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Sentencia CL-438-16 — Registro 8035

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste al salario mínimo, y las costas del juicio; segunda instancia revoca la sentencia declara con lugar tacha de testigo y excepción de pago

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 28 de julio del 2016, que revoca la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua y del Trabajo por Ministerio de la Ley, de fecha 24 de febrero de 2016, consecuentemente declara ha lugar la excepción de pago opuesta por la parte demandada y en consecuencia sin lugar la demanda, bajo el criterio que a consecuencia de la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo los trabajadores han recibido como compensación sus derechos adquiridos.- VII. Que dicha resolución resulta ser en primer término incongruente, al no haberse resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas; de autos consta que los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ, OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA y BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, promovieron demanda ordinaria laboral para el PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PAGOS DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. REAJUSTE AL SALARIO MINIMO…, en contra de la empresa GRUPO DEWARE S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS); asimismo, consta que la demandada opuso EXCEPCIÓN DE PAGO; omitiendo consecuentemente el pronunciamiento correspondiente respecto al reclamo de reajuste salarial; en segundo lugar, el fallo carece de suficiente motivación respecto a la formación del convencimiento que lo llevo a la conclusión de que “…tampoco fue asentado en autos que la empresa efectivamente les retribuyera con un salario inferior al mínimo acorde a las actividad realizada por los demandante, sin perjuicio de su derecho que le reserva el artículo 42 de la Ley de Salario Mínimo.” provocando un desajuste entre lo que se pretende y lo que se resuelve, ya que la pretensión ha sido formulada en el caso que nos ocupa, no siendo necesario que se promueva una acción para ese efecto, si bien la Ley de Salario Mínimo establece que se ventilará la pretensión del reajuste por medio de juicio sumario, en el sub judice, es una pretensión adicional a la entablada para el pago de prestaciones, con lo cual, el carácter lógico es que debe decidirse al respecto sobre el reclamo formulado de dicho reajuste.- VIII. Por otra parte, si bien la terminación por mutuo, la renuncia o transacción, son una facultad que tiene el trabajador para dar por concluida la relación laboral, siempre que, el Juez, en su condición de garante y director del proceso, cumpla la obligación de analizar los hechos anteriores, coetáneos y posteriores al mutuo, renuncia o a la transacción, con ocasión de la demanda interpuesta por el trabajador y traídos al juicio, en razón de observar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de carácter irrenunciables, inclusive la protección contra sí mismo, siendo que el trabajador se presenta en forma desigual ante su patrono; como también, la verdadera voluntad del trabajador en la suscripción de los acuerdos o decisiones, sin que para ello deba mediar la intervención de autoridad administrativa, ya que se trata pues de decisiones asumidas de forma libre y voluntaria que se han demostrado y evidenciado ante el Juzgador de instancia, no existiendo duda al respecto, en virtud de la cual el empleador solamente queda obligado al pago de los derechos adquiridos o cualquier otro reconocimiento que se establezcan en la ley, los reglamentos o los contrato de trabajo; caso contrario, no encontrándose estos presupuestos antes referidos, que enmarquen la libre autonomía del trabajador estaríamos ante un acto que de pleno derecho debe ser declarado nulo.-"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- XI. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior, y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 31 de octubre del 2016, por el Abogado ROGER ANTONIO RIVERA CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, en su condición de representante procesal de los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ, OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA y BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, como recurrentes; además, es parte recurrida, la empresa GRUPO DEWARE S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS), representado en juicio por la Abogada MARIA CONSUELO RIVERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste al salario mínimo, y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 4 de septiembre del 2015, por los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, soltero, Soldador de Estructuras Mecánicas, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, soltero, Electricista, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ, casado, Motorista, OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA, soltero, Operador de Monta Cargas y BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, casado, Carpintero, todos hondureños, mayores de edad y con domicilio en Comayagua, Comayagua, contra la empresa GRUPO DEWARE S. de R.L. (PINTURAS AMERICANAS), por medio de su GERENTE GENERAL, el señor ALLAN WILLIAN DEWARE II, mayor de edad, casado, con nacionalidad de Estados Unidos de América, y con domicilio en Comayagua, Comayagua. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de julio del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Comayagua, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 24 de febrero del 2016, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO; REVOCANDO la sentencia definitiva, dictada en fecha veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, por el Juzgado de letras Seccional de Comayagua, en el departamento de Comayagua, por Ministerio de la ley hace las veces de Juzgado de Letras del Trabajo, la cual declara CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONS E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- REAJUSTE AL SALARIO MINIMO presentada por los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ y OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA, contra la Empresa PINTURAS AMERICANAS representada por ALLAN WILLIAN DEWARE, en su condición de Gerente Propietario.- SEGUNDO: Se declara con lugar la tacha del testigo MARVIN VELASQUEZ GARCIA al resultar que el testigo también demandante contra la demandada, aunque su asunto le sea particular, compromete su objetividad en relación a los hechos que narrara en el proceso, el que evidentemente si tiene un interés aunque indirecto en el asunto ajeno.- TERCERO: SE DECLARA HA LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PAGO que fue opuesta por la parte demandada, toda vez que se acredito en la causa que a consecuencia de la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo los trabajadores han recibido un cheque como compensación de sus derechos adquiridos.- EN CONSECUENCIA: SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, presentada por los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ y OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA, contra la empresa PINTURAS AMERICANAS representada por ALLAN WILLIAN DEWARE, en su condición de Gerente Propietario.- y SE ABSUELVE A LA DEMANDADA SOBRE LOS CONCEPTOS RECLAMADOS INCLUYENDO EL REAJUSTE AL SALARIO MINIMO reclamado por los señores Rony Caballero y Brayan Zepeda”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a trabajar para la demandada mediante contratos indeterminado, de la siguiente forma: JORGE LUIS CANALES MORALES el 03 de mayo de 2006, ocupando el cargo actual de Técnico Preparador de Pinturas; RONY JAVIER CABALLERO FLORES el 28 de agosto de 2006, ocupando el cargo actual de Supervisor de área de Despacho; BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE el 09 de septiembre de 2010, ocupando el cargo actual de Técnico Preparador de Pinturas; MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ el 02 de enero de 2012, ocupando el cargo actual de Motorista; y OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA el 18 de febrero de 2013, ocupando el cargo actual de Operador de Monta Carga, que el día 1 de agosto del 2015, fueron despedidos JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ y OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA y el día 4 de agosto de 2015, fue despedido BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, se presentaron a trabajar y en forma inesperada y sorprendente fueron despedidos en forma verbal por la Jefa de Recursos Humanos la señora Ogla Gámez y el Apoderado legal de la Empresa, con instrucciones del Gerente General y propietario de la Empresa el señor ALLAN WILLIAN DEWARE II, diciéndoles que estaban despedidos, ya que la empresa estaba en crecimiento, que habían nuevos procesos y que ellos no entraban y que no necesitaban más de sus servicios, ya que el Gerente General había tomado esa decisión de despedirlos y los obligaron y coaccionaron para firmar un finiquito y un convenio de terminación por mutuo acuerdo, habiéndoles entregado un cheque con valores raquíticos, diciéndoles que eso era lo que les tocaba, que aceptaron dichos cheques manifestándoles que iban a reclamar por la vía judicial el resto de las prestaciones y derechos adquiridos que les corresponde, sin ninguna otra explicación y justificación fueron despedidos, sin haber seguido ningún procedimiento previo, que antes de despedirlos, un día antes, los jefes inmediatos les manifestaron que tenían que hacerles la prueba de confianza llamada prueba del Polígrafo, por orden de la Jefa de Recursos Humanos la señora Ogla Gámez, varios se opusieron a hacerla, ya que no está regulada en el Reglamento Interno de la Empresa, por lo tanto no está permitido y a nadie se le ha aplicado y otros se hicieron dicha prueba del polígrafo, ya que la Jefa de Recursos Humanos al momento de hacerla les manifestó que no era obligatorio y que por eso no se iba a sancionar, ni despedir a nadie, que luego al llegar a la oficina principal los Guardias de Seguridad del Gerente General los amedrantaron y los maltrataron de una forma violenta al registrarse, les quitaron los celulares y todo lo que andaban, les quitaron la camisa y los hicieron ridiculizar enfrente de los compañeros que estaban en la tienda, violentando sus derechos.- Posteriormente al entrar a la oficina de Recursos Humanos se encontraba la señora Ogla Gámez, en su condición de Jefe de Personal, el apoderado legal de la Empresa y el Gerente General ALLAN WILLIAN DEWARE II, quienes los coaccionaron y los obligaron a firmar un CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO y un FINIQUITO con las siguientes cantidades: Jorge Luis Canales Morales L.25,000.00, Rony Javier Caballero Flores L.25,000.00, Brian Ariel Zepeda Recarte L.22,000.00, Mario José Roque Hernández L.20,000.00, y Obdulio Alejandro Padilla Zepeda L.12,000.00; que consideran que los Convenios de Terminación laboral por Mutuo Acuerdo y los finiquitos, elaborados por la empresa de fecha 1 de agosto del año 2015, violentan lo regulado en el artículo 3 del Código del Trabajo, el cual establece que son nulos IPSO JURE todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, que a los señores Rony Javier Caballero Flores y Brian Ariel Zepeda Recarte, no les pagaban el salario mínimo, establecido en la tabla de salarios mínimos emitida por el Gobierno de Honduras, el salario mínimo a pagar según actividad económica es de L.8,646.49 mensuales, pero la empresa demandada solo les pagaba L.6,500.00 y L.7,200.00 de sueldo mensual respectivamente, sin incluir la bonificación, por lo que se les debe pagar además el reajuste al salario mínimo el cual está establecido en el cálculo de prestaciones emitido por la oficina Regional de la Secretaría del Trabajo de la ciudad de Comayagua.- 2.- La parte demandada, la empresa GRUPO DEWARE S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS), contestó dicha demanda señalando que los demandantes nunca fueron despedidos, mucho menos verbalmente como se pretenden hacer creer por ellos, ellos decidieron junto a mi representada, poner fin a la relación laboral que mantenían, para lo cual acordaron (cada uno) la suscripción de un convenio por escrito que regulara las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo dicha terminación, siendo una de esas condiciones (para todos los casos) el pago de la totalidad de derechos adquiridos (vacaciones, décimo tercer y cuarto mes proporcionales) que por ley les correspondía, así como un valor adicional que fue acordado con cada trabajador. Luego de la suscripción de cada acuerdo, se cumplió con su obligación de pago adquiridos, para lo cual emitió los cheques por los valores acordados, asimismo que fueron entregados a cada uno de ellos, acción que es legítima y esta contemplada en el artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo que establece que son causas de terminación de los contratos de trabajo 2) El mutuo consentimiento de las partes y que las causales de terminación no generan responsabilidad de prestaciones o indemnizaciones (salarios caídos) para ninguna de las partes y estas, solo aplican en los casos de despido cuando el patrono no prueba su justa causa conforme el articulo 113 y 120 del Código del Trabajo y el artículo 129 de la Constitución de la República, y este no es el caso, pues los hoy demandantes no fueron despedidos y en ningún momento ha existido disminución o tergiversación de sus derechos, que cada uno de ellos se avocó individual y voluntariamente a la agencia bancaria de su elección, a fin de cambiar los cheques, lo que demuestra que nunca existió coacción, pues si hubiese sido así, si fuera cierto que fueron coaccionados ¿Por qué habrían de haber cobrado sus cheques los hoy demandantes? Y que siempre se les pagó el salario mínimo correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 24 de febrero del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda para el pago de indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo; condenó a la demandada al pago de dichos conceptos a favor de los demandantes, restándoles la cantidad del pago a ellos realizado; declaró sin lugar la excepción de pago opuesta por la representante procesal de la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que en cuando a la excepción de pago, la misma se desestimó por considerar que las cantidades entregadas no son las que les corresponden conforme al tiempo y prestaciones a las que tenían derecho los demandantes, y que la empresa al fundamentar y contestar la demanda estableciendo que no se trató de un despido, sino de una terminación por mutuo acuerdo, y de la lectura de los convenios se desprende que la empresa está obligada a la indemnizaciones de prestaciones laborales por despido injusto, tal como quedó probado mediante la declaración de los testigos, que fueron contestes dejando establecido que a los demandantes los despidieron en forma verbal y los obligaron a firmar los acuerdos de terminación laboral.- 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 28 de julio de 2016, dictó sentencia revocando la proferida por el a quo, la que consiste en declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste al salario mínimo, presentada por los señores Jorge Luis Canales Morales, Rony Javier Caballero Flores, Mario José Roque Hernández, Obdulio Alejandro Padilla Zepeda y Brian Ariel Zepeda Recarte, contra la empresa GRUPO DEWARE S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS); absolviendo a la demandada al pago por dichos conceptos incluyendo el reajuste al salario mínimo reclamados por los señores Rony Caballero y Brayan Zepeda; declara con lugar la tacha del testigo Marvin Velásquez García; y declara ha lugar la excepción de pago opuesta por la parte demandada, acreditándose en la causa que a consecuencia de la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo los trabajadores han recibido un cheque como compensación de sus derechos adquiridos; bajo el criterio que ante el argumento de los demandantes de la inexistencia de un despido injustificado, la parte demandada probó la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, declarando así ha lugar la excepción de pago, pues el mismo quedó plenamente acreditado.- 5.- Mediante auto de fecha 08 de septiembre del 2016, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ROGER ANTONIO RIVERA CRUZ, en su condición de representante procesal de los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ, OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA y BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 31 de octubre del 2016, compareció ante este Tribunal de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de noviembre del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA CONSUELO RIVERA ARGUIJO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 28 de julio del 2016, que revoca la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua y del Trabajo por Ministerio de la Ley, de fecha 24 de febrero de 2016, consecuentemente declara ha lugar la excepción de pago opuesta por la parte demandada y en consecuencia sin lugar la demanda, bajo el criterio que a consecuencia de la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo los trabajadores han recibido como compensación sus derechos adquiridos.- VII. Que dicha resolución resulta ser en primer término incongruente, al no haberse resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas; de autos consta que los señores JORGE LUIS CANALES MORALES, RONY JAVIER CABALLERO FLORES, MARIO JOSE ROQUE HERNANDEZ, OBDULIO ALEJANDRO PADILLA ZEPEDA y BRIAN ARIEL ZEPEDA RECARTE, promovieron demanda ordinaria laboral para el PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PAGOS DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. REAJUSTE AL SALARIO MINIMO…, en contra de la empresa GRUPO DEWARE S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS); asimismo, consta que la demandada opuso EXCEPCIÓN DE PAGO; omitiendo consecuentemente el pronunciamiento correspondiente respecto al reclamo de reajuste salarial; en segundo lugar, el fallo carece de suficiente motivación respecto a la formación del convencimiento que lo llevo a la conclusión de que “…tampoco fue asentado en autos que la empresa efectivamente les retribuyera con un salario inferior al mínimo acorde a las actividad realizada por los demandante, sin perjuicio de su derecho que le reserva el artículo 42 de la Ley de Salario Mínimo.” provocando un desajuste entre lo que se pretende y lo que se resuelve, ya que la pretensión ha sido formulada en el caso que nos ocupa, no siendo necesario que se promueva una acción para ese efecto, si bien la Ley de Salario Mínimo establece que se ventilará la pretensión del reajuste por medio de juicio sumario, en el sub judice, es una pretensión adicional a la entablada para el pago de prestaciones, con lo cual, el carácter lógico es que debe decidirse al respecto sobre el reclamo formulado de dicho reajuste.- VIII. Por otra parte, si bien la terminación por mutuo, la renuncia o transacción, son una facultad que tiene el trabajador para dar por concluida la relación laboral, siempre que, el Juez, en su condición de garante y director del proceso, cumpla la obligación de analizar los hechos anteriores, coetáneos y posteriores al mutuo, renuncia o a la transacción, con ocasión de la demanda interpuesta por el trabajador y traídos al juicio, en razón de observar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de carácter irrenunciables, inclusive la protección contra sí mismo, siendo que el trabajador se presenta en forma desigual ante su patrono; como también, la verdadera voluntad del trabajador en la suscripción de los acuerdos o decisiones, sin que para ello deba mediar la intervención de autoridad administrativa, ya que se trata pues de decisiones asumidas de forma libre y voluntaria que se han demostrado y evidenciado ante el Juzgador de instancia, no existiendo duda al respecto, en virtud de la cual el empleador solamente queda obligado al pago de los derechos adquiridos o cualquier otro reconocimiento que se establezcan en la ley, los reglamentos o los contrato de trabajo; caso contrario, no encontrándose estos presupuestos antes referidos, que enmarquen la libre autonomía del trabajador estaríamos ante un acto que de pleno derecho debe ser declarado nulo.- IX. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- X. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- XI. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior, y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 197, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha 28 de julio del 2016, visible a folios 7 al 13 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días de mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 438-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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