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Sentencia CL-454-17 — Registro 8455

Resumen

Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, pago de reajuste del salario mínimo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) cita como infringidos los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan el carácter de ser normas sustantivas laborales del orden nacional, ya que no imponen derechos y obligaciones recíprocos para patronos y trabajadores o los extingue y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; y, b) entre la prueba que señala se dejó de apreciar por el Juzgador, incluye los contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales si aparecen que fueron objeto de la valoración probatoria correspondiente, por lo que falta a la precisión en la modalidad del error de hecho que aduce incurrió el ad-quem.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencia del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15)."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 46, literal c (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora ADALINDA MALDONADO MALDONADO, representada en juicio por la Abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, pago de reajuste del salario mínimo, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil doce, por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la señora ADALINDA MALDONADO MALDONADO, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en el Municipio de La Lima, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, por medio de la Procuradora General de la República, en ese entonces señora ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR en su condición de representante procesal de la señora ADALINDA MALDONADO MALDONADO, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la señora Procuradora General de la República de aquél entonces la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2) CONDENA a el ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante ADELINDA MALDONADO MALDONADO la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (L.96,463.24) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 18,666.68, AUXILIO DE CESANTIA L 56,000.04, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 7,052.86, VACACIONES PROPORCIONALES L 4,700.87, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 3,021.37, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 7,021.37 y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Oficina de Migración, que forma parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, hoy Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, a partir del 15 de agosto de 2005, mediante contrato, posteriormente el 02 de junio de 2008, fue asignada a la Dirección Administrativa de Inquilinato DAI, oficina que también es parte de la referida Secretaría, devengando como último salario la cantidad de L.8,000.00. Que mediante nota de fecha 29 de diciembre de 2011, se le comunicó a la demandante que su contrato finalizaba el 02 de mayo de 2012, por lo que, a partir de esa fecha, ya no le seria celebrado nuevo contrato. En tal virtud el despido de la demandante fue directo e injusto porque el motivo aducido es inexistente, lo que trae como consecuencia que la parte demandante está obligada a asumir las obligaciones de conformidad al Código del Trabajo del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se rechaza la pretensión de la parte actora, en vista de que la modalidad por la cual fue contratada la demandante fue por tiempo determinado, por lo que de antemano era de su conocimiento que el contrato de servicios profesionales tenía fecha de inicio, así como la de su finalización. Que el conocimiento de esta acción no le corresponde a la jurisdicción del trabajo, sino que la controversia debió dirimirse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto en apego a lo que establecen los artículos 1, 2, 3 y 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no agotando el procedimiento gubernativo, es decir la parte demandante no presentó el reclamo administrativo correspondiente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Francisco Ticas Aguilar, en su condición de representante procesal de la señora Adalinda Maldonado Maldonado, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a pagar a la demandante la cantidad de L.96,463.24 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, de la documentación aportada al proceso resulta evidente de la sucesiva contratación de la demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo como Inspectora de Inquilinato, reuniendo cada uno de los contratos los tres elementos del contrato de trabajo, desempeñando labores de naturaleza permanente por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido aunque se haya pactado fecha de finalización en cada uno de ellos, por lo que la pretensión del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, es procedente, debido a que la juzgadora considera que siendo que la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente por su reiterada subsistencia lo que origina la permanencia de la relación laboral lo que viene a irrumpir en un derecho laboral adquirido en la trabajadora demandante como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral el 16 de mayo del año 2012, según memorándum de terminación de la relación laboral enviado por el Subgerente de Recursos Humanos señor Francisco Javier Sánchez Sarmiento, sin embargo se considera que la relación laboral de la demandante era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se le debe de tener como empleada permanente desde que inició su relación laboral y al no invocársele en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 numeral 2), 665 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar en este motivo es la siguiente: DOCUMENTAL consistente en: 1) El Oficio No. JLTFM-1126-2013 de fecha 23 de mayo del 2013, mediante el cual se hace constar que la señora ADALINA MALDONADO MALDONADO percibió remuneración por los servicios prestados afectando el objeto específico del gasto 12,100, objeto que contiene sueldos básicos de personal no permanente. 2) El Oficio No. JLTFM-1128-2013 de fecha 23 de mayo del 2013, mediante el cual se hace constar que la señora ADALINA MALDONADO MALDONADO, INFORME que el artículo 74, establece que los contratos de servicios profesionales de empleados por tiempo determinado de la Administración Pública, tiene vigencia solo para el ejercicio fiscal del año 2011. 3) Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, agregados al expediente 933-2012, específicamente la existencia de la cláusula NOVENA misma que literalmente dice: “El presente contrato en caso de conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al Derecho Administrativo”. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Tribunal ad quem en el fallo impugnado ante VOS no ha apreciado las pruebas supra denunciadas lo que ha llevado a declarar con lugar la demanda promovida por la señora Adalina Maldonado Maldonado. Esta prueba inapreciada con particular claridad señala que no existió relación de trabajo entre mi representado el Estado de Honduras y la demandante, sino todo lo contrario la demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos, de igual manera con los acuerdos de aprobación agregados al expediente administrativo de personal debidamente compulsado de la demandante, se puede constatar que los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales son sujetos a aprobación mediante acuerdos por parte del Señor Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población ahora Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal 2011.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) cita como infringidos los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan el carácter de ser normas sustantivas laborales del orden nacional, ya que no imponen derechos y obligaciones recíprocos para patronos y trabajadores o los extingue y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; y, b) entre la prueba que señala se dejó de apreciar por el Juzgador, incluye los contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales si aparecen que fueron objeto de la valoración probatoria correspondiente, por lo que falta a la precisión en la modalidad del error de hecho que aduce incurrió el ad-quem.- IV.- De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencia del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15).- V.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”[1].- VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19, 20, 21, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 454-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14