Sentencia CL-539-17 — Registro 8466
Resumen
Segunda instancia reformó el fallo declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el pago de prestaciones sociales, salarios dejados de pagar por el patrono, derechos adquiridos, días feriados trabajados y no pagados, horas extraordinarias de trabajo no pagadas por el patrono, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se le deba, por despido sin causa justificada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la aplicación indebida tiene lugar con prescindencia del haz probatorio; y b) realiza alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTES SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de febrero del 2018, por el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE R., mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil SHOMER DE HONDURAS. S.A. DE C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, el señor STUART ARMANDO TOVAR VILLEDA, representado en juicio por el Abogado OLVIN DAVID MARTÍNEZ ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el pago de prestaciones sociales, salarios dejados de pagar por el patrono, derechos adquiridos, días feriados trabajados y no pagados, horas extraordinarias de trabajo no pagadas por el patrono, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se le deba, por despido sin causa justificada, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 04 de diciembre del 2015, por el señor STUART ARMANDO TOVAR VILLEDA, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés, contra la Sociedad Mercantil SHOMER DE HONDURAS. S.A. DE C.V., a través del señor JUAN RICARDO MAZIER SOLIS., mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 21 de junio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: Uno: Declarando parcialmente ha lugar, el recurso de apelación formulado por el Abogado Olvin David Martínez en su condición de apoderado legal del trabajador demandante, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el veintiuno de Junio del año dos mil diecisiete en el procedimiento iniciado con la demanda Ordinaria Laboral promovida por el trabajador Stuart Armando Tovar Villeda, en contra de la sociedad mercantil denominada “Shomer de Honduras, S.A.”, a través de su representante legal, todos de generales conocidas en el proceso; en consecuencia se reforma el citado fallo, reforma que se contrae a: 1) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA para el pago de derechos laborales entre rubros indemnizatorios por motivo de despido ilegal e injusto; 2) Condenar a la entidad demandada al pago de preaviso, auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantea proporcional, mas a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que cause ejecutoria la sentencia; 3) fijar como monto total de condena la suma de LPS.59,396.58 que corresponden, a: Preaviso Lps.20,533.33; Auxilio de Cesantía Lps.20,533.33; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.3,279.63; mas, lo que otorgará el a quo en concepto de derechos adquiridos; Dos confirmándose el citado fallo en todos sus demás extremos.- Sin costas en esta instancia en atención a los principios que protegen a la persona a favor de quien se ha surtido la apelación y ser atendido parcialmente el recurso”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inicio la relación de trabajo el 16 de julio de 2013, como Digitalizador de Asistencia Monitoreo; devengaba un salario inicial de L. 7,417.00; mediante contrato individual de trabajo por 2 meses al inicio y después por 4 meses y que por ello se convirtió en contrato por tiempo indefinido; que posteriormente fue asignado como Operador del Centro de Operaciones, devengaba un salario de L.8,800.00 hasta el día que se dio el despido el 17 de octubre del 2015; que el despido se realizó sin causa justa, y que el 23 de septiembre de 2015, a las 10:42 a.m. recibió solicitud de custodia del cliente CROWLEY a quien la demandada le ofreció el servicio de custodio a bordo por seguridad, porque en ese momento a la demandada viajaría a la República de Nicaragua, vía frontera Guasaule, por lo que a las 12:30 Meridiano procedió a ubicar el custodio para el servicio de la 1:00 de la tarde, hora que tenía salir del Parque Elcatex, Choloma Cortés; y que al ubicar al custodio que se encargaría de acompañar y dar seguridad a la unidad, “yo procedí a enviarle el status del oficial ubicado a la espera de la unidad, hasta las 5:00 pm. de ese día, que fue la hora que entregó, o sea que desde las 12:30 hasta las 5:00 pm, que entregó turno yo estuve monitoreando al custodio y enviándole status al cliente, resultando que dicho contenedor salió de Elcatex, como a las 18:00 horas, tiempo para el cual ya había salido del turno, ya que le tocó salir a las 17:00, dejó al reemplazante como consigna por escrito nota que decía que si la unidad salía, tenía orden dicha unidad de quedarse pernoctando en predio propiedad de la demandada, en la ciudad de Siguatepeque ya que no tenía permiso para transitar de noche hasta frontera, resultando que el piloto, conductor del contenedor hizo caso omiso a dicha orden y manifestó que iba a llegar manejando la unidad hasta donde el aguantara; señaló que avanzó, sin la orden respectiva, o sea pernoctar en Siguatepeque, y entrando a la ciudad de Comayagua, lo despojaron de la unidad, o sea del contenedor, al día siguiente que llegó a las labores se dio cuenta por el compañero que le entregó turno del problema, y el señor jefe del centro de operaciones, comenzó a hostigarlo, aduciendo que fue por la culpa del emanante, por no haber pedido carta de exoneración, o sea autorización de transito nocturno, se robaron la unidad y que por lo mismo la empresa era la responsable de tal situación o sea de pagar o cubrir los daños y perjuicios a la empresa CROWLEY y fue hasta el 24 de septiembre de 2015, que la demandada por parte de la Gerencia de Guatemala envió correo manifestaron que las unidades podrían transitar después de las 16:00 horas, con una carta de exoneración o sea nota donde se liberara a la demandada de cualquier responsabilidad por cualquier percance que llegase a sufrir en el camino; por lo que lo sucedido no tuvo responsabilidad, ya que el motorista no acato instrucciones. 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil SHOMER DE HONDURAS. S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que en fecha 23 de septiembre del 2015, el demandante, estando en servicio no siguió el procedimiento establecido para la circulación de los vehículos en horas de la noche, en relación a que se debió solicitar al cliente autorización y en tanto el no autorizar los vehículos deben pernoctar en el Predio ubicado en la ciudad de Siguatepeque, ésta desobediencia provocó que un vehículo del cliente CROWLEY viajara en horas de la noche sin la debida autorización, el que fuera objeto de robo y, en consecuencia, fuera responsabilizada la demandada, por la grave negligencia del demandante, tal como lo contempla, entre otros el literal d), del artículo 112, del Código del Trabajo; además alegó que al momento de la terminación del contrato de trabajo con el demandante se le hizo la correspondiente liquidación de los derechos adquiridos, lo que arrojó la suma de L.15,095.28, y se le dedujo la suma de L.8,268.30, quedándole un saldo neto de: L.6,826.98, los cuales se negó a recibirlos, cantidad que se detalló así: Vacaciones: L.5,475.56; Decimotercer Mes L.6,991.78; Decimocuarto Mes L. 2,627.94, para un total de L.15,095.28 que corresponden a derechos adquiridos, que el demandante tenía préstamo con una Cooperativa de Ahorro por L.8,000.00; se le dedujo, en concepto de Impuesto Municipal personal L.268.30. Igualmente se le acreditará en el presente Juicio. Lo que arroja la suma de L.8,268.30, dando como saldo neto de L.6,826.98, en concepto de derechos adquiridos. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de junio del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor STUART ARMANDO TOVAR VILLEDA, contra la Sociedad Mercantil SHOMER DE HONDURAS. S.A. DE C.V., a través del señor JUAN RICARDO MAZIER SOLIS; condenó a la empresa demandada a pagar al demandante la cantidad de L.15,050.29), en concepto de derechos adquiridos, sin costas; bajo el criterio que el trabajador demandante no probó fehacientemente que el despido de que fue objeto haya sido injusto; que el contrato de trabajo del demandante llegó a su finalización por decisión unilateral del patrono, decisión que en dicha circunstancias implica responsabilidad económica laboral del patrono a favor del actor por lo que es procedente atender el reclamo de pago de derechos adquiridos como ser: vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional; que consta en autos que el demandante devengaba la cantidad de L. 8,800.00 como salario base mensual y como salario promedio diario L. 342.22; que los derechos adquiridos debe el patrono pagarlos al trabajador, al retirarse de su trabajo por cualquier circunstancia y que la parte demandada acredito con el acta de descargo, las faltas cometidas por el trabajador y que dieron lugar al despido; y por las razones de hecho y de derecho expuesto este Tribunal estima procedente declarar sin lugar la demanda de merito. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 27 de septiembre del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, quien Declaró parcialmente ha lugar, el recurso de apelación formulado por el apoderado legal del trabajador demandante, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el 21 de junio del 2017; reformó el citado fallo, en donde declaró con lugar la demanda para el pago de derechos laborales entre rubros indemnizatorios por motivo de despido ilegal e injusto; condenó a la entidad demandada al pago de preaviso, auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantea proporcional, mas a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que cause ejecutoria la sentencia; fijó como monto total de condena la suma de L. 59,396.58 por dichos conceptos; mas, lo que otorgará el a quo en concepto de derechos adquiridos; y confirmó el fallo en todos sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que confrontada la sentencia con el material probatorio y las disposiciones legales citadas, de acuerdo a los principios de la sana critica, contrario a lo aseverado por él a quo, no es al trabajador a quien le corresponde probar la injustificación del despido, sino a la demandada la justificación de la causa invocada en atención a la obligación contenida en el ya citado artículo 113; y del proceso no consta la existencia de las ordenes o instrucciones que el trabajador incumplió el día miércoles 23 de septiembre del 2015, reiterándose lo dicho en cuanto a que, la autorización para transito nocturno según lo expresara el trabajador en la audiencia de descargo, fue notificado hasta la fecha del levantamiento de la audiencia y la aseveración; en razón de lo anterior, se estima parcialmente atendible el recurso de apelación debiendo reformarse la sentencia en ese sentido. 5.- Mediante auto de fecha 08 de noviembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE R., en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil SHOMER DE HONDURAS. S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 08 de febrero del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE R., en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil SHOMER DE HONDURAS. S.A. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 12 de febrero el 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 marzo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OLVIN DAVID MARTÍNEZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE R, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida del artículos 113, reformado, párrafo primero del Código de Trabajo en relación 95 de la Constitución de la República y 200 literales c y d, 207 numeral 2 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1°. párrafo 1°. del artículo 765 del Código de Trabajo.- LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. Honorables Magistrados, el Ad quem, al Reformar, Declarando con Lugar la Demanda, Condena r y Confirmar en los demás extremos el fallo recurrido, incurre en violaciones a la ley y las atribuciones del Juez de Letras del Trabajo de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción, violando con ello la ley. La aplicación indebida de artículo 113, reformado, párrafo primero del Código de Trabajo, consiste en aplicar dicha disposición jurídica a un hecho con el cual no existe relación directa ni indirecta con la misma, ya que éste se refiere al caso específico y que, en su parte conducente señala: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar. . .“; al aplicar indebidamente esta disposición, artículo 113, párrafo primero del Código de Trabajo, la llevó a condenar a la demandada arbitrariamente, ya que no consta en autos que la acción interpuesta por el trabajador demandante sea la de “Emplazamiento”, sino que fue la de: “Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia que para el Pago de Prestaciones Sociales, . .“ a lo que está obligado, dicho actor, a probar en juicio según la ley, que el despido haya sido injusto e ilegal, extremo éste que no acreditó en autos; Y al fallar el Tribunal Requerido en los “FUNDAMENTOS DE DERECHO: Primero: comunicada la terminación del contrato de trabajo por decisión patronal, por disposición del artículo 113 del Código de Trabajo, corresponde a ésta la obligación de probar la justificación de la causa en que fundó el despido; ...“ ver folios 16 vuelto y 17 frente; y “... contrario a lo aseverado por el a quo, no es el trabajador a quien corresponde probar la injustificación del despido del despido, sino a la demandada la justificación de la causa invocada en atención a la obligación contenida en el ya citado artículo 113;...” ver folio 17 vuelto; ambos folios 16 y 17 de la segunda pieza. Honorables Magistrados, la Corte Sentenciadora recurrida, al proceder de tal manera y que cuya disposición jurídica corresponde únicamente a la acción de Emplazamiento por parte del trabajador, la lleva a condenar a la empresa demandada, SHOMER DE HONDURAS, S. A. de C. V., arbitrariamente con el consiguiente daño patrimonial al obligarla a pagar sumas de dinero injustamente.- En tal virtud es procedente admitir el presente Recurso en este motivo”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la aplicación indebida tiene lugar con prescindencia del haz probatorio; y b) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Honorables Magistrados, la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el miércoles veintisiete (27) de septiembre de dos mil Diecisiete en el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en la demanda objeto del presente Recurso de Casación, incurrió en el yerro siguiente: La Honorable de Apelaciones del Trabajo, ya relacionada, al proferir su fallo, dice: “1) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA para el pago de derechos laborales entre rubros indemnizatorios por motivos de despido ilegal e injusto; 2) Condenar a la entidad demandada al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia; 3) fijar como monto total de condena la suma de LPS.59,396.58 que corresponden, a: Preaviso Lps. 20, 533.33; Auxilio de Cesantía Lps. 20, 533.33; Auxilio de Cesantía proporcional Lps. 3,279.63; más, lo que otorgará el a quo en concepto de derechos adquiridos; Dos confirmándose el citado fallo en todos sus demás extremos. Honorables Magistrados, la acción promovida por el actor, STUART ARMANDO TOVAR VILLEDA, se contrae a: “Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el Pago de Prestaciones Sociales, derechos adquiridos, días feriados trabajados y no pagados, horas extraordinarias de trabajo no pagadas por el patrono, otros conceptos económicos adeudados, salarios dejados de percibir y las Costas del Juicio.” De lo anterior se desprende señores Magistrados, que al Fallar: A) “1) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA para el pago de derechos laborales entre rubros indemnizatorios por motivos de despido ilegal e injusto;” existe enorme diferencia entre el pago de prestaciones sociales reclamado y “el pago de derechos laborales entre rubros indemnizatorios por motivos de despido ilegal e injusto;” y que desnaturaliza la acción entablada.- B) Asimismo, señores Magistrados, el tribunal recurrido, resuelve; “3) fijar como monto total de condena la suma de LPS.59,396.58 que corresponden, a: Preaviso Lps. 20, 533.33; Auxilio de Cesantía Lps.20,533.33; Auxilio de Cesantía proporcional Lps. 3,279.63; más, lo que otorgara el a quo en concepto de derechos adquiridos;” Sin embargo este punto contiene ciertas incongruencias: 1) señala el monto total de condena la suma de LPS.59, 396.58 con los montos y conceptos no concuerdan, ya que éstos arrojan la suma de L.44,346.29; 2) y, además, señores Magistrados, no se señala de donde surgen: salarios ni la antigüedad para el cómputo de los mismos; y, 3) y, finalmente, Honorables Magistrados, el Tribunal recurrido declara “dos” ‘confirmándose” el citado fallo en todos sus demás extremos.- Los artículos 206 del Código Procesal Civil, señalan: “1. Las sentencia deben ser claras, precisas y exhaustivas”.- “208: CONGRUENCIA.- 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. De tal manera, Honorables Magistrados, que al proceder tal como queda dicho, el tribunal requerido al proferir su fallo, violenta las disposiciones jurídicas señaladas; siendo procedente subsanar tal imprecisión anulando dicho fallo de conformidad con la ley en beneficio del interés público”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 539-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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