Sentencia CL-474-17 — Registro 16172
Resumen
demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se condene a la demandada al pago de horas extras y turnicidad adeudadas, pago del ajuste al salario mínimo, pago de la indemnización de daños y perjuicios por no pagar el salario mínimo correspondiente, ajuste al decimotercer y decimocuarto mes de salario, al pago doble de los días feriados o de fiesta nacional trabajados, tanto los derechos causados así como los que se causen durante la prosecución del presente juicio hasta el momento en que la patronal cumpla con el pago de dichos derechos de conformidad con la ley, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente señala el artículo 858 del Código del Trabajo como norma de carácter sustancial supuestamente infringida, pero la misma es de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que es inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y el error de hecho; y, b) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 07 de diciembre del 2017, por la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JOSE REMBERTO MARADIAGA ARIAS, JOSÉ ROLANDO MARTINEZ OSORTO, LISANDRO MAYORGA SALES, JOSE ARNOLD FERNANDEZ SABILLON, ENRIQUE RODRIGUEZ, JOSE LUIS NUÑEZ ZAMORA, JOSE SANTOS DOMINGO GUZMAN CASTELLANOS, SANTOS SIXTO OSORTO SANCHEZ, MARCO TULIO MEJIA MALDONADO, JOSE ISRAEL CANALES, ROBERTO RAMOS LEMUZ, JOSE ANTONIO GUERRA VASQUEZ, ADAN MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIO CESAR MANZANARES CUADRAS, JUAN CARLOS CRUZ OCHOA, JOSE MERCEDES CARRANZA ZAMORA, LUCIO MEDRANO FUNEZ, JOSE ALEXIS CRUZ, LEONIDAS WILFREDO FUNEZ VERDE, DANIEL VILLAFRANCA FLORES, ELDER OMAR GUEVARA AQUINO y ROLANDO ANTONIO SANCHEZ NIETO, representados en juicio por el Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se condene a la demandada al pago de horas extras y turnicidad adeudadas, pago del ajuste al salario mínimo, pago de la indemnización de daños y perjuicios por no pagar el salario mínimo correspondiente, ajuste al decimotercer y decimocuarto mes de salario, al pago doble de los días feriados o de fiesta nacional trabajados, tanto los derechos causados así como los que se causen durante la prosecución del presente juicio hasta el momento en que la patronal cumpla con el pago de dichos derechos de conformidad con la ley, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 13 de octubre del 2016, por los señores JOSE REMBERTO MARADIAGA ARIAS, soltero y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, JOSÉ ROLANDO MARTINEZ OSORTO, soltero y con domicilio en Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, LISANDRO MAYORGA SALES, soltero y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, JOSE ARNOLD FERNANDEZ SABILLON, casado y con domicilio en Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, ENRIQUE RODRIGUEZ, soltero y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, JOSE LUIS NUÑEZ ZAMORA, casado y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, JOSE SANTOS DOMINGO GUZMAN CASTELLANOS, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, SANTOS SIXTO OSORTO SANCHEZ, soltero y con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés, MARCO TULIO MEJIA MALDONADO, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, JOSE ISRAEL CANALES, soltero y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ROBERTO RAMOS LEMUZ, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, JOSE ANTONIO GUERRA VASQUEZ, soltero y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ADAN MARQUEZ RODRIGUEZ, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, MARIO CESAR MANZANARES CUADRAS, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, JUAN CARLOS CRUZ OCHOA, soltero y con domicilio en La Lima, Departamento de Cortés, JOSE MERCEDES CARRANZA ZAMORA, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, LUCIO MEDRANO FUNEZ, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, JOSE ALEXIS CRUZ, soltero y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, LEONIDAS WILFREDO FUNEZ VERDE, casado y con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés, DANIEL VILLAFRANCA FLORES, casado y con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés, ELDER OMAR GUEVARA AQUINO, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés y ROLANDO ANTONIO SANCHEZ NIETO, casado y con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés; todos mayores de edad y hondureños, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su representante legal el señor RICHARD ZABLAH, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de agosto del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 31 de marzo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación formulado por la Abogada Karen Sussette Valencia Guevara en su condición de apoderada sustituta del demandando Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, el treinta de Marzo del año dos mil diecisiete (2017) en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores los señores JOSE REMBERTO MARADIAGA ARIAS, JOSÉ ROLANDO MARTINEZ OSORTO, LISANDRO MAYORGA SALES, JOSE ARNOLD FERNANDEZ SABILLON, ENRIQUE RODRIGUEZ, JOSE LUIS NUÑEZ ZAMORA, JOSE SANTOS DOMINGO GUZMAN CASTELLANOS, SANTOS SIXTO OSORTO SANCHEZ, MARCO TULIO MEJIA MALDONADO, JOSE ISRAEL CANALES, ROBERTO RAMOS LEMUZ, JOSE ANTONIO GUERRA VASQUEZ, ADAN MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIO CESAR MANZANARES CUADRAS, JUAN CARLOS CRUZ OCHOA, JOSE MERCEDES CARRANZA ZAMORA, LUCIO MEDRANO FUNEZ, JOSE ALEXIS CRUZ, LEONIDAS WILFREDO FUNEZ VERDE, DANIEL VILLAFRANCA FLORES, ELDER OMAR GUEVARA AQUINO y ROLANDO ANTONIO SANCHEZ NIETO, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de la persona que legalmente le representa, todos de generales conocidas en el proceso de la referencia; 2) DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por el abogado Raúl Edgardo Chinchilla Aguilar en su condición de apoderado legal de los trabajadores demandantes en contra de la referida sentencia, en consecuencia se procede a reformar la misma, REFORMA que consiste en establecer como monto líquido a percibir por los trabajadores demandantes en concepto de pago de horas extras y turnicidad los siguientes: los señores JOSE REMBERTO MARADIAGA ARIAS Lps.41,924.04; JOSÉ ROLANDO MARTINEZ OSORTO Lps.41,500.56; LISANDRO MAYORGA SALES Lps.43,926.40; JOSE ARNOLD FERNANDEZ SABILLON Lps.22,401.28; ENRIQUE RODRIGUEZ Lps.37,431.12; JOSE LUIS NUÑEZ ZAMORA Lps.31,390.16; JOSE SANTOS DOMINGO GUZMAN CASTELLANOS Lps.23,208.56; SANTOS SIXTO OSORTO SANCHEZ Lps.29,693.24; MARCO TULIO MEJIA MALDONADO Lps.36,677.76; JOSE ISRAEL CANALES Lps.37,424.80; ROBERTO RAMOS LEMUZ Lps.35,378.96; JOSE ANTONIO GUERRA VASQUEZ Lps.36,439.96; ADAN MARQUEZ RODRIGUEZ Lps.12,767.72; MARIO CESAR MANZANARES CUADRAS Lps.29,213.16; JUAN CARLOS CRUZ OCHOA Lps.34,673.44; JOSE MERCEDES CARRANZA ZAMORA Lps.19,527.72; LUCIO MEDRANO FUNEZ Lps.40,830.52; JOSE ALEXIS CRUZ Lps.34,362.96; LEONIDAS WILFREDO FUNEZ VERDE Lps.30,822.72; DANIEL VILLAFRANCA FLORES Lps.19,482.40, ELDER OMAR GUEVARA AQUINO Lps.22,751.12 Y, ROLANDO ANTONIO SANCHEZ NIETO Lps.34,433.96, en razón de lo anterior, se fija como monto total de condena, la cantidad de Lps. UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENNTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS, que corresponde a los conceptos otorgados por el a quo, pero por los montos fijados por ésta alzada por virtud de la reforma; 3) Se confirma en sus demás extremos la sentencia objeto del recurso de apelación.- 4) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción que laboraron para la institución demandada, devengando un salario mensual de L.8,888.49, pero desde el año 2014 hasta el mes de septiembre del 2015, devengaban un salario base mensual de L.7,312.04, salario que era inferior al salario mínimo decretado por el Estado de Honduras en ese momento, en el mes de octubre del 2015 se les aumentó a L.8,230.09 que era el salario mínimo del año 2015 y esa cantidad les siguieron pagando hasta el mes de abril del 2016, pago que correspondía al salario mínimo del año 2016, así como el retroactivo correspondiente a ese año 2016; por lo que, el reclamo es por el ajuste al salario mínimo por todo el tiempo en que el salario de los demandantes fue inferior al salario mínimo decretado por el Estado, también el pago de la indemnización de daños y perjuicios establecida en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; además alegó que laboraron en turnos rotativos de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en el turno A y en el Turno B de 6:00 pm. A 6:00 a.m., alternando 3 días en el turno diurno y 3 días en el turno nocturno, sin que les pagaran las horas extras de conformidad a la ley, ya que lo que les pagaban eran L.1,000.00 como sobre sueldo, como compensación de horas extras, siendo ilegal y arbitrario porque el valor que les correspondían como pago de horas es mucho mayor; y que el cálculo de las horas extras fue efectuado a partir de los dos últimos meses anteriores al 31 de agosto del 2016 fecha del reclamo administrativo, hasta el día de la presentación de la demanda; argumentaron también que el decimotercer mes y decimocuarto mes de salario han sido pagados de manera incompleta durante los 2 últimos años, así como los días feriados o de fiesta la patronal no les pagaba el duplo del salario que les correspondía según la ley. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda oponiéndose y rechazando los hechos alegados por los demandantes, alegando en su defensa que a los demandantes no les asiste el derecho que reclaman porque las causas invocadas no se justifican y que son circunstancias reservadas a prueba de juicio. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 31 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, condenó a la parte demandada a pagar a los demandantes la cantidad de L.708,906.66, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso tal y como lo ha afirmado la parte actora, la demandada pagó en su momento un salario inferior al que legalmente ha establecido el Estado, en razón de ello, resulta procedente ajustar el mismo en el período comprendido de septiembre del 2014 a septiembre del 2015 por la suma de total de L.9,498.09; debiéndose condenar además a la indemnización que regula el artículo 39 de la Ley del salario mínimo por la cantidad de L.9,498.09; y los conceptos de décimo tercer y décimo cuarto mes constituyen salarios, el pago de estos debe realizarse de acuerdo al fijado por el Estado para cada año, y siendo que los cancelados por la demandada en los años 2014 y 2015 eran inferiores al que corresponde, resulta procedente ajustar los mismos, haciendo una suma de L.2,223.41; asimismo para el pago de horas extras en el presente caso, de acuerdo a la prueba aportada al juicio los demandantes laboraron en turnos rotativos de 12 horas cada uno según se dejara expuesto en los hechos probados del presente fallo, sin que la jornada extraordinaria les fueran pagadas conforme a lo que dispone la ley, sino que únicamente se les otorgaba L.1,000.00 mensuales en concepto de sobresueldo, por lo que debe concederse a partir del 31 de junio del 2016, pues el reclamo administrativo se efectuó el 31 de agosto de 2016. Además, de los registros de la demandada los actores laboraron los días feriados o de fiesta nacional, y que se pagaran con el duplo de salario correspondiente a la jornada ordinaria en proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio del derecho del trabajador a cualquier otro día de descanso en la semana conforme al artículo 338 del Código del Trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 25 de agosto del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, declarando sin lugar el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demandada; declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Raúl Edgardo Chinchilla Aguilar, en su condición de apoderado de los trabajadores demandantes; en consecuencia reformó la sentencia, en cuanto a establecer como monto líquido a percibir por los trabajadores demandantes en concepto de pago de horas extras y turnicidad los siguientes: José Remberto Maradiaga Arias L.41,924.04; José Rolando Martínez Osorto L.41,500.56; Lisandro Mayorga Sales L.43,926.40; José Arnold Fernández Sabillon L.22,401.28; Enrique Rodríguez L.37,431.12; José Luis Núñez Zamora L.31,390.16; José Santos Domingo Guzmán Castellanos L.23,208.56; Santos Sixto Osorto Sánchez L.29,693.24; Marco Tulio Mejía Maldonado L.36,677.76; José Israel Canales L.37,424.80; Roberto Ramos Lemuz L.35,378.96; José Antonio Guerra Vásquez L.36,439.96; Adán Márquez Rodríguez L.12,767.72; Mario Cesar Manzanares Cuadras L.29,213.16; Juan Carlos Cruz Ochoa L.34,673.44; José Mercedes Carranza Zamora L.19,527.72; Lucio Medrano Fúnez L.40,830.52; José Alexis Cruz L.34,362.96; Leónidas Wilfredo Fúnez Verde L.30,822.72; Daniel Villafranca Flores L.19,482.40, Elder Omar Guevara Aquino L.22,751.12 y Rolando Antonio Sánchez Nieto L.34,433.96, en razón de lo anterior, se fija como monto total de condena, la cantidad de L.1,083,833.14, que corresponde a los conceptos otorgados por el a quo pero por los montos fijados por ésta alzada por virtud de la reforma; confirmó los demás extremos de la sentencia, sin costas; bajo el criterio que no es posible atender las pretensiones de la representación convencional de la entidad demandada, pues del proceso no consta que hubiera cumplido con las obligaciones legales derivadas del contrato de trabajo, el reajuste al salario mínimo se realizó en efecto, pero a partir de octubre del año 2015; por salario extraordinario pagaba es cierto, pero una cantidad fija con la que no se satisfacía el pago de lo devengado por el tiempo extraordinario laborado; y, en cuanto a los días feriados laborados, la compensación con un día de descanso no agota la obligación contenida en el artículo 340 del Código del Trabajo. En cuanto a la pretensión del apoderado actor se estima la misma solo en relación con los montos otorgados por el a quo en lo que respecta al pago por tiempo extraordinario de servicio laborado hasta la fecha en que aparece prestado el servicio, de resultar a posteriori, una vez establecida la obligación, la demandada estará obligada a ajustarse a lo que la ley dispone a ese efecto; se desestima la apelación relacionada con el pago doble de los días feriados, pues lo otorgado por el a quo no se sustenta en la cantidad de días festivos y de asuetos en el año, sino, en los días de feriado, y asueto que fueron efectivamente laborados de forma individual por cada uno de los trabajadores según consta de la documentación que al efecto se aportara al proceso. 5.- Mediante auto de fecha 26 de octubre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 07 de diciembre del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de marzo del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso La Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantivo de Orden Nacional, en Infracción directa; proveniente de error de hecho, Infracción que se pone de manifiesto al no tomar en consideración las alegaciones presentados en la Corte de Apelaciones del trabajo, y por ende no se valoró la abundante prueba documental presentada en tiempo y forma ante el juzgado de letras del trabajo, medio de prueba demostrativo del respeto que al patrono le merece el imperio de la legalidad y con cuya falta de apreciación la sentencia bajo ataque viola el Artículo 858 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió las NORMAS sustantivas señaladas, están contenidas en los Art. 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. Acto seguido procedo a describir la prueba que se dejó de apreciar: Prueba Documental.- Documento Público, identificados como catálogo de empleado por planillas, Histórico de Ingresos de los empleados, contratos de trabajo de cada uno y los marcajes, de los demandantes contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social JOSE REMBERTO MARADIAGA ARIAS. JOSE ROLANDO MARTINEZ OSORTO. LISANDRO MAYORGA SALES. JOSE ARNOLD FERNANDEZ SABILLON, ENRIQUE RODRIGUEZ. JOSE LUIS NUÑEZ ZAMORA. JOSE SANTOS DOMINGO GUZMAN CASTELLANOS. SANTOS SIXTO OSORTO SANCHEZ. MARCO TULIO MEJIA MALDONADO, JOSE ISRAEL CANALES. ROBERTO ROMOS LEMUZ. JOSE ANTONIO GUERRA VASQUEZ. ADAN MARQUEZ RODRIGUEZ. MARIO CESAR MANZANARES CUADRAS. JUAN CARLOS CRUZ OCHOA. JOSE MERCEDES CARRANZA ZAMORA. LUCIO MEDRANO FUNEZ, JOSE ALEXIS CRUZ, LEONIDAS WILFREDO FUNEZ VERDE, DANIEL VILLAFRENCA FLORES, ELDER OMAR GUEVARA AQUINO; y ROLANDO ANTONIO SANCHEZ NIETO, en donde se pone de manifiesto que de la simple comparación de lo que se expresa en la sentencia y lo que contiene la prueba, el error en que incurre la Corte de Apelaciones, ya que, si esta prueba se hubiera apreciado, la alzada no hubiese modificado la sentencia hoy impugnada y hubiese disminuido la condena. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal 1°. Párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE MOTIVO QUE SE HACE ASI: En el hecho PRIMERO de los fundamentos de Derecho de la Sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, se manifiesta lo siguiente: ¨....Por disposición del artículo 128 de la Constitución de República, carecen de valor los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías relacionadas entre otras, con la remuneración por jornadas extraordinarias de trabajo, con el derecho del trabajador a percibir un salario mínimo fijado periódicamente con la intervención del Estado, y a recibir remuneración extraordinaria si laboran durante los días feriados que señala la ley.- Los hechos que en el sub judice se declaran probados, son constatables de la abundante prueba documental aportada al proceso, de ello consta que la demandada ajusto el salario mínimo de los actores a partir de octubre del 2015, asimismo consta el tiempo extraordinario de servicio prestado efectivamente por dichos trabajadores, y la cantidad de días feriados en que estos laboraron sin recibir el pago que legalmente corresponde a dicha labor según se constata de la documentación visible a folios que corren desde el numero 591 hasta el número 806 de la primera pieza; documentos de los que también resulta establecido el tiempo efectivo de servicio durante los días de feriados o fiesta nacional en los que laboraron los trabajadores sin recibir más que el pago de su salario ordinario, mas Lps 1,000.00 por tiempo extra laborado... ....De conformidad con la prueba aportada al proceso, los trabajadores efectivamente prestaron servicio para la institución demandada en turnos rotativos de 12 horas, por ello, los actores recibían un pago mensual de Lps. 1,000.00 adicionales, sin que dicha cantidad cubriera el tiempo extraordinario de servicio de conformidad a lo mandado en los artículos 321, 329 y 330 del, Código del Trabajo; las cantidades otorgadas el a quo por los citados conceptos en el caso de autos, resulta no de lo establecido en el contrato, sino, de la sumatoria que es posible determinar de la documentación aportada al proceso y que es visible a folios 591 hasta el número 806 de la primera pieza en la que consta, el tiempo efectivo del servicio prestado; no obstante lo anterior, si es visto que las cantidades a liquidar por el tiempo de servicio extraordinario para el año 2016, a excepción de los trabajadores José Arnold Fernández Sabillón, José Santos Domingo Guzmán Castellanos. Adán Márquez Rodriguez y Daniel Villafranca Flores no corresponden a los montos que tocan a cada uno del resto de los actores pues la suma de las horas trabajadas multiplicadas por el salario en vigencia para el año 2016 es superior al otorgado por el a quo; asimismo consta, que las citadas liquidaciones en particular las que correspondían a los salarios extraordinarios laborados en el periodo comprendido entre enero y febrero del año 2017, fueron realizadas por el juzgador utilizando el salario mínimo que era efectivo para el año 2016 y no el vigente para el año 2017... ….Con sujeción a lo que se ha dejado expuesto, este Tribunal de Alzada estima que no es posible atender la pretensión convencional de la entidad demandada, pues del proceso no consta que hubiera cumplido con las obligaciones legales derivadas del contrato de trabajo, el reajuste al salario mínimo se realizó en efecto, pero a partir de octubre del año 2015; por salario extraordinario pagaba es cierto, pero una cantidad fija con la que no se satisfacía el pago de lo devengado por el tiempo extraordinario laborado; y, en cuanto a los días feriados laborados, la compensación con un día de descanso no agota la obligación contenida en el artículo 340 del Código del Trabajo; en cuanto a la pretensión del apoderado actor, se estima la misma solo en relación con los montos otorgados por el a quo en lo que respecta al pago por tiempo extraordinario de servicio laborado hasta la fecha en que aparece prestado el servicio, de resultar a posteriori, una vez establecida la obligación, la demandada estará obligada a ajustarse a lo que la ley dispone a ese efecto; se desestima la apelación relacionada con el pago doble de los días feriados, pues lo otorgado por el a quo no se sustenta en la cantidad de días festivos y de asuetos en el año, sino, en los días de feriado y asueto que fueron efectivamente laborados de forma individual por cada uno de los trabajadores según consta de la documentación que al efecto se aportara al proceso, por lo anterior se estima procedente reformar la sentencia que se concede en apelación en el sentido ya expuesto....- En este caso la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, al reforma parcialmente la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, puesto que al no darle prioridad a la prueba presentada en tiempo y forma, no llega a esa conclusión y tal desprecio de dicho medio probatorio es INJUSTO y CONTRARIO A DERECHO; Este medio probatorio documental en donde se acredita el déficit financiero por el que está pasando actualmente el Seguro Social, asimismo nunca que les ha dejado de pagar a sus empleados, asimismo se les hizo efectivo el ajuste al salario mínimo legal en el mes de Octubre del año 2015, abril 2016 y enero 2017 y los ahora demandantes se les pagaba 1000 lempiras de sobresueldo por las 4 horas laboradas, situación está que no fue considerada por la Corte de Apelaciones del trabajo y asimismo se condena y aumenta la misma en la sentencia de fecha veinticinco de agosto del 2017, prueba contundente que se pone de manifiesto ya que mi representada se encuentra en desventaja por no tener liquidez para afrontar compromisos que con mucho esfuerzo los cumple aunque se a largo plazo, ya ha quedado plenamente acreditado el déficit financiero durante la audiencia primera de trámites y alegación en la corte de apelaciones, no es justo ni procedente en derecho reformar la sentencia ahora recurrida, mi representada no posee capacidad económica debido al déficit financiero; incurre en error la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, al no valorar una prueba tales como los decretos presentados durante el proceso del juicio Por ende se sobreentiende que la Corte de Apelaciones en su Sentencia reformando parcialmente la Sentencia del A-quo, incurre en la FALTA de Valoración de las pruebas, vulnerando el artículo 858 del Código de Trabajo en relación al artículo 200 del Código Procesal Civil. “. III.- En el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente señala el artículo 858 del Código del Trabajo como norma de carácter sustancial supuestamente infringida, pero la misma es de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que es inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y el error de hecho; y, b) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia. IV.- Que la Impetrante también pide: “SE SOLICITA NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. En la primera pieza de autos, donde constan los medios de pruebas presentados ante el juzgado de letras del trabajo ni la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, se niega y no toma en consideración el déficit financiero que está atravesando actualmente el seguro, pero la Honorable Corte en mención al modificar parcialmente la sentencia de primera instancia conocida en apelación, tácitamente se fija como monto total de condena, la cantidad de Lps. UN MILLON OCENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS TREINTE Y TRES LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS, lo cual no es justo ni procedente en derecho y dicha sentencia. Código de Procesal Civil, causando un evidente perjuicio a la parte demandada, lo que acarreo la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha Veinticinco de Agosto del año dos mil Diecisiete (2017), proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.”. V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, el argumento es que el fallo del ad-quem no tomaron en cuenta el déficit financiero que se encuentra atravesando la demandada y que le causa evidente perjuicio la condena impuesta en el mismo, lo cual no constituye ninguna situación que afecte el derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la petición de nulidad subsidiaria de la sentencia. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 474-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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