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Sentencia CL-569-16 — Registro 7323

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar la excepción perentoria de prescripción sobre la demanda ordinaria laboral de primera instancia contraída al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"IX. “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (VER SENTENCIA AMPARO CIVIL AC-538-10).- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."X. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 CPC.- MOTIVACIÓN.).- XI. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- XII. Que revisada la resolución recurrida proferida por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha 12 de octubre de 2016, donde confirma la de primera instancia, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha 15 de agosto de 2016, misma que no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, resultando contradictoria al indicar por una parte que los demandantes eran empleados del señor Pompilio Manzanares y por otra, que en todo caso la empresa demandada era responsable en forma solidaria, pero absolviendo a los demandados y declarando sin lugar la demanda, cuando el artículo 7 reformado del Código de trabajo con el carácter tutelador del derecho laboral persigue proteger los derechos de los trabajadores y que se cumplan las obligaciones y responsabilidades derivadas de cualesquiera de las figuras, ya fuere mediante la intermediación o como contratistas, para que la solidaridad que dispone la norma, sea con uno u otro que se dirija la acción, tenga sentido y efecto en el cumplimiento de dichos derechos u obligaciones.- XIII. Por otro lado, reconociendo la existencia de una relación laboral de los demandantes con el señor POMPILIO MANZANARES FLORES, debió conceder como mínimo los derechos adquiridos que les pudieren corresponder, los cuales independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral deben reconocerse y establecerse en la decisión judicial evitando que se pueda evadir responsabilidades y un nuevo litigio sobre dichos derechos que solo viene a perjudicar la pendencia judicial.- XIV. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XV.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 31 de enero de 2017, por el Abogado SANTOS ANTONIO RODRIGUEZ ANDRADE, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores SELVIN RUBEN LOPEZ HERNANDEZ, ADAN SANTIAGO RAMOS LOPEZ, SAMUEL GUERRERO GUARDADO, NELSON JOVANY ORDOÑEZ ERAZO, NELSON EDUARDO RIVAS LOPEZ, BENJAMIN EXEQUIEL CONTRERAS GUERRERO, ELVIN ARIEL ORDOÑEZ CRUS, JULIO ALVARADO, MARLON SABIER GARCIA FLORES, MILTON GUILLERMO LOPEZ VARELA, ANAEL ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ, DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, DANNY FABRICIO GARCIA FLORES y JUAN ANGEL GARCIA, como recurrentes; además, es parte recurrida, la Sociedad Mercantil TECNO SUPLLIER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en juicio por la Abogada KARLA PATRICIA MARADIAGA ALVAREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia contraída al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, en fecha 12 de febrero del 2013, por los señores SELVIN RUBEN LOPEZ HERNANDEZ, casado, ADAN SANTIAGO RAMOS LOPEZ, casado, SAMUEL GUERRERO GUARDADO, casado, NELSON JOVANY ORDOÑEZ ERAZO, casado, NELSON EDUARDO RIVAS LOPEZ, casado, BENJAMIN EXEQUIEL CONTRERAS GUERRERO, casado, ELVIN ARIEL ORDOÑEZ CRUZ, casado, JULIO ALVARADO, unión libre, MARLON SABIER GARCIA FLORES, casado, MILTON GUILLERMO LOPEZ VARELA, casado, ANAEL ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ, casado, DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, soltero, DANNY FABRICIO GARCIA FLOREZ, casado y JUAN ANGEL GARCIA, casado, todos ellos son mayores de edad, hondureños, jornaleros y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, residentes en Aldea Chotepe de en ese mismo lugar, con excepción del señor DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, quien tiene su domicilio en Choloma, Departamento de Cortes y su residencia en Quebrada Seca, contra la Sociedad Mercantil TECNO SUPLLIER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su Representante Legal, el señor RONY EDUARDO CARRILLO JOCH mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero y solidariamente al señor POMPILIO MANZANARES FLORES, mayor de edad, casado, hondureño. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 8 de agosto del 2016, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, interpuesta por la Abogada VILMA LIZETH JIMENEZ AGUILAR, en su condición de Apoderada Legal de la parte demandantes los señores SELVIN RUBEN LOPEZ HERNANDEZ, ADAN SANTIAGO RAMOS LOPEZ, SAMUEL GUERRERO GUARDADO, NELSON JOVANY ORDOÑEZ ERAZO, NELSON EDUARDO RIVAS LOPEZ, BENJAMIN EXEQUIEL CONTRERAS GUERRERO, ELVIN ARIEL ORDOÑEZ CRUS, JULIO ALVARADO, MARLON SABIER GARCIA FLORES, MILTON GUILLERMO LOPEZ VARELA, ANAEL ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ, DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, DANNY FABRICIO GARCIA FLORES y JUAN ANGEL GARCIA; SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA, interpuesta por la Abogada ELDFA LIZETH MARTINEZ VARELA, en su condición de Apoderada Legal del señor POMPILIO MANZANAREZ FLORES; TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SEAN CONDENADOS SOLIDARIAMENTE AL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, PRESTACIONES SOCIALES A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LOS SALARIOS CAÍDOS Y LAS COSTAS DEL JUICIO, promovida por la Abogada VILMA LIZETH JIMENEZ AGUILAR, en su condición de Apoderado Legal de los señores SELVIN RUBEN LOPEZ HERNANDEZ, ADAN SANTIAGO RAMOS LOPEZ,, SAMUEL GUERRERO GUARDADO, NELSON JOVANY ORDOÑEZ ERAZO, NELSON EDUARDO RIVAS LOPEZ, BENJAMIN EXEQUIEL CONTRERAS GUERRERO, ELVIN ARIEL ORDOÑEZ CRUS, JULIO ALVARADO, MARLON SABIER GARCIA FLORES, MILTON GUILLERMO LOPEZ VARELA, ANAEL ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ, DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, DANNY FABRICIO GARCIA FLORES y JUAN ANGEL GARCIA, en contra de la Sociedad Mercantil denominada TECNO SUPPLIER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Representante Legal el señor RONY EDUARDO CARRILLO JOCH y SOLIDARIAMENTE en contra del señor POMPILIO MANZANARES FLORES, todos de generales conocidas en el preámbulo de ésta sentencia.- CUARTO: SE ABSUELVE a la Sociedad mercantil TECNO SUPLLIER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Representante Legal el señor RONY EDUARDO CARRILLO JOCH, y al señor POMPILIO MANZANARES FLORES, de toda Responsabilidad Económica derivados de las pretensiones del presente juicio.- QUINTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifestaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la demandada de la siguiente manera: Selvin Rubén López Hernandez, el 06 de enero del 2006, Adán Santiago Ramos López, el 06 de octubre del 2006, Samuel Guerrero Guardado, el 28 de febrero del 2006, Nelson Jovany Ordoñez Erazo, el 15 de abril del 2009, Nelson Eduardo Rivas López, el 20 de marzo del 2008, Benjamín Exequiel Contreras Guerrero, el 06 de enero del 2006, Elvin Ariel Ordoñez Crus, el 15 de junio del 2009, Julio Alvarado, el 15 de marzo del 2006, Marlon Sabier Garcia Flores, el 24 de febrero del 2006, Milton Guillermo López Varela, el 8 de enero del 2009, Anael Antonio Gutiérrez Muñoz, el 06 de octubre del 2006, Denis Daniel Turcios Mejía, el 20 de mayo del 2009, Danny Fabricio Garcia Flores, el 15 de junio del 2009, y Juan Ángel García, el 21 de diciembre del 2012; que la Lic. Alma Azucena Trochez, en su posición de apoderada legal manifestó que ellos no son empleados del contratista Pompilio Manzanares, que el 21 de diciembre del 2012, la empresa demandada a una sola voz libre y voluntariamente expresaron que eran despedidos, por parte del señor Ricardo Carrillo, dueño de la empresa, lo que fue confirmado por el señor Abilio Quiroz, quien expresó que los demandantes fueron verbalmente despedidos, que dieron por terminado e reclamo administrativo el 24 y 25 de enero del 2013.- 2.-La parte demandada, el señor Pompilio Manzanares Flores contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto tiene una escritura de comerciante individual, fue la empresa demandada quien le indicó constituirse como tal para poder darle el empleo de ejercer actividades de contratar y hacer la movilización de los trabajadores a las labores que ellos le indicaban, que ignoraba los despidos indicados por los demandantes, asimismo la Sociedad Mercantil TECNO SUPLLIER S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que la empresa en ningún momento contrato a los demandantes ni por escrito ni en de forma verbal, que fue el señor Pompilio Manzanares quien los contrato par llevar a cabo una obra denominada Servicio de Envasado, para lo cual el 1 de marzo del 2010, los señores Rony Eduardo Carrillo y Pompilio Manzanares suscribieron un contrato, el cual en su literal f) se establece que es el contratista (Pompilio Manzanares) quien actuara como único patrono, asimismo que es el señor Manzanares quien en 30 de enero del 2013 solicitó los servicios de un Inspector de Trabajo, con el objeto de levantar un acta de comparecencia voluntaria e inasistencia de los demandantes, que luego en compareció ante la Secretaría de Trabajo con el fin de darle cumplimiento a dicha solicitud, que los demandantes no aparecen en las planillas de pago de la empresa, sino que era al señor Manzanares a quien se le depositaba lo pactado y era él quien como patrono les pagaba el salario a los demandantes.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, en fecha 15 de agosto del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la excepción perentoria de prescripción, declaró sin lugar la excepción perentoria, interpuesta por la Abogada Elda Lizeth Martinez Varela, en su condición de Apoderada Legal del señor Pompilio Manzanares Flores; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que sean condenados solidariamente al pago de derechos adquiridos, prestaciones sociales a titulo de daños y perjuicios, los salarios caídos y las costas del juicio, ABSOLVIO a la Sociedad mercantil TECNO SUPLLIER S.A. DE C.V., al señor Pompilio Manzanares Flores, de toda Responsabilidad Económica derivados de las pretensiones del presente juicio, SIN COSTAS; bajo el criterio en cuanto a la excepción perentoria de prescripción los demandantes aducen haber sido verbalmente despedidos el 21 de diciembre del 2012 por pedir el pago del aguinaldo, asimismo al analizar el acta levantada por la inspectora el 30 de enero del 2013 y no habiendo en el expediente ninguna actuación que haya logrado interrumpir ese término, es evidente que efectivamente el termino de 1 mes prescribió, en cuanto al fondo del juicio si bien es cierto se probó con las fotografías e imágenes presentados por los demandantes de que ejecutaron labores, no es menos cierto que no se logró probar que los demandantes hayan laborado y realizado alguna actividad directa para la empresa demandada, ni mucho menos probaron que la actividad por ellos realizada estaba estrechamente ligada con las actividades normales de la empresa, así como tampoco probaron ser empleados del señor Pompilio Manzanares, en cuanto al elemento de subordinación, si es cierto los actores aseveraron que recibían ordenes de la empresa por medio de un señor denominado Lucas, no es menos cierto que nadie sabía su apellido, no habiendo probado su existencia, así como no probaron el horario al cual según ellos estaban sometidos, así como tampoco probaron haber estado sometidos a la subordinación del señor Pompilio Manzanares.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en fecha 12 de octubre del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; Bajo el criterio que es evidente que el obligado directo con los demandantes eran empelados del señor Pompilio Manzanares y no la empresa demandada ya que esta le hacía efectivo el pago al señor mencionado y este a su vez le cancelaba a sus trabajadores por el trabajo realizado, por lo cual es a quien se debe de tener como parte demandada.- 5.- Mediante auto de fecha 23 de noviembre del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada VILMA LIZETH JIMENEZ AGUILAR, en su condición de representante procesal de los señores SELVIN RUBEN LOPEZ HERNANDEZ, ADAN SANTIAGO RAMOS LOPEZ, SAMUEL GUERRERO GUARDADO, NELSON JOVANY ORDOÑEZ ERAZO, NELSON EDUARDO RIVAS LOPEZ, BENJAMIN EXEQUIEL CONTRERAS GUERRERO, ELVIN ARIEL ORDOÑEZ CRUS, JULIO ALVARADO, MARLON SABIER GARCIA FLORES, MILTON GUILLERMO LOPEZ VARELA, ANAEL ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ, DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, DANNY FABRICIO GARCIA FLORES y JUAN ANGEL GARCIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 31 de enero del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado SANTOS ANTONIO RODRIGUEZ ANDRADE, en su condición de representante procesal de los señores SELVIN RUBEN LOPEZ HERNANDEZ, ADAN SANTIAGO RAMOS LOPEZ, SAMUEL GUERRERO GUARDADO, NELSON JOVANY ORDOÑEZ ERAZO, NELSON EDUARDO RIVAS LOPEZ, BENJAMIN EXEQUIEL CONTRERAS GUERRERO, ELVIN ARIEL ORDOÑEZ CRUS, JULIO ALVARADO, MARLON SABIER GARCIA FLORES, MILTON GUILLERMO LOPEZ VARELA, ANAEL ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ, DENIS DANIEL TURCIOS MEJIA, DANNY FABRICIO GARCIA FLORES y JUAN ANGEL GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de febrero del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA PATRICIA MARADIAGA AVAREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- II.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales Como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VII.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- VIII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 CPC.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.).- IX. “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (VER SENTENCIA AMPARO CIVIL AC-538-10).- X. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 CPC.- MOTIVACIÓN.).- XI. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- XII. Que revisada la resolución recurrida proferida por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha 12 de octubre de 2016, donde confirma la de primera instancia, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha 15 de agosto de 2016, misma que no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, resultando contradictoria al indicar por una parte que los demandantes eran empleados del señor Pompilio Manzanares y por otra, que en todo caso la empresa demandada era responsable en forma solidaria, pero absolviendo a los demandados y declarando sin lugar la demanda, cuando el artículo 7 reformado del Código de trabajo con el carácter tutelador del derecho laboral persigue proteger los derechos de los trabajadores y que se cumplan las obligaciones y responsabilidades derivadas de cualesquiera de las figuras, ya fuere mediante la intermediación o como contratistas, para que la solidaridad que dispone la norma, sea con uno u otro que se dirija la acción, tenga sentido y efecto en el cumplimiento de dichos derechos u obligaciones.- XIII. Por otro lado, reconociendo la existencia de una relación laboral de los demandantes con el señor POMPILIO MANZANARES FLORES, debió conceder como mínimo los derechos adquiridos que les pudieren corresponder, los cuales independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral deben reconocerse y establecerse en la decisión judicial evitando que se pueda evadir responsabilidades y un nuevo litigio sobre dichos derechos que solo viene a perjudicar la pendencia judicial.- XIV. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XV.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 129, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 reformado y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha 12 de octubre de 2016, visible a folios 31 al 40 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y uno de enero del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 569-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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