Sentencia CL-495-16 — Registro 7667
Resumen
Se declara la Nulidad de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmaba declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral por Despido Verbal, ilegal e injusto, se reconozca la permanencia de una relación laboral por haber sido de forma continua y sin interrupciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. IX.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. X.- Que en dicha resolución claramente se aprecia la insuficiente motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por el apelante, realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida. XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en doce de diciembre del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEXANDER ISAAC TOSCANO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del señor FRANKLIN NOEL GUARDADO AGUILAR, como recurrente; además, es parte recurrida, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada FRANCIS LIZETH BACA CORRALES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral por despido verbal, ilegal e injusto, se reconozca la permanencia de una relación laboral por haber sido de forma continua y sin interrupciones. Y en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, por el señor FRANKLIN NOEL GUARDADO AGUILAR, mayor de edad, casado, violinista, hondureño y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Rectora JULIETA GONZALES CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral por Despido Verbal, ilegal e injusto, se reconozca la permanencia de una relación laboral por haber sido de forma continua y sin interrupciones. Y en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Costas del juicio; instaurada por el señor FRANKLIN NOEL GUARDADO AGUILAR; contra: La UNIVERSIDAD NACIOANL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su rectora y Representante Legal la Señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; II. Absuelve: A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Rectora y Representante Legal la Señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ pagar al Señor FRANKLIN NOEL GUARDADO AGUILAR, los conceptos Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo y décimo cuarto mes proporcional y salarios dejados de percibir. III.- SIN COSTAS.”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que el demandante comenzó a laborar para la demandada en fecha 15 de febrero de 2011, durante laboró en la Institución demandada desarrollo sus actividades eficientemente sin ningún tipo de problema sin embargo en fecha 31 de diciembre de 2014 fue despedido verbalmente por parte de su Jefe el Señor Mario Mejía, en su condición de Director de la Orquesta, este le manifestó que su contrato ya no iba a ser renovado. El demandante se desempeñó en el mismo puesto de trabajo por cuatro años de manera consecutiva e ininterrumpida, se le pagaba de manera consecutiva con cheques del Banco Central de Honduras emitidos por la Institución demandada, el puesto y labor de trabajo que desempeñaba es de naturaleza permanente, pues en sustitución del demandado hay otra persona desarrollando las actividades que venía realizando de manera ininterrumpida, pero por políticas de la Institución tuvo que firmar contratos por tiempo determinado. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado mediante Contrato de Servicios Profesionales para que prestara sus servicios a la UNAH como violinista de la orquesta de Cámara adscrita a la Dirección de Cultura. Que el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado establece que se entiende por “Servicios Profesionales o técnicos los prestados por personas naturales a requerimientos de los Organismos de la Administración Pública Centralizada para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración que demandan conocimientos especializados y que no puedan realizarse con personal regular y permanente; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo, debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto”, por lo tanto dicho contrato no es regulado por las Leyes Laborales Vigentes, es decir en el mismo se especifica duración por consiguiente no existe despido verbal pues tal y como lo manifiesta el propio demandante no se le renovó el Contrato de Servicios Profesionales y por consiguiente no puede pedir la aplicación del artículo 117 del Código del Trabajo, debido a que el Contrato suscrito entre las partes es de servicios profesionales pues la labor desempeñada no puede ser desarrollarla por cualquier persona ya que se necesita de los conocimientos técnicos necesarios para poder ejercer la labor. La naturaleza de la relación no puede calificarla el demandante como permanente pues si bien es cierto el Contrato de Servicios profesionales ha sido por el término de un año, este no indica que todos los días los miembros de la orquesta de cámara estaban sujetos a un horario por lo que no pueden tomarse como base que la labor ejercida era permanente. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséiss, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; bajo el criterio que siendo la presente litis de un despido verbal, la carga de la prueba le corresponde exclusivamente al demandante, ya que en materia probatoria, es Principio Universal que: “quien afirma una cosa, es quien está obligado a probarlo” en tal razón es al demandante a quien le corresponde probar la relación material y real de los hechos alegados en su Libelo de Demanda; por lo tanto es este quien debió acreditar el despido verbal del cual aduce fue objeto y siendo que con los medios de prueba admitidos y practicados a la parte demandante, no probo el despido verbal del cual fue objeto se deduce que lo que sucedió fue la finalización de su Contrato, en virtud que el mismo prestaba sus servicios como Violinista en la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y su contratación era a través de Audiciones para Concursar y pertenecer a la misma. Por otra parte, el demandante pretendiendo hacer valer los derechos establecidos en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, deberá de reunir los requisitos que establece dicha norma, es decir, para obtener el derecho de permanencia laboral, bastará que el solicitante del derecho, haya suscrito un contrato de trabajo por tiempo fijo, que éstos contratos se hayan renovado varias veces y que la causa que le dio origen al trabajo o la materia del trabajo aún subsista. Asimismo, reforzar aún más el derecho de la Permanencia Laboral, el Código del Trabajo aclara en el artículo 47, que éstos contratos deberán de celebrarse antes de transcurrido un año, entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo. Y en el presente caso, si bien es cierto existen varios contratos suscritos por el demandante con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; no menos cierto es que son Contratos de Servicios Profesionales los cuales no reúnen los requisitos del artículo 20 del Código del Trabajo; asimismo no se estableció que la labor del demandante haya sido o sigue siendo de naturaleza permanente; ya que es a través de Audiciones para Concursar y pertenecer a la Orquesta de Cámara.- Por lo que al no reunirse los requisitos señalados, no se establece el derecho a la Permanencia de la Relación Laboral. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que es principio universal en materia probatoria, de que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla y en el presente caso la parte Demandante devenía obligada a probar el despido ilegal e injusto que según él se produjo de manera verbal por parte del señor Mario Mejía Director de las Orquesta, sin embargo y a pesar de que la parte demandante aportó varios medios de prueba al juicio, con los mismos no acreditó el despido verbal alegado en su demanda. 5. Mediante auto de veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEXANDER ISAAC TOSCANO RAMIREZ, en su condición de representante procesal de del señor FRANKLIN NOEL GUARDADO AGUILAR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEXANDER ISAAC TOSCANO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del señor FRANKLIN NOEL GUARDADO AGUILAR, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de enero del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada FRANCIS LIZETH BACA CORRALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la sentencia pronunciada en fecha 19 de Agosto de 2016 por la por la Corte de Apelaciones recurrida, confirma la emitida por el a-quo, consecuentemente declarando sin lugar la demanda, bajo el criterio que no se acredito que el demandante fuera un empleado de carácter permanente, ya que la labor que desarrollaba era a través de audiciones para concursar y pertenecer a la orquesta de cámara, además de que no acreditó el despido verbal alegado en la demanda, cuando lo debatido es si se trata o no de una relación regida por un contrato de servicios profesionales, el cual no se renovó. VII.- Que entre los agravios expresados por la demandante contra la sentencia del a-quo, se encuentra entre otros, los relativos al cumplimiento de los requisitos del artículo 20 del Código del Trabajo sobre la existencia de la relación laboral, aplicación del principio de primacía de la realidad, que el contrato que celebraron las partes es simulado con fraude de ley, sobre los cuales el Tribunal de Apelación omitió pronunciarse. VIII.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. IX.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. X.- Que en dicha resolución claramente se aprecia la insuficiente motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por el apelante, realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida. XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XIII.- Que para fines jurisprudenciales es pertinente citar el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, sobre el tema de los contratos de servicios profesionales y la relación de trabajo, mismo que se comparte: “Que asimismo esta Sala ha sostenido ya, que los contratos de servicios profesionales, presentan inter alia, las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna.- CONSIDERANDO (13): Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1].- CONSIDERANDO (14): Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho…”[2].- XIV.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 19, 20, 664 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 19 de agosto de 2016, visible a folios 10 y 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 495-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional
[2] Sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proferidas el 30 de septiembre de 2016, en expediente amparo laboral número 0694-2015, la del 19 de octubre del 2016, en los expedientes Amparos Laborales números SCO-777-2014 y 0726-2015, la del 23 de junio de 2017, expediente Amparo Laboral número 0447-2015