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Sentencia CL-451-17 — Registro 8338

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se reconozca el pago de las prestaciones laborales que por ley le corresponden, por despido verbal, ilegal e injustificado, a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido verbal ilegal e injustificado hasta que recaiga sentencia firme, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 46 del Código de Trabajo que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que al igual que el anterior cargo, este resulta inadmisible a razón de: a) el artículo 46 del Código de Trabajo que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de noviembre del 2017, por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA (ACI-PARTICIPA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA, representada en juicio por el Abogado WILMER URQUÍA RODRÍGUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se reconozca el pago de las prestaciones laborales que por ley le corresponden, por despido verbal, ilegal e injustificado, a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido verbal ilegal e injustificado hasta que recaiga sentencia firme, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de diciembre del 2015, por el señor BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA, mayor de edad, soltero, Ingeniero en Sistemas, hondureño y de este domicilio, contra la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA (ACI-PARTICIPA), por medio de su representante legal y Presidente de la Junta Directiva el señor JUAN BAUTISTA VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de mayo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA, contra la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, a través de su Representante Legal y Presidente de la junta Directiva, el señor JUAN BAUTISTA VALLADARES, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto proporcional, más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; en consecuencia; 2) CONDENA a la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, a través de su Representante Legal y Presidente de la junta Directiva, el señor JUAN BAUTISTA VALLADARES pagar al señor BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA la cantidad de SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L.60,731.34) los siguientes conceptos: preaviso L.15,166.66, auxilio de cesantía L.15,166.66, auxilio de cesantía proporcional L. 12,891.52, vacaciones proporcionales L.5,156.61 , decimo tercer mes proporcional L.9,424.92, décimo cuarto proporcional L.2,924.97, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria. 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA, contra Empresa la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, a través de su Representante Legal y Presidente de la junta Directiva, el señor JUAN BAUTISTA VALLADARES, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: pago de decimo tercer mes pendiente, decimo cuarto mes pendiente y otros cargos; en consecuencia; 4) ABSUELVE a la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, a través de su Representante Legal y Presidente de la junta Directiva, el señor JUAN BAUTISTA VALLADARES a pagar al señor BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA los siguientes conceptos: decimo tercer mes pendiente, decimo cuarto mes pendiente y otros cargos; 5) SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para la demandada el 15 de noviembre del 2013, como Oficial de Informática, devengaba un salario base mensual de L.15,000.00 y un salario promedio mensual durante los últimos seis meses de L.17,500.00; que dicha relación laboral fue regulada mediante la celebración de un contrato de servicios profesionales, que en definitiva y por concurrir los 3 elementos esenciales a que alude el artículo 20 del Código del Trabajo, debe considerarlo como contrato de trabajo; manifestó además que el 21 de septiembre de 2015, la Coordinadora de Proyectos de la asociación demandada, le hizo entrega del Memorando 009-Coordinación-2014, de fecha 18 de septiembre del 2015, mediante el cual y en abierta violación al derecho de defensa reconocido en la Constitución de la República, se le imputaban unas supuestas faltas en la ejecución del contrato de trabajo, con especial mención en el referido memorando se le comunicaba la deducción de los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 2015, supuestamente por no haber realizado el día 17 de septiembre de 2015, el trabajo como lo estipula el Reglamento Interno de trabajo y por no haber asistido al trabajo el día viernes 18 de septiembre de 2015; que como consecuencia del accionar ilegal e injustificado de la demandada, expresó que no firmaría el recibido del Memorando, por no estar de acuerdo con el mismo, lo que originó que ambas partes se alteraran; y como consecuencia de no haber firmado el recibido el Memorando antes relacionado, y justificando supuestas amenazas, el 21 de septiembre de 2015, procedió a despedirlo de manera verbal, basado en supuestas amenazas e insultos, así como expresiones fuera de tono por parte del demandante, lo que en todo caso deberá probar en la secuela del presente juicio laboral; que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio, compareció ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible se dio por agotado el trámite administrativo el 15 de octubre del 2015.- 2.- La parte demandada, la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA (ACI-PARTICIPA), contestó dicha demanda rechazando los hechos planteados por el demandante, señalando que fue contratado para laboral en la sociedad por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, el 01 de junio al 31 de agosto del 2015, ya había prestado sus servicios anteriormente del 01 de abril al 31 de octubre del 2014; que no hubo despido verbal ni escrito, ya que la persona que aduce el demandante, no tiene autorización ni está en la jerarquía direccional para realizar despidos, lo que si hubo fue terminación de la relación profesional por haberse cumplido el término del contrato referido, y para esos días no pertenecía a la sociedad civil que representa.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor BYRON DAVID ZELAYA GARCÍA, contra la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA (ACI-PARTICIPA), por medio de su representante legal y Presidente de la Junta Directiva el señor JUAN BAUTISTA VALLADARES, condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L. 60,731.34, en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto proporcional, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que esté firme la sentencia condenatoria; declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de decimotercer mes pendiente, decimocuarto mes pendiente y otros cargos; absolvió a la parte demandada a pagar dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que está acreditada la relación de trabajo, consecuentemente está también probado que el demandante fue despedido de forma verbal por la Coordinadora General del Proyecto; sumado a ella se colige que si bien es cierto la demandada arguye haberle despedido, en virtud de haber faltado tres (2) días y malos tratos y haber actuado de forma violenta al haber existido una discusión; no es menos cierto, que haya demostrado fehacientemente, tal situación; en consecuencia, el demandante ha sido objeto de un despido ilegal e injustificado, siendo procedente declarar con lugar la demanda de mérito; que el demandante también reclama el pago de derechos adquiridos correspondientes a los siguientes conceptos: vacaciones proporcionales, décimo tercer proporcional y décimo cuarto mes proporcional, derechos estos, que corresponden a todos los trabajadores en virtud de estar garantizados constitucionalmente sin importar la causa o motivo que haya dado origen a la terminación de la relación laboral, en consecuencia se declaran con lugar los mismos; que dentro de las pretensiones del demandante están las del reconocimiento de pago de décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente y otros cargos, lo cual es pertinente establecer que no fueron sujetos a prueba en virtud que como se ha manifestado la carga probatoria corresponde al demandante; en consecuencia, se declara sin lugar estas pretensiones.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 12 de mayo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada en ningún momento aportó pruebas en juicio que desvirtuaran lo aseverado por la parte demandante; y al contrario, la parte demandante acreditó con el acta levantada por el Inspector de trabajo, que fue despedido verbalmente, por lo que este Tribunal estima que está debidamente acreditado en juicio el despido alegado por el demandante; que la motivación y resolución dictada por el A quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 24 de octubre del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA (ACI-PARTICIPA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de noviembre del 2017, compareció ante este Tribunal el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA (ACI-PARTICIPA), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 29 de noviembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de febrero del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado WILMER URQUÍA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, en su primer motivo de casación alega: “Acusamos la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba Documental Público propuesta y admitida precisamente a la parte demandante que consta a folios treinta y uno (31) y treinta y dos (32) de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho manifiesto en autos y que llevó en forma indirecta a la violación de las normas sustantiva contenida en los Artículo 46 letra c) y párrafos penúltimo y último de ese artículo en relación con los Artículos 19, 26, 30 y 111 numeral 1), todos del Código de Trabajo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA La prueba erróneamente apreciada es la Documental Pública propuesta y admitida precisamente a la parte demandante que consta a folios treinta y uno (31) y treinta y dos (32) de la primera pieza de autos, apreciado en forma equivocada en relación con el escrito de demanda y de contestación de la misma que obran de folios 1 a 8 y de 15 a 16, respectivamente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1 párrafo 2 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una errónea apreciación o la falta de apreciación de la prueba producida; 2) Que esa errónea apreciación o falta de apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) Que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) Que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El juzgador incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente el medio de prueba Documental Público consistente en un segundo Contrato de Servicios Profesionales aportado como prueba precisamente por la parte y que obra a folios 31 y 32 de la primera pieza de autos, y dar por acreditada la existencia de un tipo de contrato de trabajo que no existió entre las partes. Al confirmar el fallo de primera instancia el tribunal de apelaciones hizo suyas las valoraciones erróneas de las pruebas apreciadas por el juzgador de primera instancia en el Considerando Tercero de su fallo, ya que en efecto las valora al expresar “TERCERO (3): Que para acreditar y desvirtuar el fondo del juicio el representante procesal propuso los siguientes MEDIOS DE PRUEBA: La parte demandante; medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO (ver folios 10 al 11 y 23 al 108)...) Lo resaltado es nuestro. Con lo anterior se evidencia que se apreció el medio de prueba consistente en el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre las partes para un servicio especifico y por un periodo determinado, en los términos de la estipulación segunda (2) del mismo contrato, y que al ser la voluntad de las partes contratantes suscribirlo de esa manera el mismo se enmarca dentro de los derechos otorgados a las partes para libremente contratarse, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 46 letra c) párrafos penúltimo y último del Código del Trabajo relacionado con los artículos 19, 26, 30 y 111 numeral 1 del mismo cuerpo normativo, por lo que debió interpretar correctamente la voluntad de las partes manifestada en ese tipo de contratación y no suplirla arbitrariamente. Conforme al Contrato de Servicios Profesionales al demandante prestó sus servicios por un periodo determinado y se le pagaron honorarios profesionales, no salarios, con la deducción mandada por las leyes tributarios del 12.5% en concepto de Impuesto sobre la Renta, razón por la cual, el juzgador al dar por probado un hecho que en realidad no fue probado, incurrió en evidente error de hecho, infringiendo de esta forma el Artículo 46 letra c) y párrafos penúltimo y último de ese artículo en relación con los Artículos 19, 26, 30 y 111 numeral 1 el 111 numeral 1), todos del Código de Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 46 del Código de Trabajo que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acusamos la sentencia censurada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba Documental Público propuesta y admitida precisamente a la parte demandante que consta entre los folios treinta y tres (33) a treinta y cinco (35) de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho manifiesto en autos y que llevó en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva contenida en el Artículo 46 letra c) y párrafos penúltimo y último de ese artículo en relación con los Artículos 19, 26, 30 y 111 numeral 1), todos del Código de Trabajo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA La prueba erróneamente apreciada es la Documental Pública propuesta y admitida precisamente a la parte demandante que consta a folios treinta y tres (33) a treinta y cinco (35) de la primera pieza de autos, apreciado en forma equivocada en relación con el escrito de demanda y de contestación de la misma que obran de folios 1 a 8 y de 15 a 16, respectivamente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1 párrafo 2 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una errónea apreciación o la falta de apreciación de la prueba producida; 2) Que esa errónea apreciación o falta de apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) Que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) Que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN El juzgador incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente el medio de prueba Documental Público consistente en un segundo Contrato de Servicios Profesionales aportado como prueba precisamente por la parte demandante y que obra entre los folios 33 y 35 de la primera pieza de autos, y dar por acreditada la existencia de un tipo de contrato de trabajo que no existió entre las partes. Al confirmar el fallo de primera instancia el tribunal de apelaciones hizo suyas las valoraciones erróneas de las pruebas apreciadas por el juzgador de primera instancia en el Considerando Tercero de su fallo, ya que en efecto las valora al expresar “TERCERO (3): Que para acreditar y desvirtuar el fondo del juicio el representante procesal propuso los siguientes MEDIOS DE PRUEBA: La parte demandante; medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO (ver folios 10 al 11 y 23 al 108)...) Lo resaltado es nuestro. Con lo anterior se evidencia que se apreció el medio de prueba consistente en el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre las partes para un servicio especifico y por un periodo determinado en los términos de la estipulación segunda (2) y tercera (3) del mismo contrato, y que al ser la voluntad de las partes contratantes suscribirlo de esa manera el mismo se enmarca dentro de los derechos otorgados a las partes para libremente contratarse, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 46 letra c) párrafos penúltimo y último del Código del Trabajo relacionado con el 111 numeral 1 del mismo cuerpo normativo, por lo que debió interpretar correctamente la voluntad de las partes manifestada en ese tipo de contratación y no suplirla arbitrariamente. Conforme al Contrato de Servicios Profesionales al demandante prestó sus servicios por un periodo determinado y se le pagaron honorarios profesionales, no salarios, con la deducción mandada por las leyes tributarios del 12.5% en concepto de Impuesto sobre la Renta, razón por la cual, el juzgador al dar por probado un hecho que en realidad no fue probado, incurrió en evidente error de hecho, infringiendo de esta forma el Artículo 46 letra c) y párrafos último y penúltimo de ese artículo en relación con los Artículos 19, 26, 30 y 111 numeral 1), todos del Código de Trabajo”.”.- V. Que al igual que el anterior cargo, este resulta inadmisible a razón de: a) el artículo 46 del Código de Trabajo que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley.- VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 451-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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