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Sentencia CL-491-17 — Registro 8462

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones, costas, por despido directo, injustificado, salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, a saber: a) éste Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad y justificación de la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende no era la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, b) en adición, en su explicación realiza alegatos propios de instancia, involucrando la “no aplicación” de otras disposiciones que si bien fueron relacionadas, las invoca como directamente infringidas, una de ellas inclusive (artículo 112 literal b) del Código del Trabajo) fue aplicada en el fallo recurrido y sirvió de fundamento a esa decisión de fondo del litigio, lo que denota falta de claridad y precisión.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que este segundo cargo ha sido expuesto con los requisitos exigidos y por ello procede su admisión.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, a saber: a) éste Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad y justificación de la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende no era la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, b) en adición, en su explicación realiza alegatos propios de instancia, involucrando la “no aplicación” de otras disposiciones que si bien fueron relacionadas, las invoca como directamente infringidas, una de ellas inclusive (artículo 112 literal b) del Código del Trabajo) fue aplicada en el fallo recurrido y sirvió de fundamento a esa decisión de fondo del litigio, lo que denota falta de claridad y precisión.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que este segundo cargo ha sido expuesto con los requisitos exigidos y por ello procede su admisión.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Hito

..."XVII.- Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa ó motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos.- XVIII.- Que el despido realizado en circunstancias como la del presente caso, se aparta del principio de terminación motivada imperante del contrato de trabajo, que obliga a las partes a motivar la terminación de la relación laboral, es decir, a dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, misma que desde luego no puede ser distinta ni contraria a las establecidas en la Ley, en forma expresa suficiente para justificar la terminación del vínculo contractual.- XIX.- Que al estimarse ilegal el despido, no resulta necesario analizar y valorar si el despido es o no justificado o si se encontraba o no prescrito el derecho para notificarlo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por el principio de la libre formación del convencimiento previsto en el artículo 739 del Código del Trabajo, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; en el presente caso, la conducta de la parte demandada no ha sido la correcta, toda vez que reconoció que pagaría los derechos y prestaciones al trabajador demandante, no lo hizo, como tampoco hizo uso de su derecho de contestar la demanda de mérito.- XXI.- Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación.- Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.-"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación.- Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION-

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de enero del dos mil dieciocho, por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de la señora YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES, como recurrente; además es parte recurrida, el señor OSCAR ENRIQUE CONTRERAS, Presidente de la Junta Directiva del CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, representado en juicio por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones, costas, por despido directo, injustificado, salarios dejados de percibir promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciséis, por el señor YAREDI HAROBI MEJÍA PAREDES mayor de edad, casado, Bachiller en Promoción Social, hondureño, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, contra el CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, por medio del Presidente de su Junta Directiva, el señor OSCAR ENRIQUE CONTRERAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, misma que: RESUELVE “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado procesal del CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO; SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA, de fecha veintisiete (27) de Junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley; TERCERO: DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el Pago de Prestaciones Laborales por Despido Directo e Injusto, promovido por el señor YAREDI HAROBI MEJÍA PAREDES, contra EL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO; CUARTO: CONDENA AL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO a pagar los derechos adquiridos al señor YAREDI HAROBI MEJÍA PAREDES, la cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L 22,559.83) desglosados de la forma siguiente: Vacaciones: 20 días x L. 436.67: L. 8,733.40; Treceavo mes proporcional 20 días x L. 436.67: L. 10,188.97; Catorceavo mes Proporcional 8.33 días x L. 436.67: L. 3,637.46;QUINTO:SINCOSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con la demandada desde el diecinueve de octubre del año dos mil nueve, desempeñándose inicialmente como Técnico Socio Ambiental, en la Unidad de Recursos Humanos y Ambiente y posteriormente como Coordinador de la Unidad de Ordenamiento Territorial en la ciudad de Santa Rosa de Copán, actividad por la cual devengaba en los últimos meses la cantidad de L.13,100.00, dedicándose durante los años que existió la relación laboral, a cumplir con los mandamientos consignados como funciones de su puesto de trabajo. En fecha diez de octubre del año dos mil dieciséis, el demandante recibió de parte del Presidente de la Junta Directiva del Consejo Intermunicipal Higuito, notificación mediante la cual le informaban que a partir de esa fecha la institución había tomado la decisión de prescindir de sus servicios como Técnico de la Unidad de Ordenamiento Territorial del Consejo Intermunicipal Higuito, fundamentado la misma en las supuestas faltas cometidas en relación con sus compañeros de unidad de trabajo.- 2. Mediante auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de seis días concedido a la parte demandada para que contestar la presente demanda, en consecuencia, declaró el juicio en REBELDÍA y se prosiguió con el trámite legal correspondiente.- 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor YAREDI HAROBI MEJÍA PAREDES, contra el CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, con costas, bajo el criterio que consta en autos la existencia de una relación laboral entre las partes y si bien no fue presentado el contrato de trabajo del demandante, esto no es imputable al trabajador, el demandado hizo mención de faltas disciplinarias, mismas que no fueron probadas, siendo que la causal invocada en la nota de despido prescribió, ya que en los protocolos levantados en las sesiones de Junta Directiva del Consejo Intermunicipal Higuito en la cual se menciona la mala relación interpersonal entre los señores Yaredi Harobi Mejía Paredes y Wilson Cuellar no se siguió el procedimiento que corresponde para corregir o disciplinar el mal comportamiento, aunado a esto la institución carece de un reglamento interno de trabajo, por lo que debió aplicarse lo establecido en el artículo 863 del Código de Trabajo, se establece que los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo prescriben en un mes que comienza a correr desde que se dio la causa para la terminación de este, o en su caso desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria por lo que según la causal invocada el derecho que tuvo el patrono de despedir o disciplinar al señor demandante ha prescrito, siendo que no fue la falta de respeto a la administradora la causal invocada por el patrono, sino la mala relación de trabajo, el maltrato hacia su compañero de trabajo lo cual no se documentó debidamente en virtud de carecer de un reglamento interno y no consta en autos que se haya hecho una acción disciplinaria y mucho menos que se le haya sancionado, por lo que el patrono al no probar la causal del despido y al haber omitido el procedimiento legal correspondiente, es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4. La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha siete de septiembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el actor en su demanda alega que la causal que invocó la parte patronal era ya prescrita, tal como lo establece la nota de despido, la separación del demandante obedece al último acontecimiento que se dio en el mes de septiembre del año dos mil dieciséis, que fue relatado por las testigos, quienes manifestaron que el demandante solicitaba que se le firmara una nota, ésta vía teléfono, solicitó a su gerente general la señora Espinoza, si podía firmar la nota solicitada por el señor Mejía Paredes, quien le expresó que no, lo que molestó y procedió a romper la nota enfrente de esta y dejarla en el escritorio como un reproche ante la negativa de la firma del documento, abonado a ello todo el mal trato que se daba con su compañero de trabajo el señor Wilson Cuellar, quien según declaración del representante del Consejo Higuito tenían el mismo puesto de trabajo y eran independientes uno del otro, pero que el señor demandante, expresaba que el señor Cuellar era su subalterno lo que fue ratificado en el interrogatorio de parte, situación que no fue probada en juicio ya que no se presentó el contrato de trabajo donde expresara en alguna de sus cláusulas que el señor Paredes tenía personal a su cargo como subalternos, con todo lo aportado se concluye que la causal de despido está claramente probada por el patrono y además la misma no está prescrita pues como se dijo su despido atiende lo ocurrido en el mes de septiembre del 2016 y la prueba documental aportada como ser los protocolos del año dos mil catorce y dos mil quince, se hace como una clara ilustración a que existen antecedentes que efectivamente el ex trabajador el señor Mejía Paredes, ha venido desarrollando esa conducta de indisciplina desde años anteriores lo que había conllevado a múltiples reuniones para que él pudiera cambiar la forma de dirigirse y comportarse con sus compañeros de trabajo, cosa que no fue así, y terminó en que el ex patrono tomara la decisión de concluir la relación laboral que había entre el Consejo Intermunicipal Higuito y el señor Mejía Paredes. También es preciso establecer que el despido se centró en los hechos ocurridos en el mes de septiembre del año dos mil dieciséis, y que los protocolos de los años dos mil catorce y dos mil quince, se acompañaron como antecedente de las indisciplinas en que había incurrido el ex trabajador; como ya se expresó con la prueba testifical, donde se establece que sí es una falta de respeto que el señor Mejía Paredes le haya roto la nota enfrente y se la dejara en el escritorio, situación que notificó a la gerente general en el mes de septiembre y a su vez la gerente general señora Espinoza, reafirma en su declaración, causa por la cual se despide al señor Paredes fue por la falta de respeto a su compañera la señora Tabora, abonado la mala conducta que presentaba con el señor Mejía Paredes y el irrespeto a los compañeros de trabajo, por lo que procede estimar el presente recurso.- 5. Mediante auto de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal del señor YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de enero del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal del señor YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTO DE DERECHO.- I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción Directa por falta de aplicación del artículo 863 del Código del Trabajo en relación a los artículos 112 inciso b, 113 párrafo primero interpretado y 117, todos del Código del Trabajo vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PROCEDO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Infracción Directa por Falta de Aplicación de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se le deja de aplicar la norma que lo regula. En el presente caso tanto las partes como la Corte Sentenciadora, aceptaron como un hecho que la acción de despido en contra de mi representado se había originado por circunstancias que acontecieron durante el año dos mil catorce (2014) y dos mil quince (2015); hacemos referencia de la aceptación de tal hecho por ambas partes, debido a la circunstancia que la parte demandada no haya contestado la demanda dentro del plazo que establece la ley, por lo que se le declaró en contumacia, lo que supone por consiguiente una aceptación tácita de los hechos alegados por el demandante. Pero la Corte Sentenciadora si estableció de manera clara en el acápite de hechos probados del sentencia recurrida, que la acción de despido sobre el demandante fue a raíz de hechos de los cuales la parte demandada había tenido conocimiento desde el año dos mil catorce (2014) y dos mil quince (2015) y que fueron debidamente documentadas por la parte patronal; situación a la cual dejaron de aplicársele las normas contenidas en los artículos supra referidos; constituyendo una violación la no aplicación de cada una de dichas normas, las cuales se señalan de la siguiente forma y orden en que se dieron: a) Con la no aplicación del artículo 112 inciso b del código del trabajo, la Corte Sentenciadora violentó el derecho que tiene el trabajador a ser separado de su cargo solamente bajo una de las causas tipificados como justas por el código del trabajo, misma que le debe ser debidamente explicada en su notificación de despido y la cual debe ser posteriormente sustentada y probada en juicio por la parte patronal, sin que se pueda variar dicha causal al momento del juicio.- b) Con la no aplicación del artículo 113 interpretado párrafo primero del código del trabajo, la Corte Sentenciadora viola el derecho del trabajador a emplazar a su patrono para que este le pruebe el justo despido y a la vez el derecho a que si el patrono no prueba dicha causa, debe pagarle las indemnizaciones que según la legislación laboral vigente le pueden corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.- c) Con la no aplicación del artículo 117 del Código del Trabajo, se violentó el derecho que tiene en este caso el trabajador de recibir un preaviso por escrito por parte de la demandada en vista de ser esta quien terminaba la relación de trabajo de forma unilateral, asimismo de que en dicho preaviso se le indicara con total precisión la causa o motivo que la movían a tomar tal determinación sin que después pudiera alegar válidamente causales o motivos distintos. Lo que efectivamente realizó la demandada al haber alegado en juicio motivos distintos de los contenidos en la nota de despido, lo que fue obviado por la Corte Sentenciadora violentando de esta manera los derechos del trabajador. d) Con la no aplicación del artículo 863 del código del trabajo la Corte Sentenciadora viola el derecho a que tiene el trabajador de que cualquier falta que considere la parte patronal haya cometido, sea disciplinada dentro del plazo de treinta (30) días que manda del citado artículo, caso contrario le es prescrito el derecho al patrono para ejercer cualquier acto de disciplina inclusive acción de despido en contra del trabajador, en este caso la Corte Sentenciadora ha privado al demandante de que opere en su favor la prescripción de la acción de la parte patronal a que sancionara las faltas que alegaba en la nota de despido.- Quedando demostrada de esta forma la infracción alegada en este motivo por lo que consideramos procedente la prosperidad del cargo y CASAR TOTALMENTE la sentencia que se impugna.”.- III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, a saber: a) éste Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad y justificación de la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende no era la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, b) en adición, en su explicación realiza alegatos propios de instancia, involucrando la “no aplicación” de otras disposiciones que si bien fueron relacionadas, las invoca como directamente infringidas, una de ellas inclusive (artículo 112 literal b) del Código del Trabajo) fue aplicada en el fallo recurrido y sirvió de fundamento a esa decisión de fondo del litigio, lo que denota falta de claridad y precisión.- IV.- Que el mismo Recurrente en el segundo motivo sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida, de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional de índole laboral por Infracción Indirecta por la apreciación errónea de los medios de prueba documentales admitidos a la parte demandante que adelante se singularizaran, en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 863 del código del trabajo, en relación a los artículos 129 de la Constitución de la República, 113 párrafo primero interpretado, 117 y 120 reformado párrafo primero literal c, todos del Código del Trabajo vigente. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señalas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente por el tribunal recurrido fue la DOCUMENTAL que se refiere a: 1) copia fotostática Notificación de despido de fecha diez (10) de Octubre del año dos mil dieciséis (2016), que corre agregada a folio seis (06) de la primera pieza de autos- 2) Copia fotostática Protocolo #47 de Reunión de Junta Directiva del CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO de fecha diez (10) de Octubre del año dos mil catorce (2014), que corre agregado a folios siete (07) al nueve (09) de la primera pieza de autos.- 3) Copia fotostática Protocolo #48 de Reunión de Junta Directiva del CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO de fecha treinta (30) de Enero del año dos mil quince (2015), que corre agregado a folios nueve (09) al once (11) de la primera pieza de autos.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Corte Sentenciadora al REVOCAR la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba singularizados anteriormente, en relación al resto de la prueba considerada en su conjunto, ya que como bien lo señala el artículo 739 del Código del Trabajo, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas y forma libremente su convencimiento inspirándose en los principios que informan la sana critica de la prueba, pero esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto, o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa, tal y como lo manda el artículo 738 del código del trabajo, al proferir su fallo el Juez deberá de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo. En el caso particular si se hubieran apreciado correctamente por el tribunal sentenciador los medios de prueba singularizados indicados como apreciados erróneamente, se hubiera dado por establecido sin lugar a dudas que a la parte demandada le había prescrito el derecho para disciplinar o despedir en este caso a mi representado por hechos o circunstancias que habían acontecido fuera de los treinta (30) días que la ley le concede a la parte patronal para disciplinar las faltas cometidas por el trabajador o despedirle con causa justificada, tal y como se desprende de la notificación de despido que corre agregada folio a folio seis (06) de la primera pieza de autos y que se ha singularizado como apreciada erróneamente, en donde la parte demandada, especificó cuáles eran las razones que le movían para tomar la decisión unilateral de terminar la relación de trabajo con el demandante, incluso acompañando los documentos consistentes en: a) Copia fotostática Protocolo #47 de Reunión de Junta Directiva del CONSEJO INTERMUNICIPAL HUGUITO de fecha diez (10) de Octubre del año dos mil catorce (2014), que corre agregado a folios siete (07) al nueve (09) de la primera pieza de autos, y b) copia fotostática Protocolo #48 de Reunión de Junta Directiva del CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO de fecha treinta (30) de Enero del año dos mil quince (2015), que corre agregado a folios nueve (09) al once (11) de la primera pieza de autos, mismos que también se han indicado como apreciados erróneamente, pues de estos se colige que efectivamente las circunstancias por las que se despidió al demandante habían acontecido fuera del plazo que el patrono tiene para tomar cualquier acción disciplinaria incluso despido en contra del trabajador siempre y cuando esté debidamente comprobada y sustentada la causa, caso contrario se estaría ante una violación de la ley, como en la del caso de autos en donde la Corte Sentenciadora al haber apreciado erróneamente los medios de prueba singularizados, ha arribado al convencimiento de que la causa de terminación del contrato de trabajo entre demandante y demandada ocurrió dentro de los treinta (30) días que señala el artículo 863 del Código del Trabajo, incurriendo también la Corte sentenciadora en la violación al artículo 117 del Código del Trabajo en el sentido de que en los medios de prueba que se han indicado como apreciados erróneamente hablan de una circunstancia por la que la que la parte patronal despedía al demandante, como ser supuestos problemas con un compañero de su unidad de trabajo de nombre WILSON CUELLAR, pero en juicio la parte patronal propuso prueba y alegó circunstancias diferentes, como ser que el demandante supuestamente le había faltado al respeto a la administradora de CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO rompiendo una nota en su presencia, lo que implica una franca violación a la obligación que en este caso tiene el patrono de no alegar en juicio causas o circunstancias diferentes a las que le ha manifestado al trabajador en su notificación de despido, como lo manda el ya citado artículo 117 del código del trabajo. Como consecuencia de lo anterior la Corte Sentenciadora arribó al convencimiento de revocar el fallo dictado por el A-quo, privando al demandante del derecho constitucional contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República, de que se le paguen los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la sentencia, además de las indemnizaciones legales y convencionales, por haber sido víctima de un despido ilegal. Por consiguiente la Corte sentenciadora cometió una violación al referido artículo, además también de haber violado los artículos 113 párrafo primero interpretado y 120 reformado párrafo primero literal c, ambos del Código del Trabajo vigente, pues al revocar el fallo emitido por el A-quo también privó al demandante de que se le reconociera el pago de los derechos laborales que se encuentran contenidos en dichos artículos, los cuales le corresponden por haber sido evidentemente víctima de una acción de despido ilegal por parte del demandado. - Quedando demostrada de esta forma la infracción alegada en este motivo por lo que consideramos procedente prosperidad del cargo y CASAR TOTALMENTE la sentencia que se impugna.”.- V.- Que este segundo cargo ha sido expuesto con los requisitos exigidos y por ello procede su admisión.- VI.- Que el Impetrante como tercer motivo de casación señala: “Acuso a la sentencia recurrida, de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional de índole laboral por Infracción Indirecta por la indebida valoración del medio de prueba testifical admitido a la parte demandada que adelante se singularizará, en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en error de derecho que aparece manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero interpretado del código del trabajo, en relación a los artículos 129 de la Constitución de la República, y 120 reformado párrafo primero literal c, del Código del Trabajo vigente. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señalas, están contenidas en los artículos 725, 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRUEBA INDEBIDAMENTE VALORADA: La prueba indebidamente valorada es la referente a: Declaración testifical de la señora ROXANA MYLEYDY TABORA LOPEZ, la cual corre agregada a folio setenta (70) frente y vuelto de la primera pieza de autos, quien fue propuesta por a parte demandada.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero párrafo segundo del artículo 765 del Condigo del Trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Corte Sentenciadora al REVOCAR la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de derecho, al valorar indebidamente el medio de prueba singularizado anteriormente, en relación al resto de la prueba considerada en su conjunto, ya que como bien lo señala el artículo 739 del Código del Trabajo, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas y forma libremente su convencimiento inspirándose en los principios que informan la sana critica de la prueba, pero esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto, o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa, tal y como lo manda el artículo 738 del código del trabajo, al proferir su fallo el Juez deberá de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo. En el caso de autos la Corte Sentenciadora incurrió en error de derecho al haber valorado un medio de prueba que no cumplió con los requisitos necesarios exigidos por la ley para su validez, puesto que como bien lo señala el artículo 725 del código del trabajo, el acta se firmará por el juez, las demás personas que haya intervenido en la audiencia y el secretario. Requisito que no se cumplió en el medio de prueba testifical singularizado como indebidamente valorado y en el cual se fundamentó la Corte Sentenciadora para revocar el fallo dictado por el A-QUO, pues como se puede apreciar a folios setenta (70) frente y vuelto de la primera pieza de autos, consta la declaración testifical de la señora MYLEYDY ROXANA TABORA LOPEZ, pero a folio setenta y uno (71) frente de la primera pieza de autos que es donde están consignadas las firmas de las personas que asistimos a la audiencia en donde se evacuó dicho medio de prueba, no aparece la firma de la señora TABORA LOPEZ, por consiguiente tal medio de prueba no debió de ser valorado por la Corte Sentenciadora debido a que no se cumplió con los requisitos que la ley manda se deben observar para la práctica de ese tipo de medio probatorio.- Como consecuencia de lo anterior la Corte Sentenciadora arribó al convencimiento de revocar el fallo dictado por el A-quo, privando al demandante del derecho constitucional contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República, de que se le paguen los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la sentencia, además de las indemnizaciones legales y convencionales, por haber sido víctima de un despido ilegal. Por consiguiente la Corte sentenciadora cometió una violación al referido artículo, además también de haber violado los artículos 113 párrafo primero interpretado y 120 reformado párrafo primero literal c, ambos del Código del Trabajo vigente, pues al revocar el fallo emitido por el A-quo también privó al demandante de que se le reconociera el pago de los derechos laborales que se encuentran contenidos en dichos artículos, mismo que le corresponden por haber sido evidentemente víctima de una acción de despido ilegal por parte del demandado.- Quedando demostrada de esta forma la infracción alegada en este motivo por lo que consideramos procedente la prosperidad del cargo y CASAR TOTALMENTE la sentencia que se impugna.”.- VII.- Que este motivo no resulta admisible, ya que el Censor del fallo aduce que el error de derecho proviene de la “indebida valoración del medio de prueba testifical”, aduciendo que la testigo no firmó el acta de la audiencia, cuando se ha señalado que ese tipo de prueba, por no ser reglada y ser sujeta a la libre formación del convencimiento del Juzgador, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso, especialmente en el tema de la valoración probatoria; por otro lado, la falta de firma del acta de la audiencia por la testigo, no involucra que no asistió y declaró en el desarrollo de la misma y que en todo caso, se trata de un lapsus calami de la Juez de primera instancia, al no observarse esa formalidad o haberse hecho constar dicha situación, que además, fuera convalidada por los representantes procesales que asistieron a dicho acto y que tampoco advirtieron oportunamente dicha omisión.- VIII.- Que también se solicita la nulidad de la sentencia recurrida, bajo el siguiente señalamiento: “NULIDAD SUBSIDIARIA: Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales de conocer por vía de apelación o de CASACIÓN para INVALIDAR las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en materia laboral es admisible como Causal el error IMPROCEDENDO cuando por el quebrantamiento de normas procedimentales se lleguen a infringir normas sustanciales de carácter laboral; SE ALEGA EN FORMA SUBSIDIARIA la nulidad de la sentencia por las razones siguientes: La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Santa Rosa de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley en fecha siete (07) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2017) que motiva el Recurso de Casación de que se hace merito, ha sido dictada en franca violación a la garantía constitucional del debido proceso contenido en el artículo 90 de la constitución de la república, de igual manera se han violentado los principios del debido proceso así como de legalidad consignados en los artículos 3 y 7 respectivamente del código procesal civil, como cuerpo de normas procesales de aplicación supletoria a nuestra legislación laboral vigente, lo anterior deviene producto de que el artículo 725 del Código del Trabajo manda que las actas del desarrollo de las audiencias deban ser firmadas por el Juez, las demás personas que hayan intervenido en ellas y por el Secretario, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, pues como podrá apreciar el Honorable Tribunal Supremo, el acta de la audiencia desarrollada en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) que consta en autos y corre agregada a folios sesenta y dos (62) al setenta y uno (71) de la primera pieza de autos no fue firmada por todas las personas que en ella intervinieron, puesto que no consta la firma de la señora MYLEYDY ROXANA TABORA LOPEZ, quien rindió declaración testifical y tampoco fue firmada por el representante procesal de la parte demandada, de igual manera el acta de la audiencia desarrollada en fecha primero (01) de junio del año dos mil diecisiete (2017) la cual consta en autos y se encuentra agregada a folios setenta y dos (72) al setenta y cinco (75) de la primera pieza de autos, no fue firmada por el señor OSCAR ENRIQUE CONTRERAS, quien rindió su declaración en interrogatorio de parte. Por consiguiente, al haberse fundamentado la Corte Sentenciadora en medios de prueba que se evacuaron sin cumplir con las solemnidades que las leyes exigen para la práctica de los mismos, consecuentemente se ha generado una violación al debido proceso, lo que vicia el fallo impugnado. Por lo que fundamentado lo anterior en los artículos 90 de la Constitución de la república, 725 y 858 del Código del trabajo en relación a los artículos 3,7,11, 200 numeral 2 literales b) y d), 206, 207 numeral 2, 208, 211, 214 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil en consecuencia es procedente ANULAR LA SENTENCIA dictada por Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y del trabajo por ministerio de ley en fecha SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).”.- IX.- Que la petición de nulidad resulta ser improcedente y extemporánea, ya que se basa en una situación procesal del trámite de una audiencia en primera instancia, la que tampoco afecta el derecho de defensa y el debido proceso, ya que como antes se explicó, la falta de firmas en un acta no condiciona que no existió lo actuado y se trata de un simple lapsus calami o una omisión de una formalidad que es subsanable.- X.- Que en el recurso de casación que se conoce se encuentra justificado el segundo motivo de casación, por lo que procede declarar HA LUGAR el recurso de mérito, casar la sentencia recurrida y a continuación, en sede de instancia decidir lo que corresponda conforme a la Ley. El Impetrante también solicitó la nulidad subsidiaria del fallo, del cual no procede pronunciamiento, dado que al casarse el mismo, se anula y se debe emitir uno nuevo.- XI.- Que son hechos que han quedado probados en el proceso: a) la existencia de la relación laboral entre las partes, sin documento escrito, por lo que es aplicable la presunción contenida en el artículo 30 del Código del Trabajo; b) que el demandante laboraba desde el 19 de octubre del 2009, como Técnico Socio-Ambiental de la Unidad de Recursos Naturales y Ambiente del Consejo Intermunicipal Higuito, con un salario ordinario de L. 13,100.00 y promedio mensual de los últimos 6 meses de L. 15,283.33; y, c) que mediante nota de fecha 10 de octubre del 2016 la demandada dio por terminada la relación laboral, aduciéndose en la misma, que “esta decisión se ha tomado debido a sus constantes faltas en la relación y convivencia con su compañero de unidad de trabajo. Por lo que hacemos referencia al Artículo #112 inciso b del Código de Trabajo…”.- XII.- Que la controversia radica en determinar si esa decisión de terminar la relación de trabajo, es justificada y legal, es decir, si cumple con el principio de buena fe, de expresarse la causa justa del despido o sea el hecho generador del mismo y si se hizo oportunamente su notificación, ya que el demandante aduce que se encuentra prescrita la falta que se le imputa, con base en el artículo 863 del Código del Trabajo; por su parte la demandada no contestó la demanda y se le declaró en rebeldía, por lo que no hizo uso de su derecho de exponer los hechos y razones en que apoye su defensa.- XIII.- Que el a-quo, aduciendo el derecho de defensa de la parte demandada, le admitió medios probatorios, que si bien fueron objetados por el representante procesal demandante e inclusive interpuso el recurso de reposición, pero no apelo contra esa resolución, “protestándola” únicamente, olvidando que el proceso laboral tiene sus propias reglas y que la supletoriedad del Código Procesal Civil solo cabe cuando no existan normas expresas o analógicas, siendo que en el caso de los recursos, el Código del Trabajo ya regula y establece la procedencia de la apelación contra los autos interlocutorios, como el que se dictara en la audiencia primera de trámite; no obstante, la prueba que cada parte aporta, tiene vinculación directa con los hechos que exponga en la demanda o contestación, así como en el caso de las excepciones perentorias, siendo que en el caso que nos ocupa, donde la demandada no ha expuesto ningún hecho o razón de defensa, lo más que puede, es tratar de contraprobar los hechos expuestos por el demandante, pero no puede cumplir con la obligación de probar la justa causa del despido invocado.- XIV.- Que este Tribunal en el fallo dictado el 19 de agosto del 2009, en el expediente número CL 390-08, así como en otros, estableció el criterio jurisprudencial de que la disposición contenida en el artículo 117 del Código del Trabajo, impone la obligación a la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, de notificar a la otra, la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, lo cual recíprocamente es un derecho para la otra parte, ya que después no se podrán alegar válidamente causales o motivos distintos.- XV.- Que, en el presente caso, uno de los extremos de la controversia está vinculada con el tema de la notificación de la terminación del contrato de trabajo, al habérsele invocado en la nota de despido que “esta decisión se ha tomado debido a sus constantes faltas en la relación y convivencia con su compañero de unidad de trabajo. Por lo que hacemos referencia al Artículo #112 inciso b del Código de Trabajo…”, donde además se le indica al demandante que “Se le entregarán todos los derechos de trabajador y prestaciones, así como constancia de trabajo que es parte de sus derechos.”.- XVI.- Que con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, cabe revisar la situación de que si el patrono al notificar la terminación del contrato dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, es decir, si en la nota de despido emitida le expresó al demandante, la causa o motivo que la movieron a tomar esa determinación, conforme el documento que obra a folios 6 al 11 de la primera pieza de autos.- Por lo que al apreciar y valorar el contenido de dicha prueba documental se llega a la conclusión de que el patrono omitió señalar con claridad y precisión cuales eran dichas causales o motivos, ya que si bien se citó la disposición legal que autoriza la terminación del contrato, sin embargo no se expresaron los hechos o situaciones concretas generadoras de tal determinación.- Más bien, de la redacción del párrafo final de dicha nota, se reconoce que se le pagarán todos los derechos y prestaciones, lo cual involucra que la parte demandada acepta que no existiendo una justa causa de despido, le cancelará esos derechos que surgen del rompimiento de la relación de trabajo y de la violación del derecho de estabilidad laboral.- XVII.- Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa ó motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos.- XVIII.- Que el despido realizado en circunstancias como la del presente caso, se aparta del principio de terminación motivada imperante del contrato de trabajo, que obliga a las partes a motivar la terminación de la relación laboral, es decir, a dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, misma que desde luego no puede ser distinta ni contraria a las establecidas en la Ley, en forma expresa suficiente para justificar la terminación del vínculo contractual.- XIX.- Que al estimarse ilegal el despido, no resulta necesario analizar y valorar si el despido es o no justificado o si se encontraba o no prescrito el derecho para notificarlo.- XX.- Que por el principio de la libre formación del convencimiento previsto en el artículo 739 del Código del Trabajo, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; en el presente caso, la conducta de la parte demandada no ha sido la correcta, toda vez que reconoció que pagaría los derechos y prestaciones al trabajador demandante, no lo hizo, como tampoco hizo uso de su derecho de contestar la demanda de mérito.- XXI.- Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.- XXII.- Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación.- Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.- XXIII.- Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito, CONDENAR a la demandada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas, más los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, desde la fecha de la terminación de la relación laboral, hasta la fecha en que quede firme esta sentencia; no se condena en costas, dado el carácter social del derecho del trabajo y el principio de gratuidad.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, y haciendo aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 303, reformado, 304 reformado, 313 numeral 5) reformado, y 316 reformado de la Constitución de la República; 7, 8 y 23 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convenio 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; 4, 5, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 41, 113 párrafo primero interpretado por el Decreto Legislativo número 89 del 23 de Septiembre de 1969, 116, 117, 120 reformado, 123, 664, 665, 738, 739, 765 numeral 1) párrafo primero y segundo, 778 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: CASA PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha 7 de septiembre del año 2017 dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.- SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda laboral, para el pago de las prestaciones laborales y demás indemnizaciones, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida por el señor YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES, de generales conocidas, contra el CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, por medio de su representante legal en funciones. TERCERO: CONDENA al CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, por medio de su representante legal en funciones, a pagar a favor del señor YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES, la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.172,773.88), por los conceptos reclamados en juicio, los cuales se desglosan así: Preaviso la cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L.30,566.66); Auxilio de Cesantía la cantidad de NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.91,699.98); Auxilio de Cesantía proporcional la cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS DE LEMPIRA (L.14,901.12);Vacaciones proporcionales, la cantidad de ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.11,044.48); Décimo tercer mes proporcional la cantidad de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE LEMPIRA (L.10,188.73); Décimo Cuarto Mes proporcional la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE LEMPIRA (L.3,638.83); más a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta que sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la presente sentencia. CUARTO: SIN COSTAS.- Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificaron de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 491-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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