Sentencia CL-546-17 — Registro 8469
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se reconozca una relación laboral con carácter permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios;la demandante alega que laboró como Jefe de Personal del Hospital del Sur, las funciones que desempeñaba no eran de carácter temporal,durante el tiempo en que prestó los servicios suscribió contratos que se denominaron contratos de servicios profesionales y técnicos donde se estipulaba la prestación personal, el monto, la jornada de trabajo y otras condiciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) existe falta de claridad y precisión, ya que en su formulación por un lado en un primer acápite alude a la infracción directa del artículo 97 numeral 1) del Código del Trabajo, luego plantea otro con el señalamiento que la disposición infringida es el artículo 2 numeral 2) y al final del mismo agrega el 117, ambos del mismo cuerpo de leyes; b) el precepto autorizante que invoca, el artículo 2 numeral 2) del referido Código, no contempla las causales o motivos de este extraordinario recurso, ya que las mismas se encuentran contenidas en el 765 del ordenamiento jurídico en mención; y, c) realiza alegatos propios de instancia y hace referencia al material probatorio, lo cual no resulta apropiado bajo la vía de la violación directa de la ley"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) invoca como infringido el artículo 02 numeral 2, sin determinar a cual ordenamiento jurídico corresponde tal disposición, aunque si se trata del Código del Trabajo, la misma no tiene el carácter sustantivo que exige el articulo 769 numeral 5) literal a) de dicho ordenamiento jurídico; y, b) no demuestra el error de hecho alegado; siendo además, que el tema relacionado con la condición jurídica de la relación de trabajo de la demandante, fue expuesto como una cuestión incidental, la cual fue resuelta oportunamente y por ello no cabe volver a plantearlo en este extraordinario recurso. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando: “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14)."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 12 de enero del 2018, por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora LYNDA NAZARETH GUZMAN CARCAMO, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se reconozca una relación laboral con carácter permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de mayo del 2015, por la señora LYNDA NAZARETH GUZMÁN CÁRCAMO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 02 de junio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por LYNDA NAZARETH GUZMÁN CÁRCAMO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al Reconocimiento a la Permanencia en el cargo y pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, que serán calculados desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho, en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a LYNDA NAZARETH GUZMÁN CÁRCAMO la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.168,604.70) por los siguientes conceptos: preaviso L.58,332.32; auxilio de cesantía L. 58,332.32; auxilio de cesantía proporcional L. 8,993.13; Vacaciones L.11,666.64, vacaciones proporcionales L.3,324.99; décimo tercer mes proporcional L.7,708.39; y décimo cuarto mes proporcional L20,208.49; más los salarios dejados de percibir que serán calculados desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta que este firme el presente fallo de conformidad a derecho. 3). SIN COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada, el 15 de enero del 2013, como Jefe de Personal del Hospital del Sur, devengaba un salario mensual de L. 25,000.00, que las funciones que desempeñaba no eran de carácter temporal, transitorio o accidental; que durante el tiempo en que prestó los servicios suscribió contratos que se denominaron Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos donde se estipulaba la prestación personal, el monto, la jornada de trabajo y otras condiciones, por lo que cumplía con los tres elementos del contrato según el artículo 20 del Código del Trabajo; que fue despedida sin causa valida mediante nota de fecha 06 de abril del 2015, la que recibió hasta el 23 de abril del 2015, en la cual le notificaron que estaba cancelada del cargo sin señalarle ninguna causa justa y que al reclamar las prestaciones laborales le manifestaron que no tenía derecho a nada ya que no estaba ingresada al sistema de Servicio Civil porque estaba por contratos; asimismo argumentó que al momento de ser despedida se encontraba en periodo de lactancia; y que para llegar a un arreglo conciliatorio compareció al Ministerio del Trabajo, lo que fue imposible, dando por agotado el trámite administrativo el 14 de mayo del 2015. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante en un desconocimiento total de las cláusulas que rigieron los contratos de trabajo a término ambas partes se obligaron y aceptaron sus respectivas condiciones y por ende la vigencia de los contratos, los cuales concluyeron y llegaron a la finalización, por lo cual el reclamo presentado carece de sustento jurídico para exigir los derechos que reclama; que desde un inicio sabía cuál era la condición de trabajo, o sea contratos a términos con fecha de inicio y terminación de la relación contractual, sin responsabilidad posterior para las partes, y que estuvo de acuerdo firmando sin protesto alguno; alegó que se trata de un contrato administrativo y no laboral, y por ser administrativo debió someterse ante la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que nunca hubo cancelación lo que sucedió fue la finalización del contrato; y que cumplió a cabalidad con el pago total en concepto de maternidad. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de junio del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LYNDA NAZARETH GUZMÁN CÁRCAMO, contra el ESTADO DE HONDURAS, en cuanto al reconocimiento a la permanencia en el cargo, en consecuencia condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de L. 168,604.70 por los conceptos de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones; vacaciones proporcionales; décimo tercer mes proporcional; y décimo cuarto mes proporcional; más los salarios dejados de percibir que serán calculados desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta que este firme el presente fallo de conformidad a derecho, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, el demandante se le contrato bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos con contratos a término; no es menos cierto, que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral los contratos eran verdaderos contratos de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20, relacionado con el 47 y 347 del Código de Trabajo, que en relación al argumento que la demandante ejercía un cargo de confianza, que una vez analizados los contratos de trabajo, la demandante laboró con contratos a término y que al notificarle la nota de fecha 06 de abril del 2014, la parte demandada no estableció causal para dar por terminada la relación laboral con la demandante; por lo que al tenor de lo establece al artículo 717 del Código del Trabajo una vez entregada la nota de despido no se podrá alegar válidamente causales o motivos diferentes; esto porque la demandada arguye que se desempeñaba en un cargo de confianza y que era temporal la contratación (jefe de personal), en atención a esto se define que las funciones era únicamente administrativas y no de Dirección, argumento contrapuesto a lo que establece el artículo 6 del Código del Trabajo en relación a los artículos de la Constitución de la República número 70 tercer párrafo, ‘ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente” el 128 numeral 5 de la Constitución de la República dice: “...todo trabajador tiene derecho a recibir un salario..” de igual manera la Constitución de la República en su artículo 129 establece que el trabajador al ser despedido sin justa causa tendrá derecho a elegir ya sea por el reintegro al puesto de trabajo o el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y como consecuencia los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; por cuanto en el caso que nos ocupa la demandante fue despedida de su cargo sin causa justa volviéndose ilegal e injusto el despido; en consecuencia se declara con lugar la demanda de mérito; que la demandante reclama el pago de derechos adquiridos enmarcando dentro de estos vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo cuarto mes proporcional, derechos que le asisten a todo empleado en vista de ser garantizados en la Constitución de la República; en consecuencia, pertinente declarar con lugar los mismos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 28 de agosto del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por la demandante como vigilante, función que siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el estado de Honduras y la señora Lynda Nazareth Guzmán Cárcamo, era por tiempo indeterminado; que vistas las consideraciones anteriores procede confirmar la sentencia definitiva apelada. 5.- Mediante auto de fecha 08 de noviembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de enero del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de febrero del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA en el primer motivo de casación expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 97 numeral 1 que establece lo siguiente “Además de as contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de seguridad social, son obligaciones d los trabajadores realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir órdenes e instrucciones que de modo particular les imparta el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido; Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 97 numeral 1 en relación con los artículos 4 y 5 del Código de Trabajos PRECEPTO AUTORIZANTE: EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 que establece lo siguiente “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas Las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y... Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 02 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora LYNDA NAZARETH GUZMAN CARCAMO fue a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos con una vigencia establecida de común acuerdo entre las partes así como la fecha de terminación de los mismos estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante fueron contratos de servicios profesionales y técnicos y el Código de trabajo presenta la excepción de empleados públicos, demostrando con lo anterior que la demandante fue empleada publica de carácter o temporal, si bien es cierto la labor realizada por la demandante tiene similitud y proximidad con el término genérico de actos laborales, pero los contratos a términos le dieron a la demandante el status legal y la condición de empleada publica solo que en carácter temporal, - El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan y; La Ley del Servicio Civil vigente desde el 14 de octubre del año 1993 cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta, establece los requisitos para trabajar con el Estado, establece ¡os requisitos para optar a un cargo dentro del Estado y dichos requisitos fueron totalmente obviados por el juzgador y, si se revisó la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 16 de mayo del 2016, en ninguna forma se refiere a los contratos de carácter temporal y con una vigencia determinada previamente pactada entre las partes, los ignoró en la sentencia de mérito, documentos que constituyen la prueba fundamental para acreditar que la señora LYNDA NAZARETH GUZMAN CARCAMO fue empleada publica en carácter temporal bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos.”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) existe falta de claridad y precisión, ya que en su formulación por un lado en un primer acápite alude a la infracción directa del artículo 97 numeral 1) del Código del Trabajo, luego plantea otro con el señalamiento que la disposición infringida es el artículo 2 numeral 2) y al final del mismo agrega el 117, ambos del mismo cuerpo de leyes; b) el precepto autorizante que invoca, el artículo 2 numeral 2) del referido Código, no contempla las causales o motivos de este extraordinario recurso, ya que las mismas se encuentran contenidas en el 765 del ordenamiento jurídico en mención; y, c) realiza alegatos propios de instancia y hace referencia al material probatorio, lo cual no resulta apropiado bajo la vía de la violación directa de la ley.- IV. Que se formula un segundo motivo de casación en la forma siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 02 numeral 2 ya que también en ninguna forma el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán se refiere a los acuerdos presentados. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo: NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental: Admitida a la parte demandada (ver folios 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora , al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y evacuados en su oportunidad relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que en forma libremente su convencimiento , inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la señora LYNDA NAZARETH GUZMAN CARCAMO fue empleada publica en carácter temporal o por tiempo determinado.”. V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) invoca como infringido el artículo 02 numeral 2, sin determinar a cual ordenamiento jurídico corresponde tal disposición, aunque si se trata del Código del Trabajo, la misma no tiene el carácter sustantivo que exige el articulo 769 numeral 5) literal a) de dicho ordenamiento jurídico; y, b) no demuestra el error de hecho alegado; siendo además, que el tema relacionado con la condición jurídica de la relación de trabajo de la demandante, fue expuesto como una cuestión incidental, la cual fue resuelta oportunamente y por ello no cabe volver a plantearlo en este extraordinario recurso. VI.- De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencia del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15). VII.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando: “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14). VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19, 20, 21, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 546-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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