Sentencia CL-455-16 — Registro 8456
Resumen
Segunda instancia declara con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por mayoría por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 2 de Agosto de 2016, REVOCA el fallo definitivo pronunciado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha 15 de abril de 2016, por ende ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral, sin embargo la decisión del ad quem no se pronuncia sobre el tema de la responsabilidad del demandado, ya que no lo absuelve ni condena, también es omiso sobre el pago de los derechos adquiridos que le corresponden al trabajador demandante de conformidad a la Ley.- VII.- Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o bien, que se determine la inexistencia de la relación de trabajo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- X.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida, para que se proceda de conformidad a derecho.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis, por el Abogado RAFAEL ENRIQUE GOMEZ, mayor de edad, casado y con domicilio en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la empresa BAY ISLANDS EQUIPMENT RENTALS S.A., representada en juicio por el Abogado JOSE MARIA CASTILLO HIDALGO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, por el señor CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, vigilante, hondureño y con domicilio en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, contra la empresa BAY ISLANDS EQUIPMENT RENTALS S.A., por medio de su representante legal, señor GARY RICHARD EVANS, mayor de edad, casado, comerciante, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “DECIDE: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José María Castillo Hidalgo; en consecuencia PRIMERO: REVOCA la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha quince (15) de Abril de dos mil dieciséis (2016); SEGUNDO: Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se Condene al Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Legales por Despido Directo e Injusto, promovida por el Señor Carlos Enrique Martínez Rodriguez, en contra de la Empresa Bay Islands Equipment Rentals S.A.; TERCERO: SIN COSTAS en la primera y segunda instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el señor GARY R. EVANS, en su condición de propietario de la Empresa BAY ISLANDS EQUIPMENT RENTALS S.A., en la ciudad de Roatán, en el puesto de vigilante, desde el 15 de abril del año 2006 hasta el 18 de mayo de 2013, fecha en que fue despedido indirectamente, teniendo una antigüedad en el puesto de trabajo de 7 años, 1 meses y 4 días, con un horario de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 7:00 a.m. y los sábados de 4:00 p.m. a 7:00 a.m., con un salario base de L.12,000.00. Resulta que el 03 de mayo de 2013, el demandante recibió una nota informándole que a partir del 18 de mayo de ese mismo año, el horario de trabajo seria los fines de semana y que el día sábado entraría a las 12:00 del mediodía y saldría a las 5:00 de la tarde (Jornada de cinco horas) y los domingos de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde (Jornada de diez horas), lo que se considera irregular, porque en la misma nota no se me informa si devengaría el mismo salario, pero lógicamente es de suponer que sería reducido a la jornada ejecutada, duda que no llegó a comprobar porque el día en que el demandante se presentó al puesto de trabajo en la fecha indicada recibió otra nota indicándole que no debía presentarse a trabajar sin un dictamen médico que acreditare que estaba capacitado para ser guardia de seguridad, algo que le pareció extraño después de siete años de laborar como vigilante en la empresa. Por lo tanto, la actitud del demandado se considera como un despido indirecto ya sea por la disminución arbitraria de la jornada de trabajo y al no ser aceptado el demandante en el puesto de trabajo después de gozar las vacaciones que por ley le correspondían sin una causa justa, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, la empresa BAY ISLANDS EQUIPMENT RENTALS S.A., contestó dicha demanda señalando que la forma en que está planteada la demanda, “los hechos” en que el demandante fundamentó como justificación para darse por despedido indirectamente del trabajo sin responsabilidad de su parte debían estar comprendidos en las causales taxativamente establecidas en el artículo 114 del Código del Trabajo, lo cual no es así y ni siquiera mencionó ese artículo en los fundamentos de derecho de la demanda. Que el demandante se dio por despedido indirectamente porque el patrono le exigió un dictamen médico, lo cual ya lo establece el artículo 97 inciso 10) del Código del Trabajo, además para mayor ilustración el artículo 112 del Código del Trabajo inciso k) dice que es causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo el descubrimiento de que el trabajador padece de enfermedad infecciosa o mental incurable o la adquisición de enfermedad transmisible, de denuncia o aislamiento no obligatorio cuando el trabajador se niegue al tratamiento y constituya peligro para terceros. Es pues claro que el patrono tiene derecho a indagar la situación de salud del trabajador ya sea por certificados médicos o cartas de salud y a solicitarle que siga el debido tratamiento médico en caso de estar enfermo, por lo que esta no puede ser causal para que el trabajador se dé por despedido indirectamente. El demandante ha presentado certificados de incapacidad y excusas para no presentarse a trabajar por padecer de episodios de Hematoquecia (sangrado rectal), ocultándole al patrono que enfermedad padece, lo cual ocasiona la preocupación en los términos de los artículos 97 inciso 10) y 112 inciso k) del Código del Trabajo, por lo que el patrono solicitó al trabajador que presentara constancia médica de estar apto para trabajar pero el ahora demandante reconoce en su escrito de demanda que decidió desconocer el derecho del patrono y se negó a cumplir sus instrucciones porque opta por interpretarlo, según el sarcasmo estampado en el libelo, como un acto mezquino y de mala voluntad y como un despido indirecto, lo cual se considera que es equivocado. Además el demandante aduce un despido indirecto alegando disminución arbitraria de la jornada de trabajo, en contra de lo cual, según el mismo, en primera instancia no había opuesto objeción, ya que se presentó a trabajar el 18 de mayo de 2013, con la incidencia según él de que no se le permitió quedarse trabajando por haber incumplido el requerimiento del patrono de presentarse con un certificado de salud, pero adviértase que en todo caso, tales razones no están comprendidas en las causales taxativamente establecidas en el artículo 114 del Código del Trabajo, que permiten al trabajador a darse por despedido indirectamente sin responsabilidad de su parte.- 3. El Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha quince de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Enrique Martínez Rodríguez, contra el señor Gary R. Evans, en su condición de representante legal y propietario de la Empresa BAY ISLANDS EQUIPMENT RENTALS S.A.; condenando al demandado a pagarle al demandante la cantidad de L.200,739.09, cantidad que se desglosa de acuerdo a los cálculos elaborados por la unidad de la Secretaría de Trabajo de Roatán por los conceptos de preaviso: tiempo 2 meses, valor diario 60.00 días, valor total L.28,000.00; auxilio de cesantía: tiempo 7 meses, valor diario 210.00 días, valor total L.98,000.00; auxilio de cesantía proporcional: tiempo 34.00 días, valor diario 2.83, valor total L.1,320.68; vacaciones: tiempo 20 días, valor diario 20.00, valor total L.9,333.40; vacaciones proporcionales: tiempo 34 días, valor diario 1.89, valor total L.882.01; aguinaldo: tiempo 2 años, valor diario 60.00, valor total L.24,000.00; aguinaldo proporcional: tiempo 138 días, valor diario 11.50, valor total L.4,600.00; décimo cuarto mes: tiempo 2 años, valor diario 60.00, valor total L.24,000.00; décimo cuarto mes proporcional: tiempo 318 días, valor diario 26.50, valor total L.10,600.00; condenó al demandado a pagar al demandante a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme el presente fallo, con costas; bajo el criterio que el artículo 20 del Código del Trabajo establece los elementos esenciales para que se dé un contrato de trabajo, y del caso que se ocupa quedó comprobado que el demandante realizaba una actividad personal, se mantenía bajo una subordinación y dependencia respecto al patrono puesto que se obligaba a realizar sus labores como guardia de seguridad, actividad personal que éste realizaba de forma directa y única, la cual desarrollaba en un lugar determinado, en cuanto al salario efectivamente de la prueba evacuada se logró demostrar que el sueldo que devengaba el demandante, como salario promedio mensual era de L.14,000.00, en donde el patrono mantenía sus archivos personales como sueldo base de L.7,655.00, sin computar salario de horas extras que de forma diaria devengaba el trabajador demandante, circunstancias que ya se encuentran claramente detalladas en el artículo 361 del Código del Trabajo, donde se plasma que es lo que constituye un salario en materia de trabajo, y en el caso que nos ocupa con el artículo supra mencionado, las horas extras forman parte del salario, en donde inclusive sería contradictorio el argumento del demandado cuando expresa que el salario base del demandante es de L.7,655.00 si al ser interrogado expresa que a estos se les paga por hora, entonces conforme al salario mínimo, en relación con la jornada ordinaria de trabajo y que solo es de ocho horas diarias versus las catorce horas diarias trabajadas por el demandante, vuelve totalmente estéril y carente de credibilidad ese argumento vertido por el demandado en cuanto al salario base que alega devengaba el demandante, y en consonancia, al artículo 30 siempre del mismo cuerpo legal se tienen como ciertas las alegaciones del demandante en cuanto a inicio de labores, la actividad laboral desarrollada, la subordinación con respecto al patrono y el salario que éste devengaba, por lo que se cumplen con los requisitos esenciales del contrato de trabajo, aunado a que estas condiciones y alegaciones de trabajo, no fueron desvirtuadas por la parte demandada. Que de los hechos declarados como probados en esta resolución y específicamente el extremo en donde se establece como hecho probado que el patrono demandado, sin justificación alguna le cambio el horario de trabajo al trabajador demandante, a quién le pagaba por hora, mismo que era de lunes a viernes, entrando a las 5:00 pm y saliendo a las 7:00 am, a un horario de fines de semana, los sábados de 12 del mediodía a 5:00 de la tarde y los domingos de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, situación que trajo consigo de forma automática la reducción del salario del trabajador demandante, efectivamente éste hecho se encuadra en una violación a las condiciones de trabajo y que conforme al artículo 95 numeral 1) del Código de Trabajo ya descrito, está obligado a respetar, puesto que así lo estipula dicho articulado, en donde la violación al mismo conforme al artículo 115 literal J) es una causal para que el trabajador se considere bajo la figura de un despido indirecto; en cuanto al extremo alegado por la parte demandada de que no fue notificada por parte del trabajador sobre de que éste se daba por despedido de forma indirecta, siendo un argumento falaz y ambiguo ya que efectivamente quedó probado que a través de la autoridad administrativa del trabajo se produjo un acto de comunicación y es por ello las autoridades administrativas del trabajo tienen reconocida la validez de todos sus actos conforme lo establecen los artículos 615 al 618 del Código de Trabajo, por ende las actuaciones que éstos realizan, gozan de credibilidad, y solamente pierde validez cuando es refutado por otro medio probatorio, situación que no ocurre en la presente causa. Que el Juez no puede inferir que la parte demandada, no fue notificada del despido indirecto por parte del trabajador, por el solo hecho de que éste no estuvo presente en el reclamo administrativo ante la Inspectoría Regional del Departamento de Trabajo en Roatán, ya que el patrono en los hechos de contestación de la demanda, aceptó de forma categórica que la señora Chameine Alisha Bodden acudió ante las autoridades del trabajo para atender el reclamo de las prestaciones laborales invocadas por el trabajador demandante, con esta aceptación es claro que el patrono mando un representante, situación que prevé el artículo 6 del Código de Trabajo, por lo que es válido el reclamo de prestaciones por despido indirecto que el trabajador demandante realizó al ahora demandado.- 4. La Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, promovida por el señor Carlos Enrique Martínez Rodríguez, contra la Empresa Bay Islands Equipment Rentals S.A., sin costas; bajo el criterio que se ha probado la relación de trabajo entre el demandante y la empresa demandada, sin que haya sido regida por un contrato de trabajo escrito, sin embargo ambas partes, sin controversia alguna, aceptaron tanto la existencia de la relación de trabajo como el cargo que desempeñaba el trabajador; es de resaltar que no existió ningún medio de prueba que determinara la fecha del inicio de dicha relación, por lo que deberá de presumirse que la misma tuvo lugar en la fecha en que el trabajador ha señalado en su demanda. Si bien el demandante en su declaración señala que trabajaba los días sábado también, ello fue desvirtuado con la Inspección Ocular, pues el a quo constató que el demandante ocasionalmente cubría el turno de los sábados por emergencias; el demandante devengaba un salario mensual de L.7,655.00, el cual ascendía a un promedio de L.12,000.00 en virtud de las horas extras trabajadas y que la relación de trabajo entre las partes terminó en fecha 18 de mayo de 2013, al haber interpretado el trabajador estar despedido como consecuencia de que el patrono se negó a concederle el ingreso al centro de trabajo entretanto no presentara una constancia medica que determinara que enfermedad estaba padeciendo y si estaba capacitado para seguirse desempeñando como vigilante. El trabajador planteó en su demanda que acontecieron dos causales que le obligaron a tenerse por despedido indirectamente: a) Como primera causal el trabajador señaló en la demanda que le fue reducida su jornada de trabajo, presentando como prueba de ello la nota de fecha 03 de mayo de 2013, dirigida a él de parte de la empresa, en donde se le explica que por crisis económica su nueva jornada de trabajo sería los días sábado y domingo; se entiende que el verdadero reproche del trabajador no es en si la reducción del tiempo laborable, sino la posible reducción al salario a devengar como consecuencia, sin embargo como bien lo señala el apelante, ello es una mera suposición que no se llegó a comprobar pues la relación de trabajo fue terminada por el trabajador antes de que la supuesta reducción salarial sucediera; es importante aclarar que la acción del patrono, notificada al trabajador mediante la nota en mención, no consistió en el traslado a un cargo de menor categoría o a un cargo distinto que tuviese previsto un salario menor, pues la orden del patrono consistió en que el trabajador siguiera desempeñándose en el mismo cargo y en el mismo establecimiento, con la diferencia que en una jornada distinta de menos horas laborables, sin que se pueda saber si ello iba significar la efectiva reducción del salario, pues como ya se indicó el trabajador se dio por despedido indirectamente antes materializarse el cambio de jornada laboral y por consiguiente antes de que se extendiera el salario por dicha jornada. Partiendo entonces que el derecho es aplicable a hechos y no a supuestos, tenemos como consecuencia que lo alegado por el demandante no se subsume en ninguna de las causales previstas del artículo 114 del Código del Trabajo, en particular en las causales de los literales f) o g); y, b) Como segunda causal el demandante señala que no le fue permitido ingresar a su centro de trabajo al retorno de sus vacaciones, explicando el patrono que ello fue como consecuencia de que el trabajador desobedeció la indicación de presentar una constancia que indicara su condición de salud. Mediante los medios de prueba se acreditó que el trabajador había estado presentando un padecimiento de salud, el cual tenía como síntoma sangrado por la vía rectal, lo que le llegó a incapacitarlo en más de una ocasión para desempeñar la labor; El trabajador aceptó que efectivamente estaba enfermo y que el patrono le solicitó la presentación del documento médico, el cual no presentó al momento de retornar de vacaciones, pues no fue al médico, con lo cual se seguía sin conocerse el diagnostico. Asiste la razón al patrono al señalar que la exigencia de la constancia medica está basada en la facultad que le da el artículo 97.10 del Código del Trabajo que establece como una de las obligaciones del trabajador el someterse al reconocimiento médico, ya sea previo al inicio de la relación de trabajo o en cualquier momento durante ésta, a efecto de comprobar que no padece una enfermedad que ponga en peligro la salud de los demás trabajadores o pueda perjudicar los intereses del patrono; como consecuencia, la negativa del trabajador de realizarse dicho examen médico para identificar cual era el padecimiento que adolecía y si éste ponía en riesgo la salud de los demás trabajadores y terceros, le dio legitimidad al patrono para negarle que retomara a su puesto de trabajo; es importante resaltar que conforme a la nota de nota de fecha 18 de mayo de 2013 se le indicó al trabajador que se tomara el tiempo necesario para hacer dicho examen y que una vez presentada la constancia médica podía retornar a su puesto de trabajo, es decir que dicha nota no señala en ninguna parte que el trabajador estaba despedido, sino que mediante ella le reiteraba aquello que el artículo 97.10 del Código del Trabajo determina como una de sus obligaciones.- Es por lo anterior es que se concluye que no se observan en el presente caso ninguna de las causales previstas en el artículo 114 (causales del despido indirecto), en el artículo 95 (obligaciones del patrono) o en el artículo 96 (prohibiciones del patrono), todos del Código del Trabajo, que justificase al trabajador darse por despedido indirectamente. Que es incorrecto la interpretación del Juzgado de Letras de Roatán, que la citación y la audiencia celebrada ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 24 de mayo de 2013, constituyen una notificación formal del trabajador al patrono, que se consideraba despedido indirectamente, pues la citación para dicha audiencia y la audiencia misma tenían como propósito el reclamo del trabajador al patrono el pago de prestaciones laborales al patrono; de éste modo el patrono nunca fue notificado el porqué el trabajador se daba por despedido indirectamente sino hasta al momento de que le fue notificada la demanda, siendo oportuno insistir que el artículo 115 del Código del Trabajo determina que es obligación del trabajador dar a conocer al patrono no solo que se está dando por despedido indirectamente, sino además las razones por las cuales así considera, las que no pueden ser otras que las enumeradas en el artículo 114 del Código del Trabajo. Como se ha acreditado en el caso sub judice, el trabajador no cumplió con lo señalado por el artículo 115 pues no hizo conocer a su patrono, por cualquier medio, que se estaba dando por despedido indirectamente, mucho menos le indicó cual era la causa de esta determinación, sino que directamente procedió a formularle reclamo para el pago de prestaciones laborales que fue precisamente el objetivo de la citación y de la audiencia celebrada ante la Inspectoría del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RAFAEL ENRIQUE GOMEZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado RAFAEL ENRIQUE GOMEZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE MARIA CASTILLO HIDALGO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Ponente EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por mayoría por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 2 de Agosto de 2016, REVOCA el fallo definitivo pronunciado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha 15 de abril de 2016, por ende ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral, sin embargo la decisión del ad quem no se pronuncia sobre el tema de la responsabilidad del demandado, ya que no lo absuelve ni condena, también es omiso sobre el pago de los derechos adquiridos que le corresponden al trabajador demandante de conformidad a la Ley.- VII.- Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o bien, que se determine la inexistencia de la relación de trabajo.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- X.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida, para que se proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 2 de Agosto de 2016, visible a folios 11 al 21 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de octubre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 455-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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