Sentencia CL-500-17 — Registro 8464
Resumen
Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono prueba la justa causa de un despido, en su defecto lo Reintegre a su puesto de trabajo como Auxiliar de Rendimiento Técnico en la Superintendencia en el Puerto de Castilla, Trujillo, Colón al demandante, pague las vacaciones, décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que de conformidad a las normas procesales la sentencia quede firme, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta ser admisible, dado que el Recurrente incurre en los siguientes errores: a) los artículos 251 y 252 del Código Procesal Civil son de orden adjetivo o procesal, por ello no ostentan el carácter de preceptos legales sustantivos de naturaleza laboral exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no señala las normas procesales que sirvieron de medio para la violación alegada; b) alega la infracción directa y prueba erróneamente apreciada, lo cual resulta ser incompatible con el tipo de infracción por la violación directa de la ley, ya que la misma es ajena a los hechos controvertidos y a las pruebas aportadas al proceso para acreditarlos, por lo que no resulta ser la vía correcta para el ataque al fallo impugnado; y, c) omite el precepto autorizante en que lo considera comprendido.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha once de enero del dos mil dieciocho, por Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor MALBIN IVAN NORALES GIL, como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representado en juicio por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono prueba la justa causa de un despido, en su defecto lo Reintegre a su puesto de trabajo como Auxiliar de Rendimiento Técnico en la Superintendencia en el Puerto de Castilla, Trujillo, Colón al demandante, pague las vacaciones, décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que de conformidad a las normas procesales la sentencia quede firme, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde que quede firme las sentencia, hasta que se ejecute el reintegro a su puesto de trabajo, cualquier otro derecho laboral que legalmente les corresponda y las costas personales y judiciales del presente juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, en fecha doce de enero del dos mil dieciséis, promovida por el señor MALBIN IVAN NORALES GIL, mayor de edad, Auxiliar de Rendimiento Técnico, hondureño y con domicilio en la aldea de Castilla, Trujillo, Departamento de Colón, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de junio del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, misma que: “FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MALBIN IVAN NORALES GIL; CONTRA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI. SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: SE EXONERA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL LEO VAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI, DEL REINTEGRO DEL TRABAJADOR Y DEL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.- SE ORDENA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI, PROCEDER A HACER EFECTIVO A TRABAJADOR EL PAGO DE SUS DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA FORMA SIGUIENTE: VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2015-2016 (1.05 DÍAS): LPS.519.20; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2015 (23,75 DÍAS) LPS. 7336.44; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2015 (23.75 DÍAS) LPS.7336.44; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL PROPORCIONAL AÑO 2015-2016 (8.75 DÍAS) LPS.2856.57, HACIENDO UN TOTAL DE DIEZ MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIÚN CENTAVOS (LPS.10,712.21).- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para la Empresa Nacional Portuaria, como Auxiliar de Rendimiento Técnico, el 18 de agosto del año 2010, fue despedido en fecha 15 de Octubre del año 2015, Devengando al momento del despido un salario ordinario mensual de L. 8,882.29. Que fue despedido de su puesto de trabajo mediante notificación hecha por el Abogado Douglas Eurico Vásquez Velásquez, en su condición de Jefe de la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria, en fecha de fecha 15 de Octubre del año 2015, en la que se indica lo siguiente: “Esta determinación se toma en base al Memorando UEPP-076-2015, relativo a informe sobre la permanente y continuada invasión de las tierras propiedad de la Empresa Nacional Portuaria en las instalaciones de Puerto Castilla a superintendente, incurriendo en una Violación Grave de sus obligaciones, audiencia de descargo que se levantó en fecha 2 de Octubre de 2015. Así como también a la Opinión emitida por el Departamento Legal de la Empresa”, de lo anterior, el demandante manifestó que es ilegal e injusto, pues le tildan de invasor, término que desconoce, y que si existe esa figura legal nunca le fue probada. En la referida audiencia de descargo el actor respondió a cada una de las interrogantes que se referían a la presunta invasión de tierras, categóricamente, que no tenía nada que ver al respecto, va que no es en ningún momento invasor de tierras; en dicha audiencia, se le acusa de ser “invasor de tierra” sin embargo el termino correcto, es el que se encuentra tipificado en el Código Penal como delito de usurpación, en el Artículo 227, y lo que debió hacer es presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente y que decidiera, si era, o no, responsable del delito que se le pretende imputar.- 2. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha siete de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por señor MALBIN IVAN NORALES GIL, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, sin costas, bajo el criterio que la Empresa Nacional Portuaria, fue informada por parte de su personal, mediante Memorando de fecha 05 de Junio del 2013 que en una inspección de campo a la parte norte de los terrenos de la ENP, para verificar una información sobre una invasión de tierra de unos 1,500 metros de la calle pavimentada que conduce de Trujillo a Puerto Castilla, comprobando que la información era real y que el día 6 de Junio del 2013, había sostenido una plática con el demandante y que le preguntó si él estaba dirigiendo dicha invasión y que le había respondido que era solo uno más de todos y que solamente estaba consiguiendo unos solares para su familia; asimismo informa que tiene información que este era el coordinador de dicha invasión y que tenía en su poder una nota de convocatoria dirigida al Sr. Gilberto Matute y aparece el actor firmando como coordinador de la colonia Brisas, posteriormente la patronal siguiendo el debido proceso, permitió al demandante ser escuchado en Audiencia para descargar lo que se le imputaba, en la cual no probó ni pudo desvanecer los hechos que se le imputaban. La invasión del terreno propiedad de la ENP por parte del demandante, fue debidamente investigada por personal de la patronal, fue ratificado con la prueba testifical y como anteriormente se señaló, se observa que el demandante violentó sus obligaciones como trabajador de la empresa demandada, dicho comportamiento va en contra de los intereses de la ENP, y se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico, esto sin importar si la patronal ejerció o no acción legal civil o penal contra el demandante, asimismo la causal invocada por la ENP para dar por terminada la relación laboral con el demandante es por incurrir el demandante en violación grave de sus obligaciones y no por invadir terrenos o por la comisión de un delito como lo alega el actor. Debido a lo antes relacionado la patronal cito en legal y debida forma al trabajador y este tuvo la oportunidad de ser escuchado, con ello la empresa demandada siguió el debido proceso, teniendo una causal válida para poner término a la relación laboral con el demandante, por lo que únicamente corresponde al trabajador percibir sus derechos adquiridos o irrenunciables, como ser pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y el pago de vacaciones.- 3. La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha seis de septiembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandada ha sido emplazada para probar la justa causa del despido; circunstancia que así se ha hecho, ya la accionada fue afectada en los derechos que ejerce sobre un bien inmueble y el actor ha participado en ello, pues en el informe rendido por el señor Godofredo Martínez, se estipuló que el demandante afirmó que era uno más de todos y que solo estaba consiguiendo unos solares para su familia, persona esta que lo ratificó el informe en sede judicial a lo que con la prueba documental se pudo constatar que el accionante tenía pleno conocimiento que la propiedad de dicho bien, le correspondía a la empresa para la cual laboraba; de ahí que dicho comportamiento constituye en efecto una violación grave a sus deberes en la relación de trabajo por ser contraria a la buena fe que debe prevalecer en la misma ya que no actuó de forma leal, pues por virtud de las reglas generales que inspiran el derecho de obligaciones, el trabajador debe abstenerse de realizar conductas que sean dañosas o perjudiciales para los intereses de su patrono; en ese sentido, los argumentos y pretensión del recurrente no resultan atendibles.- 4. Mediante auto de fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor MALBIN IVAN NORALES GIL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 5. En fecha once de enero del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor MALBIN IVAN NORALES GIL, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de doce de enero del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de febrero del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA en su primer y único motivo de casación sostiene: “Acuso la Sentencia de fecha Seis de Septiembre del año dos mil Diecisiete, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con Sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden Nacional por Infracción Directa y Prueba Erróneamente apreciada y que se refiere al artículo número 251 y 252 del Código Procesal Civil, al que nos remitimos por analogía del artículo 858 del Código del Trabajo Vigente. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo número 251 y 252 del Código Procesal Civil, al que nos remitimos por analogía del artículo 858 del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, considero valido un medio de prueba inexistente en el juicio, referido al documento público en el que se estableciera que el terreno supuestamente invadido es propiedad de la Empresa Nacional Portuaria, lo que se circunscribe al hecho que la Corte de Apelaciones del Trabajo, establece que por el simple informe rendido por el señor Godofredo Martínez, se estipulo que mi representado era uno más de todos y que solo estaba consiguiendo unos solares para su familia, y que además este ratifico el informe en sede judicial; sin embargo mi representado jamás acepto lo establecido en ese informe y menos que tenia pleno conocimiento que la propiedad del bien inmueble supuestamente invadido fuera la Empresa Nacional Portuaria. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas son los artículos 738 del Código del Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta ser admisible, dado que el Recurrente incurre en los siguientes errores: a) los artículos 251 y 252 del Código Procesal Civil son de orden adjetivo o procesal, por ello no ostentan el carácter de preceptos legales sustantivos de naturaleza laboral exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no señala las normas procesales que sirvieron de medio para la violación alegada; b) alega la infracción directa y prueba erróneamente apreciada, lo cual resulta ser incompatible con el tipo de infracción por la violación directa de la ley, ya que la misma es ajena a los hechos controvertidos y a las pruebas aportadas al proceso para acreditarlos, por lo que no resulta ser la vía correcta para el ataque al fallo impugnado; y, c) omite el precepto autorizante en que lo considera comprendido.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 500-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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