Sentencia CL-440-17 — Registro 8452
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido legal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud de: a) invoca dos formas distintas de infringir la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la interpretación errónea, lo cual es inapropiado dado que es contradictorio señalar que una misma disposición se dejó de aplicar y que a su vez se interpretó equivocadamente; y, b) la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el despido ilegal o injusto del demandante, lo cual fue objeto del material probatorio, resultando improcedente el ataque al fallo recurrido por la vía invocada."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."El recurso de casación instado por la parte demandante, en el motivo admitido por esta Sala, deriva del error de hecho en que incurrió el tribunal de segunda instancia, apreciando erróneamente la nota de despido de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al señor César Iván Fajardo Estrada, Auxiliar de Ingeniería, División de Ingeniería y Proyectos.- XIII. Son hechos probados: a) No se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos. b) No se siguió el procedimiento establecido en la cláusula 37 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el INJUPEMP y el Sindicato de la misma.- XIV. Es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-2009, 239-2012, 293-2012, C.L.609-2016 y C.L.09-2017). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XV. Este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del }trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se debe atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes SL.105-09, SL.499-09, SL.300-11 y SL. 767-12. CL.609-2016 y C.L.09-2017).- XVI. Algunas de las funciones de División de Ingeniería y Proyectos, a la fecha continúan realizándose, tales como el avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios, acción para la cual la demandada contaba con ingenieros para dichas actuaciones y, si su finalidad era que se realizarán por profesionales valuadores certificados y registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pudo hacer gestionado que sus ingenieros se certificaran y registraran en dicha Comisión.- XVII. Dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo a una restructuración, era el análisis de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar a la mayoría del personal a ser restructurado, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo.- XVIII. Por las razones antes expuestas y las pruebas allegadas al juicio, procede declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 95, numeral 19 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de noviembre del 2017, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada en juicio por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido legal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2015, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de julio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 17 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO POR DESPIDO INJUSTO E ILEGAL, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; instaurada por la ABOGADA DIANA MELISSA PINEDA SALGADO; actuando en su condición de Representante Procesal del Señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; II.- ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de reintegrar al señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, así como de pagar los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. III.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para la demanda, el 23 de febrero de 2006, como Auxiliar de Ingeniería, devengando un salario al momento del despido por la cantidad de L. 33,576.00; que durante el tiempo que trabajó en la Institución, desarrolló las actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en su trabajo, pero en fecha 27 de marzo de 2015, fue notificado que estaba despedido de su empleo, mediante nota firmada por la Directora Ejecutiva, en donde le notificaron que decidieron dar por terminada la relación de trabajo que le une a la Institución, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos es suprimido de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, el puesto de trabajo desaparece en la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable a su persona, por mandato legal se le pagara el total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, haciéndole saber también que se sirviera pasar a recibir en la Tesorería el cheque correspondiente al valor de los derechos, prestaciones e indemnizaciones laborales, previo a que acreditara de que no hay ninguna obligación pendiente relativa al descargo de bienes y a deducciones de préstamos con entidades externas que tenía convenio con la demandada, que obligaba a efectuar la retención correspondientes según lo pactado; manifestó además que lo que sucede en el presente caso es una tercerización de servicios, ya que la actividad que desempañaba era el avalúo de las viviendas que iban a ser financiadas por el INJUPEMP o aquellos terreros que eran propiedad del INJUPEMP, así como la supervisión de las obras de la institución; la actividad que realizaba como ser avalúos, supervisiones de proyectos, entre otros, aún subsiste en el INJUPEMP, a tal grado que lo que actualmente están haciendo es contratando ingenieros independiente para que realicen los avalúos, lo que se conoce en materia laboral como tercerización de servicios, en donde las empresas despiden sus trabajadores directos y contratan terceras personas para que hagan los servicios, con esto lo que pretende el patrono es evadir una responsabilidad laboral y con ello justificar el despido del demandante; además argumentó que la Constitución de la República en su artículo 129 garantiza la estabilidad laboral y en el mismo establece que solo se puede ser despedido con causa justificada, que además el artículo 47 del Código del Trabajo habla que para aquellas actividades que por su naturaleza sean permanentes o continuas deberán contratarse trabajadores permanentes para que desarrollen esa actividad, que este artículo es determinante en vista que la actividad subsiste en el INJUPEMP, ya que los préstamos hipotecarios se siguen dando y el requisito sine qua non, previo al préstamo es hacer un avaluó, es evidente que la actividad laboral no desaparece, por ende, no podía ser despedido como lo hizo la administración en este caso, y se da la figura del fraude de ley, ya que con un razonamiento aparente de querer cerrar un departamento desaparece la actividad que desempeñaba el demandante, pero la actividad que él hacía no es propio de un departamento sino de un servicio que presta a la institución para los préstamos hipotecarios, mientras existan los préstamos hipotecarios en INJUPEMP, seguirán existiendo las funciones que realizaba el demandante, en tal sentido el fraude de ley aparece cuando la institución pretende justificar la cancelación cerrando un departamento y consecuentemente cancelando los trabajadores, pero se vuelve fraude de ley cuando se prueba que la labor en la institución se sigue desarrollando bajo la restructuración de un departamento y que esa actividad la realizan otras persona, eso implica que no existe justificación para cancelar a los trabajadores cuando subsiste la razón que le dio vida al contrato de trabajo; asimismo, para ver si era posible llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo inútil se dio por agotado el trámite administrativo el 20 de mayo del 2015.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda rechazando totalmente las pretensiones del demandante, apoyando su defensa que dicha institución conforme a la Ley Orgánica, fue creada, con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más óptima; la División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula; en el año 1997, el Instituto debió suspender la ejecución de dichos proyectos habitacionales conforme lo mandado en el Decreto 154-97 del Congreso Nacional de la República, quedando la División de Ingeniería y Proyectos únicamente efectuando la labor de avalúos de viviendas y terrenos, mediante las visitas para determinar los avances de obras de los préstamos que se otorgaban a los participantes; la Dirección Interina, de conformidad con los artículos 7, 18 numerales 1) y 2) de la Ley del INJUPEMP, está obligada a cumplir y hacer cumplir, la Constitución de la República, sus Leyes y Reglamentos, así como las resoluciones y demás normas o directrices emitidas por los entes contralores, fiscalizadores y supervisores del Estado y además de dirigir, administrar y gestionar el Instituto, a cumplir con las políticas directrices emanadas de la Asamblea, en el marco de la Ley y sus Reglamentos, procurando mantener una institución financiera y actuarialmente sana y solvente; asimismo, la Dirección Interina, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numerales 6) y 171 de la Ley del INJUPEMP está obligada a definir la estructura y organización de las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de El Instituto, con base al manual de puestos y salarios y los reglamentos de la Institución, así como elegir, nombrar y remover de su cargo a los Gerentes, Jefes de División, Jefes de Departamento y demás personal, de conformidad con la estructura administrativa que sea aprobada por la Asamblea; además alegó que la antiguamente Junta Directiva del INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01-1307, de fecha 06 de marzo del año 2014 y ratificada el 10 de abril del 2014, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; que consideró que en la actualidad el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto, y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión”; que el Reglamento de Préstamos en los artículos del 78 al 81, manda que los servicios de avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios deben ser prestados por profesionales valuadores, que estén debidamente certificados y registrados en la CNBS, este mandato está conforme con la Resolución GE No. 073/21-01-2015, emitida por la CNBS, denominada “Normal para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia”, mediante la cual se definen los criterios para que cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el valor computado de la garantía debe estar respaldado por un avalúo efectuado por profesionales en la materia o empresas dedicadas a dicha actividad debidamente registradas en la CNBS. Para tal efecto la misma CNBS, emitió la Resolución GE No 1922/11-12-2012, que reforma las “Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de Instituciones Supervisadas”, las cuales según el numeral 1) del Artículo 1 tiene por objeto regular la inscripción, la renovación, suspensión y cancelación de personas naturales y jurídicas en el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas; de forma categórica también en el numeral 2) de este artículo, se establece que: las instituciones supervisadas contraten los servicios profesionales de valuación ofrecidos por las personas naturales y jurídicas inscritas en dicho Registro y conforme a los ramos autorizados por la Comisión. La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; asimismo, cabe destacar el Dictamen Financiero, Actuarial y de Procesos relacionado con el análisis de costos de la División de Ingeniería y Proyectos actualizado con cifras del periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, ratifica el perjuicio económico que causa al Instituto la existencia de dicha División; determinándose que en ese período, para el Instituto y consecuentemente para los beneficiarios del Fondo de Pensión la pérdida fue de L. 6,744,767.30 y que el impacto en el déficit actuarial de continuarse con la operación de esta División es de aproximadamente L. 200,000,000.00; que los artículos 26 y 27 de la Ley del INJUPEMP enuncian que los gastos de administración del Instituto deben ser los que corresponden a una estructura de gobierno corporativo óptima, de acuerdo a su tamaño y gestión operativa debiendo reflejarse en la calidad y eficiencia de los servicios, así como la austeridad en el control de los gastos administrativos y el patrimonio del Instituto es exclusivo para atender prestaciones previsionales y servicios de los participantes, de conformidad con lo establecido en la Ley del INJUPEMP y cubrir los gastos administrativos y operativos razonables; asimismo alegó que fue evidente que el INJUPEMP en el caso de la terminación laboral con el hoy demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue suprimido de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al hoy demandante, por mandato legal la demandada ha sostenido y mantiene el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; aclaró que en la actualidad los servicios de avalúos de inmuebles objeto de préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto, lo concerniente al avalúo propiamente dicho, es efectuado por un Ingeniero Valuador certificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuyo pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuara el pago al Perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; de tal manera que la parte demandante erróneamente establece en su escrito de demanda que la suprimida División de Ingeniería y Proyectos era autofinanciable, ya que como expresó, la demandada no ejerce ya actividades de avalúos respecto a los préstamos hipotecarios otorgados, ni realiza supervisión de proyectos sencillamente porque no ejecuta o desarrolla ningún proyecto habitacional.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; absolvió a la Institución demandada de reintegrar al demandante, así como de pagar los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada ha probado en juicio la necesidad de restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, restructuración que conllevó a suprimir la División de Ingeniería, sustentada en la reducción del presupuesto del INJUPEMP en un 10%, tal como consta en el oficio CGG-142-14; hecho que obliga a la institución a tomar las medidas administrativas pertinentes; enmarcadas en disposiciones legales tales como La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; en ese orden de ideas es preciso mencionar que existen pronunciamientos previos del máximo Tribunal de Alzada como lo es la Sala Laboral Contencioso Administrativo en relación a la Restructuración o Reorganización de las Empresas, señalando que el Código del Trabajo establece en forma concreta y diferenciada, las causas de terminación del contrato de trabajo, y las causas o motivos de despido, acciones que tienen origen y efectos distintos, en el caso de mérito, se trata de una causa de terminación de la relación de trabajo, con el reconocimiento al pago de las prestaciones laborales, regulada en el artículo 111 numeral 1 y 9. Eso nos demuestra que la ley permite las reorganizaciones o reestructuraciones dentro de una empresa cuya consecuencia lógicamente tiene que ser los cambios no solo de estructura sino también de personal laborante ya haciendo traslados, permutas y hasta despidos. Entonces como causa permitida por la ley, en el del Código del Trabajo y esto es lógico y de la naturaleza, ya que las empresas no son estáticas, cambian constantemente por adelantos tecnológicos o para lograr una mejor administración en la utilización de los recursos materiales y humanos y en la racionalización del gasto, tal como fue probado en el caso de autos con el dictamen financiero y actuarial; en el cual se determinó la reducción de pérdidas a corto y largo plazo a favor no solo del Instituto sino del participante; todo lo anteriormente expuesto llevan al convencimiento a la suscrita a declarar sin lugar la demanda que se ha hecho mérito, absolviendo al INJUPEMP del reintegro del demandante como del pago de salarios dejados de percibir en vista de no haberse configurado un despido injustificado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 31 de julio del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas allegadas al juicio se estableció que previo al cierre del Departamento de Ingeniería se elaboraron estudios del impacto financiero y análisis sobre el Departamento de Ingeniería del INJUPEMP, así como dictamen financiero actuarial y de procesos relacionados con el análisis de costos de la división de Ingeniería, en los cuales se establece como justificación para llevar a cabo el cierre mencionado, que las actividades que realiza la División de Ingeniería y que están enmarcadas dentro del proceso de préstamos para la vivienda, no son procesos ágiles que favorezcan al participante, que el costo de un avalúo para los participantes del Instituto efectuado por la División de Ingeniería supera en un 100% el costo de los avalúos en el Sistema Financiero nacional, que la medición de la eficiencia del personal de la División de Ingeniería es mayor en San Pedro Sula, la cual es de 12,77% vrs 7.93% para cada uno de los 11 empleados de la División de Ingeniería de Tegucigalpa, que la División de Ingeniería es un centro de costos y que para el período comprendido del 1 de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, contabilizó gastos directos de L. 8.023.764.55 con una pérdida directa para el Instituto de L. 6,744.767.30, más los costos indirectos, gastos de operación y gastos generales no promediados y finamente que en base a las hipótesis financieras producto de la experiencia de rendimientos financieros del INJUPEMP y al comportamiento de los índices de precios al consumidor que oficialmente determina el Banco Central de Honduras y utilizando las variables biométricas esperadas para los próximos años, se determinó que el impacto que ocasiona en las cuentas del pasivo del balance técnico actuarial, bajo la actual estructura de la División de Ingeniería es de L. 196,918,380.07, valor que contribuye a aumentar el déficit actuarial del Instituto; que al haberse acreditado que el Departamento de Ingeniería del INJUPEMP fue cerrado, cumpliendo con lo establecido en la ley, no es posible acceder al reintegro solicitado por el señor Cesar Ivan Fajardo Estrada, pero sí al reconocimiento del pago de sus prestaciones laborales; que por las razones antes expuestas es procedente confirmar la sentencia definitiva que se conoce en apelación, por estar dictada conforme a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 11 de octubre del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 15 de noviembre del 2017, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de diciembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de error de hecho por la apreciación errónea de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante relacionada con el documento nota de despido visible a folio 33 al 36, de la primera pieza de autos, de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al demandante CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, en su condición de AUXILIAR DE INGENIERÍA, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma sustantiva que se estima violada son los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Consiste en el documento nota de despido visible a folio 33 al 37, de la primera pieza de autos, de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al demandante CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, en su condición de AUXILIAR DE INGENIERÍA, en relación con la demás prueba en su conjunto PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental que obra de folio 33 al 37, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelación aprecia erróneamente el contenido de la notificación al no establecerse conforme al artículo 117 del Código del Trabajo una “...causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación” conforme a lo regulado por los artículos 111 0 112 del Código de Trabajo, que contienen las causas legales de la terminación del contrato de trabajo y las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, circunstancias que no fueron invocadas en la prueba apreciada erróneamente por la demandada, lo cual da lugar a que si la Corte hubiese utilizado lo contenido en el artículo 113 párrafo primero interpretado y tercero literal b) del Código del Trabajo, en cuando a la inexistencia de causa justa para la terminación, y por ende, no probada el motivo invocado en dicha nota, hubiese declarando en su fallo la reinstalación y demás derechos e indemnizaciones reclamados. Por lo que la apreciación de la nota de despido o notificación de la terminación de la relación laboral que el patrono dio al trabajador, no fue realizada de forma legal como así consta y por ende se ha incurrido en un error de hecho por la errónea apreciación de la prueba anteriormente singularizada, la que, relacionada con el resto del material probatorio, se concluye además de las inexistentes e ilegales motivo, que no se encuentra violación alguna de índole laboral que pudiese ser causal de la terminación de la relación de trabajo en la forma que se hizo de conformidad a la nota de despido y sus fundamentos. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta del medio de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea, al estimar una situación distinta a la que efectivamente ha ocurrido. Prueba singularizada que de haber sido apreciada de forma correcta, junto con el resto del material probatorio, llevaría a la procedencia de la demanda, al no invocarse causa legalmente establecida ni justa e inexistente, así como quedo acreditado con el resto del material probatorio valorado en conjunto, que la actividad o labor que se desempeñaba es de naturaleza permanente.”.- III. Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- IV. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por infracción directa proveniente de la interpretación errónea del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, y a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9), y 112 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada es el artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República y a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9), y 112 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, de sus consideraciones se colige, se fundamenta el artículo 117 del Código de Trabajo y lo interpreta de forma errónea, según lo establecido en su considerando 6, sin embargo, la norma citada como violada, literalmente expresa “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, que relacionado con el 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo “Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva... El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: ... b) si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación...”, a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9) y 112 del Código de Trabajo “Artículo 111. Son causas de terminación de los contratos de trabajo: ... 1) cualesquiera de las estipuladas en ellos (contratos) si no fueren contrarias a la Ley. Artículo 112. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” es decir, la normativa antes transcrita regula condiciones en la notificación de la terminación de una relación de trabajo para no causar indefensión o desconocimiento de las circunstancias imputadas, así como la condición de validez de la causal, para el caso de la tipificada en el mencionado artículo 111 numeral 1) y 9) del Código de Trabajo y por otra parte la obligatoriedad de mencionar la falta en el caso del artículo 112 del Código de Trabajo. Por lo cual, la Corte de Apelaciones al aplicar el artículo 117 pretendiendo establecer únicamente el alcance de la norma y no las consideraciones antes expuestas, en cuanto a inexistencia de causa o causa justa de terminación del contrato de trabajo, ha interpretado de forma errónea la disposición. El verdadero alcance e interpretación correcta, es que se establezca sin lugar a duda que la causa de la terminación de la relación laboral, no se encuentra tipificada conforme a las disposiciones invocadas, así como que los fundamentos utilizados en la notificación que regula la norma son inexistentes en este caso, incumpliendo con la Ley laboral al no invocarle causa justificada de despido, faltando el patrono a ¡a obligación que le impone el artículo 117 del Código de Trabajo, lo cual viola la estabilidad laboral en el cargo que garantizan los artículos 129 de la Constitución de la República y 110 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud de: a) invoca dos formas distintas de infringir la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la interpretación errónea, lo cual es inapropiado dado que es contradictorio señalar que una misma disposición se dejó de aplicar y que a su vez se interpretó equivocadamente; y, b) la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el despido ilegal o injusto del demandante, lo cual fue objeto del material probatorio, resultando improcedente el ataque al fallo recurrido por la vía invocada.- VI. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en el tercer motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la falta de apreciación del medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMITIDA A LA PARTE DEMANDANTE, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República y 47, 95 numeral 19) y 111 numerales 1) y 9) del Código del Trabajo y en relación a la protección contra el despido formulado por los instrumentos internacionales de derechos humanos.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: RECONOCIMIENTO JUDICIAL, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMITIDA A LA PARTE DEMANDANTE, que obra a folios 171, 172, 173, 174, del expediente de primer grado, que se refiere a: 1) ....; 2) ....; 3) Si el INJUPEMP concede préstamos hipotecarios a sus cotizantes. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 40 de dicho reglamento, tiene como objetivo otorgar préstamos con garantía hipotecaria a los participantes activos, en suspenso, voluntarios y a los pensionados por vejez, para atender de forma equitativa necesidades en los rubros vivienda, apartamento o condominio u otros destinos establecidos en este reglamento y que a su vez le permita al instituto diversificar su programa de inversiones en un marco confiable de seguridad, rentabilidad y liquidez. 4)... ;5) ..; 6) quien cobra al participante los avalúos de inmuebles para los préstamos hipotecarios. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 79 primer párrafo de dicho reglamento, establece que pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuara el pago al perito valuador contra la entrega del informe de valuación y e) recibo correspondiente; 7) cual es el número de cuenta a la que se pagan los avalúos y a quien pertenece esa cuenta. R/ ... internamente se ha establecido el número de cuenta 203332031964 a nombre de INJUPEMP en BANCO FICOHSA. 8) Si el INJUPEMP paga mediante cheque o efectivo a los peritos valuadores los avalúos hechos en los inmuebles. R/… mediante transferencias bancarias a los peritos valuadores...; 9)... 10... 11) quien hacia los avalúos antes del mes de abril de 2015. R/... la División de Ingeniería del INJUPEMP. 12) QUE empresa o que personas realiza actualmente los avalúos de los bienes inmuebles sobre los cuales se concede o se tramita préstamos hipotecarios. R/ Se constato que los avalos son realizados por 33 personas naturales externas del INJUPEMP... 13) cuanto es el costo que actualmente se paga por el avalúo de un inmueble. R/.... 14) actualmente (al momento de la práctica de éste medio de prueba) quien paga los avalúos de los bienes inmuebles sobre los cuales se concede o tramitan préstamos hipotecarios, R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEPM del año 2015, en donde se pudo constatar según su ARTICULO 79 de dicho reglamento, establece que el pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del instituto , quien a la vez efectuara al pago al perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente. El avalúo forma parte de los requisitos de préstamos hipotecarios o de vivienda y deberá contener el análisis de zonas de riesgo. 15) que procedimiento interno siguió INJUPEMP para reestructurar el departamento de ingeniería y si le dio seguimiento al artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. R/ Se tuvo la constancia de fecha 15 de marzo de 2015, extendida por la Abogada Yecenia Marisol INJUPEMP donde se pudo constatar que sirvieron Como fundamento para la terminación laboral los artículos 95 numeral 19), 111 numeral 1) y 9), 116, 120, 126, del Código de Trabajo artículo 14 numeral 3), y párrafo final del decreto legislativo 276-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, artículo 78 al 81 del Reglamento de Préstamo vigente, resoluciones de las asambleas participantes y aportaciones del INJUPEMP número 02-2015 y 03-2015 de la sesión ordinaria del acta número 009-2015 de fecha 11 de marzo del 2015 resolución de junta directiva JD-N-01 1307 de fecha 6 de marzo del 2015 referente a la Supresión de la División de Ingeniería y Proyectos por mandato de ley. 16) cuantos trabajadores tenía el departamento de ingeniería y quienes eran debiendo consignar los nombres de cada uno de ellos y si siguen laborando para la institución o no (en el entendido señora juez que se solicita quienes prestaban el servicio de dicho departamento, no quienes estaban nombrados). R// ... que LA División de Ingeniería tenía la cantidad de 12 empleados los cuales eran... CESAR IVAN FAJARDO... los cuales fueron cancelados el 27 de marzo de 2015 por supresión de la división de ingeniería. 17)... 18)... . PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el medio de prueba señalado anteriormente y admitido y evacuado en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que en el caso en particular se aduce por el ad-quem, a “CONSIDERANDO 7: Que al haberse acreditado que el departamento de ingeniería del INJUPEMP fue cerrado cumpliendo lo establecido en la ley no es posible Acceder al reintegro solicitado por el señor César Iván Fajardo Estrada pero si al reconocimiento del pago de sus prestaciones laborales”. Sin embargo, el criterio expuesto además de ser ilegal, en contravención del artículo 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República respecto a la garantía de estabilidad en el trabajo y a las justas causas de separación, así como el derecho a elección del trabajador, a que se le reintegre a su labor con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; 47 del Código del Trabajo, que establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si subsiste la causa que le dio origen, tal como ocurrió en este caso; el artículo, 95 numeral 19) en relación a que al llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo, es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observo por la demandada; y 111 numerales 1) y 9) del Código del Trabajo que establece la terminación del contrato de trabajo, sin embargo, el numeral primero es referente a contratación a término o para obra determinada y el numeral nueve, de la liquidación de la empresa, circunstancias que no se observaron en la Litis. La Corte de Apelaciones violenta la protección contra el despido formulado por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en abierta inobservancia de la prueba singularizada, que ha evidenciado que la actividad de los prestamos es un giro permanente de la institución y que dentro del procedimiento para el otorgamiento de los mismos se requiere conforme al reglamento de préstamos el respectivo avalúo, particularmente para garantizar la transacción que se realiza, asimismo que dicha actividad se continua realizando, es necesaria para los proyectos de inversión de la Institución, que han sido de cierta forma tercerizadas en violación al principio protectorio del orden laboral y el derecho a la estabilidad en el trabajo, ya que reitero, las actividades de avalúos persisten, forman parte del procedimiento y constituye requisito del prestamos hipotecario que se pretenda, no cabe duda que la naturaleza del trabajo desarrollado por los demandantes ha sido permanente, pues a ese efecto la demandada cuenta con personal fijo para que realice esas funciones; sin embargo, si se hubiesen apreciado por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera considerado que dichas funciones son permanentes, no siendo procedente suprimir o reestructurar la dirección de Ingeniería y Proyectos, sin un procedimiento adecuado o garantista, pero no antojadizo y autoritario. Todo ello llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de las normas sustantivas enunciadas, al negar a mi representado el REINTEGRO solicitado y que por Ley les corresponde.”.- VII. Este motivo no resulta admisible pues el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio.- VIII. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en un cuarto motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por infracción directa proveniente de la falta de aplicación del artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada es el artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, ha dejado de aplicar artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo, CONSIDERANDO 7: Que al haberse acreditado que el departamento de ingeniería del INJUPEMP fue cerrado cumpliendo lo establecido en la ley no es posible Acceder al reintegro solicitado por el señor César Iván Fajardo Estrada pero si al reconocimiento del pago de sus prestaciones laborales.” sin embargo, la demandada ha incumplido su carga probatoria de probar la justificación del despido. La norma citada como violada regula que, “Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva... El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: ... b) si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación...”, a su vez en relación a los artículos 117 del Código del Trabajo que expresa “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República respecto a la garantía de estabilidad en el trabajo y a las justas causas de separación, así como el derecho a elección del trabajador, a que se le reintegre a su labor con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; 47 del Código del Trabajo, que establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si subsiste la causa que le dio origen, tal corno ocurrió en este caso; Artículo no por el despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y a la indemnización o a que se le reintegre a su trabajo, a su elección .el Artículo 112, señala las Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” es decir, la normativa antes transcrita regula condiciones en la notificación de la terminación de una relación de trabajo para no causar indefensión o desconocimiento de las circunstancias imputadas, así como la condición de validez de la causal, o en cuanto a inexistencia de causa o causa justa de terminación del contrato de trabajo. El artículo, 95 numeral 19) en relación, señala como obligaciones de los patronos, llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo, es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observó por la demandada.”.- IX. Que el cargo que antecede resulta inadmisible pues la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho.- X. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “En la sentencia definitiva dictada por el Tribula de Apelación en fecha 28 de septiembre de 2016, se han violentado los principios de congruencia al haber concluido la improcedencia de la demanda fundándose en que CONSIDERANDO (4) Qué el Decreto Legislativo 266-2013 que contiene la Ley para Organizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y el Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno establece entre otros que las Instituciones Descentralizadas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas de acuerdo a las políticas del Gobierno Central incluyendo la reorganización de aquellas dependencias que la eficiencia de la Administración pública demanda” CONSIDERANDO (7). Que al haberse acreditado que el departamento de ingeniería del INJUPEMP fue cerrado cumpliendo lo establecido en la ley no es posible Acceder al reintegro solicitado por el señor César Iván Fajardo Estrada pero si al reconocimiento del pago de sus prestaciones laborales.” de lo expuesto se observa que la Corte de Apelaciones violenta el derecho a la estabilidad laboral, establecido en el artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y de la Constitución de la República, y estas dos normas no han sido derogadas, bajo este concepto una norma interna como lo es la Ley para Organizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y el Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno no es posible que esté sobre una norma constitucional, en tal sentido el despido debe darse conforme a la ley, con una causa de terminación que establece el artículo 111 o una causa justa según el artículo 112 del Código del Trabajo, ya que las utilizadas por INJUPEMP no están amparadas en los fundamentos utilizados, el numero 1) y 9) del articulo 111 en mención se refieren a estipulaciones en el contrato de trabajo a término, lo cual no es lo que invoca la notificación y, el otro fundamento a la liquidación o clausura de la empresa, que tampoco ha ocurrido, así como que al llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo (artículo, 95 numeral 19) del Código del trabajo), es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observó por la demandada, con lo que la decisión de la Corte de Apelaciones se vuelve incongruente y violatoria del debido proceso y derecho de defensa. Hay nulidad de igual forma, por incongruente y contradictorio con el principio protectorio y debido proceso, así como violatorio del derecho de defensa, al haber dictado un fallo que no es acorde con las pretensiones y alegatos oportunos de las partes. Mi representado fue despedido invocándosele una causal que es ilegal conforme al código del trabajo que debe aplicar en primer lugar la Corte de Apelaciones, sin embargo, considera que el despido fundamentado en leyes de gestión administrativa y por propias facultades de la demandada, contrarias a la constitución, lo cual conlleva violación del derecho de defensa ya que si el patrono puede avocarse a otras causales no contempladas o inexistentes en el Código del Trabajo, cualquier trabajador no podrá defenderse legítimamente y esto también vulnera la legalidad como principio. Por otra parte, se ha demandado que no existen señalamientos sobre causa legalmente establecida conforme al artículo 117 del código de trabajo, y mucho menos que esta contenga hechos concretos, si no que ha sido por aplicación de disposiciones que contravienen el derecho laboral, y que el análisis de la corte es ilegal e incongruente con lo que ha acontecido en esta demanda, a sabiendas que los funcionarios no tienen más facultades que los que la ley les otorga y no puede existir un abuso que conlleve violación de derechos en el juicio y que impiden defenderse de forma adecuada en base a la Ley laboral.”.- XI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. El recurso de casación instado por la parte demandante, en el motivo admitido por esta Sala, deriva del error de hecho en que incurrió el tribunal de segunda instancia, apreciando erróneamente la nota de despido de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al señor César Iván Fajardo Estrada, Auxiliar de Ingeniería, División de Ingeniería y Proyectos.- XIII. Son hechos probados: a) No se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos. b) No se siguió el procedimiento establecido en la cláusula 37 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el INJUPEMP y el Sindicato de la misma.- XIV. Es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-2009, 239-2012, 293-2012, C.L.609-2016 y C.L.09-2017). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XV. Este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del }trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se debe atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes SL.105-09, SL.499-09, SL.300-11 y SL. 767-12. CL.609-2016 y C.L.09-2017).- XVI. Algunas de las funciones de División de Ingeniería y Proyectos, a la fecha continúan realizándose, tales como el avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios, acción para la cual la demandada contaba con ingenieros para dichas actuaciones y, si su finalidad era que se realizarán por profesionales valuadores certificados y registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pudo hacer gestionado que sus ingenieros se certificaran y registraran en dicha Comisión.- XVII. Dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo a una restructuración, era el análisis de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar a la mayoría del personal a ser restructurado, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo.- XVIII. Por las razones antes expuestas y las pruebas allegadas al juicio, procede declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y haciendo aplicación de los artículos 127, 128 numeral 15), 129, 134, 135, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 53, 55, 56, 60, 66, 95 numeral 19), 113, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 765 numeral 1 párrafo segundo, 769, 777, 778 y 858 del Código del Trabajo; 22, 197, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: CASA PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, promovida por CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. TERCERO: CONDENA a EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a: 1. REINTEGRAR al señor CESAR IVAN FAJARDO ESTRADA, a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del Contrato; 2. Más el pago de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. CUARTO: SIN COSTAS.- Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificaron de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 440-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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