Articulo 46 numeral a) del Código de Trabajo y 867 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 párrafo primero y párrafo segundo del código de trabajo. CONCEPTO DE LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. El Artículo 46 numeral b) antes relacionado preceptúa: el Contrato individual del Trabajo puede ser por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación. El demandante no se puede considerar como empleado permanente ya que al momento de suscribir los Contratos era de conocimiento que tenía fecha de inicio y de terminación y asimismo el los acepto y consintió, lo cual no obliga al patrono a reconocer una actividad laboral tal como lo establece el contrato que tiene una fecha de término por tanto no obliga al patrono a pagar salarios dejados de percibir, tal como la parte acusada lo ha hecho. Sino que contrario a ello según la referida norma EL PATRONO CULPABLE QUEDARA ÚNICAMENTE OBLIGADO AL PAGAR AL TRABAJADOR LA CANTIDAD EN CONCEPTOS DE SALARIO, que supuestamente no se le había hecho su pago correspondiente. Procediendo por tal razón honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo.”.- III.- Que no es admisible el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes errores técnicos: a) Alega la interpretación errónea del artículo 46 literal a), pero dicha disposición no ostenta el carácter sustantivo exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; también incluye el artículo 767 del mismo Código, pero dicho precepto contiene dos párrafos con distintas situaciones jurídicas y era menester precisar a cuál de ellas dirige el ataque contra el fallo impugnado y no lo hizo; en adición, tampoco esa norma ha tenido incidencia en la decisión del fondo del asunto; b) el precepto autorizante ha sido señalado de forma imprecisa, al enunciarse “el Artículo 765 párrafo primero y párrafo segundo del código de trabajo”; y, c) invocándose la interpretación errónea era necesario establecer el criterio errado del Juzgador, así como la correcta interpretación de la norma, lo cual no se realizó, limitándose a efectuar alegatos propios de instancia.- IV.- Que se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales.- (Ver sentencias de la Sala Laboral del 8 de octubre del 2013, expediente CL 232-12 y 21 de junio del 2016, expediente CL 112-15).- V.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando el siguiente criterio que se comparte: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional el 19 de octubre del 2016 en expedientes AL 726-15, AL 777-15 y AL 1134-15).- VI.- Que en el segundo motivo la Recurrente alega: “Ser la Sentencia recurrida violatoria a la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Articulo 46 numeral b) señalo como norma Adjetiva que sirvieron Para la violación el Articulo 760 y 858 del Código de Trabajo. La doctrina de Casación sostiene que la violación de la Ley Laboral por la apreciación errónea de la prueba consiste en lo siguiente: Debe de existir una mala apreciación que debe de ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en la misma y no con relación a las normas legales que reclame la prueba de que se trate. Ese error debe generar como consecuencia obligada y necesaria la obligación de la Ley sustantiva. El error de hecho debe de ser manifiesto, a sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no ha sido demostrado, o al contrario no se da por probado un hecho que está plenamente demostrado en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral b) Articulo 46 del Código de Trabajo. CONCEPTOS DE LA APLICACIÓN INDEBIDA. La violación es proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba denominado documental Publico: quedo acreditado el hecho segundo de la presente en relación a la forma errónea de los Artículos 47 y 52 del Código de Trabajo al tratarse de un contrato Administrativo no laboral en ningún sentido. Honorable Corte a todas luces se visualiza que las consideraciones que hace la Corte acusada son indebidas. Situación que sin entrar en alegatos de instancia razono de la siguiente manera: Para que se pudiese considerar los Contratos por tiempo indefinido, no debería de tener fecha de finalización de una relación laboral amparado en lo dispuesto en el Articulo 46 numeral b) y Articulo 111 numeral 2) de dicho cuerpo Legal emplácese al patrono con el objeto de que le probare la justa causa en que se fundó la no renovación del contrato por lo tanto correspondiéndole al trabajador las indemnizaciones que ya dicha ley preceptúa. Sin embargo, al no invocarle ninguna de las causas establecidas en el artículo 46 NUMERAL 6) y el Artículo 111 numeral 2) es fácil concluir QUE NOS ENCONTRAMOS EN UNA DECISIÓN UNILATERAL POR CAUSA AJENA AL TRABAJADOR no catalogando dicha terminación en despido legal e injusto tal como la Corte acusada lo califica. Cabe decir que si la referida Corte hubiese apreciado correctamente la prueba producida y hubiere además aplicado en principio universal onos probando encumbit actori y siendo que la prueba es el medio legal para demostrar la verdad de los hechos que se alega ante las autoridades judiciales hubiesen llegado al libre convencimiento que los contratos suscritos con el señor HÉCTOR EUGENIO VELÁSQUEZ MEJÍA que se encuentran agregados desde el folio 23 hasta el folio 31 del expediente de mérito en su pieza principal que la parte demandada aporto al juicio para probar que los contratos tenían fecha de inicio y finalización, cabe mencionar el error en que incurre la parte acusada en relación a la prueba aportada por la parte demandada al no hacerle el análisis jurídico correspondiente de manera objetiva la normativa legal contratos suscritos de manea continua sino que constituía la decisión y conocimiento de las partes al tener fecha de inicio y terminación los contratos celebrado por las partes como lo establece el Artículo 46 inciso b). El error en que incurre la Corte acusada en relación a la prueba singularizada mediante la cual se prescinde de los servicios del demandante es manifiesto por lo que procede a CASAR la Sentencia en el presente motivo. Que el demandante ya tenía conocimiento de cuando finalizaría el Contrato suscrito con la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) ente Desconcentrado en los Despachos de la Secretaria de Defensa Nacional. Lo que desvirtúa las aseveraciones del demandante en su escrito de Demanda medio de prueba ignorado en su totalidad siendo el caso que debió ser apreciada por este. Por las razones antes expuestas procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia case totalmente la Sentencia en este motivo, prueba apreciada erróneamente. - Las pruebas singularizadas apreciadas erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consistente en los Contratos suscritos por el señor HÉCTOR EUGENIO VELÁSQUEZ MEJÍA. LA VIOLACIÓN LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA. La Corte acusada en el CONSIDERANDO (8): de su fallo establece “Que con la prueba documental aportada al proceso se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral el 31 de mayo del 2015, sin embargo considera este Tribunal que la relación laboral del demandante era continua sobre todo por que celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se debe de temer como empleado permanente desde que inició su relación laboral y al no invocarse a la terminación de la relación laboral ninguna causa justa vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar la demanda en que se hecho mérito. Lo cual se puede apreciar el análisis erróneo de la normativa legal al tener los contratos suscritos por el demandante fecha de finalización sin que para ello sea necesario haberle invocado causal alguna”.- VII.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que en el primer motivo, cita el “Artículo 46 numeral b)” del Código del Trabajo, como disposición infringida, la cual no tiene ese carácter, ya que la misma no concede derechos y obligaciones reciprocas, ni las extingue; b) la violación directa de la ley, por aplicación indebida, es ajena a la prueba y en este caso se hacen señalamientos sobre la apreciación errónea de un medio probatorio, lo cual es incompatible con ese tipo de infracción; c) señala de forma incorrecta el precepto autorizante, ya que no lo realiza de conformidad a las causas establecidas en el artículo 765 del Código del Trabajo; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- VIII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 589-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional