Sentencia CL-520-17 — Registro 7720
Resumen
demanda de emplazamiento, para que el patrono pruebe justa causa en que fundó el despido, en caso contrario sea obligado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales que manda la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, por el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de ELVIS VICTOR MARQUINA; además, es parte recurrida la sociedad mercantil GUTIERREZ Y ASOCIADOS S. DE R.L., representada en juicio por el abogado OSCAR ROLANDO MATUTE MERLOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda de emplazamiento, para que el patrono pruebe justa causa en que fundó el despido, en caso contrario sea obligado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales que manda la ley, más las costas del Juicio; la demanda fue promovida ante el Juzgado de Letras Seccional, Tela, Departamento de Atlántida en fecha uno de agosto del año dos mil catorce por el señor ELLIS VICTOR MARQUINA, contra la Sociedad Mercantil GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS, S. DE R.L., representada por su Gerente General ALBERTO GUTIÉRREZ DRECHSEL, quien es mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero, y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló revocando parcialmente la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Seccional, Tela, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso De Apelación interpuesto por el Apoderado Legal demandada contra la sentencia definitiva de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete de las dos con treinta minutos de la tarde dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida. 2) REVOCAR la sentencia definitiva de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete de las dos con treinta minutos de la tarde dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida en el sentido de CONDENAR a la SOCIEDAD MERCANTIL GUTIERREZ Y ASOCIADOS S. DE R.L., a pagar a don ELLIS VICTOR MARQUINA los derechos laborales adquiridos desde el 03 de febrero del año 2013 al 04 de abril del año 2014 los que serán calculados por la Señora Juez A-quo.- 3) SE ABSUELVE a la SOCIEDAD MERCANTIL GUTIERREZ Y ASOCIADOS 5. DE R.L de pagar a don ELLIS VICTOR MARQUINA las indemnizaciones laborales que reclama”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con la demandada el día tres de agosto del año dos mil trece, desempeñándome como Guardia de Seguridad en varias obras civiles que dicha Empresa está construyendo dentro del Complejo Turístico Indura, ubicada en esta ciudad de Tela, Atlántida, y al momento del despido devengaba un salario promedio mensual de L. 8,114.29. En su trabajo estaba bajo las órdenes del señor ADOLFO MEJIA, quien el día 04 de mayo del dos mil catorce (2014), le notificó verbalmente la terminación del contrato individual de trabajo, efectivo a partir de este mismo día, sin manifestarme una causal que justifique mi despido; ante dicho despido se presentó ante la Inspectoría del Trabajo, agotando el procedimiento administrativo.- 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil GUTIERREZ Y ASOCIADOS S. DE R.L., contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional, Tela, Departamento de Atlántida, en fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ELLIS VICTOR MARQUINA contra la sociedad mercantil GUTIERREZ Y ASOCIADOS S. DE R.L, sin costas; bajo el criterio que en toda controversia laboral, la parte demandante ante el rechazo de lo demandado por el curador ad-litem, está en la obligación de acreditar primeramente la existencia de la relación laboral, el demandante al momento de la comparecencia a la Inspectoría de Trabajo expresa que laboró para la demandada desde el tres de agosto del año dos mil trece por tiempo indefinido, devengando un salario de seis mil quinientos lempiras, con un horario de seis de la tarde a seis de la mañana de lunes a viernes y los sábados y domingos de tres de la tarde a seis de la mañana, que no le pagaban horas extras y que la supuesta relación laboral fue mediante contrato escrito, pero durante el presente juicio tales extremos no fueron acreditados, pues la prueba aportada es insuficiente para dar por acreditada la relación laboral, ya que no basta simplemente traer dos carnets que expresen el nombre de la demandada, el nombre del demandante, el cargo aparentemente desempeñado, el lugar a desarrollar el servicio supuestamente prestado, el acta de fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce que se ha relacionado y que deja constancia del agotamiento de la vía administrativa, un cálculo de prestaciones laborales y la declaración de los señores Gilberto Hernández Bonilla y Ramiro Adalberto Torres Rosales, el primero expresando conocer al demandante por haberle visto en Indura y el segundo por haber trabajado supuestamente con la demandada, pero la parte demandante no trajo prueba contundente que confirme estas pruebas propuestas y evacuadas como ser: Un Boucher de pago, reconocimiento judicial a las planillas de pago de la demandada o su exhibición, libramiento de oficio a las instituciones bancarias para saber si se le pagaba al demandante mediante cheque o transferencias bancarias o cualquier otra que le acredite como empleado de demandada, ni siquiera se interesó en constatar con la Inspectoría de Trabajo y ante el señor Adolfo Mejía si efectivamente le había notificado verbalmente la terminación de un aparente contrato individual de trabajo.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia revocando parcialmente la proferida por el a quo, condenando a la demandada al pago de los derechos adquiridos, sin costas; bajo el criterio que el artículo 30 del Código del Trabajo, establece que: “La inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, u omita algunos de sus requisitos, hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario.” Declararon los testigos que el señor Marquina comenzó sus labores con la demandada en agosto del 2013 sin estar de acuerdo con el día, pues uno dijo el 03 y el otro el 13, sin embargo el demandante alega que inició a prestar sus labores para la demandada el día 03 de agosto del año 2013, otro medio de prueba de la cual se vale el actor para acreditar la relación laboral es el documental consistente en la copia de dos carnés con el membrete de Gutiérrez y Asociados S de RL., donde el demandante es mencionado como empleado de la empresa, en este sentido, podemos indicar que existe la presunción necesaria que nos permite concluir que el actor comenzó a laborar para la demandada el 03 de agosto del año 2013. Esta Integración concuerda con la Señora Juez A-quo en el sentido de no quedar acreditados en autos el despido verbal que alega el recurrente pues los testigos antes mencionados no declararon estar presentes justo en el momento en que supuestamente el demandado fue despedido por el representante de la empresa demandada y no se presentó al juicio ninguna otra prueba que llevara ese propósito, por lo tanto el despido verbal no fue probado por el actor, a quién le correspondía acreditar ese hecho y no al patrono como pretende el apelante, por lo que se establece el día 04 de abril del año 2014 como el último día en que el demandante prestó sus servicios personales para Gutiérrez y Asociados S de R.L., repetimos, sin que quedara probado en autos el despido verbal alegado.- 5.- Mediante auto de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de ELVIS VICTOR MARQUINA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de ELVIS VICTOR MARQUINA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte del abogado OSCAR ROLANDO MATUTE MERLOS, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil GUTIERREZ Y ASOCIADOS S. DE R,L., en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Violación Directa por falta de aplicación de los artículos 116 literal c), 120 literal b) en relación al artículo 117 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 1.-) Haciendo un prejuzgamiento, se ha de entender que la violación directa de la ley ocurre cuando a un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto.- En autos es un hecho aceptado por las partes que el día 04 de Mayo del año en curso dos mil catorce (2014) el señor ADOLFO MEJIA, (representante del patrono Sociedad Mercantil GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS, S. DE R.L y jefe inmediato del demandante), despidió de forma verbal e injustificada al señor ELLIS VICTOR MARQUINA. 2.-) Que la notificación de la cancelación del contrato del señor ELLIS VICTOR MARQUINA, se notificó de forma errónea ya que lo hizo de manera verbal, ye! artículo 117 del Código del Trabajo establece que debe de hacerse por escrito estableciendo la causal y que después no podrá alegarse causal o motivo distinto, al hacerlo de manera verbal además de incumplir en cuanto a la forma, y procedimiento no estableció causal por ende tampoco, puede en el juzgado alegar causal alguna, situación que no fue valorada por el juzgado de primera instancia, ni por la corte primera de apelaciones violentando lo preceptuado en el artículo 117 del Código de Trabajo, ya el AD-QUEM, invierte el sentido de la demanda que ha sido promovida con el propósito de que el patrono pruebe justa causa en que fundó el despido, en caso contrario sea obligado a pagarle a mi poderdante las prestaciones e indemnizaciones laborales que manda la ley, desconociendo o haciendo caso omiso la corte de apelaciones que no se había notificado por escrito y que tampoco establecieron causal. Honorables magistrados, que en este alegato hay tantas sentencias en cuanto a que el despido debe de ser formal de acuerdo al artículo 117 del código del trabajo, estableciendo la causal, ya que en el contrato debe existir la buena fe desde el inicio hasta la terminación del contrato de trabajo, la sentencia recurrida lo ha hecho en abierta ilegalidad, por lo que se considera que la Corte de Apelaciones del Trabajo hizo caso omiso al inobservar lo que establece el artículo 117 del Código del Trabajo y consecuentemente a la negación de las prestaciones e indemnizaciones laborales determinados en el plan de la demanda.- Por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida por este motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 520-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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