Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-543-16 — Registro 7321

Resumen

Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, decimotercer y decimocuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, bonificaciones y demás derechos originados por la contratación colectiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Censora del fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, si bien son normas sustantivas, las mismas cuentan con párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que el numeral primero del artículo 765 del mismo ordenamiento jurídico, contiene dos párrafos, mismos que contienen distintas causales o motivos de este extraordinario recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos de instancia e invoca disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 97, 98, 100 numerales 4, 5 y 15), 111 numeral 8), 117 y 126 del Código del Trabajo y 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que tampoco resulta admisible el anterior motivo, ya que se invocan dos formas distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la aplicación indebida, que debieron ser expuestas en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no puede prosperar, porque la reforma peyorativa o reformatio in pejus, que ordena no se reformen las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar o en beneficio de quien no ha ejercido el derecho de impugnación procesal usando de los recursos que autoriza la ley, no puede aplicar en este caso, ya que el fallo de primera instancia fue recurrido por ambas partes y con esa base fue que se decidió la modificación del mismo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que se ha establecido doctrinalmente que la interpretación errónea es un tipo de infracción a la ley, que se produce al margen del material probatorio; en el presente caso la cuestión debatida tiene relación con la causa justificada de la terminación de la relación de trabajo y ello fue objeto de prueba, en consecuencia, resulta vano el ataque al fallo por el concepto invocado. Además, la interpretación errónea de la ley se produce cuando el juzgador habiendo aplicado la norma correspondiente al caso, le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir, que solo tiene lugar cuando el juzgador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la disposición considerada en sí misma con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular; ello requiere que el recurrente señale con precisión la forma en que el Ad-Quem haya incurrido en dicha infracción y además, que formule la interpretación correcta del precepto señalado como infringido, situación que no es formulada con acierto, porque en su explicación se hace mención que “…La parte actora estableció de manera errónea que para que la suspensión de un contrato de trabajo pueda ser utilizada como causa justa de terminación de los mismos es necesario que sea autorizada previamente por la Secretaría de Trabajo...”, omitiendo precisar el criterio empleado por el ad-quem,"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que este cargo es inadmisible, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa o falta de aplicación de la ley se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la forma de la terminación de la relación laboral y ello fue objeto del material probatorio, por ende, fue un hecho del debate y no procedía el ataque al fallo por esa vía"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 11 de enero del 2017, por la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ABNER CRISTOBAL MARTINEZ CENTENO y MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LOPEZ, representados en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDEZ PAZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, decimotercer y decimocuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, bonificaciones y demás derechos originados por la contratación colectiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de marzo del 2015, por los señores ABNER CRISTOBAL MARTINEZ CENTENO casado, Bachiller en Ciencias y Letras y MIGUEL ENRIQUE MOLASCO LOPEZ, casado, Licenciado en Economía, ambos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su GERENTE GENERAL, en ese entonces el señor JESUS ARTUTO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de septiembre del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 01 de julio del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO TULIO PADILLA VELÁSQUEZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada apelante y apelado.- II.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandante apelante y apelada.- III.REFORMAR la sentencia definitiva dictada por la Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha 1 de julio de 2016, que corre a folios del 72 al 75 frente y vuelto de la primera pieza de autos de la forma siguiente: REVOCAR los Numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada así: UNO a) Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de Representante Procesal de los señores ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO y MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA; en cuanto al pago del salario durante el tiempo de la suspensión del contrato individual de trabajo (del 04 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015).- b) CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Representante Legal Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a pagarle a los demandantes lo siguiente: ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO, a pagar la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.42,801.60) como salario que duro la suspensión del contrato individual de trabajo; a MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 264,080.40), por igual concepto por el tiempo de la suspensión del contrato individual del trabajo.- IV.- CONFIRMAR los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia definitiva apelada.- V.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la demandada de la siguiente manera: Abner Cristóbal Martínez Centeno el 16 de noviembre del 2006, desempeñándose como Gestor de callcenter 1, Miguel Enrique Nolasco López el 11 de marzo del 2010, desempeñándose como Asesor Gerencial en Tecnología de la Información, manifestaron que mediante oficios GGH-267-2015 y GGH-272-2015, ambos de fecha 05 de febrero del 2015, se les notificó la decisión unilateral de dar por terminada la relación laboral que les unía, habiéndose amparado en la suspensión de 120 días, que fueron objeto en fecha 8 de octubre del 2014, suspensión ilegal porque es irregular por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido, así como que dichos despidos no se ajustan a lo preceptuado en el artículo 112 del Código del Trabajo, como tampoco señaló la justa causa para dar por terminada la relación entre las partes, dieron por agotada la vía administrativa en 06 y 17 de febrero del 2015.- 2.-La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que efectivamente existió la relación laboral entre las partes, que con el propósito de rescatar a HONDUTEL de la crisis económica, el 7 de octubre del año 2014, HONDUTEL, invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero del año 2015. Cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes, que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 a la fecha; dichas pérdidas se incrementaron durante los últimos 2 períodos fiscales (2012 y 2013), al extremo que hoy en día, a pesar de las medidas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo estas, entre otras, las siguientes: a) Recuperación e incremento de ingresos por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación; b) Incremento en las ventas de servicios corporativos, principalmente con clientes gubernamentales; c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos, y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados. En vista de que la empresa no puede ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, esto derivó en el hecho de que tampoco logre conseguir los fondos suficientes para la prosecución normal de los trabajos, lo anterior a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia que HONDUTEL solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto: su propio flujo de caja derivado de su facturación, el cual ha venido disminuyendo año tras año en virtud de la feroz competencia que existe en el sector de telecomunicaciones y de otros factores harto conocidos. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del año 2014, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social el escrito intitulado: “SE SOLICITA QUE SE TENGAN POR COMPROBADAS LAS ACUSAS DE SUSPENSIÓN PARCIAL DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR 120 DÍAS CONSECUTIVOS, NOTIFICADA A 660 EMPLEADOS DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), y en fecha 3 de febrero del 2015, se presentó ante la misma Secretaría del Trabajo el escrito cuya suma es la siguiente: “SE NOTIFICA QUE LAS CAUSAS INVOCADAS Y QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LA SUSPENSIÓN PARCIAL DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR 120 DÍAS CONSECUTIVOS NOTIFICADA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y CUYA COMPROBACIÓN FUE INICIADA ANTE ESTA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 AÚN PERSISTEN, EN CONSECUENCIA, LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REANUDAR LAS LABORES, Y POR CONSIGUIENTE, DE REINSTALAR A ESTOS TRABAJADORES A SUS PUESTOS DE TRABAJO...” debido a que las causas invocadas en la solicitud de suspensión de contratos de trabajo persisten por lo que la empresa se vio obligada a dar por terminados los contratos de trabajo de los empleados cuyos contratos fueron suspendidos, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentando esta decisión en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno del Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y certificación de la resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008, debido a lo anterior, su señoría es evidente que HONDUTEL no ha incurrido en violación de los derechos laborales de los demandantes, ya que si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice, también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder de tal suerte, tal como queda implícito en el artículo 117 del código del trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA o MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminados los contratos de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo de los actores, y no un despido tal y como pretenden hacer creer los demandantes; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Que al reclamo del pago de prestaciones laborales y demás derechos hasta la fecha que se dio por terminada la relación de trabajo es decir el 5 de febrero del 2015, es procedente el pago de las mismas, en vista que HONDUTEL se las ofreció a los ahora demandantes, quienes no las han querido aceptar, y lo único que pretenden ahora es acumular tiempo para que se les paguen salarios dejados de percibir lo cual sería injusto porque HONDUTEL nunca les ha negado el pago sus prestaciones laborales y demás derechos. En cuanto al pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por los actores, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código del Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código del Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código del Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (art. 117 del Código del Trabajo). Finalmente, alega que durante el período de suspensión les pagó a los demandantes una indemnización equivalente a 30 días de su salario, por no haberles dado el aviso de suspensión de sus contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido con 30 días de anticipación, acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 102 del Código del Trabajo, de lo que se deriva que los demandantes aceptaron y validaron de forma tácita la medida de suspensión al haber recibido los referidos pagos sin ninguna objeción, tal y como lo han hecho los demás trabajadores suspendidos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 1 de julio del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, condenó a la demandada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de derechos adquiridos, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes, durante el período en el cual se encontraban suspendidos sus contratos de trabajo, absolvió a la empresa del pago de indemnización de 30 días de salario, por la no notificación de la suspensión de la cual fueron objeto, sin costas; bajo el criterio que la demandada no probó en juicio tener justificación para el despido de los demandantes, en cuanto a los días de indemnización solicitados, el mismo se declaró sin lugar porque se probó que a los demandantes se les hizo un depósito con el pago de dichas cantidades.- 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 8 de septiembre del 2016, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A-quo, en el sentido de declarar con lugar la demanda para el pago del salario durante el tiempo de la suspensión del contrato individual de trabajo, confirmando la sentencia en sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que al no ser una suspensión legal, los demandantes se vuelven acreedores de todos sus derechos, así como el pago de los salarios que corresponden al término de la suspensión injustificada.- 5.-Mediante auto de fecha 14 de noviembre del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARCO TULIO PADILLA VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 11 de enero del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de marzo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “La sentencia impugnada es violatoria de la ley sustantiva y de orden nacional por infracción directa, por falta de aplicación de los artículos 95 numeral 19 del Código de Trabajo, en relación con el articulo 111 inciso 8 del mismo código, relacionada a su vez con la cláusula 82 párrafo cuarto del Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH; que literalmente dice: “...Hondutel se compromete que la terminación de relación de trabajo por supresión de plazas, ocurrirá solamente en casos estrictamente necesarios, siguiendo el procedimiento establecido y reconociendo el pago de los derechos del trabajador...”. (Cabe señalar que en la página 21 de la obra El recurso extraordinario de casación laboral de Luis Lagos Pantoja se instaura que: “Ley sustantiva es todo ordenamiento jurídico del orden nacional que consagra derechos y obligaciones correlativas, sin importar el código o la ley en donde se encuentre estipulada. En materia laboral, es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos para empleadores y trabajadores ligados por una relación de trabajo y regida por un contrato de la misma naturaleza. Pueden considerarse como tales: la Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo, leyes especiales de carácter laboral, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo y el fallo arbitral firme. Asimismo, deben tenerse en cuenta las normas procedimentales, cuando ellas consagren los mismos derechos y obligaciones”. Así, queda probado que procede el recurso de casación por infracción directa por la falta de aplicación de una cláusula del contrato colectivo vigente de la empresa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Existe infracción directa porque en la sentencia recurrida no se aplicó el artículo 95 inciso 19 del Código de Trabajo, por lo que se le vedó así a mi representada el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga. Así, la sentencia impugnada solamente adujo como argumento el que contiene su considerando 4, en el cual, después de reconocer que el articulo 111 del Código del Trabajo establece las causas de terminación de los contratos de trabajo, eludió detenerse a considerar que la terminación de los contratos de trabajo, como consecuencia lógica del fenómeno que imposibilita que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades, causó de manera ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas con base en los procedimientos establecidos en nuestra normativa, teniendo que suprimir puestos de trabajo por necesidad y no por placer, con el fin de evitar que se perdieran más puestos de trabajo. Por lo que en la nota de terminación de la relación de trabajo se les garantizó a los demandantes el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con el cálculo que se le adjuntó a la notificación, el cual fue elaborado de conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo y el Contrato Colectivo vigente, dejando claro que Hondutel siempre ha estado anuente a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales que les corresponden a los demandantes, pero ellos no las aceptaron a pesar de que lo único que tenían que hacer para reclamarlas era presentarse con su tarjeta de identidad en las ventanillas del Banco Atlántida, que era el encargado de liquidarlas.”.- III.- Que este cargo es inadmisible, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa o falta de aplicación de la ley se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la forma de la terminación de la relación laboral y ello fue objeto del material probatorio, por ende, fue un hecho del debate y no procedía el ataque al fallo por esa vía.- IV.- Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral anteriormente citada, por los siguientes motivos: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la cual se probó por los demandantes el despido injusto que da derecho a emplazar al patrono ante los Tribunales competentes para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales requerido en la demanda planteada, de lo que se infiere, ya que si bien es cierto en la sentencia de segunda instancia no se establece expresamente que la norma laboral aplicada por la Corte de Apelaciones del Trabajo son los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo, normativa legal aplicada de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales de los artículos 112 relacionadas con el artículo 113, sino que mas bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo la cual se hace de la siguiente manera: A) la terminación del contrato de trabajo de los actores se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el cual instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista Olvin E. Rodríguez, en su obra “Derecho Individual de Trabajo”, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce, que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el articulo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el paso de sus prestaciones e indemnizaciones laborales. y que ellos no quisieron aceptar; B) En cuanto al pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se baso en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el articulo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abog. Olvin E. Rodríguez, en su obra “El derecho Individual del Trabajo”, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T....”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continua manifestando que “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. De igual manera, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”, según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo, sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que los trabajadores, en este caso, solamente tienen derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente pero que ellos no quieren recibir), En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la parte demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente honorable corte suprema de justicia, ha quedado demostrada con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el articulo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, habiendo debido aplicar debidamente el articulo 111 numeral 8) del Código de Trabajo y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aun más las finanzas de la empresa al condenarla al pago de salarios dejados de percibir.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Censora del fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, si bien son normas sustantivas, las mismas cuentan con párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que el numeral primero del artículo 765 del mismo ordenamiento jurídico, contiene dos párrafos, mismos que contienen distintas causales o motivos de este extraordinario recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos de instancia e invoca disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 97, 98, 100 numerales 4, 5 y 15), 111 numeral 8), 117 y 126 del Código del Trabajo y 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo.- VI.- Que en su tercer motivo la Impetrante aduce: “Contener la sentencia del tribunal, decisiones que hicieron más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral dos del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Acuso a la sentencia de fecha 8 de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de contener decisiones que hicieron más gravosa la situación de Hondutel, quien apeló de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con las explicaciones siguientes: de la simple lectura de la parte resolutiva de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones específicamente en la parte resolutiva del fallo numeral “III. REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha 1 de julio del 2016, que corre a folios del 72 al 75 frente y vuelto de la primera pieza de autos de la forma siguiente: REVOCAR: los Numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada así: UNO a) Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de Representante Procesal de los señores ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO y MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA; en cuanto al pago del salario durante el tiempo de la suspensión del contrato individual de trabajo (del 4 de octubre del 2014 al 4 de febrero del 2015).- b) CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Representante Legal Gerente General señor JESÚS ARTUTO MEJÍA ARITA, a pagarle a los demandantes lo siguiente: ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO, a pagar la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 42,801.60) como salario que duro la suspensión del contrato individual de trabajo; a MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 264,080.40), por igual concepto por el tiempo de la suspensión del contrato individual del trabajo”.- No obstante, el fallo de la sentencia de la primera instancia, no contenía estos valores que condenan a Hondutel a pagar a los demandantes, y que establece en la parte resolutiva del fallo del numeral “TERCERO: se DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de apoderada de los señores ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO y MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA en cuanto al pago de salario durante la suspensión del contrato individual de trabajo y al pago de indemnización de 30 días de salario. CUARTO SE ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), al pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes aludidos durante el período en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el 4 de febrero del 2015, y de igual forma se ABSUELVE a la empresa demandada al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes”.- La Corte de Apelaciones se extralimitó en su jurisdicción, al tomar la decisión de hacer mas gravosa la sentencia de primera instancia condenando a Hondutel a pagar al señor ABNER CRISTOBAL MARTINEZ CENTENO la cantidad de L.42,801.60 y al señor MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LOPEZ la cantidad de L. 264,080.40 en concepto de salario que duró la suspensión del contrato individual de trabajo, sumando en su totalidad la cantidad de L. 306,882.00, y con ello se perpetró el reformatio in pejus por parte de la Corte de Apelaciones en contra de mi representada. Al respecto, nuevamente cito el Libro “El recurso Extraordinario de Casación Laboral”, del Autor, Luis Lagos Pantoja, en su página 66, numeral 6. SEGUNDA CAUSAL, que desarrolla la segunda causal del recurso extraordinario de casación laboral, que dice: “La segunda causal de casación laboral tiene ocurrencia por contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló en la primera instancia..., tiene que ver con el principio de la reformatio en pejus”. Y en la página 68 desarrolla de una forma más concreta el concepto de reformatio in pejus, del cual dice: “La reformatio in pejus consiste en la extralimitación de la jurisdicción determinada por el recurso interpuesto, y la extra petita es la extralimitación de la jurisdicción impuesta por la misma Litis. En la primera, por hacer más gravosa la situación del recurrente, se viola el artículo por el cual se establece el alcance del recurso, y en la segunda se usa una facultad que nunca corresponde al tribunal seccional, pues es exclusiva del juez de primera instancia”.- VII.- Que el anterior motivo no puede prosperar, porque la reforma peyorativa o reformatio in pejus, que ordena no se reformen las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar o en beneficio de quien no ha ejercido el derecho de impugnación procesal usando de los recursos que autoriza la ley, no puede aplicar en este caso, ya que el fallo de primera instancia fue recurrido por ambas partes y con esa base fue que se decidió la modificación del mismo.- VIII.- En el cuarto motivo de casación se alega: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa por aplicación indebida del artículo 129 y 331 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La aplicación indebida del articulo 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 331, radica en que, la ley instaura que la garantía constitucional de estabilidad laboral solamente se violenta cuando existe un despido, y en el caso de mérito lo que se dio fue una terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrono, y en el mismo oficio se les garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales que les corresponden, las que no quisieron aceptar los demandantes. Conculcando así el PRINCIPIO DE LIBRE EMPRESA instaurado en el artículo 331 de la Constitución de la República. Puesto que son decisiones eminentemente administrativas y patrimoniales de la empresa.”.- IX.- Que tampoco resulta admisible el anterior motivo, ya que se invocan dos formas distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la aplicación indebida, que debieron ser expuestas en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.- X.- Que en un sexto motivo de casación, aunque siguiendo el orden cronológico debió ser quinto, se sostiene: “La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por interpretación errónea en la aplicación de los artículos 101 párrafo primero y 102 párrafos primero y segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZÁNTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La parte actora estableció de manera errónea que para que la suspensión de un contrato de trabajo pueda ser utilizada como causa justa de terminación de los mismos es necesario que sea autorizada previamente por la Secretaría de Trabajo. Pero en ningún artículo del Código de Trabajo se instaura tal procedimiento, puesto que el artículo 101 párrafo primero del referido código establece de forma EXPRESA E INCONTESTABLE que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión. Por ende, se colige que, en este caso, la suspensión de contratos de trabajo surtió efectos desde el día en que se le notificó al trabajador, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes Mi mandante obró de forma apegada al artículo 101 ya citado relacionado con el artículo 102 párrafos primero y segundo, tanto así que, una vez notificada la suspensión, inició la comprobación de la causa en que se fundó la misma ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres (3) días posteriores a dicha notificación, aunado a que le pagó a los demandantes la indemnización equivalente a 30 días de salario, por no haberles dado el preaviso establecido en dicho artículo.”.- X.- Que se ha establecido doctrinalmente que la interpretación errónea es un tipo de infracción a la ley, que se produce al margen del material probatorio; en el presente caso la cuestión debatida tiene relación con la causa justificada de la terminación de la relación de trabajo y ello fue objeto de prueba, en consecuencia, resulta vano el ataque al fallo por el concepto invocado. Además, la interpretación errónea de la ley se produce cuando el juzgador habiendo aplicado la norma correspondiente al caso, le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir, que solo tiene lugar cuando el juzgador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la disposición considerada en sí misma con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular; ello requiere que el recurrente señale con precisión la forma en que el Ad-Quem haya incurrido en dicha infracción y además, que formule la interpretación correcta del precepto señalado como infringido, situación que no es formulada con acierto, porque en su explicación se hace mención que “…La parte actora estableció de manera errónea que para que la suspensión de un contrato de trabajo pueda ser utilizada como causa justa de terminación de los mismos es necesario que sea autorizada previamente por la Secretaría de Trabajo...”, omitiendo precisar el criterio empleado por el ad-quem,.- XIII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cinco motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cinco motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 543-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

20