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Sentencia CL-469-16 — Registro 8459

Resumen

Segunda instancia confirmó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, demás derechos contractuales y constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la explicación del cargo el Impetrante manifiesta que “el Ad Quem ha sido tajante al limitar su análisis probatorio al documento que obra a folio 76 de la primera pieza de autos que consiste en una nota de despido de fecha 17 de mayo de 2012” , lo que evidencia el ataque a otra prueba que no ha sido singularizada en la formulación, circunstancia que se aleja de la técnica del recurso, ya que conforme al artículo 769 numeral 5) literal b) dicha singularización debe ser precisa, para así poder identificar y confrontar el fallo conforme al el error alegado; y, b) formula alegaciones propias de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que en el presente caso, previo a cualquier otro análisis de la situación jurídica, cabe revisar si el patrono al notificar la terminación del contrato dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, es decir, si en la nota de cancelación emitida le expresó al demandante, la causa o motivo que la movieron a tomar esa determinación, conforme al documento que obra a folios 7 y 76 de la primera pieza de autos.- Por lo que al apreciar y valorar el contenido de dicha prueba documental se llega a la conclusión de que el patrono omitió señalar con claridad y precisión cuales eran dichas causales o motivos, ya que si bien se citaron disposiciones legales y reglamentarias, sin embargo no se expresaron los hechos o situaciones concretas generadoras de tal determinación, lo cual si bien es cierto fueron alegadas en el desarrollo del juicio, también lo es que a ese momento procesal ya era tardía y extemporánea tal invocación, conforme lo dispuesto en la parte final de la misma norma.- VI. Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa ó motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la explicación del cargo el Impetrante manifiesta que “el Ad Quem ha sido tajante al limitar su análisis probatorio al documento que obra a folio 76 de la primera pieza de autos que consiste en una nota de despido de fecha 17 de mayo de 2012” , lo que evidencia el ataque a otra prueba que no ha sido singularizada en la formulación, circunstancia que se aleja de la técnica del recurso, ya que conforme al artículo 769 numeral 5) literal b) dicha singularización debe ser precisa, para así poder identificar y confrontar el fallo conforme al el error alegado; y, b) formula alegaciones propias de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado GARY STEVEN CASTRO ARGUETA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por acciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDNA); además, son parte recurrida el señor ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, representado en juicio por la Abogada GLADIS ONDINA ZAVALA MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, demás derechos contractuales y constitucionales, costas; promovida por la Abogada GLADYS ONDINA ZAVALA MEJIA, en su condición de Apoderada Legal del señor ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, hondureño, mayor de edad, Médico Cirujano y del domicilio de Márcala, La Paz, departamento de La Paz, contra ESTADO DE HONDURAS, por acciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDNA) representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA quien es mayor de edad, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “ FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR La DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO DERECHO ALTERNATIVO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES ASÍ COMO EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; promovida por la señor ERWIN FRANCISCO MEMA PINEDA contra LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO; representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 11.-CONDENAR: A LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO; representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A: 1. Pagar al señor ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.259,279.47); Desglosado en los siguientes conceptos: 1) Preaviso: L.21,995.03; 2) Auxilio de cesantía: L.219,950.27; 3) vacaciones causadas: 1.6,284.29; 4) décimo tercer mes proporcional: 1.3,168.33; 5) décimo cuarto mes proporcional: 1.7,881.55. 2. El reconocimiento del pago de los Salarios Dejados de Percibir y demás derechos que se le adeuden desde el día que se operó el despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria a título de indemnización por daños y perjuicios. III.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la empresa demandada el 01 de mayo de 1992, siendo despedido a partir del 1 de mayo 2012, se desempeñaba como Médico 1 en el Décimo Batallón de Infantería, en Marcala, departamento de La Paz, de las fuerzas Armadas de Honduras, devengando un sueldo mensual de L.9,900.00; en fecha 17 de mayo de 2012, fue notificado de la terminación de su contrato mediante oficio 10.B.I.C. 001-2012, por parte del comandante EHO-1678- CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. EDGAR WILFREDO CABALLERO ESPINOZA, despido que se hizo efectivo a partir del 01 de mayo de 2012, señalando injustas e ilegales causas que tuvo la comandancia para despedir al trabajador sin haber llevado a cabo ningún procedimiento legal establecido, ni en el Reglamento de las Fuerzas Armadas, ni las demás leyes que regulan las relaciones laborales en las instituciones. El demandante fue objeto de una denuncia ante el Ministerio Público, motivo por el cual le fue dictado auto de prisión, con prisión preventiva, por lo tanto el demandante es inocente hasta tanto no se le dicte sentencia condenatoria firme, sin embargo el comandante, EDWAR WILFREDO CABALLERO ESPINOZA, encargado del décimo Batallón de Infantería Guardianes de la Frontera “LINCES” ubicado en Marcala, La Paz, lugar donde el demandante desempeña sus labores, inmediatamente que tuvo conocimiento de la detención del demandante, le libró oficio cancelándolo de su puesto de trabajo sin ninguna justificación legal alguna.- 2. La parte demandada, LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO, contestó dicha demanda señalando que según consta en el expediente administrativo del demandante, este inicio su relación laboral bajo la categoría de personal auxiliar con la Institución Armada el 01 de enero de 1992, quien devengaba un sueldo mensual de L. 9,176.39, desempeñándose como Médico General y presentando su labor en el Décimo Batallón de Infantería. Posteriormente el Comando del Décimo Batallón de Infantería suscribió en fecha 17 de mayo de 2012, el oficio 10 B.I.C. 001-2012, mediante el cual notifica la cancelación por despido al ahora demandante, despido al que se llegó después de una Audiencia Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas después de hacer un análisis exhaustivo del caso del demandante, concluye que el procedimiento no se había realizado al tenor de lo prescrito en las leyes y reglamentos militares, razón por la cual en fecha 19 de julio del año 2012, emite opinión jurídica, concluyendo que lo procedente es la suspensión del ejercicio del cargo para el cual fue nombrado, de acuerdo a lo prescrito en el art. 108 de la Ley de Personal para los miembros de la Fuerzas Armadas que literalmente expresa: “El miembro de la Fuerzas Armas sometidas a proceso judicial en materia penal, que se le haya dictado auto de prisión o medidas cautelares que le impidan el normal desempeño de sus funciones, será suspendido de su cargo”. En conclusión, el demandante fue suspendido de sus labores por encontrarse sometido a un proceso judicial en materia penal, en ningún momento se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia del ahora demandante, al contrario, al tenor de lo prescrito en las leyes y reglamentos militares se siguió el procedimiento legalmente establecido para el caso del demandante tal como quedara durante la secuela del juicio. Finalmente estableció que el demandante fue requerido fiscalmente por suponerlo responsable de los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del ciudadano LUIS MIGUEL SORTO y Transporte y uso de material de guerra (granada de fragmentación) en perjuicio de la letras seccional de la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz, continuando recluido hasta la fecha en la penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto; de tal manera se puede apreciar de acuerdo a lo enunciado en el art. 106 del Código de Trabajo, el trabajador tiene un plazo de 05 días para dar aviso sobre su detención o prisión al patrono, los cuales empiezan a correr a partir de aquel en que comenzó la misma; situación que en ningún momento manifestó personalmente o a través de su Apoderado legal el demandante, por lo que la Institución armada al notar su ausencia, procede a emitir el respectivo acuerdo de cancelación de nombramiento, al tenor de lo prescrito en el párrafo segundo del art. 106 del citado cuerpo legal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por ERWIN FRANCISCO MEMA PINEDA contra la COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO, bajo el criterio que de lo anterior se concluye, que si bien es cierto la parte demandada ha justificado su despido por la imposibilidad de la prestación personal del servicio para el que fue contratado el trabajador por encontrarse éste con auto de prisión con prisión preventiva, por la supuesta comisión de los ilícitos penales relacionados anteriormente, en razón de lo cual la demandada alega haber suspendido la relación laboral en los términos del artículos, 100.9 del Código de Trabajo en cuanto a la suspensión de los contratos de trabajo que reza: “La detención o la prisión preventiva del patrono decretada por autoridad competente, cuando se interrumpa necesaria e inevitablemente el desarrollo normal de los trabajos”, tal como ocurrió en el caso del demandante, y su posterior terminación de la relación laboral, mediante la cancelación del nombramiento en fecha 15 de febrero de 2013, hecho que encuentra su fundamento en el artículo 106 del mismo Código que establece entre otras cosas el incumplimiento de una de estas obligaciones, o la detención del trabajador por más de seis (6) meses, dará lugar a la terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes; sin embargo, pese a existir causal para dar por terminada la relación laboral, existen incongruencias en el proceso del despido efectuado por la demandada al trabajador, tal es el caso que primero se despide al demandante, mediante nota de fecha 17 de mayo de 2012, por parte del comandante CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. EDGAR WILFREDO CABALLERO ESPINOZA, con efectividad a partir del 01 de mayo de 2012; posteriormente se procede a la suspensión de la relación laboral partir del 01 de mayo de 2012, sin dejar sin valor y efecto la primera actuación y seguidamente se cancela al demandante mediante acuerdo de cancelación con efectividad a partir de a partir del 15 de febrero de 2015; cabe mencionar que otra de las incongruencias encontradas es que no consta acreditado en juicio que la parte demandada haya NOTIFICADO el despido al demandante en forma personal, tal como se observa en la prueba documental en donde NO consta ningún recibido del demandante y con la declaración rendida por la parte demandante ante la suscrita quien ratifica dicha circunstancia, lo anterior en consonancia a lo establecido en el Artículo 113 del Código de Trabajo que reza: La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Dicha normativa en relación al artículo 117 del Código de Trabajo que reza: parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte...- Que en el caso de autos la defensa no observó el procedimiento para el despido, asimismo no acreditó haber notificado la terminación de la relación laboral, al no existir la comunicación efectiva hacia el demandante trae consigo aparejado la violación al derecho de defensa del Trabajador ante el desconocimiento de dicha situación, lo que vicia de nulidad el procedimiento y vuelve ilegal el despido; asimismo consta en el presente expediente el cálculo de prestaciones laborales elaborado por la demandada, a favor del demandante, reconociendo con esto el derecho que le asiste al trabajador.- 3. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que cuando la parte demandada omite dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 117 del Código del Trabajo, esta omisión conlleva a que se declare el despido del trabajador como ilegal e injustificado; ilegal porque no le fue comunicado por escrito de manera individualizada la causa que motivó que no basta el señalamiento de los artículos del Código del Trabajo, de una ley o un contrato colectivo de condiciones de trabajo para considerar que el despido ha sido bien fundamentado; y de la simple lectura de la nota de despido que obra a folio 76, se observa que la misma no cumple con lo señalado en el artículo 117, por lo tanto el trabajador tendrá derecho a su elección, al pago de sus prestaciones laborales y una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; ó, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios; en consecuencia, se ajusta a derecho el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.- 4. Mediante auto de fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GARY STEVEN CASTRO ARGUETA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por acciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDNA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 5. En fecha veintiocho de noviembre del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado GARY STEVEN CASTRO ARGUETA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por acciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDNA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada GLADIS ONDINA ZAVALA MEJIA, en su condición de representante procesal del señor ERWIN FRANSCISCO MEJIA PINEDA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 6. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado GARY STEVEN CASTRO ARGUETA, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la falta de apreciación de los medios de pruebas denominados DOCUMENTOS PÚBLICOS presentado por la parte demandada, admitido y evacuado, el cual corren agregados a folios 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 151, 152 y 159 de la pieza principal de autos, y RECONOCIMIENTO JUDICIAL presentado, admitido y evacuado por la parte demandada, el cual corre agregado a folio 166. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 106 párrafo primero y segundo del Código de Trabajo Vigente, en relación con el artículo 111 numerales 5) y 8) párrafo primero de ese mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva de orden nacional señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SINGULARIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA APRECIADOS ERRONEAMENTE. 1. Medio de prueba denominado DOCUMENTOS PÚBLICOS, el cual corre agregado a folios 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 151, 152 y 159 de la pieza principal de autos, consistente en los siguientes documentos: a. Opinión Jurídica emitida por la Auditoria Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, de fecha 19 de julio de 2012 dirigido al Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto. (Folios 79 y 80) b. Dictamen D= 087 (C-1)2012 emitido por la Dirección de Recursos Humanos (C-l) del Estado Mayor Conjunto, de fecha 27 de julio de 2012. (Folios 81 y 82) c. Acuerdo S.G. No. 060 emitido por la Secretaría General del Estado Mayor Conjunto, de fecha 03 de agosto de 2012 (Folio 85) d. Solicitud emitida por el Señor Director de Recursos Humanos (C-1) dirigida al Señor Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, para que emita opinión jurídica referente al caso del Doctor ERWIN FRANCISCO MEJÍA. (Folio 87) e. Opinión Jurídica emitida por la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, de fecha 24 de enero de 2013 dirigido al Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto. (Folios 88 y 89) f. Acuerdo No. 2013-0 182 emitido por la Secretaria General del Estado Mayor Conjunto, de fecha 13 de febrero de 2013 (Folio 92) g. Testimonio de la Escritura Pública No. 21 (Poder Especial) autorizada por la Abogada y Notario GLADIS ONDINA ZAVALA MEJÍA, de fecha 29 de jumo de 2012, ( Folios 93, 94, 95, y 96) h. Oficio emitido por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha 28 de abril del año 2012 dirigido al Señor Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto. (Folio 151). i. Oficio emitido por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha 02 de mayo del año 2012 dirigido al Señor Director de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. (Folio 152). j. Oficio emitido por el Abogado José César Hernández Reyes en su condición de Asesor Legal de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, de fecha 10 de diciembre de 2014 dirigido al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional. (Folio 159) 2. Medio de prueba denominado RECONOCIMIENTO JUDICIAL, admitido y evacuado, el cual corre agregado a folio 166 de la pieza principal de autos. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La motivación de la sentencia es, además de un requisito interno, una exteriorización de las razones empleadas por el Juzgador, en este caso el de segunda instancia, que permiten estudiar el análisis empleado por la autoridad requerida al momento de examinar el haz probatorio que yace en el caso subjudice. En ese orden de ideas, el Ad Quem ha sido tajante al limitar su análisis probatorio al documento que obra a folio 76 de la primera pieza de autos que consiste en una nota de despido de fecha 17 de mayo de 2012; en consecuencia con respecto a la prueba que denuncio no fue apreciada por el Juzgador de Segunda Instancia y se concluye que ha cometido un error de hecho, ya que si la hubiera apreciado habría concluido sin dificultad lo siguiente: 1. La nota de despido de fecha 17 de mayo de 2012, y con la cual se sostiene la sentencia de segunda instancia, perdió validez cuando la parte demandada emitió el acuerdo número SG. No. 060 de fecha 03 de agosto de 2012 por la cual suspendía al trabajador ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA por suponerlo responsable del delito de Posesión Ilegal de Armas (Ver folio 85 de la primera pieza de autos). 2. El Acuerdo número S.G. No. 060 de fecha 03 de agosto de 2012, es producto de un procedimiento administrativo a lo interno de las Fuerzas Armadas de Honduras, que inició con una Opinión Jurídica de fecha 19 de julio de 2012 (Ver folios 79 y 80 de la primera pieza de autos), para luego emitirse el Dictamen de fecha 27 de julio de 2012 (Ver folios 81 y 82 de la primera pieza de autos) y desemboco en el referido Acuerdo. 3. Emitido el Acuerdo de Suspensión por la detención legal del trabajador el siguiente elemento para la aplicación de la norma sustantiva denunciada como violada era el transcurso del tiempo, es decir, la espera del plazo de seis (6) meses para conocer si en ese lapso de tiempo recuperaba su libertad o no el demandante. 4. La espera se produjo tal como lo demuestra la nota de fecha 14 de enero de 2013 (Ver folio 87 de la primera pieza de autos), en la que se indica que el trabajador todavía se encuentra suspendido por su situación en el Juzgado de Letras de lo Penal, por lo que a su vez se inicia ahora un trámite con respecto a determinar la permanencia o cancelación del trabajador dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras. En este sentido se emite la OPINIÓN de fecha 24 de enero de 2013 (Confróntese folio 88 y 89 de la primera pieza de autos) en la que se expone que la suspensión del trabajador ha pasado del término de seis (6) meses y que lo procedente es la cancelación del Dr. Mejía Pineda. 5. Este procedimiento descrito en el numeral anterior desemboca en el Acuerdo de Cancelación No. 2013-0182 de fecha 13 de febrero de 2013 (Ver folio 92 de la primera pieza de autos), por terminación de la relación que unía a las partes, la que fue debidamente entrega a una persona que tenía el poder de representar al trabajador (Ver de nuevo folio 92 y además 93, 94,95 y 96 de la primera pieza de autos). Es importante dejar por sentado que la cancelación del demandante no fue un despido sino una terminación. La diferencia es transcendental. Si hubiese sido por despido, las Fuerzas Armadas de Honduras habría tenido que ceñirse a lo que establece el artículo 117 de código del trabajo tal como lo señala el Ad Quem en su sentencia impetrada, pero siendo terminación los mismos hechos en que el trabajador estaba involucrado informaban de sobra a todas las partes la situación en la que cada una se encontraba. 6. A lo anterior, se debe aunar l omisión que el mismo trabajador incurrió al no informar con su debido tiempo a las Fuerzas Armadas de Honduras que había sido detenido (Véase RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra a folio 166 de la primera pieza de autos), de ahí que la falta de conocimiento de la situación de detención del trabajador ocasionada por el mismo haya creado una incertidumbre que impedía aplicar asertivamente la norma correspondiente. La norma sustantiva violada es clara al establecer que “En el caso del inciso 9 del artículo 100, el trabajador dará aviso al patrono dentro de los cinco días (5) días siguientes a aquel en que comenzó su detención o prisión, y tendrá la obligación de reanudar su trabajo dentro de los dos (2) días siguientes de haber sido puesto en libertad, más el término de la distancia en su caso. El incumplimiento de una de estas obligaciones, o la detención del trabajador por más de seis (6) meses, dará lugar a la terminación del contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes...” Como podríais observar Honorable Magistrados, son dos los aspectos que no fueron tomados en consideración por el A-Quem: En primer lugar, la Corte Recurrida no pudo observar que el Demandante al hacer caso omiso de las obligaciones consignadas en el artículo citado anteriormente, ostentó una mala fe pues al no comunicar a mi representado el motivo de su detención ni el auto de prisión recaído sobre su persona, pretendió simular una posición de incomunicación con la finalidad de impedir que mi representado realizara el procedimiento administrativo legalmente establecido para cancelar su Acuerdo de Nombramiento. En segundo lugar, no apreció la evidente verdad que manifiestan los medios probatorios indicados en el acápite SINGULARIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA, los cuales hablaron per se y demostraron fehacientemente que la finalización de la relación entre las partes se debió una terminación por suspensión del trabajador por más del término que concede la ley en casos de detención, y no despido.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la explicación del cargo el Impetrante manifiesta que “el Ad Quem ha sido tajante al limitar su análisis probatorio al documento que obra a folio 76 de la primera pieza de autos que consiste en una nota de despido de fecha 17 de mayo de 2012” , lo que evidencia el ataque a otra prueba que no ha sido singularizada en la formulación, circunstancia que se aleja de la técnica del recurso, ya que conforme al artículo 769 numeral 5) literal b) dicha singularización debe ser precisa, para así poder identificar y confrontar el fallo conforme al el error alegado; y, b) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Como criterio Jurisprudencial que este Tribunal ha venido sosteniendo, es preciso recordar, que la disposición contenida en el artículo 117 del Código del Trabajo, es una norma laboral de carácter sustantivo, siendo claro que tal precepto en su contenido impone la obligación a la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, de notificar a la otra, la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, lo cual recíprocamente es un derecho para la otra parte, ya que después no se podrán alegar válidamente causales o motivos distintos.- V. Que en el presente caso, previo a cualquier otro análisis de la situación jurídica, cabe revisar si el patrono al notificar la terminación del contrato dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, es decir, si en la nota de cancelación emitida le expresó al demandante, la causa o motivo que la movieron a tomar esa determinación, conforme al documento que obra a folios 7 y 76 de la primera pieza de autos.- Por lo que al apreciar y valorar el contenido de dicha prueba documental se llega a la conclusión de que el patrono omitió señalar con claridad y precisión cuales eran dichas causales o motivos, ya que si bien se citaron disposiciones legales y reglamentarias, sin embargo no se expresaron los hechos o situaciones concretas generadoras de tal determinación, lo cual si bien es cierto fueron alegadas en el desarrollo del juicio, también lo es que a ese momento procesal ya era tardía y extemporánea tal invocación, conforme lo dispuesto en la parte final de la misma norma.- VI. Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa ó motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos.- VII. Que el despido realizado en circunstancias como la del presente caso, se aparta del principio de terminación motivada imperante del contrato de trabajo, que obliga a las partes a motivar la terminación de la relación laboral, es decir, a dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, misma que desde luego no puede ser distinta ni contraria a las establecidas en la Ley, en forma expresa suficiente para justificar la terminación del vínculo contractual.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 469-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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