Sentencia CL-589-16 — Registro 8342
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, ajuste de salarios por incrementos no realizados por el patrono en base al contrato colectivo, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VIII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Por ello la Doctrina ha venido reiterando que existe diferencias entre la alteración unilateral del contrato y el ejercicio patronal del ius variandi, ya que en la primera situación implica la existencia de cambios o modificaciones sustanciales en las condiciones en que se presta el servicio y en la segunda no…”[1].- XI. Que la facultad del empleador conocida como ius variandi, consistente en que puede alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto de prestación de los mismos y la jornada de trabajo de los dependientes; pero, deben quedar a salvo las normas de orden público, inderogables por consentimiento de las partes; frente al ejercicio de esta facultad, el trabajador afectado puede reclamar producto de la alteración del contrato de trabajo, o le cause perjuicio material o moral, cuando el patrono en ejercicio irrazonable de esa facultad, ejerza arbitrariamente el ius variandi, y prive de tal manera al trabajador de los beneficios que tenia, o si modifica la situación laboral en perjuicio de los intereses del subordinado, que ofende la imperatividad de la legislación laboral y torna ilegítima su actitud y faculta al trabajador para que se dé por despedido.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el caso en referencia es similar al que se revisa en este extraordinario recurso, siendo la jurisprudencia la interpretación que los jueces hacen de la ley para aplicarla a los asuntos sometidos a su jurisdicción o juzgamiento, individualizando la regla general en cada caso concreto. Su finalidad es servir de instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley, de la seguridad y certidumbres jurídicas, ya que la unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo es una de las finalidades principales del mismo, tal como lo enuncia el primer párrafo del artículo 764 del Código del Trabajo.- XVII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128, numeral 3 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 367 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dos de febrero de diecisiete, por el Abogado LUIS ALBERTO MUNGUIA LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO MARTINEZ MEJIA; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, representada en juicio por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, ajuste de salarios por incrementos no realizados por el patrono en base al contrato colectivo, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinte de marzo de dos mil quince, por el señor RIGOBERTO MARTINEZ MEJIA, mayor de edad, casado, Bombero y Enfermero Auxiliar, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, por medio de su Alcalde Municipal, señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, ajustes salariales por incrementos no realizados en base al contrato colectivo y salarios dejados de percibir promovida por el señor RIGOBERTO MARTINEZ MEJIA contra la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, a través de su representante legal; consecuentemente se ABSUELVE a la demandada de dicho pago.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda para el pago de derechos adquiridos promovida por el señor RIGOBERTO MARTINEZ MEJIA contra la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, a través de su representante legal; por tanto se le CONDENA a pagar al actor la suma de: TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L.13,733.96) por los siguientes conceptos: vacaciones: L.5,301.60; décimo tercer mes de salario: L.1,131.17; décimo cuarto mes de salario: L.7,301.17.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Municipalidad de San Pedro Sula, en fecha 11 de junio de 1989, en el cargo de Inspector y Bombero III, devengando un salario de L.12,340.00; que el 06 de enero de 2015, se le hizo llegar una nota por escrito en donde le comunicaron que a partir del 06 de enero de 2015, se le estaba trasladando a la policía municipal, bajo las órdenes del Comisario Walter Varela, quién le asignaría funciones y le daría las instrucciones necesarias para el desempeño de las mismas; asignando y trasladándolo a un departamento y con un cargo para el cual no estaba preparado el demandante, ya que jamás había manipulado un arma de fuego, razón suficiente por la cual consideró y procedió a ampararse y efectuar el procedimiento para el despido indirecto, dando por terminada la relación jurídica profesional que le unía con la demandada, en el cargo que desempeñaba como Bombero dependencia de la misma comuna para lo cual fue contratado y capacitado constantemente; que la notificación de cambio de funciones son totalmente ajenas y distintas a las que venía desempeñando; el actual estado de salud del demandante le impide realizar tareas de considerable esfuerzo físico debido a que durante el desempeño de sus labores ordinarias como Bombero, sufrió un accidente el 19 de noviembre de 2013, y se le ha incapacitado medicamente, ordenándole pleno reposo absoluto hasta su recuperación total, dada la seriedad de las lesiones; el patrono ha incumplido con los incrementos salariales pactados en el contrato colectivo desde los años 2005, 2006 y 2007 hasta la fecha, el cual establece incrementos anuales y que ha dejado de pagársele horas extras, por lo que el 13 de febrero del año 2015, por medio del Inspector del Trabajo pidió que se le hiciera entrega al Alcalde de la Municipalidad, el documento donde notificaba el despido indirecto, haciéndole entrega del mismo al señor Franklin Sánchez Amador en su condición de Gerente de Recursos Humanos.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contestó dicha demanda señalando que se rechazó la baja de categoría del demandante, ya que la única pretensión es que por la labor social y benéfica que los Bomberos han brindado a la comuna Sampedrana, protegerlos de un posible despido al ser trasladados a Gobernación Política de Comercio Interior, tal y como lo acreditara con informes fehacientes; arguye que todos los traslados han sido efectuados a un grupo de trabajadores que estaban asignados al Cuerpo de Bomberos de Honduras y que son empleados municipales, por ende la patronal ha realizado traslados internos en todas las unidades, que no existe violación al contrato de trabajo del demandante y que a los trasladados se les dio la debida capacitación.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, ajustes salariales por incrementos no realizados en base al contrato colectivo y salarios dejados de percibir promovida por el señor Rigoberto Martínez Mejía contra la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES; absolviendo a la demandada por dichos pagos; declaró con lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos; condenando a la demandada a pagar al actor la suma de L.13,733.96, por los conceptos de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, sin costas; bajo el criterio que la accionada estaba facultada para trasladar al demandante a otro cargo que tiene funciones similares a las que venía desempeñando en atención al principio del ius variandi, pues de autos resulta acreditado que el Cuerpo de Bomberos Municipal donde el actor ejercía sus funciones, pasó al Cuerpo de Bomberos de Honduras y por ende tal dependencia ya no formaba parte de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés; en razón de ello, el accionante no estaba facultado para ponerle fin a la relación de trabajo por dicha causa y aunque asevera haber sufrido un accidente y no podía desempeñar sus nuevas funciones, tal circunstancia no fue señalada en la carta de despido y cuya razón no puede ser valorado, al tenor de lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo; de otra parte, tal circunstancia pudo haber sido planteada al patrono para lograr una reubicación, más no se hizo así, sino que optó por el auto despido. En la nota de desvinculación también se invoca el no pago de incrementos en razón del contrato colectivo y que los mismos son exigidos en la acción; mas ello no puede ser atendido, pues de la prueba aportada al proceso consta que la accionada no pagaba los mismos desde el año 2009, entendiéndose que ante tales circunstancias, el trabajador consintió su no pago y cuya razón no lo faculta para invocarlo como causa de desvinculación laboral, de ahí que la pretensión del demandante no resulta atendible, a excepción del pago de derechos adquiridos, pues éstos deben pagarse independientemente de la forma en que se produjo la terminación del contrato.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que pese a que en efecto el demandante al igual que otros trabajadores que se encontraban en las mismas circunstancias fueron trasladados a otro puesto de trabajo pasando a la unidad de Policía Municipal luego de haber pertenecido al Cuerpo de Bomberos Municipal, tal traslado como antes se expusiera ni resultó antojadizo tal y como la demandada manifestó ante el Inspector del Trabajo, ni resultaba violatoria por obligarlos al uso de equipos o armamentos peligrosos, pues de la misma estructura organizacional de la policía municipal (F.111 p.p.) al que fue trasladado estableciendo que el manejo de armas que corresponde a la sección de Ley y Orden no es la única función a desempeñarse en el citado Departamento, y no fue a esta sección o unidad a la que luego apareciera asignado el trabajador según consta en el documento visible a folio 83 de la primera pieza, de manera que el cambio de funciones operado no constituye violación alguna al contrato de trabajo que justifique la separación del trabajador como en el caso del despido injustificado; a lo anterior se suma que, en el caso de autos, pese a acreditarse el estado de salud del trabajador como bien lo estableciera el a quo, ésta circunstancia no fue invocada oportunamente ante la patronal, ni como causa para pedir una reasignación ni como causa para el despido, y tampoco se dejó acreditado en el proceso previo a éste, la asignación de funciones en el nuevo puesto al que fuera trasladado el actor.- 5. Mediante auto de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EMMA CASTALIA ALVARENGA, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO MARTINEZ MEJIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dos de febrero de diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO MUNGUIA LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO MARTINEZ MEJIA, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Abogado LUIS ALBERTO MUNGUIA LOPEZ, expresa cuatro motivos de casación manifestando lo siguiente: PRIMER MOTIVO DE CASACION: Acuso la Sentencia recurrida de ser VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL, POR INFRACCIÓN DIRECTA TAMBIÉN CONOCIDA COMO FALTA DE APLICACIÓN. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 114 párrafo primero letra d, del Código del Trabajo Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el número uno (1), primer párrafo, del artículo 765 del Código del Trabajo Vigente, en cuanto a la infracción directa… SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso la Sentencia recurrida de ser VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL, POR INFRACCIÓN DIRECTA O FALTA DE APLICACIÓN. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 114 párrafo primero letra g) primera oración, del Código del Trabajo Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el número uno (1), primer párrafo, del artículo 765 del Código del Trabajo Vigente, en cuanto a la infracción directa… TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso la Sentencia recurrida de ser VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL, POR INFRACCIÓN DIRECTA O FALTA DE APLICACIÓN. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 114 párrafo primero letra j, del Código del Trabajo Vigente. Esta violación lo fue, con relación al artículo 96 letra l, del mismo Código del Trabajo Vigente, en cuanto a la infracción directa o falta de aplicación… CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso la Sentencia recurrida de ser VIOLATORIA DE FORMA INDIRECTA DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL, INCURRIENDO EL SENTENCIADOR EN ERROR DE HECHO, ANTE LA ERRONEA APRECIACIÓN DE PRUEBA DETERMINADA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 114 párrafo primero letra d, del Código del Trabajo Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el número uno (1), segundo párrafo, primera oración, del artículo 765 del Código del Trabajo Vigente, en cuanto al error de hecho. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA INFRACCIÓN: Los errores incurrido por la Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a su mala apreciación fueron posibles o se dieron a través de la vulneración de los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo producto de la equívoca interpretación del material probatorio que consta en el proceso.- II. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- III. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- V. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII. Conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VIII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX. Que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de octubre de 2016, que confirmó la proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha 6 de septiembre de 2016, donde se declara sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, ajustes salariales por incrementos no realizados en base al contrato colectivo y salarios dejados de percibir; y, absuelve a la demandada del pago de dichos conceptos; declarando con lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos y condenando a la demandada a cancelar los mismos a la parte demandante; sin embargo, la misma resulta ser insuficiente en su motivación y carácter lógico conforme a los principios que rigen el derecho laboral, ya que señala los conceptos de subordinación del trabajador al empleador y el ius variandi como poder del patrono de cambiar las condiciones de trabajo, sin embargo dichos poderes, derechos o facultades se encuentran limitadas por principios generales del orden laboral y de derechos fundamentales que el Juzgador de grado debe aplicar al momento de realizar el análisis y valoración de las pruebas conforme a las pretensiones de las partes, en tal sentido es oportuno mencionar, que el trabajador se encuentra en un situación de desventaja ante el patrono, ya que si bien la subordinación implica obediencia, esta debe ser la debida y no atentatoria de derechos laborales adquiridos; además, el principio protectorio implica que hay que tutelar los derechos del empleado o trabajador hasta de su propia persona o decisión, con mucha mayor razón de las decisiones que pueda tomar el patrono que afecten aspectos de desempeño o realización profesional, respeto y dignidad.- X. “Que si bien es cierto, que conforme lo disponen los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, el patrono o empleador goza del poder directivo en sus relaciones con sus trabajadores, por lo que en función de la subordinación o dependencia continua, éstos están en la obligación de acatar las órdenes e instrucciones sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo, es decir, someterse a su dirección ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo; también lo es, que el artículo 26 del mismo Código determina que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley, la costumbre o la equidad; siendo que los demandantes laboraban como bomberos municipales, su obligación era desempeñar solamente lo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de esas actividades, por lo que para modificarles esa condición era necesario contar con su anuencia expresa o bien, garantizarles que el cambio se haría respetando el orden público laboral y sus derechos. XVI.- Por ello la Doctrina ha venido reiterando que existe diferencias entre la alteración unilateral del contrato y el ejercicio patronal del ius variandi, ya que en la primera situación implica la existencia de cambios o modificaciones sustanciales en las condiciones en que se presta el servicio y en la segunda no…”[1].- XI. Que la facultad del empleador conocida como ius variandi, consistente en que puede alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto de prestación de los mismos y la jornada de trabajo de los dependientes; pero, deben quedar a salvo las normas de orden público, inderogables por consentimiento de las partes; frente al ejercicio de esta facultad, el trabajador afectado puede reclamar producto de la alteración del contrato de trabajo, o le cause perjuicio material o moral, cuando el patrono en ejercicio irrazonable de esa facultad, ejerza arbitrariamente el ius variandi, y prive de tal manera al trabajador de los beneficios que tenia, o si modifica la situación laboral en perjuicio de los intereses del subordinado, que ofende la imperatividad de la legislación laboral y torna ilegítima su actitud y faculta al trabajador para que se dé por despedido.- XII. Que el artículo 3 del Código del Trabajo, establece: son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que apliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresan en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.- XIII. El artículo 36 del Código del Trabajo, establece que: Todo contrato de trabajo, así como sus modificaciones o prórrogas, debe constar por escrito, salvo lo dispuesto en el artículo 39 de este Código, y se redactará en tantos ejemplares como sean los interesados, debiendo conservar uno cada parte. El patrono queda obligado a archivar su ejemplar para exhibirlo a requerimiento de cualquier autoridad del trabajo.- XIV. El artículo 128 de la Constitución de la República establece que: Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías:… 15) El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores.- XV. Que este Tribunal, en sentencia definitiva dictada el 22 de agosto del 2017, en las diligencias formadas con el Recurso de Casación Laboral formalizado por los señores MARIO JAVIER VASQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS ISAIAS RIOS REYES, REINA ISABEL SANTOS LOPEZ Y OTROS, en la demanda ordinaria promovida por dichos señoras contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES (Expediente CL234-16), caso parcialmente la proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, declarando la demanda referida y condenando a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas, bajo el criterio que “Que conforme las probanzas del juicio es indudable que desde un inicio los demandantes laboraron como Bomberos municipales para la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, relación jurídica laboral que finalizó por decisión unilateral de los trabajadores a través del despido indirecto, fundamentándose para ello en una causa justa, ya que se les trasladó a un puesto diferente para el cual fueron contratados, variando y alterando sustancialmente sus funciones y la categoría de las mismas; las razones en que se basó tal determinación, si bien pueden tener alguna justificación desde el punto de vista de que se aduce que se estaba operando un cambio institucional con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, lo cierto es que se les debió respetar sus derechos adquiridos, como guardar la debida consideración y respeto a su dignidad como trabajadores, por lo menos informándoles de esa situación, para que tal medida no se tradujera en una imposición arbitraria del patrono, como así ocurrió, ya que en las notas donde se les informa de tal medida, solo se les indica su traslado como policías municipales y la puesta a la orden de un Jefe.”.- XVI. Que el caso en referencia es similar al que se revisa en este extraordinario recurso, siendo la jurisprudencia la interpretación que los jueces hacen de la ley para aplicarla a los asuntos sometidos a su jurisdicción o juzgamiento, individualizando la regla general en cada caso concreto. Su finalidad es servir de instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley, de la seguridad y certidumbres jurídicas, ya que la unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo es una de las finalidades principales del mismo, tal como lo enuncia el primer párrafo del artículo 764 del Código del Trabajo.- XVII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 127, 128, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 2 de la Ley de Salario Mínimo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212, 716 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 27 de octubre del 2016, visible a folios del 23 al 29 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 589-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[1] Sentencia del 22 de agosto del 2017, expediente CL 234-16