Sentencia CL-540-17 — Registro 8467
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se acredite justa causa de despido y en su defecto que se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su formulación omite señalar las normas sustantivas infringidas, si bien lo realiza en explicación citando los artículos 97 y 112 del Código del Trabajo, dichas disposiciones cuentan con varios numerales y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas y no se indicó a cuál de ellas dirige su ataque; b) le falta claridad y precisión en el concepto de la infracción, porque invoca el error de hecho e interpretación errónea, que aunque se entendiera que el ataque es por la vía indirecta también omite las normas procesales que sirvieron de medio; y, c) realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede no puede prosperar y no es admisible, ya que: a) al igual que en el primero, no invoca el precepto legal sustantivo de orden nacional infringido, lo cual es uno de los requisitos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) invoca el concepto de infracción directa por falta de apreciación de determinadas pruebas y reiteradamente este Tribunal ha venido sosteniendo que la misma tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada; y, c) omite indicar el precepto autorizante en que considera comprendido dicho motivo. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de diciembre del 2017, por el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su condición de representante procesal del BANCO ATLÁNTIDA, S.A., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora EVA MARGARITA PALMA CARIAS, representada en juicio por el Abogado CLEVE CORDELL BODDEN DIXON. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se acredite justa causa de despido y en su defecto que se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 11 de junio del 2014, por la señora EVA MARGARITA PALMA CARIAS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Gerencia de Negocios, hondureña y con domicilio en Roatán; Departamento de Islas de la Bahía, contra el BANCO ATLÁNTIDA, S.A., a través del Vice-Presidente de la Región Atlántico y representante legal el señor ISMAEL REGALADO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2017, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de mayo del 2014, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando Sin Lugar la Tacha opuesta por la parte demandante en contra de los testigos propuestos por la parte demandadada.- 2) Declarando Sin Lugar el reclamo de pago de reajuste por 18 séptimo días reclamada por la parte demandante.- 3) Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LEGALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, promovido por la señora EVA MARGARITA PALMA CARIAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra del señor ISMAEL REGALADO ROMERO, también de generales expresadas, en su condición de Gerente Regional y Representante Legal del “BANCO ATLÁNTIDA, S.A”. -4) CONDENA, a la sociedad “BANCO ATLÁNTIDA, S. A”, a pagarle a la demandante EVA MARGARITA PALMA CARIAS, la cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL, CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS (L.407,403.00), que de :1) preaviso= 60 días= Lp.55,836.00; 2)auxilio de cesantía=10 meses (300 días) = L.279,180.00; 3) Auxilio de Cesantía Proporcional = 12.00 días=Lp.11,167.00.; 4) vacaciones adeudados 2 días=L.20,739.00; 5)Vacaciones proporcionales=7.25 díasL.5,783.00; 6)décimo tercer mes proporcional =15 días= L.11,965.00; 7) décimo cuarto mes proporcional =28.5 días=L.22,733.00.- 5) CONDENA asimismo a la demandada “BANCO ATLÁNTIDA, S.A” a pagar a la demandante EVA MARGARITA PALMA CARIAS a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme el presente fallo.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratada por la demandada el 15 de enero del 2004, por tiempo indefinido, primeramente como Cajera de Ventanilla, después como Auxiliar de Contabilidad, hasta alcanzar el puesto de Oficial de Agencia en este municipio de Roatán; que tenía un horario de trabajo de lunes a domingo, inclusive (se me concedía un domingo de descanso al mes) desde las nueve de la mañana hasta las seis y media de la tarde, devengaba un salario base mensual L.18,834.00, y un salario ordinario mensual de L.27,806.00; manifestó que la demandada le adeuda el pago y reajuste de 18 séptimo días (domingo) trabajados desde diciembre del 2013 hasta el 01 de junio del 2014 y que asciende a la suma de L.15,400.80, salario que se le adeuda, porque siendo día de descanso los mencionados días trabajados o domingos, la empresa estaba en la obligación de pagárselos en forma doble; sin embargo, solamente se le pagó la cantidad de L.400.00, como valor por cada día domingo o día de descanso trabajado, lo que era violatoria a la ley, razón por la cual se reclama el pago del mismo; además señaló que la institución demandada le adeuda 26 días de vacaciones correspondientes al periodo 2013-2014; que con fecha de 10 de junio del 2014, la empresa demandada haciéndole un relato de supuestos hechos acontecidos desde el 12 de abril del 2012 hasta el 23 de Mayo del 2014 y concluyendo que los mismos se subsumen en causas del despido como grave e inexcusable negligencia que puso en peligro y afecto el patrimonio de cosas y bienes del Banco. 2.- La parte demandada, el BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contestó dicha demanda rechazando hechos de la demanda y señalando que la demandante ingresó a laborar el 16 de enero del 2004 y que el horario regular de trabajo era de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; y que fue despedida el 10 de junio del 2014 pero no fue despedida injusta e ilegalmente, ya que la decisión fue amparada en derecho, y se reitera las causas por las que fue despedida y los fundamentos legales que se le hicieron del conocimiento en la nota de despido de fecha 10 de junio del 2014, se respetaron los Convenios Internacionales, la Constitución de la República y el Código del Trabajo, por lo que exonera de total responsabilidad a la demandada, para con la demandante. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de mayo del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora EVA MARGARITA PALMA CARIAS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Gerencia de Negocios, hondureña y con domicilio en Roatán; Departamento de Islas de la Bahía, contra el BANCO ATLÁNTIDA, S.A., a través del Vice-Presidente de la Región Atlántico y representante legal el señor ISMAEL REGALADO, condenó a la parte demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.407,403.00, en concepto de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones adeudados; vacaciones proporcionales; décimo tercer mes proporcional; décimo cuarto mes proporcional; asimismo condenó a la demandada a pagar a la demandante a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que en base a la sana crítica y la libre formación del convencimiento, concluye que el despido fue injusto e ilegal al no establecer y probar en forma fehaciente hechos cometidos por la demandante que justificaran su despido; que habiendo la parte demandante opuesto tacha en contra de los testigos Gerardo Antonio Moreno y Sara Sambrano propuestos por la parte demandada, por ser empleados de la misma, dicha tacha se declara sin lugar al tenor de lo establecido en el Artículo 41 del Código del Trabajo que señala que los testigos pueden ser trabajadores al servicio del patrono; por lo antes expuesto es procedente declarar sin lugar la Tacha opuesta en contra de los testigos propuestos por la parte demandada, sin lugar el reclamo de pago de reajuste de séptimo día; asimismo declarar no justificado el despido de la demandante y por lo tanto injusto e ilegal el mismo y en consecuencia declarar con lugar la demanda y condenar a la sociedad demandada; al pago de vacaciones adeudadas, prestaciones e indemnizaciones legales, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo hasta aquella en que con sujeción al Código del Trabajo quede firme la presente sentencia. 4.- La Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 29 de septiembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en referencia a lo establecido por el demandante y recurrente de que se reforme parcialmente la sentencia en la parte donde se le declara sin lugar el reclamo del reajuste salarial respecto del pago de 18 séptimos días este Ad-quem considera que el demandante no acreditó con prueba alguna que no se le haya hecho efectivo el pago por dicho concepto, por lo cual resulta improcedente dicho reclamo. 5.- Mediante auto de fecha 08 de noviembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, en su condición de representante procesal del BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 08 de diciembre del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, en su condición de representante procesal del BANCO ATLÁNTIDA, S.A., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 11 de diciembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de marzo del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado CLEVE CORDELL BODEN DIXON, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado, FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON en el primer motivo de casación expone: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional POR ERROR DE HECHO E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA ya que el tribunal Ad Quem interpreto erróneamente las pruebas aportadas al juicio y que lo constituyen entre otras, EL INFORME DE AUDITORIA Y EL ACTA NOTARIAL que corren a folio 25 frente en los que se refieren a los sub títulos: DECLARACIÓN DE LA OFICIAL EVA MARGARITA PALMA CARIAS y DE OTROS ASPECTOS IMPORTANTES y folios 30 al 33 de la primera pieza de autos, que contiene el ACTA NOTARIAL en donde se hace relación a las causales de despido que le fueron aplicadas a la demandante precisamente en el folio 31 frente renglones del diez (10)al diecinueve (19), por error de hecho EN VIRTUD DE SER PRUEBAS AUTORIZADAS POR LA LEY y que la corte recurrida dejo de interpretar de manera correcta constituyendo desde luego una interpretación errónea de las mismas, por no haberles dado un verdadero valor y sentido jurídico tal como lo ordena la ley, interpretación errónea de las causales de despido que alega la Corte no fueron suficientemente claras lo cual es incorrecto perdiendo los señores Magistrados su función juzgadora además de violentar ciertos principios jurídicos con los cuales se valora un juicio a tal grado de negar su propia competencia y expertis del tema al señalar que debe darse por sentado de manera absoluta los errores del Juez de primer grado háyase visto tal aberración jurídica, principios tales como el de inmediatez jurídica objetividad, valoración y carga de prueba etcétera en tal sentido la Corte recurrida se equivoca al confirmar el fallo de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Las disposiciones legales contenidas en los artículos 97 y 112 del Código del Trabajo, son claras y su aplicación debe ser concreta, en el sentido de que dichas normas jurídicas se refieren a las obligaciones de los trabajadores en el desempeño de su trabajo y a las causales por las cuales el patrono goza de la libertad de despedirlo, respetando desde luego el derecho de ser oído el trabajador en audiencia de descargo, sobre las imputaciones que al efecto se le hagan, derecho consignado en la Constitución de la República, o sea el derecho a la defensa, a fin de justificar su conducta laboral, en el caso particular la demandante fue respetada en su derecho, al haber sido escuchada en la audiencia respectiva de descargo, tal como se estipula en Acta Notarial que corre a folios (30 al 33) de la primera pieza de autos precisamente a folio 30 vuelto renglón 15 y 16 y posteriormente se le notico su despido con fundamento en los artículos 112 letras e), i) y l), esta última en relación con el articulo 97 numerales 1) y 2), todos del Código del Trabajo, en donde NO ACEPTO SU RESPONSABILIDAD, en el desempeño de su trabajo, pero que con la prueba testifical quedo acreditado las causales de despido y la responsabilidad en las mismas de la demandante (ver folio 35 vuelto renglones del 21 al 43 al señalar que por el cargo que ostentaba la demandante estaba enterada del procedimiento que debía utilizar, en tal sentido Honorables Magistrados al desconocer dicha prueba la Corte recurrida viola la ley sustantiva de orden nacional POR ERROR DE HECHO E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, dichas pruebas antes singularizadas y aplicas e interpretadas erróneamente de acuerdo a los artículos 97 y 112 del Código del Trabajo; en la parte DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO NUMERAL DECIMO PRIMERO de la sentencia la Corte recurrida no señala puntualmente en que fundamenta jurídicamente su decisión para declarar no ha lugar el recurso de apelación del cual se hizo merito, sino que señala una serie de disposiciones jurídicas que al solo revisarlas no se apegan al caso concreto que nos ocupa; tal es caso del artículo 111 del Código del Trabajo; que habla del despido verbal aun cuando a la demandante se le despidió por escrito y si ella no quiso recibir el mismo eso no lo vuelve verbal tal como lo da entenderla corte de apelaciones, desde ahí Honorables Magistrados la Corte recurrida incurre en el motivo expuesto.- En tal sentido Honorables Magistrados al tener Juzgadores con tal desconocimiento en la tarea que les ha sido confiado en nombre del Estado de Honduras, que es el juzgar o tomar decisiones en casos concretos, pone en precario la estabilidad jurídica del Poder Judicial al cual los ciudadanos ponemos a su conocimiento los litigios que no pueden dirimir, para que personas supuestamente especializadas en las diferentes materias tomen las decisiones por nosotros en nombre de nuestro País, como un Estado de Derecho. Por lo anterior se configura la violación de la Ley sustantiva de orden nacional al haber interpretado erróneamente dicho medio de prueba tanto el Juez Ad-Quo como el Tribunal Ad-quem, y la Corte confirma una sentencia de primera instancia en donde el Ad-quo más pareciera el Abogado representante procesal de la demandante que Juez (de hecho actué como tal), y la sentencia más pareciera alegatos de instancia del Juez, que una verdadera sentencia con valoraciones de pruebas, lo que no ocurrió y que la Corte de manera indebida interpreto incorrectamente al confirmar una sentencia fuera de todo contexto jurídico, en virtud de que se recurrió a la doctrina y principios que no calzan con el caso concreto que nos ocupa lo cual ruego a esta Honorable Corte Suprema de Justicia corregir, DECLARANDO HA LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN POR ESTE MOTIVO.”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su formulación omite señalar las normas sustantivas infringidas, si bien lo realiza en explicación citando los artículos 97 y 112 del Código del Trabajo, dichas disposiciones cuentan con varios numerales y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas y no se indicó a cuál de ellas dirige su ataque; b) le falta claridad y precisión en el concepto de la infracción, porque invoca el error de hecho e interpretación errónea, que aunque se entendiera que el ataque es por la vía indirecta también omite las normas procesales que sirvieron de medio; y, c) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que se formula un segundo motivo de casación en la forma siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional POR INFRACCIÓN DIRECTA POR FALTA DE APRECIACIÓN DE DETERMINADAS PRUEBAS ya que el tribunal Ad Quem aprecio incorrectamente las pruebas aportadas al juicio, en virtud de que no estudio el mismo y solo siguió lo que el Ad-quo, hizo al señalar que la VALORACIÓN PROBATORIA DE LOS ÓRGANOS ENJUICIADORES DEBE DE SER RESPETADA POR LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN; AUN HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CUANDO EN ESTE CASO ES EVIDENTE Y NOTORIO QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INCURRIÓ EN ERROR DE HECHO, tal como acontece en que por infracción directa por falta de apreciación de las pruebas siguientes: 1.- DOCUMENTAL: a) Informe de audiencia interna de Banco Atlántida de fecha 23 de mayo de 2014, (folio 24 al 26 de la primera pieza de autos).- b) Acta Notarial, de fecha 10 de junio de 2014, contenida (folios 30 al 33); 2.- TESTIFICAL: Declaración de los testigos señores; a) RENÉ ALCIDES PEÑA (folio 34 vuelto parte final al comienzo del folio 35 frente); b) GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES (folio 35 frente de la media página hacia abajo y vuelto); c) MARIA SARA IZAGUIRRE FUNES (folio 36 frente tampoco la Honorable Corte de Apelaciones estudio el caso, me refiero a los medios de prueba aportados al mismo y singularizados, y en tal sentido dicha violación debe ser corregida por esta Honorable Corte Suprema, es grave, porque la Corte de Apelaciones ni siquiera hace un esbozo para manifestar que es lo que los llevo al convencimiento del porque ellos consideran que el Ad-quo tiene la razón y del porque confirman incorrectamente la sentencia de primera instancia, SOLO SE LIMITAN A DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN Y A REFORMAR EL FALLO QUE SE RECURRE EN ALZADA DICTADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, tal aberración jurídica solo deberá dar lugar a DECLARAR HA LUGAR TOTALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN POR ESTE SEGUNDO MOTIVO, y aún más la misma Corte recurrida incurre en error AL NO APRECIAR EL PRINCIPIO DE VERDAD PROCESAL, que dice: “Los Juzgados deben emitir su fallos con base en las pruebas aportadas independientemente de que pudiera darse el caso que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba” .Principio que en lo absoluto aplico la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, ya que sencillamente al leer y estudiar este caso se concluye: que la parte que a demostrado que le asiste el Derecho y la razón, ha sido mi representado el Banco Atlántida S. A.”. V.- Que el cargo que antecede no puede prosperar y no es admisible, ya que: a) al igual que en el primero, no invoca el precepto legal sustantivo de orden nacional infringido, lo cual es uno de los requisitos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) invoca el concepto de infracción directa por falta de apreciación de determinadas pruebas y reiteradamente este Tribunal ha venido sosteniendo que la misma tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada; y, c) omite indicar el precepto autorizante en que considera comprendido dicho motivo. VI.- Que el Impetrante pide se declare la nulidad subsidiaria, por lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. En el presente juicio se solicita la nulidad subsidiaria en virtud de que la Corte de Apelaciones que emitió la sentencia recurrida, en ninguno de sus considerandos los Honorables Magistrados de Segunda instancia se preocuparon por estudiar el presente caso, incurriendo en responsabilidad, en virtud de que en la exposición de sus considerandos no se encuentran motivaciones que lleven a creer que estudiaron este caso, AUN CUANDO PREVIAMENTE HABLA EMITIDO DOS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS EN LA QUE CORREGÍAN LOS CRITERIOS EQUIVOCADOS DEL JUEZ A-QUO, VER FOLIOS 38 AL 45 DELA PRIMERA PIEZA DE AUTOS, Y QUE CORRESPONDE AL FALLO DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE EN LA CUAL EN LA PARTE DISPOSITIVA, ESPECÍFICAMENTE EN EL HECHO TERCERO, SE ORDENO ADMITIR AL TESTIGO VÍCTOR O. PALMA TESTIGO PROPUESTO POR EL BANCO ATLÁNTIDA S.A COMO PARTE DEMANDADA (FOLIO NUMERO 45 FRENTE DE LA PRIMERA PIEZA); YA QUE EL FALLO DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE EN EL CUAL EN SU PARTE DISPOSITIVA ESPECÍFICAMENTE EN EL HECHO SEGUNDO, DONDE SE RATIFICO LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ADMITIR EL INTERROGATORIO DE LOS TESTIGOS GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES Y MARIA SARA IZAGUIRRE FUNEZ, TESTIGOS PROPUESTO POR EL BANCO ATLÁNTIDA S.A, Y CUYA CERTIFICACIÓN DE DICHO FALLO INVEROSÍMILMENTE “NO APARECE AGREGADA EN AUTOS EN LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS” Y QUE EN ESTE ACTO ACOMPAÑO A ESTE ESCRITO DE FORMALIZACIÓN DE ESTE RECURSO UNA COPIA SIMPLE QUE ME EXTENDIÓ EN EL MOMENTO DE PROFERIR EL FALLO LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA Y POR SI LO ANTERIOR NO FUERA SUFICIENTE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE ESTA HONORABLE CORTE, ORDENÓ SOBRESEER EL AMPARO INTERPUESTO POR EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE, VER FOLIOS 55 AL 57 TAMBIÉN DE LA PRIMERA PIEZA, Y SOBRE EL FALLO DE FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO AL AMPARO QUE INTERPUSO EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE, EN EL CUAL LA SALA CONSTITUCIONAL DENEGÓ DICHO RECURSO, “LA CERTIFICACIÓN DEL MISMO NO APARECE TAMBIÉN AGREGADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE DE LA PRIMERA PIEZA”, COPIA QUE ACOMPAÑO TAMBIÉN A ESTE ESCRITO. Los magistrados de la Corle Segunda de Apelaciones de La Ceiba se plegaron o acomodaron a los análisis incorrectos que hizo el juez de primera instancia (lo que podrán comprobar, vosotros Honorables Magistrados de esta Honorable Suprema Corte, con darle una simpe leída y revisión a dicho fallo), violando el procedimiento y así se lo hice ver a la Corte recurrida la cual tampoco tomo en consideración a lo manifestado haciendo caso omiso a tales alegatos a pesar de constar en autos (ver folio 50 frente parte final al folio 52 frente de la primera pieza de autos y folio 4 al 9 frente de la segunda pieza de autos) y corregir la ignorancia inexcusable del Juez Adquo, plasmada en la sentencia definitiva de primera instancia de fecha treinta de mayo del 2011 (folio 65 al 68 frente y vuelto del expediente de la primera pieza de autos), la misma no es clara ni precisa no congruente con lo pedido y ante todo con lo PROBADO, faltando a los requisitos esenciales de las sentencias y en tal sentido vuelve nula la misma, tal como lo establecen los artículos 1586 numerales 1) y 2); 1589 y 1596 del Código Civil Vigente; y, artículos 207, 208 numeral 1, 212 numeral 4, 422 y 556 numeral 3 del Código Procesal Civil.”. VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, lo primero que tenemos que destacar de la pretensión de nulidad es, además de su carácter excepcional y subsidiario es que no estamos ante la nulidad de los actos procesales que se puede solicitar a lo largo del proceso; sin embargo estudiado la petición del Censor del fallo, no se advierte que se haya planteado ninguna situación que afecte efectivamente el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 540-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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