Sentencia CL-438-17 — Registro 8451
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación reformando y declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, como ser vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, prestaciones sociales, salarios caídos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada de forma indirecta contiene literales que era necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, omitiendo el numeral del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) en la formulación del motivo, no singulariza la prueba, es hasta la explicación que hace referencia a material probatorio, requisito exigido conforme lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal b) del Código del Trabajo; y, d) formula alegaciones propias de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PROTEC SECURITY AND PATROL, S. DE R. L., como recurrente; además es parte recurrida, el señor ANASTASIO ULLOA P., representado en juicio por el Abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, como ser vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, prestaciones sociales, salarios caídos y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, por el señor ANASTASIO ULLOA P., hondureño, mayor de edad, en unión libre y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la empresa denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PROTEC SECURITY AND PATROL, S. DE R.L., por medio de su Representante Legal el señor WILFREDO RIOS OSORTO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) Declarando ha lugar el recurso de apelación formulado por el representante legal del trabajador Anastasio Ulloa P., en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el proceso ordinario laboral iniciado con ocasión de la demanda ordinaria que éste le promoviera a la sociedad denominada Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Protec Security And Patrol S. de R.L., a través de su representante legal todos de generales conocidas en el proceso; en consecuencia se reforma el citado fallo, REFORMA que consiste en: DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, en consecuencia se condena a la entidad demandada a pagar al trabajador Anastasio Ulloa P., la cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 70,479.95), suma que corresponde a los conceptos siguientes: Preaviso Lps. 22,431.10; Auxilio de Cesantía Lps.22,431.10; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps 9,034.75; Vacaciones Proporcionales Lps.3,872.04; Décimo Tercer mes proporcional Lps.3,952.15; Decimocuarto mes proporcional Lps. 8,758.81; mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; 2) Se confirma la citada sentencia en sus demás extremos, es decir en cuanto a que exonera a la entidad demandada del pago de costas de primera instancia. 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar con la empresa demandada el 08 de agosto de 2011, como Jefe de Proyectos (supervisor) de la empresa, con un salario de L.11,375.00. Que la demandada lo contrató como Jefe de Proyectos, lo que en otras empresas de seguridad le llaman supervisores de seguridad, para que les manejara o supervisara un grupo de 16 guardias en un contrato de servicios de seguridad que tiene en el municipio de San Juan Pueblo en la empresa Industrias Contempo, siempre en el Departamento de Atlántida, trabajaba de lunes a domingo, sin horas ni días de descansos, trabajaba jornadas extraordinarias de 12 y 24 horas sin ningún pago de horas extras, mucho menos pago de días feriados, trabajó para la empresa dos años, nueve meses, veintiún días, hasta que el día martes 27 de mayo de 2014, le notificó al demandante la Asistente de Recursos Humanos, que se presentara a la base de San Pedro Sula, que el Gerente General Wilfredo Ríos Osorto, quería reunirse con él para hablar de unos asuntos operacionales relacionados con su trabajo, el día 28 de mayo de 2014, se personó por la mañana a las instalaciones de la empresa en San Pedro Sula a las oficinas de Recursos Humanos con la Abogada Karina Ivonne Hernández, quien no le atendió, aun así el demandante preguntó por el Gerente General, a lo que le dijeron que no estaba por lo cual lo esperó dos horas hasta que la señorita Lesly, Asistente de Recursos Humanos, le indicó que por instrucciones del Gerente de la empresa estaba despedido y que se fuera para la casa, en vista de esta situación este les llamó a sus teléfonos personales móviles con la gestión de conciliar y que le dieran su carta de despido o que le manifestaran cual era el motivo de su salida, pero fue imposible comunicarse con ellos. Por esta situación el demandante acudió a la Secretaría de Trabajo al departamento de Insectoría para que le asignaran un inspector de trabajo para constatar su despido, ya que el mismo había sido verbal.- 2. La parte demandada, la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PROTEC SECURITY AND PATROL, S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que, si bien el demandante fue contratado como Supervisor de Seguridad para que supervisara un grupo de guardias de seguridad asignados a la empresa Industrias Contempo, en el Municipio de San Juan Pueblo, Atlántida, lo restante alegado por el demandante deberá ser probado en juicio.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ANASTASIO ULLOA P., contra la empresa denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PROTEC SECURITY AND PATROL, S. DE R.L; EXONERA a la demandada de toda responsabilidad, sin costas; bajo el criterio que del estudio minucioso de la prueba que corre de autos la parte actora no ha demostrado la existencia del despido, ya que contrario a lo manifestado por ésta, el patrono ha probado con documento firmado y huella digital que el señor Anastasio Ulloa, renunció en fecha 5 de junio del año 2014, manifestando por motivos personales y para una mejor oportunidad de empleo; así mismo, la demandada acreditó haber pagado la cantidad de L. 29,000.00 en concepto de prestaciones las que fueron enteradas ante el Inspector del Trabajo, pruebas que no fueron refutadas de forma idónea, ya que no fue acreditado lo contrario, y que el acta de comparecencia ante el Inspector del Trabajo de fecha 25 de julio de 2014, levantada por el Inspector del Trabajo, no es prueba suficiente, ya que la persona que declara lo hace como testigo pero no representa al patrono, circunstancias que llevan al convencimiento que debe declararse sin lugar las prestaciones y salarios caídos solicitados, así como los derechos adquiridos por haber sido cancelados por la demandada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que aunque no es posible asumir de forma directa la terminación del contrato de trabajo por un acto de la patronal, si es deducible tal acto de las circunstancias siguientes: el trabajador aseguró haber sido objeto de un despido por parte de la patronal, hecho que dijo ocurrido el día 28 de mayo del año 2014, así lo manifestó ante la autoridad según consta del documento visible a folio 9 de la primera pieza, la demandada negó el despido y aunque no adujo la renuncia como causa de terminación, aseguró que al trabajador no le correspondían los derechos que reclamaba, acreditando con documentos que se dicen firmados por el trabajador, la terminación del contrato mediante renuncia en fecha 05 de junio del año 2014 y el pago de una cantidad de dinero en concepto de prestaciones sociales de fecha 10 de julio del citado año, de lo anterior se establece la terminación del contrato de trabajo es un hecho cierto, sin embargo, de haberse producido mediante la renuncia, el trabajador hubiera continuado recibiendo su salario hasta ésa fecha, y de la prueba que la demandada exhibiera a requerimiento del actor para acreditar los recibidos en los últimos seis meses, consta que el último pago recibido por el trabajador en concepto de salario se efectuó el día 23 de mayo del año 2014, circunstancia ésta que concuerda más con la existencia del despido ejecutado por la demandada en la fecha que el trabajador indica, cinco días después de recibir el pago de salario de la primera quincena de mayo. La validez que la ley otorga a las actas que levanta y los informes que rindan en materia de sus atribuciones los inspectores del trabajo es legal, hasta en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad según dispone el literal g) del artículo 617 del Código del Trabajo; en el sub judice, no obstante que el documento levantado ante el inspector de trabajo, se refiere a la información brindada por el trabajador sobre la existencia del despido y su corroboración por parte de la declaración de una persona que no representa a la patronal, y que fue recibida sin contradictorio alguno, pero su validez no fue objetada ni tachada de falsa por la representación de la parte demandada, siendo incorporada al proceso como la prueba del despido; y, contrario a lo considerado por el A-quo, ni el documento de la renuncia ni el finiquito de pago son capaces de revertir la validez de su contenido, toda vez que, la renuncia como excepción de responsabilidad económica no fue un hecho alegado por la demandada, y de haber sido cierta tal circunstancia como antes se expusiera, el trabajador hubiera continuado recibiendo el pago de su salario hasta el día 5 de junio del 2014, o la demandada hubiera denunciado el abandono del trabajador y no consta así de la prueba aportada. Cierto es, que los documentos antes citados fueron sometidos a pericia por orden de ésta alzada dadas las aseveraciones del apoderado actor, estableciéndose de la misma que las huellas que calzan dichos documentos pertenecen al trabajador, pero también lo es, que éste al reclamar el pago de las indemnizaciones por un despido injustificado desconoce la renuncia como causa de terminación del contrato y menos aún haber recibido el pago de las cantidades de dinero consignadas en el finiquito presentado; documentos éstos que por sí solos carecen de valor para acreditar la excepción de responsabilidad económica patronal, ello en razón del control que el juzgador debe ejercer particularmente en el cumplimiento patronal de aquellos conceptos que derivan del carácter de orden público de la normativa laboral, particularmente los denominados derechos adquiridos de carácter irrenunciable; sobre todo si, como en el caso de mérito, la resistencia de la demandada lo constituía la demostración de que al trabajador demandante no le correspondían los derechos reclamados, aportando para ese fin, tanto el documento de la renuncia como un finiquito de solvencia por la aceptación del trabajador de una cantidad de dinero por pago de prestaciones sociales; sin embargo del proceso, como antes se indicara, no consta que la demandada haya pagado salario al trabajador hasta la fecha en que se dice efectuada la citada renuncia, ni desembolsado la suma contentiva en el citado finiquito; la demandada estaba obligada a probar contablemente, que esos valores habían salido de sus haberes en la fecha que ahí se indica y no lo hizo, de manera que, la valoración otorgada por el A-quo para estimar los citados documentos no es correcta, estos por si solos, carecen de valor para acreditar la renuncia como causa de terminación del contrato por mutuo disenso y la satisfacción de las citadas sumas de dinero.- 5. Mediante auto de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SECURITY AND PROTEC AND PATROL, S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PROTEC AND PATROL, S. DE R.L., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha siete de diciembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia definitiva recurrida de ser violatoria POR INFRACCION INDIRECTA, proveniente de errores de hecho, en que incurrió el tribunal de apelación en mala apreciación de la prueba.- provocando con ello la violación indirecta a los artículos 120,121, del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo segundo del Código del Trabajo.-DOCTRINA: Honorables Magistrados: La infracción indirecta ocurre o se presenta a través de errores de Hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, es decir, que entre la sentencia acusada y la ley sustancial hay de por medio un problema probatorio, siendo este precisamente el camino a través del cual se llega a la violación de una norma sustantiva.-EXPLICACION DE LA VIOLACION Señores Magistrados, el Tribunal de apelación ha apreciado de forma errónea el medio de prueba denominado: Practica de pericia Dactiloscopica ordenada de oficio por dicha judicatura en el folio número diez frente de la segunda pieza que se encuentra debidamente evacuado mediante informe de Identificación Dactilar emitido por El Ministerio Publico a través de un perito calificado tal como consta en el folio números: 27,28,29, que obran en la segunda pieza frente y vuelto, veamos: con el medio de prueba antes indicado se acredito plenamente que en la carta de renuncia de fecha cinco de junio del año dos mil catorce y finiquito de fecha de fecha 10 de julio del año dos mil catorce, que firmo el trabajador ANASTACIO ULLOA P. y que se encuentran en el folio 35, 36 de la primera pieza a favor de la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PRO-TEC SECURITY & PATROL S. DE R.L., DE C.V. y según conclusiones del informe de Identificación Dactilar, tanto la renuncia de fecha cinco de junio del año dos mil catorce, como la hoja de Finiquito de fecha diez de julio del año dos mil catorce con logo de PRO-TEC y sello de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social de san Pedro Sula, cada una de las huellas dactilares que se observan en los documentos antes descritos le pertenecen al ciudadano que se identificó como ANASTACIO ULLOA P. y cuya práctica de peritaje se realizó en las instalaciones de Medicina Forense ver folio 28 frente y vuelto de la segunda pieza, por lo tanto la resolución judicial recaída en la práctica de peritaje emitido por el Ministerio Publico, dicho medio de prueba adquirió firmeza , sin embargo la Corte de Apelaciones del Trabajo, aprecia erróneamente dicho medio de prueba, convirtiéndose en juez y parte al no apreciar realmente lo expresado y constatado en dicho peritaje emitido por el Ministerio Publico.- El Tribunal de Apelación al dejar de apreciar el contenido de dicho medio de prueba y lo violenta por intermedio del articulo numero 738 los artículos 120, 121 del código de trabajo.- provocando con ello una violación indirecta de las normas sustantivas precipitadas.- En mérito de lo expuesto y siendo que la finalidad del Recurso de Casación es la defensa de la ley sustantiva y la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, el presente motivo debe ser estimado en Casación”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada de forma indirecta contiene literales que era necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, omitiendo el numeral del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) en la formulación del motivo, no singulariza la prueba, es hasta la explicación que hace referencia a material probatorio, requisito exigido conforme lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal b) del Código del Trabajo; y, d) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 438-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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