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Sentencia CL-452-17 — Registro 8339

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago y goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo anterior resulta inadmisible pues inicia su recurso señalando como aplicado indebidamente el artículo 113 primer párrafo del Código de Trabajo y, posteriormente señala como aplicado indebidamente el artículo 112 del mismo Código, lo que convierte en confuso el motivo de casación.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguiente: a) el artículo 101 primer párrafo del Código del Trabajo es una disposición de carácter general, inviolable para los efectos de casación; b) la violación directa se produce con prescindencia del haz probatorio; y, c) que alegándose aplicación indebida, deviene obligado a citar la norma sustitutiva, es decir, cuál era a criterio del recurrente la que debió aplicarse.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la corte sentenciadora que la falta invocada no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, los señores MARCIA MERCEDES RIVERA CASTILLO, FREDY ERNESTO MONTALVAN AGUILAR, OLMAN ANTONIO MARADIAGA VALLEJO y RONY ADALID MENDEZ OSORTO, representados en juicio por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago y goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del dos mil quince, por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de los señores MARCIA MERCEDES RIVERA CASTILLO, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, FREDY ERNESTO MONTALVAN AGUILAR, casado, Perito Mercantil y Contador Público, OLMAN ANTONIO MARADIAGA VALLEJO, casado, Técnico en Electricidad y RONY ADALID MENDEZ OSORTO, soltero, Ingeniero Agrónomo; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), de la manera siguiente: José Ángel Ramos, el 29 de julio de 2006, desempeñándose en los últimos años como Inspector de Seguridad Interna, devengando un salario ordinario mensual de L.16,709.76; y Armando Antonio Mejía Torres, el 09 de septiembre de 1996, nombrado como Jefe del Departamento de Planilla de la Gerencia de Telefonía Fija, pero en los últimos meses se desempeñaba funcionalmente como Sub Gerente Administrativo de la Gerencia en mención, devengando un salario ordinario mensual de L.71,001.75. Que los demandantes fueron objeto de acoso laboral, mismo que comenzó cuando se les notificó la suspensión de sus contratos individuales de trabajo efectivo del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, es decir, por un plazo de 120 días, pues debían presentarse el 05 de febrero de 2015, a sus puestos de trabajo. Mediante oficios GGH-329-2015 y GGH-219-2015 respectivamente, ambos de fecha 05 de febrero de 2015, HONDUTEL les notificó a los demandantes la terminación de la relación laboral invocándoseles tres supuestas causales, rechazándose las mismas, ya que la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y las suspensiones de los demandantes operó exactamente los 120 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; en cuanto a la segunda causal de conformidad con el artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono, según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador. Respecto a la tercera supuesta causal, antes de la finalización de la suspensión, en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, HONDUTEL estaba obligado a notificar a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respetivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a) comunicar la reanudación del trabajo al SITRATELH y a los propios trabajadores; b) publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría del Trabajo, por lo que es fácil concluir que jurídicamente los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar de que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la Ley, transcurrido el término de la suspensión, es decir, el 05 de febrero del 2015, los demandantes se presentaron al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndoseles impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Esta terminación sin causa de la relación laboral se produce en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, y de los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la demandada, el 7 de octubre de 2014, invocando los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud ésta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, HONDUTEL, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a los demandantes; el 5 de febrero de 2015, HONDUTEL notificó a los demandantes la decisión de dar por terminados los contratos de trabajo, garantizándoles el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto. Es evidente que HONDUTEL no ha incurrido en violación de los derechos laborales de los demandantes, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores José Ángel Ramos y Armando Antonio Mejía Torres, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante la ausencia, más los salarios dejados de percibir durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el 4 de febrero del 2015, al pago de décimo tercero y cuarto mes de salario proporcional y vacaciones proporcionales del periodo 2014-2015, cuyas cantidades serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; condenó a la demandada a pagar al demandante José Ángel Ramos, al pago del 28% por trabajo en horas nocturnas equivalente a la cantidad de Lps.26,806.61; y al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes; absolviendo a la empresa demandada al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca y al pago del bono estudiantil, sin costas; bajo el criterio que la empresa demandada no ha comprobado la justificación del despido de que han sido objeto los demandantes, que dicho sea, la parte demandada ha sostenido en el proceso que no se les ha negado a los demandantes el pago de sus prestaciones laborales (ver folio 24 de la contestación de la demanda), de igual manera si bien es cierto, en el periodo durante se encontraban suspendidos ninguna de las partes podía exponer reclamos tal como ha quedado establecido, no es menos cierto que el artículo 110 del Código del Trabajo es claro al señalar que cuando el despido injustificado surta efectos, el trabajador tiene derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo, y al reintegro al trabajo como lo han elegido los demandantes en este caso, y a los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados, así mismo al pago proporcional del décimo tercer y cuarto mes de salario, vacaciones proporcionales del periodo 2014-2015, en vista de que se ha comprobado en autos el no pago total del décimo tercer mes de salario del año 2014, justificando el pago proporcional de este derecho la empresa demandada, por el tiempo laborado por los demandantes, ya que se encontraban suspendidos (ver folios 279 y 308), así mismo no se ha comprobado en el proceso que el décimo tercer mes y cuarto mes de salario y las vacaciones proporcionales del periodo 2014-2015, fueron debidamente canceladas a los demandantes y los derechos adquiridos de la contratación colectiva durante su ausencia, todos ellos se liquidaran en la etapa de ejecución de sentencia, estos derechos otorgados en razón del despido ilegal y de igual manera injusta notificados a los demandantes. Que de la lectura del escrito de demanda una de las pretensiones de la parte actora es el pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca, el cual esta juzgadora se ve imposibilitada de pronunciarse en cuanto a estos extremos, en vista de que no son relacionados en los hechos del escrito de demanda y la parte demandada no aporta prueba alguna para sustentar su petición, además de no cuantificar las indemnizaciones solicitadas. Con respecto al bono estudiantil solicitado la cláusula número 79 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras (SITRATELH), es del criterio denegar dicha pretensión en vista de que es requisito esencial a efecto de conceder el beneficio en la contratación colectiva que se acredite la minoría de edad de los hijos del trabajador que lo solicitare extremo que no se ha acreditado en el presente juicio (ver folio 191). En cuanto al pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, esta solicitud la parte actora la realiza de manera abierta, por lo que aplicando el libre convencimiento y siendo que se ven involucrados los preceptos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, no habiéndose acreditado por la parte demandada el aviso de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos, ni el pago en concepto de indemnización a los demandantes, por no haber notificado la empresa demandada la suspensión de que fueron objeto sus contratos individuales de trabajo, es que procede el pago de la indemnización aludida a los demandantes consistente a treinta días de salario por cada uno de ellos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en una suspensión el patrono no podrá desmejorar las condiciones de los trabajadores afectados por la suspensión, es decir, no podrán ser despedidos y en el presente caso, la parte demandada con evidente abuso y violentando derechos fundamentales de los trabajadores, da por terminada la relación laboral sin haber concluido los ciento veinte (120) días, y sin esperar la resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con lo cual no puede establecerse con certeza si la suspensión iba o no a ser autorizada al momento del despido y si existían razones justificadas para ello, es decir, si la causal es legítima y además si la causal invocada afecta a la empresa. Que si bien es cierto, la parte demandada en las notas de despido le reconocen a los trabajadores demandantes el pago de sus derechos laborales, sin embargo conforme lo establece la Constitución de la República, es al trabajador a quien le corresponde decidir si opta por el pago de sus prestaciones laborales o por el reintegro a su puesto de trabajo, reconociendo en ambos casos el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en caso de despido injusto y en el caso de mérito la parte demandante ha optado por el reintegro a sus puestos de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FORMALIZACIÓN.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- III. El cargo anterior resulta inadmisible pues inicia su recurso señalando como aplicado indebidamente el artículo 113 primer párrafo del Código de Trabajo y, posteriormente señala como aplicado indebidamente el artículo 112 del mismo Código, lo que convierte en confuso el motivo de casación.- IV. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en un segundo motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indevida al momento de emitir su fallo.”.- V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguiente: a) el artículo 101 primer párrafo del Código del Trabajo es una disposición de carácter general, inviolable para los efectos de casación; b) la violación directa se produce con prescindencia del haz probatorio; y, c) que alegándose aplicación indebida, deviene obligado a citar la norma sustitutiva, es decir, cuál era a criterio del recurrente la que debió aplicarse.- VI. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en el tercer motivo de casación manifiesta lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3º, 4º, 5° Y 6º del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente instauradas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- VII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguiente: a) el artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo, no son norma de carácter sustantiva, sino disposiciones de carácter general, inviolable para los efectos de casación; y, b) la violación directa se produce con prescindencia del haz probatorio.- VIII. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en un cuarto motivo de casación alude lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 8 y 9,14 y 15, 16 y 17, 18 y 19, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el I oficio de 5 de febrero del 2015 que corren agregados a folios 8 y 9,14 y 15, 16 y 17, 18 y 19, fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.”.- IX. El error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la corte sentenciadora que la falta invocada no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral.- X. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en un quinto motivo de casación exterioriza lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por ERROR DE HECHO POR FALTA DE APRECIACIÓN EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 247 AL 254, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 247 al 254, de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, El medio los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 247 al 254 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.”.- XI. Al igual que el motivo anterior, el error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la Corte sentenciadora que la falta invocada no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral.- XII. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en el sexto motivo de casación exterioriza lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 286 AL 376, DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 286 al 376, de la segunda pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132- 2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.”.- XIII. En relación al anterior motivo de casación, resulta inadmisible pues el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-Quem haya incurrido en un error de este tipo, porque el mismo analizó la prueba singularizada y en su conjunto con los otros medios probatorios, arribando a la conclusión de que el despido era ilegal.- XIV. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corren agregados a folios 8 y 9,14 y 15, 16 y 17, 18 y 19, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores MARCIA MERCEDES RIVERA CASTILLO, FREDY ERNESTO MONTALVÁN AGUILAR, OLMAN ANTONIO MARADIAGA VALLEJO y RONY ADALID MÉNDEZ OSORTO a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en treinta y uno (31) de julio del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizo como fundamento jurídico el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señalo las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub juice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- XV. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XVI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de sus seis motivos de casación y sin lugar las nulidades solicitadas en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) SIN LUGAR las nulidades solicitadas de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 452-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.