Sentencia CL-530-16 — Registro 7675
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia proferida por el a quo, declarando sin lugar la demanda, absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." El Ad quem se fundamenta en el artículo 11 numeral 1 del Código de Trabajo, careciendo de relación con la causa de pedir del demandante, pues la causa no trata sobre la contratación de hondureños y extranjeros. XII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. XIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. XIV. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. " Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. ". En relación a la exhaustividad de la sentencia vista en recurso, en relación a la normativa jurídica, es deber del tribunal de segunda instancia velar por el criterio jurisprudencial dictado por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en relación a la continuidad en el trabajo, el carácter de excepcionalidad, la suscripción de contratos por tiempo limitado en un mismo año, en relación a los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, en consonancia con el principio protectorio y primacía de la realidad.- Careciendo en consecuencia de exhaustividad." Que de conformidad con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en material laboral conforme el artículo 858 del Código de Trabajo, el órgano judicial deberá entrar a conocer de los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.". Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en Recurso de Casación Laboral presentado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 28 de febrero de 2017, por la Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ; además, es parte recurrida, la ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA, representada en juicio por el Abogado JOSÉ MARIA ALEMAN PORTILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal e injusto, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, reconocimiento de derechos profilácticos, costas, promovida ante el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Danlí, en fecha 18 de marzo del 2016, por la Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en su condición de representante procesal del señor MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor MANUEL AMAYA MONTOYA, mayor de edad, soltero, hondureño, Agricultor, residente en el municipio de Masaguara, Intibucá. El recurso de hecho se interpuso en contra el auto de fecha 26 de septiembre del 2016, proferido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, mediante el cual se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de agosto del 2016, misma que REVOCA la sentencia de fecha 10 de junio del 2016, proferida por el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA, emitida por el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá, en las diligencias laborales incoadas por el señor Marcio Eliseo Cartagena Ortiz, contra la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá; en la cual en su parte dispositiva “Falla PRIMERO: Declarando con lugar la denominada DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES LABORALRES POR DESPIDO ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RECONOCMIENTO DE DERECHOS PROFILACTICOS…COSTAS.- SEGUNDO: CONDENA al demandando Manuel Amaya Montoya en su condición de presidente de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCÁ, al pago de los derechos laborales al doctor MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ que corresponde a: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones profilácticas, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones dejadas de percibir, bonificación adicional, reajuste de pago de salario a favor del médico MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ, en atención al cálculo de prestaciones, por la cantidad de trescientos cincuenta y dos mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y siete centavos (Lps.352.926.37); más el reconocimiento de los daños y perjuicios.- SIN COSTAS…” SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la denominada DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES LABORALRES POR DESPIDO ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RECONOCMIENTO DE DERECHOS PROFILACTICOS…COSTAS.- TERCERO: SE ABSUELVE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CONOCIDA COMO MAMUNI REPRESENTADA POR EL SEÑOR MANUEL AMAYA MONTOYA en su condición de presidente al pago de derechos laborales al doctor MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ, que corresponde a: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones profilácticas, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones dejadas de percibir, bonificación adicional, reajuste de pago de salario a favor del médico MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ, en atención al cálculo de prestaciones por la cantidad de trescientos cincuenta y dos mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y siete centavos (Lps 352.926.37); más daños y perjuicios.- CUARTO: SIN COSTAS.”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la Unidad de Salud del Césamo “Camilo Girón” del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; actividad laboral que comenzó en fecha 21 de enero del año dos 2013, bajo la modalidad laboral de contrato escrito por tiempo determinado, para desempeñarse como Médico Asistencial, haciendo las funciones que se detallan el cláusula segunda de los contratos que se acompañan a la demanda de mérito; no obstante desde el 1 de abril del año 2015, después de estar bajo la subordinación de la Unidad de Salud del Césamo “Camilo Girón” del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, dicha Unidad pasó a ser administrada por la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI) de acuerdo al Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios de Salud, y el Gestor Mancomunidad MAMUNI, Mancomunidad que continuó funcionando con el mismo personal, por lo cual continuó laborando en esencia para el mismo patrono, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Código del Trabajo y percibiendo un sueldo mensual de L.31.400.00. Que a lo largo de los 2, años 11, meses 11 días que se desempeñó como Médico Asistencial de la MAMUNI, firmó 6 contratos bajo la misma modalidad y con las mismas cláusulas, los cuales reúnen claramente los tres elementos esenciales que exige el artículo 20 del Código de Trabajo para que se considere un Contrato Individual de Trabajo; pero resulta que en el mes de diciembre del año 2015, solicitó sus vacaciones correspondientes al año 2015; todo en virtud que en esa época del año acuden menos cantidad de pacientes a diferencia del resto del año; aconteciendo que en días posteriores la Administradora, la Perito Mercantil Lesly Inestroza de la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá, lo llamó vía telefónica para concertar una reunión, cuyo objetivo desconocía, luego en dicha reunión se discutió la reducción de salarios para todos los médicos del Gestor de Salud de la Mancomunidad, aduciendo que carecían de fondos para pagar el arancel de los médicos; y que luego fue sorprendido con la entrega de la carta de despido de fecha 29 de diciembre del año 2015, donde claramente la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá a través de su Presidente, decidió unilateralmente dar por terminado el contrato antes de su vencimiento y sin darle el preaviso concertado en el dicho contrato en la cláusula decimotercera, referente a las cláusulas de rescisión del contrato, por lo que es claro que la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá, incumplió los términos del contrato convenido, alegando asimismo se consideró que hubo incumplimiento de contrato por parte de la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá, pues en la cláusula decimotercera del Contrato se definen claramente las causas de rescisión del contrato y en ninguna de ellas se establece que podía ser separado de su puesto de trabajo por razones presupuestarias, tal como así lo establece la Carta de Renuncia que le fue entregada, por lo que dicho acto le genera graves perjuicios, ya que la referida carta de despido al no contener ninguna causa justa que ampare a la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá, para dar por terminado con anticipación el contrato, es ilegal e injusta, porque el referido patrono no tuvo ninguna justificación para despedirlo. 2.-La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA, fue declarada en CONTUMACIA, mediante auto de fecha 27 de abril del 2016. 3.-El Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá, en fecha 10 de junio del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal e injusto, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, reconocimiento de derechos profilácticos, costas, sin costas, condenó a la demandada al pago de L.352,926.37, más salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; bajo el criterio que quedó probado que el cargo para el cual fue contratado el demandante es continuo dentro de la institución demandada, la demandada no probó que haya falta de presupuesto para dar por terminada la relación laboral existente entre las partes. 4.-La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, en fecha 31 de agosto del 2016, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, declarando sin lugar la demanda, absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el juicio, sin costas; bajo el criterio que lo que pasó en autos fue la terminación de un contrato por tiempo determinado, siendo el contrato una ley entre las partes, al resultar la fecha de culminación una disposición concertada entre las partes. 5.-Mediante auto de fecha 22 de noviembre del 2016, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en su condición de representante procesal del señor MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.-En fecha 28 de febrero del 2017, compareció ante este Tribunal la Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en su condición de representante procesal del señor MARCIO ELISEO CARTAGENA ORTIZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de marzo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ MARÍA ALEMAN PORTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.-Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso. II. La Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en un primer motivo de casación expresa: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: Se considera que se ha infringido la disposición sustantiva contenida en el artículo 730 del Código del Trabajo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de la cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas de los artículos 747 y 765 numeral 1) del Código del Trabajo. Descripción de la Infracción: Al analizar el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de fecha treinta y uno (31)de agosto del año dos mil dieciséis (2016), se observa que el Tribunal Ad- Quem ha invocado la jurisprudencia nacional en materia laboral, señalando en su CONSIDERANDO (4) -que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado de jurisdicción que habilita al superior para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de ley….; sin embargo la revisión que hizo el tribunal Ad- Quem no fue de la legalidad del procedimiento y sus diligencias en la Demanda Ordinaria para el Pago de Prestaciones E Indemnizaciones Laborales por Despido Ilegal e Injusto, Salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios y el Reconocimientos de Derechos Profilácticos; sino que entro a valorar la prueba que esta parte procesal ofreció en primera instancia para demostrar la veracidad de cada uno de los hechos que se contiene en la presente demanda; como se observa en los CONSIDERANDOS (7) (8) y (9) violentando con ello el artículo 730 del Código del Trabajo que dispone el principio de inmediación procesal laboral y aun mas utiliza dicha prueba en contra del trabajador para sustentar su fallo; actuación jurisdiccional que claramente viola el Principio Protectorio en materia laboral, ya que el Tribunal Ad-Quem, lejos de proteger los derechos del trabajador ni siquiera le reconoce los derechos laborales adquiridos que constitucionalmente son irrenunciables tal como lo dispone el artículo 128 y 129 de la Constitución de la Republica, dejándolo en total indefensión.”. III. La Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en el segundo motivo de casación expresa: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA POR APRECIACIÓN ERRÓNEA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: Se considera que se ha infringido la disposición sustantiva contenida en el artículo 1 y 3 del Código del Trabajo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de la cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas lo constituyen los artículos 747 y 765 numeral 1) del Código del Trabajo. Descripción de la Infracción: Igualmente esta parte procesal al examinar cuidadosamente el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), observa que el Tribunal Ad- Quem en su CONSIDERANDO (5) ha señalado -que la consulta persigue la defensa de los bienes públicos ….; sin embargo esta parte procesal considera que es una apreciación errónea del Tribunal Ad- Quem y contradictoria pues en mismo fallo que hoy se impugna afirma que la consulta es para revisar la legalidad de algunas providencias; sin embargo el Tribunal Ad- Quem, al dictar su fallo lo hizo en defensa del demandado quien estuvo ausente en las dos instancias judiciales, convirtiéndose en juzgador y parte; actuación judicial que claramente quebranta el principio de imparcialidad que debe regir en todo juzgador según el artículo 303 de la Constitución de la Republica.- Asimismo constitucionalmente está previsto que la defensa de los bienes públicos (entendiendo que se trata del Estado y no el Municipio) la tiene atribuido por ley dicha defensa a la Procuraduría General de la Republica no los Tribunales de Segunda Instancia, y para el caso de autos el demandado (Municipio) se le garantizo a lo largo del proceso laboral su derecho a la defensa ya que tuvo a su disposición todos los momentos procesales que dispone el procedimiento laboral para defenderse, pero no lo hizo como consta en la pieza principal.”. IV. La Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en un tercer motivo de casación manifiesta: “CONTENER LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DESICIONES QUE HAGAN MAS GRAVOSA LA SITUACION DE LA PARTE EN CUYO FAVOR SE FALLO. Precepto Legal Sustantivo Infringido: Se considera que se ha infringido la disposición sustantiva contenida en el artículo 30 del Código del Trabajo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a travésde la cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas lo constituyen los artículos 747 y 765 numeral 2) del Código del Trabajo. Descripción de la Infracción: De igual manera esta parte procesal estima que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), agrava sustancialmente la situación del trabajador Marcio Eliseo Cartagena Ortiz, pues el Tribunal Ad- Quem en su CONSIDERANDO (9) señala que el trabajador devenía en la obligación de demostrar en juicio los extremos de la extensión de temporalidad en la labor que desempeño así como la sustitución de los patronos y su vinculación; apreciación con la cual no compartimos, ya que consideramos que se ha quebrantado el artículo 30 del Código del Trabajo que claramente estipula que se puede presumir que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, cuando el patrono no puede probar lo contrario, como acontece en el caso de autos donde el patrono no aporto ningún medio probatorio que contraviniera los alegatos vertidos por el trabajador.- De igual manera constituye una situación gravosa para mi representado el hecho que el Tribunal Ad- Quem haya establecido en su fallo de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), en el CONSDIERNDO (11) que la carta que corre agregada a folio 6 de la pieza principal no se trata de una Carta de Despido sino de una Nota de Notificación y que luego en el CONSIDERANDO (13) la denomina como Nota de Información, lo que resulta sorprendente, pues la diferencia entre una y la otra no es fundamental, pues el efecto jurídico de la misma fue uno solo “el despido ilegal e injustificado” de mi representado ya que no medio ninguna justificación para su despido.- Pero aún más resulta sorprendente que el Tribunal Ad- Quem en su CONSIDERANDO (10) del cuestionado fallo reconozca que los Contratos para la Prestación de Servicios Profesionales en Forma Alzada del trabajador y que se aportaron en el juicio cumplen con los requisitos de artículo 20 del Código del Trabajo y que después apoyado en el artículo 41 del mismo Código del Trabajo asegure que mi representado no adquirió siguiera la condición de permanencia, cuando ese extremo nunca estuvo en discusión en el juicio, sino el reconocimiento de los derechos laborales que el adquirió como trabajador.- Finalmente esta parte procesal estima que el Tribunal Ad- Quem en su CONSIDERANDO (14) agrava la situación de nuestro representado pues en dicho considerando establece en forma contradictoria por un lado que hubo una relación laboral entre mi representado y el patrono y por la otra le atribuye a los contratos laborales características civiles, indicando que por la fecha de culminación no existe responsabilidad para alguna las partes, y exonera al patrono no solo del pago de los derechos adquiridos que legítimamente le corresponde a mi representado y que son irrenunciables, sino que también lo absuelve de responsabilidad en cuanto al pago de sus derechos profilácticos así como los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios disminuyéndole de esta manera todos sus derechos constitucionales.”. V. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. VI. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.". VII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. VIII. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. IX. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. X. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, en fecha 31 de agosto de 2016, en consulta, revoca la sentencia definitiva emitida por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, consecuentemente declara sin lugar la demanda ordinaria de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal e injusto y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, interpuesta por Marció Eliseo Cartagena Ortiz contra la Mancomunidad de Municipios del Norte del Departamento de Intibucá, conocida como MAMUNI, representada por Manuel Ayala Montoya, en su condición de presidente, bajo el criterio que: a) entre cada contrato de trabajo medió un tiempo de cinco días sin que persistiera relación jurídico laboral entre patrono y empleador; y, b) que la contratación fue por tiempo limitado, no adquiriendo siquiera el trabajador la condición laboral de permanencia y, la no funcionabilidad del Indubio pro operario. XI. El Ad quem se fundamenta en el artículo 11 numeral 1 del Código de Trabajo, careciendo de relación con la causa de pedir del demandante, pues la causa no trata sobre la contratación de hondureños y extranjeros. XII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. XIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. XIV. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XV. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XVI. En relación a la exhaustividad de la sentencia vista en recurso, en relación a la normativa jurídica, es deber del tribunal de segunda instancia velar por el criterio jurisprudencial dictado por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en relación a la continuidad en el trabajo, el carácter de excepcionalidad, la suscripción de contratos por tiempo limitado en un mismo año, en relación a los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, en consonancia con el principio protectorio y primacía de la realidad.- Careciendo en consecuencia de exhaustividad. XVII. Que de conformidad con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en material laboral conforme el artículo 858 del Código de Trabajo, el órgano judicial deberá entrar a conocer de los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente. XVIII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida. PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 197, 200, 206, 207, 208 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, en fecha 31 de agosto de 2016, visible a folios 6 al 10 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 530-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
13