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Sentencia CL-492-16 — Registro 7666

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral y se confirma bajo el criterio que ni la descripción de los servicios estipulados y descritos en la cláusula segunda de los citados contratos, ni las actividades ejecutadas por el accionante durante la relación de trabajo requieren de conocimientos profesionales para la ejecución

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, el cual no ostenta tal calidad; b) carece de claridad y precisión cuando se alega “…aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba…” y, es el caso, que la aplicación indebida y la interpretación errónea son modalidades de violación a la ley distintas que debieron formularse de manera separada e independiente, de igual manera la apreciación errónea de la prueba es una sub-modalidad del error de hecho o de derecho, que debió formularse de manera independiente"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 09 de diciembre del 2016, por el abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA, representado en juicio por la Abogada BERTHA AURELIA CASTELLANOS C.. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, de lo contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, reajuste a salario mínimo, salarios adeudados, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha 07 de febrero del 2013 por el señor CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA, mayor de edad, casado, Técnico en Computación, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de agosto de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de junio del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida el señor CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA Contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal, ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, representado por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, presidida por la señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a pagar al trabajador demandante CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA la cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECISNUEVE CENTAVOS (LPS.31,329.19), distribuidos de la siguiente manera: Preaviso Lps.8,050.00; Auxilio de Cesantía Lps.8,050.00; auxilio de cesantía proporcional Lps.6,059 .86; Vacaciones proporcionales Lps.2,077.67; Décimo tercer mes proporcional Lps.5,270.83, décimo cuarto proporcional lps.1,820.83; Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme la presente Sentencia Condenatoria- 3) SIN COSTA.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que laboró para el Estado de Honduras, específicamente en la Secretaría de Salud, por contrato, el 04 de enero del 2011, desempeñando el puesto de Técnico en Computación, en el Centro de Salud de San Manuel Cortés, con un salario de L.6,900.00, que durante laboró en dicho Centro desarrollo actividades de carácter permanente de conformidad al artículo 47 del Código del Trabajo; alegó también que el patrono en fecha 05 de octubre del 2012, le despidió mediante nota que en su parte conducente dice: “Señor CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA.- PRESENTE.- Estimado señor.- Por medio del presente oficio se les notifica que con instrucciones de las autoridades superiores y por falta de presupuesto de la Secretaría de Salud, queda finalizada su relación de trabajo con esta Región Departamental de Cortés No.05; manifestó además que la causal de terminación del contrato alegada por el patrono no se ajusta a las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, por lo que deviene en que se le paguen las prestaciones laborales y demás indemnizaciones demandadas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, contestó dicha demanda señalando que la demandante presentó en su escrito de demanda hechos que narran que suscribieron varios contratos, lo que no mencionó es que esos contratos son de Servicios Profesionales y Técnicos y los mismos son de diferentes fechas de terminación y contienen clausulas claras y concretas en donde fijan parámetros de legalidad administrativa con los cuales se rigen los contratos y que cada uno de los contratos tienen el respaldo de la respectiva estructura presupuestaria, regulados por los Decretos Legislativos que contienen la aprobación presupuestaria de los ejercicios fiscales correspondientes; alegando además que los Contratos Acuerdos Ministeriales son documentos de orden público, porque una vez firmados por la Secretaría respectiva son elevados a los respectivos acuerdos ministeriales de acuerdo a lo que establece el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha 28 de junio del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, condenó a la parte demandada a pagar las prestaciones laborales, derechos adquiridos y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que quede firme el fallo, sin costas; promovida por el señor CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD; bajo el criterio que el cargo que el demandante desempeño era un cargo permanente dentro de la institución desde el 04 de enero de 2011, siempre hubo continuidad nunca se interrumpió la relación laboral y que al haber varios contratos para la misma actividad, se convierte en un contrato por tiempo indefinido, por lo que subsiste la actividad que le dio origen, cumpliéndose con ello lo establecido en el artículo 47 del código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de agosto del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que ni la descripción de los servicios estipulados y descritos en la cláusula segunda de los citados contratos, ni las actividades ejecutadas por el accionante durante la relación de trabajo requieren de conocimientos profesionales para la ejecución, ni se estableció la causa extraordinaria y transitoria que ameritaba la contratación, de manera que, en atención a lo expuesto y ante la ausencia de prueba que acredite los méritos académicos, e idoneidad para el servicio profesional a realizar, ni la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término ésta debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo que dispone los artículos 3, 47 y 52 párrafo último del Código de Trabajo.- 5.- Mediante auto de fecha 26 de octubre de 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 09 de diciembre del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de enero del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BERTHA AURELIA CASTELLANOS CASTELLANOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que el abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha Veintiocho de Junio del año Dos Mil Dieciséis emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha Veinticuatro de Agosto del dos mil dieciséis emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó la justa causa que porque no se le suscribieron más contratos según el medio de prueba consistente el Libramiento de oficio para que la Jefatura de Personal de la Región Sanitaria establezca el lugar donde labora el demandante y el informe del reloj biométrico donde se comprobó que el demandante llegaba tarde, varios días no iba laborar. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, elevados a sus Acuerdos respectivos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del “factor objetivo” este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propia, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2 y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia esta circunscrita a lo que ya establece la Ley : controversias que surjan del Contrato d Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores y de conformidad a lo prescrito por el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, EXCEPTÚA de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan; se entiende por empleado público , aquel, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley. Decreto ejecutivo o acuerdo Municipal, con lo anteriormente expresado, está claramente demostrado que la jurisdicción del Trabajo, no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por el demandante y se ratifica la aplicación indebida e interpretación errónea que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, hace de la norma sustantiva violada al dictar la sentencia por la que en este acto se recurre. LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, ya que todo Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos aprobados y suscritos por el Estado de Honduras a través de los órganos competentes en nuestro caso la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por intermedio de su Secretario de Estado TIENEN SUS REGULACIONES EN DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES, por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflictos en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, para el caso tenemos que: la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ,en su Artículos 1 ,manifiesta, Por la Presente Ley se regula la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Publica , sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2,..., b; Articulo 3, La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento interpretación, resolución, rescisión y efectos de los Contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, por Municipalidades y por Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Precepto que se aplica sin discusión al Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos objetos de esta improcedente demanda y valedero para que se aplique la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- También está claramente definido que el Demandante lo que suscribió fue un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos y con Clausulas claras y concretas y en donde expresamente establecidas las pautas y disposiciones de los mismos, tal y como se puede apreciar en la CLAUSULA TERCERA la cual manifiesta: VALIDEZ Y VIGENCIA, ESTE CONTRATO TENDRÁ VALIDEZ, UNA, VEZ, SUSCRITOS POR LAS PARTES Y SER APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL. Y ESTARÁ SOMETIDO A LA NORMATIVA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO VIGENTE PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL AL DEL AÑO...., igualmente la CLAUSULA OCTAVA dice: jurisdicción aplicable: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato , las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por lo cual queda establecido que el mismo se regirá por el Derecho Administrativo.- En atención a lo anteriormente expresado es que consideramos, que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, al dictar el fallo recurrido no hizo apreciación de una prueba que es válida por todas las razones de hecho y de derecho relacionadas, en consecuencia se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, el cual no ostenta tal calidad; b) carece de claridad y precisión cuando se alega “…aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba…” y, es el caso, que la aplicación indebida y la interpretación errónea son modalidades de violación a la ley distintas que debieron formularse de manera separada e independiente, de igual manera la apreciación errónea de la prueba es una sub-modalidad del error de hecho o de derecho, que debió formularse de manera independiente.- 4.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días de mes de julio del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 492-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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