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Sentencia CL-482-16 — Registro 7665

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales presentada porel demandante se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no señala la causal de casación de conformidad al artículo 765 del Código de Trabajo; b) no señala el precepto autorizante; y, c) no expone la motivación y explicación del motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los once días del mes de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además es parte recurrida, el señor ORBIN ANAIN SANCHEZ GARCIA, representado en juicio por la Abogada LUZ ADELA LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud del despido directo, ilegal e injusto, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental y del Trabajo por Ministerio de la Ley, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, por el señor ORBIN ANAIN SANCHEZ GARCIA, mayor de edad, Bachiller en Promoción Social, hondureño y con domicilio en el Municipio de La Campa, Departamento de Lempira, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras Departamental y del Trabajo por Ministerio de la Ley, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, misma que: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN interpuesta por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, en su condición de Representante Procesal de LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR: La Demanda Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones Laborales presentada por el señor ORBIN ANAIN SANCHEZ GARCIA contra LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION representado por el Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA.- TERCERO: SE CONDENA: A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION a cumplir lo siguientes: 1) El Pago de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 02/100 (Lps. 177,034.02) desglosado de la siguiente manera: PREAVISO: Diecinueve Mil Trescientos Diecinueve Lempiras con veinte centavos (Lps. 19,319.20); AUXILIO DE CESANTIA: Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis Mil con Cuarenta Centavos (Lps. 86,936.40); AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: Dos Mil Trescientos Sesenta y Un Lempiras con veinte centavos Lps. 2,361.20); VACACIONES: Doce Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras con veinte centavos (Lps.12,879.20); 13 MES DEL AÑO PROPORCIONAL: Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras con Ochenta centavos (Lps.2,759.80); 14 MES DEL AÑO PROPORCIONAL: Seis Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras con Cincuenta Centavos (Lps.6,899.50); REAJUSTE DEL SALARIO: Cuarenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Ocho Lempiras con setenta y dos centavos (Lps.45,178.72).- Mas las salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido directo hasta la fecha que con sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia condenatoria.- CUARTO: Se exime de la condena en COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, de forma escrita, en fecha 2 de febrero de 2006, en el cargo de Promotor Social en el Departamento de Lempira bajo la dirección y subordinación del Programa Hondureño de Educación Comunitario (PROHECO), con un salario mensual de L.5,700.00; resulta que en fecha 13 de mayo de 2015, el Jefe de Recursos Humanos de PROHECO, le notificó al demandante mediante oficio No.RH-PROHECO-070-2015, que ya no podría seguir contando con sus servicios profesionales, en vista de haber llegado a la finalización del contrato, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada. Cabe mencionar que en fecha 2 de septiembre de 2015, el demandante presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Secretaría de Educación, tal como consta en el expediente No.09-15, habiendo interpuesto la parte demandada una excepción por falta de representación del demandado, manifestando que a quién tenía que demandarse era al Procurador General de la República, en donde la juez declaró con lugar la excepción basándose en el artículo 64 de la Ley de Fortalecimiento de Ingreso Equidad Social y Racionalización de Gasto Público, como tal es el caso que la demanda es en contra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, la cual es representada por la Procuraduría General de la República. Que dicha excepción fue declarada con lugar en la audiencia de juzgamiento, cuando la misma tuvo que haberse resuelto en la primera audiencia de trámite, según lo establecido en el artículo 710 del Código del Trabajo, pero en el hecho cuarto de la fundamentación jurídica la juez establece que la sentencia de esta naturaleza presenta la particularidad de permitir la reiteración del proceso, que se vuelva a plantear la misma pretensión respecto de las dos mismas partes procesales que contendieron en el anterior sin que opere la excepción de cosa juzgada, siendo que el término para interponer nuevamente la demanda no ha prescrito.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que lo que existió entre el demandante y la demandada fue una relación contractual de prestación de servicios profesionales a término o fecha de culminación, en el marco de la suscripción de contratos de servicios profesionales, en el que claramente en su cláusula de validez y vigencia claramente establece un término de los referidos contratos, de igual manera la cláusula referentes a la interpretación y ejecución de los contratos suscritos dicen que en caso de controversia en la interpretación de las cláusulas suscritas surgidas entre las partes, se someterán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. En el caso que se ocupa estos contratos eran de Servicios Profesionales eventuales y determinados con fecha de inicio y finalización teniendo forzosamente que llegar a su fin y obviamente es lo que ocurrió con el demandante, por lo que se procedió a emitir la notificación correspondiente y ahora pretende sorprender al juzgador del libelo de la demanda solicitando prestaciones e indemnizaciones laborales derechos subjetivos que corresponden según la legislación nacional a las empleados que gozan de una permanencia laboral (acuerdo) modalidad de contratación diferente a la modalidad de contratación del demandante, pues él aceptó y consintió esa modalidad de contratación y en ningún momento se opuso o se manifestó de manera contraria. Que se acepta que el demandante presentó demanda para el pago de “prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados y salarios caídos dejados de percibir” en fecha 19 de octubre de 2015, en cuanto a la interposición de la “Excepción de falta de representación legal en el demandado” por haberse presentado en contra de un funcionario no habilitado legalmente como ser el Secretario de Estado en el Despacho de Educación y no contra el Estado de Honduras por medio de su representante legal basado en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 28 de la Ley de la Administración Pública, 228 de la Constitución de la República, lo cual la juez en sentencia definitiva se pronunció además de lo anterior en base al artículo 64 de la Ley de Fortalecimiento de Ingresos y Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, lo cual establece que la representación legal del Estado la lleva la Procuraduría General de la República por medio del procurador, y la Secretaría de Educación como parte del engranaje que conforma la administración pública tiene como representante legal a la Procuraduría General de la República.- 3. El Juzgado de Letras Departamental y del Trabajo por Ministerio de la Ley, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por el Abogado Roger Guillermo Florentino Barahona, en su condición de representante procesal de la Procuraduría General de la República; declaró con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales presentada por el señor Orbin Anain Sánchez García, contra la Procuraduría General de la República, en representación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; condenando a la demandada al pago a favor del demandante de la cantidad de L.177,034.02, desglosado de la siguiente manera: preaviso: L.19,319.20; auxilio de cesantía: L.86,936.40; auxilio de cesantía proporcional: L.2,361.20; vacaciones: L.12,879.20; 13 mes del año proporcional: L.2,759.80); 14 mes del año proporcional: L.6,899.50; reajuste del salario: L.45,178.72, más las salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el demandante había prestado sus servicios profesionales con regularidad en el programa PROHECO dependiente de la Secretaría de Educación, tal y como se acredita con la prueba documental consistente en los contratos de trabajo, ahora lo toral o lo fundamental se circunscribe en determinar si el despido es justificado, legal o justo, y aún motivado, es evidente que se ha producido un despido injustificado por la extinción unilateral de la relación laboral en fecha 13 de mayo de 2015, esto es sin expresar causa alguna derivada de la conducta o desempeño laboral del trabajador Orbin Anain Sánchez García, que justificara su despido, por lo que resulta lesivo de su derecho constitucional al trabajo, al dar por terminado el contrato de trabajo suscrito, sin justificación legal alguno, violentando lo establecido en el artículo 111 del Código de Trabajo, donde tácitamente se enumera las causas por las cuales se puede dar por terminado los contratos de trabajo, lo cual está íntimamente relacionado con lo establecido en el artículo 112 del mismo cuerpo de leyes, en la que están estipuladas las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, por lo que en estricta aplicación a lo contemplado en el artículo 121 del Código de Trabajo, que refiere que cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo fijo en los casos permitidos por la ley, o por el tiempo necesario para la ejecución de determinada obra y fuere despedida sin causa justificada, o se separe de su trabajo por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 114, será indemnizado por el patrono con el importe del salario que habría devengado en el tiempo que le falte para que se venza el plazo o para que finalice la obra, pero en ningún caso la cantidad podrá exceder de la que le correspondía según los términos del artículo anterior si hubiere sido contratado por tiempo indefinido.- 4. La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que no existe la prescripción del plazo para interponer la demanda alegada por el Abogado Roger Guillermo Florentino Barahona, en su condición de apoderado sustituto de la Procuraduría General de la República, haciendo una relación cronológica de las diversas actuaciones administrativas y jurisdiccionales efectuadas por el demandante que surtieron del efecto de la interrupción, que es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra, tal como lo preceptúa el artículo 871 del Código de Trabajo. De allí en adelante no ha habido interrupción de plazos, porque, aún y cuando no se manejó adecuadamente la subsanación del defecto procesal de representación, la parte actora promovió la demanda contra el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República, el mismo día en que el ad quem declaró desierto el recurso de apelación que contra la resolución que estimó el defecto procesal que había interpuesto la parte actora.- 5. Mediante auto de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada LUZ ADELA LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 864, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, estableciendo que las acciones para reclamar derechos se tendrá el término de dos meses, tal es el caso del presente motivo de casación, la norma procesal o norma objetiva a través del cual se infringió en forma indirecta la constituyen los artículos 868.1 del código de trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no señala la causal de casación de conformidad al artículo 765 del Código de Trabajo; b) no señala el precepto autorizante; y, c) no expone la motivación y explicación del motivo de casación.- IV. Que el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY objetiva, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 765, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Que el artículo 864 del Código de Trabajo establece que “los derechos de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificadas que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen, prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato” a lo cual el juzgado de letras de la sección judicial de la ciudad de gracias lempira, no aplico de manera objetiva lo establecido en este acápite, interponiendo lo establecido en el artículo 868.1 estableciendo que ha operado una interrupción a la prescripción alegada.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) incumple la técnica del recurso al no señalar norma sustantiva que estiva violada, al señalar como únicamente norma objetiva; b) no señala el concepto de la infracción; y, c) el precepto autorizante señalado por el recurrente no se encuentra comprendido en precepto como tal, pues es necesario recordar al recurrente que dichos preceptos se encuentran comprendidos en el artículo 765 del Código de Trabajo; y d) carece de explicación el segundo motivo de casación, pues se relaciona con el artículo 864 del Código de Trabajo, artículo no vinculado en el segundo motivo de casación.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 482-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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