Sentencia CL-451-16 — Registro 8454
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, salarios dejados de percibir por despido directo e injustificado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XV. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 4 de agosto del 2016, que reforma la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha 13 de junio de 2016, consecuentemente declara sin lugar la demanda, bajo el criterio que “…se acredita la falta atribuida a la trabajadora e la audiencia de cargos y descargos que dieron origen al despido por la existencia de personas ilocalizables, devolución de productos, pagos no liquidados, personal que no hizo pedido y nombramiento de mas de una Lady en la misma casa; incumplimiento que a no dudar significa una pérdida económica para la empresa según los informes de auditoría (folio 125-126pp) que si bien concluyeron después de finalizada la relación de trabajo, guardan intima relación con los motivos atribuidos a la accionante y que sin duda alguna quebrantan la confianza que debe regir en todo contrato de trabajo y sin la cual no es posible la continuación del mismo; de ahí que aunque la accionante no se encargaba de entregar los productos, la falta imputada fue cometida y hacen que el despido sea justo y legal, al tenor de lo dispuesto en la letra l) del artículo 112 del Código del Trabajo… observándose además que de acuerdo a su historial laboral, la actora tenía un comportamiento similar al ahora analizado (folio: 206-207pp…). Criterio que resulta ser contradictorio, ya que también manifiesta que “no obstante que en el proceso no consta que la demandante haya sido convocada a las audiencias de cargo y descargo y que en éstas no tuvo participación el testigo de la trabajadora como establece el reglamento interno de trabajo de la empresa demandada; se estima que la accionante tuvo la oportunidad de ser oída y defenderse de la falta a ella atribuida, ya que el empleador oyó la versión sobre los hechos, la valoro y tomó una decisión, dentro de los limites y facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, sin que se vislumbre una vulneración del derecho de defensa, pues se cumplió con el fin que persigue el artículo 82 de la Constitución de la República y 92.9 del Código del Trabajo.”.- X. En el subjudice, la Corte Recurrida ha dado por establecida como justa y legal la causal de despido, declarando sin lugar la demanda de mérito, sin embargo, para arribar a ese convencimiento tuvo que realizar una análisis sobre la legalidad o no del despido y su procedimiento, máxime que establece que no se citó a la demandante para la audiencia de descargo, así como que no tuvo participación su testigo en dicha audiencia, además que el Juez A quo en el fallo objeto del recurso de apelación y de la revocatoria por parte del Ad Quem, ha establecido que no se siguieron los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Empresa para notificar por escrito a la trabajadora; también resulta contradictorio en el fallo que, se haga referencia al artículo 117 del Código del Trabajo en cuanto al contenido de la norma, de notificar las causas en la nota de desvinculación y que no se puede alegar posteriormente motivos distintos, tal como ocurre en el caso de autos que con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo se aduzcan hechos o motivos que justifiquen esa terminación o se invoquen nuevos no alegados en el momento de provocar la ruptura.- XI. Este Tribunal tiene establecida jurisprudencia “Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 863 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 867 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 863 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, por el Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la señora IVIS XIOMARA CRUZ GUZMAN, como recurrente; además es parte recurrida, la sociedad mercantil denominada ARABELA HONDURAS, S.A., representada en juicio por el Abogado ARMANDO VELASQUEZ SOTO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, salarios dejados de percibir por despido directo e injustificado, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, por la señora IVIS XIOMARA CRUZ GUZMAN, mayor de edad, casada, Secretaria Taquimecanógrafa y Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y con domicilio en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada ARABELA HONDURAS, S.A., por medio de su representante legal señor GUILLERMO JOSE GUZMAN FLORES, mayor de edad, soltero, Master en Dirección de Empresas, salvadoreño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial el trece de junio del año en curso (2016) en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, la que consiste en: I) DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por ende, se ABSUELVE a la demandada de dichos conceptos; II) Fijar como monto total de condena la suma de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.33,792.95) que corresponden a los valores concedidos por la iudex aquo en concepto de derechos adquiridos con la observación realizada en el fundamento séptimo de la presente sentencia.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la sociedad mercantil denominada ARABELA HONDURAS, S.A., desde el 04 de agosto del 2010, desempeñándose en el cargo de Gerente de Desarrollo de Ventas de la Zona Noroccidental, juntamente con 14 Gerentes de desarrollo de ventas más en la misma zona, elaborando contratos de apertura de líneas crédito en cuenta corriente con los adquirentes del servicio con el objeto de pedir y adquirir productos distribuidos por la sociedad mercantil demandada, previa consulta y como condición pactada en los contratos, de la información crediticia presentada por ellos en cualquiera de la centrales de riesgo privadas del país, a cargo de sus superiores o colaboradores y en condiciones de subordinación y dependencia respecto de las órdenes del patrono en cuanto al tiempo, cantidad y modo de trabajo con un horario de servicio, con un salario base mensual de L.9,500.00 más comisiones consistentes en bono de pedidos netos entregados a los clientes, bono de ventas consistente en el 1% sobre el valor de las ventas totales ejecutados por los adquirentes el que casi nunca se pagó por las malas ventas de los adquirentes y depreciación de vehículo, hasta que el 04 de junio de 2014, la demandante fue despedida por escrito, directa e injustificadamente por la empresa demandada, alegando como hecho particular indisciplina laboral y que de manera clara se han violentado los derechos laborales de la demandante omitiendo la empresa el procedimiento legal establecido en el reglamento interno de trabajo de la misma, como trámite previo al despido.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada ARABELA HONDURAS, S.A., contestó dicha demanda señalando que la narración de los hechos de la demandante no son acorde a la realidad, ya que en ningún momento la empresa ha violado sus Derechos como trabajador y la terminación del contrato de trabajo fue con justa y legal causa por la conducta indisciplinada, desleal y fraudulenta durante la relación de trabajo por parte de la demandante; que durante el último año de trabajo de la demandante en la empresa, se observó una conducta inapropiada e insubordinada, era una persona prepotente, no respetaba a sus superiores, no cumplía con sus horarios, e incumplía sistemáticamente con sus obligaciones legales contractuales, no presentaba sus informes de ventas, suscribía contratos con personas inexistentes y con personas que no se podían localizar al no proporcionar sus direcciones ni ningún tipo de datos, personas que no realizaron pedidos, productos devueltos que no fueron entregados a la empresa, etc., dichas faltas motivaron a la empresa a levantarle las correspondientes actas de descargos por indisciplina y originaron el despido de la demandante. Que las prestaciones sociales de la demandante se condicionaron al resultado de una auditoria que se le estaba efectuando por las ventas que se habían realizado en su Zona asignada corno Gerente de Ventas; el resultado de dicha Auditoria posteriormente arrojó una causal de despido más grave, ya que la demandante se había apropiado ilegalmente de la cantidad de L.129,389.47 y si bien es cierto ésta causal no fue precisada en la nota de despido por no haber sido del conocimiento de la empresa en aquel momento; estimando que procede sostener también la apropiación indebida del dinero como otra causal de despido, pues al reflexionar sobre la conducta anormal de la demandante durante la relación de trabajo, se concluye de que su indisciplina era deliberada para no rendir cuentas claras a la empresa y así apropiarse en forma ilícita del dinero de las ventas que efectuaba.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de junio de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por la señora Ivis Xiomara Cruz Guzmán, contra la sociedad mercantil denominada ARABELA HONDURAS, S.A.; condenando a la demandada a pagarle a la demandante la cantidad L.154,131.24 distribuida así: preaviso L.41,258.84, auxilio de cesantía L.61,888.26; auxilio de cesantía proporcional L.17,191.18; vacaciones proporcionales L.9,823.53, décimo tercer mes proporcional L.7,564.12, décimo cuarto mes proporcional L.16,405.30, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante, sin costas; bajo el criterio que la demandada da por terminado el contrato de trabajo con la demandante por actos de indisciplina y por el incumplimiento de sus obligaciones en no lograr el crecimiento que requería la zona y en su escrito de demanda viene aduciendo que también la demandante se apropiaba del dinero de las ventas, pero la demandada no acreditó en juicio cuales eran esos actos de indisciplina que cometía la trabajadora, tampoco acreditó en juicio cual era la meta que tenía que alcanzar en dicha zona para establecer si superaba o no el logro requerido por la empresa, lo único que acreditó en autos la demandada son unas fotocopias de declaraciones juradas, mismas que no tienen validez ya que no fueron sometidas al contradictorio. También quedó acreditado en autos que la trabajadora demandante no era la persona que repartía el producto solicitado por las vendedoras, ya que la demandada tiene contratado una empresa que les brinda ese servicio de nombre Distribuciones Aguilar. Abonado a ello la demandada aduce haber levantado con la demandante audiencia de descargo donde le imputaban las faltas cometidas, pero en dicha audiencia no siguieron los procedimientos establecidos en el reglamento interno que tiene la demandada, ya que en su artículo 75 establece que tiene que notificar por escrito al trabajador, hecho que no fue acreditado en juicio, ya que no presentó dicha nota de citación para la audiencia de descargo y en el acta de descargo que levantó tampoco se le permitió llevar un testigo a la trabajadora, ya que únicamente aparecen como testigos por parte de la patronal también incumpliendo lo que establece el artículo 76 del reglamento interno que tiene la demandada, que por las razones antes expuestas es del criterio declarar con lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, la que consiste en declarar sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir; absolvió a la demandada de dichos conceptos; fijando como monto total de condena la suma de L.33,792.95 que corresponden a los valores concedidos por la iudex a quo, en concepto de derechos adquiridos; confirmando la referida sentencia en todos sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que si bien, en la nota de terminación no se establece en qué consiste el incumplimiento atribuido a la accionante, consta de autos que la trabajadora conocía los motivos por los cuales se realizó la audiencia de cargos y descargos, razón por la que se estima que no hay sorpresas respecto la causa que motivó el despido, ya que el fin que persigue la disposición legal antes citada se cumplió. No obstante, que en el proceso no consta que la demandante haya sido convocada a las audiencias de cargos y descargos y que en éstas no tuvo participación el testigo de la trabajadora como lo establece el reglamento interno de trabajo de la empresa demandada, se estima que la accionante tuvo la oportunidad de ser oída y defenderse de la falta a ella atribuida; ya que el empleador escuchó la versión sobre los hechos, la valoró y tomó una decisión, dentro de los límites de las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, sin que se vislumbre una vulneración del derecho de defensa, pues se cumplió con el fin que persigue el artículo 82 de la Constitución de la República y 92.9 del Código del Trabajo. Uno de los elementos característicos del contrato de trabajo lo constituye la prestación personal que el trabajador realiza en beneficio del patrono; y que en concordancia con el elemento de subordinación, tal actividad se realiza de acuerdo a los términos estipulados, con observancia de las políticas, lineamientos, órdenes y del reglamento que a todas luces integra el contrato de trabajo según lo que al efecto disponen los artículos 87 y 94 del Código de la materia; con la obligación de acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular se le impartían a la demandante, conociendo el trabajador sus obligaciones no le es posible apartarse de las mismas sin incurrir en violación a ellas, salvo que se refiera a trabajo diferente del contratado o que el patrono no ponga a su disposición los medios para que pueda realizar la actividad contratada, caso en el que se hace necesario el reclamo oportuno para ello; en el sub judice la demandante conocía perfectamente las obligaciones que en razón de su cargo debía cumplir, pues así consta en el contrato individual de trabajo visible a folios del 75 al 76 de la primera pieza, más éstas fueron incumplidas por la actora según los documentos incorporados al proceso sin objeción alguna y con los cuales se acredita la falta atribuida a la trabajadora en la audiencia de cargos y descargos que dieron origen al despido por la existencia de personas ilocalizables, devolución de producto, pagos no liquidados, personal que no hizo pedido, incumplimiento que significa una pérdida económica para la empresa según los informes de auditoría; de ahí que aunque la accionante no se encargaba de entregar los productos, la falta imputada fue cometida y hacen que el despido sea justo y legal al tenor de lo dispuesto en la letra l) del artículo 112 del Código del Trabajo, en concordancia con las reglas establecidas en los numerales 10, 12 y 13 del contrato de trabajo; observándose además que de acuerdo a su historial laboral, la actora tenía un comportamiento similar al ahora analizado.- 5. Mediante auto de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de la señora IVIS XIOMARA CRUZ GUZMAN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal el Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de la señora IVIS XIOMARA CRUZ GUZMAN, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado ARMANDO VELASQUEZ SOTO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Impetrante señala un primer y único motivo de casación en el que arguye “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta, por error de hecho, proveniente de la apreciación errónea de un medio de prueba documental privado que corre agregado a folio 12 de la primera pieza de autos. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional considerada violada se encuentra comprendida en el artículo 117 del Código del Trabajo, en relación con los 82 párrafo primero y 129 de la Constitución de la República…”.- II. El Censor alega nulidad subsidiaria en la que invoca: “Que en el presente caso, el Ad-Quem falta a lo estipulado en los artículos 200 numerales 1), 2) inciso b), 206 numerales 1), 207, numeral 1), y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, por lo tanto le es aplicable el artículo 211, pues no cumple con todos los requisitos de una sentencia, 213 numeral 1) del Código Procesal Civil, y debe de ser anulada por las razones siguientes: 1) No se encuentra motivada en párrafos separados y numerados, que es un requisito del contendido formal de las sentencias por lo tanto se hace más difícil su compresión. 2) Ni en los antecedentes de hecho ni los fundamentos de derecho son daros pues contienen diferentes incongruencias, por ejemplo a folio 12 linea 4 establece: “el resultado de dicha auditoria posteriormente arrojó una causal de despido más grave, ya que se había “apropiado ilegalmente” de la cantidad de L.129,389.47 y si bien es cierto, ello no fue precisado en la nota de despido por no haber sido del conocimiento de la empresa en aquel momento, estima que procede sostener también como otra causal de despido” lo cual no es parte del proceso, pues en ningún momento la parte demandante ha hablado de un segundo motivo de despido, sino que es el juez quien dicta una sentencia con señalamientos que dejan en indefensión a la parte demandante, así como incongruente entre lo que se pide y expone con lo que se resuelve. 3) En el mismo folio 12 en su línea 19 establece “que la accionada aduce haber levantado audiencia de descargo donde le imputaban las faltas cometidas, pero en dicha audiencia no siguieron los procedimientos establecidos en el reglamento interno que tiene la demandada” lo cual resulta totalmente una correcta apreciación, pero al dictar sin lugar la demanda, resulta una clara incongruencia entre los antecedentes, los fundamentos de derecho y el fallo, pues de acuerdo a eso debió haberse dictado con lugar la sentencia y no como la sentencia motivo de esta casación y nulidad. 4) En los fundamentos de derecho, el numeral SEGUNDO establece: “no obstante que en el proceso no consta que la demandante haya sido convocada a las audiencias de cargos y descargos que en estas no tuvo participación el testigo de la trabajadora como lo establece el reglamento interno de trabajo de la empresa demandada, se estima que la accionante tuvo la oportunidad de ser oída y defenderse de la falta a ella atribuida…” Lo cual es una clara observación y valoración de la violación del derecho de defensa de la demandante, pero resulta aberrante, y sobre todo incongruente que la sentencia haya sido declararla sin lugar. Por las razones expuestas, resulta procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, por no estar dictada conforme a derecho, ni de forma ni de fondo, al no cumplir con los requisitos formales y legales de la misma”.- III. Que la nulidad en la forma expuesta resulta ser atendible y de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- IV. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- V. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- VI. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- VII.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VIII. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- IX. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 4 de agosto del 2016, que reforma la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha 13 de junio de 2016, consecuentemente declara sin lugar la demanda, bajo el criterio que “…se acredita la falta atribuida a la trabajadora e la audiencia de cargos y descargos que dieron origen al despido por la existencia de personas ilocalizables, devolución de productos, pagos no liquidados, personal que no hizo pedido y nombramiento de mas de una Lady en la misma casa; incumplimiento que a no dudar significa una pérdida económica para la empresa según los informes de auditoría (folio 125-126pp) que si bien concluyeron después de finalizada la relación de trabajo, guardan intima relación con los motivos atribuidos a la accionante y que sin duda alguna quebrantan la confianza que debe regir en todo contrato de trabajo y sin la cual no es posible la continuación del mismo; de ahí que aunque la accionante no se encargaba de entregar los productos, la falta imputada fue cometida y hacen que el despido sea justo y legal, al tenor de lo dispuesto en la letra l) del artículo 112 del Código del Trabajo… observándose además que de acuerdo a su historial laboral, la actora tenía un comportamiento similar al ahora analizado (folio: 206-207pp…). Criterio que resulta ser contradictorio, ya que también manifiesta que “no obstante que en el proceso no consta que la demandante haya sido convocada a las audiencias de cargo y descargo y que en éstas no tuvo participación el testigo de la trabajadora como establece el reglamento interno de trabajo de la empresa demandada; se estima que la accionante tuvo la oportunidad de ser oída y defenderse de la falta a ella atribuida, ya que el empleador oyó la versión sobre los hechos, la valoro y tomó una decisión, dentro de los limites y facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, sin que se vislumbre una vulneración del derecho de defensa, pues se cumplió con el fin que persigue el artículo 82 de la Constitución de la República y 92.9 del Código del Trabajo.”.- X. En el subjudice, la Corte Recurrida ha dado por establecida como justa y legal la causal de despido, declarando sin lugar la demanda de mérito, sin embargo, para arribar a ese convencimiento tuvo que realizar una análisis sobre la legalidad o no del despido y su procedimiento, máxime que establece que no se citó a la demandante para la audiencia de descargo, así como que no tuvo participación su testigo en dicha audiencia, además que el Juez A quo en el fallo objeto del recurso de apelación y de la revocatoria por parte del Ad Quem, ha establecido que no se siguieron los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Empresa para notificar por escrito a la trabajadora; también resulta contradictorio en el fallo que, se haga referencia al artículo 117 del Código del Trabajo en cuanto al contenido de la norma, de notificar las causas en la nota de desvinculación y que no se puede alegar posteriormente motivos distintos, tal como ocurre en el caso de autos que con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo se aduzcan hechos o motivos que justifiquen esa terminación o se invoquen nuevos no alegados en el momento de provocar la ruptura.- XI. Este Tribunal tiene establecida jurisprudencia “Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República. XV.- Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa.”[1].- XII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- XIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- XIV. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XV. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 117, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 197, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 4 de agosto del 2016, visible a folios 11 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 451-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Sentencia del 24 de julio del 2015, expediente CL 86-13