Sentencia CL-453-17 — Registro 8041
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para que se reconozca el estatus de empleados permanentes y su antigüedad desde el inicio de la relación laboral, reintegro a sus cargos, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, bonificaciones y derechos adquiridos no pagados, reconocimiento de los aumentos otorgados por la Secretaría de Educación a todo el personal durante su ausencia y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error d derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido u hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efect una determinada solemnidad para la valides del acto, pues en este caso no s debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse un prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada cuando nunca contrato bajo ninguna modalidad a los demandantes."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 738 del Código del Trabajo señalado como norma sustantiva infringida no ostenta tal calidad, requisito indispensable para el avance del mismo; y b) se omite establecer si el error alegado es de hecho o de derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando no se establece si el error alegado es de hecho o de derecho; b) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de violación invocado; c) los artículo 19, 21, 26 y 46 inciso b) del Código de Trabajo, señalados como infringidos no ostenta la calidad de sustantivos; y, d) en la explicación se realizan inapropiados alegatos de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, por el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; son parte recurrida los señoras (es) BELKIS YAMILETH CARCAMO CENTENO, BLANCA SARA ALEMAN JUAREZ, LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO, ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ y NORMA ALICIA AGUILERA AYESTAS, representado en juicio por el abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se reconozca el estatus de empleados permanentes y su antigüedad desde el inicio de la relación laboral, reintegro a sus cargos, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, bonificaciones y derechos adquiridos no pagados, reconocimiento de los aumentos otorgados por la Secretaría de Educación a todo el personal durante su ausencia y costas del juicio; promovida por los Abogados FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR SANTIAGO ALONSO MORALES actuando en su condición d representantes de los señoras (es) BELKIS YAMILETH CARCAM CENTENO, mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con domicilio en Residencial La Uvas, bloque H, lote G, casa número 4; BLANCA SARA ALEMAN JUAREZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en la Colonia La Esperanza, segunda calle, casa número 116; NORMA ALICIA AGUILERA AYESTAS, mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Educación Especial con mención Deficiencia Mental, con domicilio en Residencial Altos de las Colinas, cuarta avenida, bloque D, casa número 3312; ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ, mayor de edad, soltero, hondureño, Licenciado en Informática, con domicilio en la colonia Miraflores, avenida Santa Cristina, bloque 63, casa número 1877 y LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público y pasante de la carrera de Administración de Empresas, con domicilio en Residencial Altos dé la Granja, Juticalpa departamento de Olancho, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló reformando la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, así: “FALLA: 1. DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO EN FORMA PARCIAL por el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de representante procesal de los señoras Belkys Yamileth Cárcamo Centeno, Blanca Sarai Alemán Juárez, Norma Alicia Aguilar Ayestas, Roque Natanael López Quiroz, y Luis Paul Coleman Sarmiento; II. DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por el Abogado Mario Wilfredo Quesada Martínez, en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras; III. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete y que corre agregado a folios del 526 al 531 de la primera pieza de autos, así: a) REVOCANDO PARCIALNTE EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada únicamente en cuanto a que la Juez A Quo tiene como inicio de la relación laboral del señor Roque Natanael López Quiróz a partir del 2 de mayo del 2012, en consecuencia se le debe de tener como inicio de la relación laboral el 15 de febrero del 2010, quedando vigente en todo lo demás; b) CONFIRMAR los numerales primero, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada y . IV. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que BELKIS YAMILETH CARCAMO CENTENO inicio su relación laboral el 5 de febrero del año 2010, como Coordinadora del departamento Legal de la Secretaría de Educación, devengando un salario a la terminación laboral de Lps. 35,000.00; BLANCA SARAI ALEMAN JUAREZ, inicio su relación laboral con la Secretaria de Educación en fecha 9 de febrero del año 2010, en el cargo de Jefe de Planificación, teniendo un salario a la terminación laboral de Lps. 55,000.00; ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ, inicio de su relación laboral en fecha 15 de febrero del año 2010, en el cargo de Encargado de Sistemas, con un salario devengado a la fecha de terminación laboral de Lps. 30,000.00; NORMA ALICIA AGUILERA AYESTAS, inicio de su relación laboral con la Secretaría de Educación en fecha 5 de febrero del año 2010, en el cargo de Sub Coordinadora General teniendo un salario a la terminación laboral de Lps. 35,000.00; y, LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO inicio de su relación laboral en en fecha 12 de julio del año 2010, en el cargo de Asistente de Auditoría, devengando un salario de Lps. 20,000.00; a la fecha de la terminación laboral todos los mencionados realizaban funciones de naturaleza continua y permanente dentro de la institución, las partes celebraron varios contratos de servicios profesionales, los cuales eran renovados continuamente, lo que determina que ha existido un contrato de trabajo por tiempo indefinido tal como lo establece el artículo 47 y artículo 52 último párrafo del Código del Trabajo, esto por considerar que las contrataciones de los demandantes referidos deben entenderse estos por tiempo indefinido, ya que las contrataciones fueron realizadas antes de haber transcurrido un año entre estas y la celebración de un nuevo contrato, todo esto a favor de la Secretaría de Educación bajo la Dirección y Subordinación del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO).- Posteriormente los demandantes mediante la nota de fecha 1 de diciembre del año 2014, se les notifico a los mismos el despido directo en donde no existe ninguna causal legal de despido simplemente se contrae a expresar que su contrato tiene fecha de vencimiento, es por ello que procede el reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral y al reintegro al cargo que ocupaban los demandantes. Por otro las demandantes BELKIS YAMILETH CARCAMO CENTENO y BLANCA SARAI ALEMAN JUAREZ la primera estaba gozando de su periodo de lactancia el cual fue interrumpido sin importarle al empleador los daños ocasionados a la misma y a su su hijo; y la segunda estaba padeciendo de una de una enfermedad seria con pronóstico reservado al ser notificada de la terminación laboral, teniendo conocimiento el empleador por lo que se solicita resarcimiento de daños ocasionados ante dicha situación.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando alegando en su defensa que los demandantes sostuvieron una relación laboral mediante contrato de servicios profesionales a término, siendo la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien regula esta relación contractual conforme a la Ley General de la Administración Pública, y bajo clausulas contractuales que le pertenecen dirimir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no le asiste el reclamo se atenta contra las disposiciones presupuestarias y que prohíben realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones ya presupuestadas, no se ha despedido únicamente la nota de fecha 1 de diciembre del 2014, se les recuerda la vigencia del contrato, así mismo en vista de que es una contratación por tiempo determinado no le asiste a la institución demandada responsabilidad alguna en cuanto al resarcimiento de daños reclamados por las demandantes BELKIS YAMILETH CARCAMO CENTENO y BLANCA SARAI ALEMAN JUAREZ.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por los abogados FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR y SANTIAGO ALONSO MORALES en su condición de Representante Procesal de los señores BELKIS YAMILETH CARCAM CENTENO, BLANCA SARA ALEMAN JUAREZ, LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO, ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ y NORMA ALICIA AGUILERA AYESTAS, bajo el criterio: que los demandantes se han desempeñado en el mismo cargo, a excepción de la señora BELKIS YAMILETH CARCAMO CENTENO quien se desempeñaba en el cargo de Jefatura de la Unidad Legal y únicamente tiene una contratación de Sub coordinador General del primero de julio al treinta y uno de agosto del año dos mil trece, aun así todos los actores fueron contratados bajo varios contratos de servicios profesionales, tal como estipula el artículo 52 párrafo ultimo del Código del Trabajo. En relación a lo anterior es necesario establecer que el señor ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ, suscribió varios contratos en diferentes cargos, contrataciones suscritas ininterrumpidas en menos de un año. Por otra parte si bien la demandada alegó que los actores fueron contratados mediante la modalidad de servicios profesionales o técnicos, lo cierto es que dicha contratación no supone las mismas condiciones ni requisitos de un contrato laboral, puesto que en el caso de un contrato de servicios profesionales, la obligación es de hacer algo, mas no de cumplir un horario ni de tener una subordinación permanente, es decir la demandada se ha desnaturalizado la contratación administrativa, pues las labores que desempeñan los demandantes contienen los elementos básicos de todo contrato de trabajo, como ser: la subordinación, puesto que le describen al demandante las funciones que ha de prestar, no se lo hacen saber de forma general, sino que especifica, demostrándose con ello la Dirección del Empleador, también tenía una retribución por sus servicios y los mismos eran ejecutados personalmente por el demandante, además se plasma en él un horario de labores y se establece de igual forma vacaciones, extremos todos que se subsumen en un contrato de trabajo, así mismo como se puede observar, los demandantes han sido contratados de manera continua en un puesto, como ejecutando las mismas funciones de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución, ya que se cumplen los elementos de la regla de indefinidad del contrato de trabajo al tenor de lo establecido en el articulo 47 y 52 del Código del Trabajo. Habiendo definido que los contratos que vinculaban a las partes son de carácter permanente, el empleador para despedirlos debió someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que, al no existir una causa legal de justificación de despido de los demandantes ha operado el despido directo, ilegal e injusto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandada reconoce que los contratos suscritos con los demandantes fueron concluidos porque según él habían llegado a su fin, sin embargo se acreditó que los demandantes tenían varios años de laborar para la Demandada, en forma continua e interrumpida, también se estableció que la trabajadora Belkis Yamileth Carcomo Centeno inició su relación laboral desde el 5 de febrero del 2010, celebrando 10 contratos de servicios profesionales, Blanca Sarai Alemán Juarez inició su relación laboral 9 de febrero del 2010, celebrando 10 contratos, Roque Natanael López Quiroz inició su relación desde el 15 de febrero del 2010 celebrando once contratos, Norma Alicia Aguilera Ayestas inició su relación laboral el 6 de febrero del 2010, celebrando diez contratos y Luis Paul Coleman Sarmiento celebró igualmente 10 contratos de servicios profesionales por tiempo determinado pero en forma continua y para la misma clase de trabajo y si bien es cierto en los contratos celebrados con los demandantes se establece fecha de inicio y fecha de finalización sin embargo los mismos no pueden ser considerados por este tribunal como contratos de trabajo por tiempo determinado, en primer lugar porque el cargo que desempeñaban era para laborar como Coordinadora del Departamento Legal, Jefe de Planificación, encargado de sistemas, Sub Coordinadora General y asistente de Auditoria en la Secretaría de Estado en los despachos de Educación, labor que es considerada de carácter permanente; en segundo lugar la parte Demandada no acreditó que las funciones que realizaban los Demandantes, ya no se continúan realizando dentro de la institución Demandada para considerar que el cargo era temporal. Por otra parte con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que los contratos de trabajo de servicios profesionales de los demandantes no fueron renovados una vez llegada la fecha de finalización del último contrato, por lo tanto al ser la relación laboral de los demandantes continua debe de considerárseles como empleados permanentes desde que inicio la relación laboral y al no invocársele a la finalización de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5.- Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo nueve motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el termino dejado de utilizar por parte del abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, en su condición de representante procesal de las señora (es) BELKIS YAMILETH CARCAM CENTENO, BLANCA SARA ALEMAN JUAREZ, LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO, ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ y NORMA ALICIA AGUILERA AYESTAS, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, ya que este medio procesal no configura una tercera instancia en la que se controviertan las mismas pretensiones de la lites, sino una acción de impugnación contra una sentencia de segundo grado, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta, pero revestida con la presunción de ser legal y acertada por el supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Por esta vía extraordinaria se confronta dicha resolución judicial con la ley material, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo del trabajo y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Por todo lo anterior, la demanda de casación requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar si el libelo cumple con todos los requisitos de formas legales y jurisprudenciales.- 3.- Que el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, expone un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo motivo de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO En virtud que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, infringió directamente el artículo 738 del Código del Trabajo al no tomar en cuenta las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2015, el cual en su artículo 117 párrafo primero dice textualmente: “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (personal no permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista disponibilidad presupuestaría; en consecuencia se deduce que los reclamantes solo pretendes que se les aplique una norma jurídica laboral para procurar mantener un supuesto contrato de trabajo por tiempo determinado, regido por la jurisdicción laboral, con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene sustento jurídico. SEGUNDO MOTIVO Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violentaron la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo número 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, de fecha 16 de diciembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,336 el 23 de enero de dos mil catorce, dentro cual se reformo el Articulo 124-c de la Ley General de val Administración Pública, en el que en su párrafo primero instituye “Los empleados o servidores públicos que ostenten acuerdos ejecutivos de nombramiento, de las dependencias del Poder Ejecutivos que, en aplicación de esta Ley se fusionen, asciendan o supriman, conservaran su antigüedad y derechos adquiridos de que se les notifique que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. TERCER MOTIVO Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violentaron la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que literalmente reza; Todo contrato deberá contener según su clase o tipo, aquellas clausulas y disposiciones que fueren necesarias para su ejecución y control, incluyendo, entre otras, obligaciones, lugar y condiciones de prestación de servicios, informes, remuneraciones y forma de pago. Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, sino cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes, atenta contra las Disposiciones Presupuestarias establecidas en la Constitución de la Republica, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto en contravención con las normas presupuestarias, pues los derechos exigidos por la parte actora son beneficios reconocidos únicamente para los que gozan de un estatus de permanente y que cuenten con un renglón de planilla debidamente presupuestado y acordado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y que está regido por la Ley de Servicio Civil. CUARTO MOTIVO Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violentaron la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil dispone: “Para ingresar al Servicio Civil se requiere 1 ,5 haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley; 6.- Haber obtenido el nombramiento respectivo”. Es decir señor juez, que cuando una persona ha cumplimentado los requisitos que exige la Ley de Servicio Civil, a partir de su nombramiento será un empleado permanente dentro de la administración pública, a contrario sensu, al violentar estos procedimientos se estará cayendo en flagrante abuso de autoridad y violación de los derechos de Considerando lo anterior los demandantes debieron haber seguido el procedimiento que establece el artículo 11 de (a Ley de Servicio Civil para obtener su nombramiento permanente dentro de la administración pública, sin tener que utilizar estrategias fuera del proceso normal del mismo señalado por ley, con lo cual sin duda el demandante procura sorprender y confundir, ya que el demandante no cuenta con los requisitos de ley que son exigencia para ser calificado para ser nombrado empleado permanente y no por tiempo determinado. QUINTO MOTIVO Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violentaron la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el artículo 864 del Código de Trabajo que dispone: Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones, respectivamente. SEXTO MOTIVO Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violentaron la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el artículo 3 inciso a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónoma, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado. SEPTIMO MOTIVO Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violentaron la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el artículo 1348 del Código Civil que literalmente expresa: “‘Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. PRECEPTO AUTORIZANTE DE LOS MOTIVOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, Y SEPTIMO. Estos motivos están comprendidos en el artículo 765 numeral 1°. Del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 10. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error d derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido u hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efect una determinada solemnidad para la valides del acto, pues en este caso no s debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse un prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada cuando nunca contrato bajo ninguna modalidad a los demandantes. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclaman, el reclamo lo constituye que patrono reconozca la justa causa de la terminación del Contrato, o caso contrario se ordene el reintegro, se declare el Contrato Individual de trabajo como Contrato Individual de trabajo por tiempo Indeterminado y que se declaren empleados permanentes y los sueldos dejados de percibir desde la cancelación que fueron objeto hasta que quede firme la sentencia, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y en ambas jurisdicciones el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye No tuvieron ninguna relación de trabajo con la Secretaría de Educación, los ahora demandantes fueron contratados bajo la modalidad de servicios profesionales mediante una relación regida por contratos a término, era de sobrado conocimiento de los demandante que las condiciones bajo las cuales estaba siendo contratado estaba regida por las clausulas contractuales legalmente acordadas por las partes, con fecha de inicio y fecha de terminación y no de forma continua como procuran los demandantes hacerle ver al juzgador del proceso, ya que como podremos demostrarlo su relación no era laboral en virtud de que si bien es cierto existía una paga mensual previa al demandante no es menos cierto que la misma no era considerada como un salario sino como una obligación de pago a los ahora demandantes por sus servicios, en varios pagos . Particularmente esta forma de pago señor juez, no puede ser calificada como salario, sino que pago a la obligación contraída por las partes mediante clausulas contractuales legalmente establecidas a satisfacción de las partes. Un contrato es un convenio entre las partes los mismos deben ser cumplidos al tenor de lo pactado. En ese sentido la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación nunca realizo una acción mal intencionada, precisamente porque todos los Contratistas previo a la firma del contrato leyeron todas y cada una de las cláusulas y no las objetaron. Tal como lo establece el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que literalmente reza . Todo contrato deberá contener según su clase o tipo, aquellas clausulas y disposiciones que fueren necesarias para su ejecución y control, incluyendo, entre otras, obligaciones, lugar y condiciones de prestación de servicios, informes, remuneraciones y forma de pago. Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, sino cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes. La Sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en infracción directa de la ley por falta de apreciación de determinada prueba al no tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2011 de fecha 28 de diciembre de 2010 el cual expresa textualmente “Que el personal de contratado bajo la modalidad de jornales está definido como temporal y que solo tienen derecho al pago del Decimo Tercer mes de salario en concepto de aguinaldo y Decimo Cuarto mes como compensación social” y lo establecido en el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo el cual literalmente dice; “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación del trabajo”. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 10 del Código del Trabajo.”.- 4.- Que los cargos que anteceden resultan inadmisibles por la razón siguiente: carece de claridad y precisión cuando se indica para todos los motivos un mismo precepto autorizante y un mismo concepto de la infracción.- 5.- Que un octavo motivo se aduce: Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 deI Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en los Oficios de Notificación Número 1530-2014, 1531-2014 1532-2014,1534-2014, de fecha 1 de diciembre del año 2014, emitidos por la Secretaría General de la Secretaria de Educación. (Folios 34, 68,101, 134). PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en nota de fecha 1 de diciembre del año 2014, emitida por la Secretaría General de la Secretaría de Educación, en la que se establece que la relación laboral de los demandantes 1.- BELKIS YAMILETH CARCAMO CENTENO; 2.- BLANCA SARA! ALEMAN JUAREZ; 3.- ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ; 4.- NORMA ALICIA AGUILERA AVES TAS, 5.- LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO, se termina el día 31 de diciembre del año 2014, fecha indicada en el Contrato de Servicios Profesionales celebrado entre la demandante y la Secretaría de Educación, así como lo establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...”.- 6.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 738 del Código del Trabajo señalado como norma sustantiva infringida no ostenta tal calidad, requisito indispensable para el avance del mismo; y b) se omite establecer si el error alegado es de hecho o de derecho.- 7.- Que en un noveno motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 230 al 506 del tomo, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en el cual establece” Contrato Individual de trabajo es aquel por la cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece “se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle permanencia a la demandante que ha sido contratada a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado “, artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye la permanencia, el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación hasta el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones al momento del despido, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia al acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mí representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir, ni otorgarle el beneficio de la permanencia y del reintegro por dos razones: primero porque el reintegro solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contrato, segundo la permanencia y el reintegro es un beneficio que gozan los contratos por tiempo indefinido (entiéndase este por acuerdo bajo el régimen de servicio civil) que han sido despedidos injustamente, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. Además el Código de Trabajo solo regula el capital-trabajo, no cuestiones de permanencia y salarios dejados de percibir eso le corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo).- 8.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando no se establece si el error alegado es de hecho o de derecho; b) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de violación invocado; c) los artículo 19, 21, 26 y 46 inciso b) del Código de Trabajo, señalados como infringidos no ostenta la calidad de sustantivos; y, d) en la explicación se realizan inapropiados alegatos de instancia.- 9.- Por lo antes expuesto el recurso de merito resulta inestimable en sus 9 motivos.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito en sus 9 motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días de mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 453-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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