Sentencia CL-447-16 — Registro 8038
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la declaración de una relación laboral por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, reintegro al puesto de trabajo, pago de los derechos laborales más costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Toda violación directa de la ley, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado. El Recurrente al formular el cargo, alega la infracción directa de la ley, pero al explicar el cargo censura la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual es incompatible con dicha causal o motivo. En adición a lo anterior también se le puede indicar al Censor que el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo no es norma sustantiva, al no consagrar o imponer, derechos y obligaciones de forma recíproca o que los extingan; también el precepto autorizante fue indicado en forma imprecisa, ya que se enuncia únicamente comprendido en el artículo 765 numeral 1 del referido cuerpo de leyes, cuando dicho numeral contiene dos párrafos con distintas causales o motivos del recurso de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor EDUARDO FABIAN GUIFARRO CHAVEZ, representado en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la declaración de una relación laboral por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, reintegro al puesto de trabajo, pago de los derechos laborales más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio de dos mil catorce, por el señor EDUARDO FABIAN GUIFARRO CHAVEZ, mayor de edad, soltero, Guardia de Seguridad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, por medio por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor EDUARDO FABIAN GUIFARRO CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica.- SEGUNDO: SE DECLARA Y RECONOCE POR TIEMPO INDEFINIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y DE CARÁCTER PERMANENTE que ha suscrito el señor EDUARDO FABIAN GUIFARRO CHAVEZ, con el Ministerio Publico.- TERCERO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS al REINTEGRO del trabajador a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones y los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos que se reconozcan en condición de empleado permanente desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado.- CUARTO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, el veintidós de agosto de dos mil trece, mediante la suscripción de varios contratos individuales de trabajo, teniendo una vigencia el ultimo hasta el treinta de junio de dos mil catorce, en el puesto de Vigilante, desempeñando sus funciones de forma continua e ininterrumpida, desempeñando funciones de naturaleza permanente, dándose así una simulación de contrato, por lo que acudió a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con el fin del reconocimiento del estatus de permanente, dándose represarías por tal acción recibiendo nota en fecha siete de marzo de dos mil catorce, vigente a partir del diez del mismo mes y año, dando por terminada la relación laboral mediante el despido ilegal no ajustándose a lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo, acudiendo nuevamente a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social por tal acción sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio, agotando el trámite administrativo y siguiendo con el procedimiento de ley correspondiente. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO, contestó dicha demanda señalando que rechaza lo alegado por el demandante en virtud que la relación laboral era por medio de contrato individual de trabajo por tiempo determinado con una vigencia del dos de enero al treinta de junio de dos mil catorce, tal como lo establece el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, siendo temporal ya que el proyecto donde trabajaba el ahora demandante era por motivo de seguridad nacional, no era de carácter permanente por lo cual al terminar cada contrato se hace el pago de los derechos laborales que corresponden, en el caso concreto no aprobó la prueba psicométrica e investigación social, por lo que se le rescindió el contrato. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; reconociendo y declarando por tiempo indefinido los contratos de trabajo, condenando al Estado de Honduras a reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones y salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos, se tenga al demandante como empleado permanente; sin costas; bajo el criterio que al realizar la rescisión del último contrato de trabajo simulado, ha operado un despido ilegal e injusto, quedando invalidas las cláusulas que trasgiversen los derechos del trabajador, ya que se dieron todos los elementos estipulados en el ordenamiento jurídico para establecer una relación de trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se suscribieron varios contratos de tiempo determinado, iniciando en el mes de agosto de dos mil trece, hasta el siete de marzo de dos mil catorce, que se rescinde su contrato temporal sin establecer justa causa en virtud que la relación era permanente por la naturaleza del cargo que desempeñaba y por la suscripción de varios contratos continuos. 5. Mediante auto de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, se DECLARO PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE, el termino dejado de utilizar por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en consecuencia sígase con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional, tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR en su único motivo de casación arguye lo siguiente: “Infracción directa del Artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo en relación con los Artículos 1348, 1539 del Código Civil, 117 del Presupuestos General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio del año 2010, contenido en el Decreto 16-2010, 72 y 74 para el ejercicio fiscal del año 2016, contenido en el Decreto 1684-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,912 de fecha 18 de diciembre del 2015 y normas vigentes al respecto. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motivo de casación el Artículo 765 numeral 1ª del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo siendo este uno de los fundamentos legales utilizados por el Ad-quem en esta sentencia definitiva que se viene a recurrir, el cual establece que “El Contrato Individual de Trabajo puede ser: a) .... b) Por tiempo limitado, cuando se especifique fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento.... “; asimismo por otro lado, nuestro Código Civil en el Artículo 1348 manda que “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben de cumplirse al tenor de los mismos.”.- El Artículo 1539 del Código Civil nos establece que “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. “. En el presente caso, quedo debidamente acreditado en juicio, que el Demandante únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras, Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, en donde conviene la prestación de sus servicios por un tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo, y por esa razón ambas partes se someten únicamente a las cláusulas de dichos contratos, en el entendido que el Señor Demandante prestaba sus servicios de manera temporal, y que consecuentemente mi representado no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; esa temporalidad que regía esta relación de trabajo, se encontraba supeditada, a que el hoy demandante fue contratado bajo un Programa eminentemente temporal, como lo es la Tasa de Seguridad, siendo una exigencia de tal Decreto, la liquidación anual del personal que se contratara, tal y como sucedió en el caso de autos.- Todas estas excepcionalidades, fueron debidamente probadas a la A-quo, quien NO realizo ninguna valoración de tales extremos. El Contrato Temporal suscrito con el Demandante fue por tiempo determinado, y apegado a las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, los cuales tienen carácter de ley. Tanto en las Sentencias Definitivas dictadas por el Juzgado de Letra y la Corte de Apelaciones respectivamente, razonan que la relación contractual contienen los requisitos esenciales para que exista una relación laboral, motivando asimismo que de conformidad al Artículo 47 del Código de Trabajo “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se les expresa termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen la materia del trabajo para la prestación de servicio o la ejecución de obra iguales o análogas.”; estos razonamientos lo hacen sin valorar lo establecido en el transcurso del juicio, en relación que los contratos temporales suscritos con el Demandante, no tomando en cuenta la “excepcionalidad” son regulados por el Código Civil y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el ejercicio fiscal del 2016 contenidas en las publicaciones del Diario Oficial La Gaceta No. 33912 de fecha 18 de diciembre del 2015, que contiene el Decreto 168-20 15, presentado por el Poder Ejecutivo, en donde se puede constatar la existencia del Artículo 117, en donde se establece que “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico de Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal NO Permanente), se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Secretario de estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenida en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, permitiéndose la ampliación para este objeto únicamente con financiamiento dentro del mismo grupo de servicios personales, asimismo se puede constatar en dicho documento, que este tipo de contrataciones se legalizan mediante Acuerdo Interno de aprobación de cada Secretaria de Estado, previa a la suscripción de contratos quedan obligados a solicitar estos recursos como parte de la asignación de la cuota presupuestaria trimestral; en tal sentido estos contratos tendrán vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como Permanente, y su efectividad se computara desde la fecha que este personal tome posesión del cargo.”. Por lo anteriormente expuesto, es PROCEDENTE Casar la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, dictada en fecha Veintiuno (21) de Julio del Dos mil dieciséis (2016), y consecuentemente declarar la Nulidad de dicha sentencia, por Infracción de Ley cometida por el Ad-quem al dictar la misma.”. III.- Toda violación directa de la ley, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado. El Recurrente al formular el cargo, alega la infracción directa de la ley, pero al explicar el cargo censura la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual es incompatible con dicha causal o motivo. En adición a lo anterior también se le puede indicar al Censor que el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo no es norma sustantiva, al no consagrar o imponer, derechos y obligaciones de forma recíproca o que los extingan; también el precepto autorizante fue indicado en forma imprecisa, ya que se enuncia únicamente comprendido en el artículo 765 numeral 1 del referido cuerpo de leyes, cuando dicho numeral contiene dos párrafos con distintas causales o motivos del recurso de casación. IV.- También resulta relevante destacar, que en relación se indican normas del orden civil, que no pueden tener aplicación en estos casos, dada la especialidad de la materia laboral y las normas propias que rigen la relación de trabajo; igualmente ocurre con las normas presupuestarias de los años 2010 y 2016, que tienen vigencia constreñida y limitada al periodo fiscal correspondiente y que obligan al ejecutor presupuestario, pero que no pueden tener aplicación para resolver sobre el tema de la permanencia de los contratos de trabajo, dado que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, como también por el orden público laboral y los principios generales del derecho del trabajo que rigen en las relaciones obrero-patronales. V.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 21, 47, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 447-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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