Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-431-17 — Registro 8337

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la permanencia, pago de reajuste salarial conforme a los porcentajes de incrementos autorizados y aplicados en los dos últimos años, pago de reajuste de vacaciones causados y bono de vacaciones de los dos últimos años, pago de bono por desempeño, pago del incentivo por la antigüedad, pago adicional del 5% al valor del l3avo y l4avo mes de los dos últimos años, pago de vacaciones otorgadas irregularmente y bono de vacaciones, salarios durante tal período, pago de otros reajustes aplicados a los trabajadores permanentes por costo de vida de los últimos dos años

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) aduce en un apartado, la falta de aplicación del artículo 112 literal b) del Código del Trabajo, luego en otro la infracción de la misma norma pero en su literal l), lo cual causa confusión; b) el tema del derecho de la permanencia o temporalidad de la relación laboral, fue objeto de la controversia y del material probatorio, por lo que el ataque al fallo por la vía directa, no era el adecuado en este recurso extraordinario, dado que la misma solo puede ser en situaciones de hechos aceptados por las partes; c) incluye el señalamiento de normas procesales que no es compatible con el tipo de infracción alegado; y, d) en su explicación realiza extensos e inapropiados alegatos de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo anterior también no resulta admisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) invoca la infracción del artículo 113 del Código del Trabajo, pero el mismo contiene varios párrafos y literales con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; en adición, la referida disposición no tiene relación o incidencia con la decisión de fondo del asunto; b) el precepto autorizante citado, artículo 765 ordinal segundo del referido Código, no armoniza con el concepto de la infracción alegado, que tampoco es preciso, ya que se limita a enunciar que es por falta de apreciación de prueba; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, representada en juicio por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la permanencia, pago de reajuste salarial conforme a los porcentajes de incrementos autorizados y aplicados en los dos últimos años, pago de reajuste de vacaciones causados y bono de vacaciones de los dos últimos años, pago de bono por desempeño, pago del incentivo por la antigüedad, pago adicional del 5% al valor del l3avo y l4avo mes de los dos últimos años, pago de vacaciones otorgadas irregularmente y bono de vacaciones, salarios durante tal período, pago de otros reajustes aplicados a los trabajadores permanentes por costo de vida de los últimos dos años, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal la señora MARTA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de abril del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral reconocimiento de la permanencia, bono de vacaciones, pago de bono por desempeño, pago de incentivo por antigüedad, promovida por GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; Contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal señor: MARTA VICENTA DOBLADO ANDARA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal señora: MARTA VICENTA DOBLADO ANDARA, a pagar a la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 69,102.87) Distribuidos así: incremento salarial año 2013, 478.40 por 12 meses igual L. 5,740.80, ajuste a décimo tercer mes L. 478.50 y décimo cuarto mes L. 478.40; incremento salarial año 2014 L. 501.34 por 12 meses igual a la cantidad L. 6,016.08 más el incremento salarial del año 2013 que no fue pagado L: 5,740.08, ajuste al décimo tercer mes L. 979.74 y décimo cuarto mes L. 979.74; incremento salarial año 2015 L. 592.46 por 12 meses igual a la cantidad L. 7,109.52, más el incremento salarial del año 2013 que no fue pagado L: 5,740.08, más incremento salarial año 2014 L. 501.34 por 12 meses igual a la cantidad L. 6,016.08, ajuste al décimo tercer mes L. 1,572.20 y décimo cuarto mes L. 1,572.20; bono por desempeño año 2014 L. 532.29, bono por desempeño año 2015 L. 559.88; bono por vacaciones 2013-2014 y 2014-2015 L. 13,967.96, incremento por índice de precios al consumidor 2013 el 1.1% por 12 meses la cantidad de L. 1,242.72, año 2014 el 1.07 % por 12 meses L. 1,844.42, año 2015 el 2.% por 12 meses la cantidad L. 2,585.28; Quinquenio en base L.450.00.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ha venido laborando en forma continua e ininterrumpida con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo de la oficina regional de la zona norte de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, desde el siete de julio del año 2007, bajo contrato indefinido, devengando un salario de L. 9,200.00, a la fecha del despido tenía una acumulación de tiempo de trabajo mayor a los nueve años. Por sentencia definitiva del 26 de junio del 2014, confirmada en todas sus partes, fue reintegrada a su trabajo (no al puesto que desempeñaba al momento del despido), el 30 de septiembre del 2015, el pronunciamiento de segunda instancia de la corte sentenciadora estableció que no eran atendibles las argumentaciones del recurrente, pues la naturaleza del vínculo que ligó a las partes es permanente y por ello se debe considerar por tiempo indefinido el contrato de trabajo, debiendo confirmarse la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación en atención a la personalidad del mismo, lo que significa que al reintegrarle a su puesto de trabajo el 30 de septiembre del 2015, se definió que la vinculación con la demandada era por un contrato permanente e indefinido comenzando el mismo el 07 de julio del 2007. No obstante la demandada ha insistido en tenerle como empleada temporal sin reconocerle la categoría de empleada permanente ligada por un contrato indefinido, concurriendo en un claro incumplimiento de un mandato judicial; el 29 de septiembre el año 2015 (antes de ejecutar su reintegro) la demandante solicitó un inspector de trabajo para que hiciera constar la negativa de tomar vacaciones autorizadas y ordenadas; y que el 30 de septiembre del año 2015, en el momento de levantarse el acta de reintegro, la señora Flores Serrano, ante la propia autoridad del trabajo, entregó a la demandante una hoja con fecha 30 de septiembre del año 2015 firmada por ella y la jefe de personal autorizando 67 días de vacaciones del 30 de septiembre del año 2015 al 11 de enero del año 2016, en el mismo acto, la actora rechazó dichas vacaciones; ejecutado el acto de reintegro (30 de septiembre del 2015), la demandada no le asignó función, y fue hasta el 19 de noviembre del 2015, mediante memorándum DN-3469-2015, la señora Jefe Regional Noroccidental del INJUPEMP, que se le asignó como comodín al comunicarle que dichas funciones podrán variar de acuerdo a las necesidades de la institución; el día 20 de noviembre del 2015, recibió de la jefa regional la notificación de comenzar vacaciones ese mismo día, del 20 de noviembre al 30 de diciembre del 2015, es decir 28 días, con la advertencia de quedar pendientes 39 días de vacaciones, que la concesión de dichas vacaciones se complicó por no haber sido pagadas, y hasta la fecha no han sido pagadas, tampoco le pagaron el bono de vacaciones, como el pago de salario de tal periodo; que a raíz de su reintegro como empleada permanente, la demandada estaba en la obligación de ajustar los salarios a los rangos establecidos para los trabajadores permanentes los que no le han sido satisfechos y debieron ser aplicados en el reintegro, es por ello que en base al principio de de igualdad y oportunidad y al principio universal del derecho del trabajo se pide se condene a la demandada 1) pago del reajuste salarial sobre la base salarial que actualmente devengo el 5.20% para 2012-2013 y 5.18% para el 2014-2015, es decir de los últimos dos años; 2) Pago del reajuste de vacaciones y bono de vacaciones de los dos (2) últimos años.- 3) Pago de Bono por desempeño del 5.50% sobre el salario mensual reajustado de los dos(2) últimos años.- 4) Pago del incentivo de antigüedad o plan quincenal de L. 450.- 5) pago del 5% sobre el valor del 13 de mayo y 14 mayo de los últimos dos años, pago de las vacaciones y el bono respectivo de 28 días concedidas en contra del Código del Trabajo, contrato colectivo y reglamento interno de trabajo, salario adeudado por período vacacional, otros reajustes salariales en virtud de incrementos aprobados por la demandada para aplicados a trabajadores permanentes de igual rango, antigüedad y categoría en los últimos dos años, solicitó el pago incrementado de todos los conceptos anteriores por ser una empleada permanente reconocida por la demandada en todas sus actuaciones administrativas como empleadora, amparada en el Contrato Colectivo vigente 2013-2015, el cual regula expresamente la obligación de beneficiar a todos los trabajadores permanentes de la institución. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el Código del Trabajo en su artículo 46 literal “b”, regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo: “que los mismos podrán ser celebrados cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo”, esta disposición ha sido observada por la demandada, para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras, creada mediante decreto legislativo 138, publicado en la gaceta el 7 de abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un presupuesto de ingresos y egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de previsión social a los servidores públicos. Por el hecho de disponer de recursos aprobados en el presupuesto anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del estado y no exclusivamente para mi representado, cuando las circunstancias lo exige por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, lo anterior constituye la razón que justifica por qué la demandada formaliza contratos con periodos de vigencia determinada. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la república por lo tanto no requiere de ser probado. La demandante fue contratada de manera temporal y bajo la modalidad de contrato individual de trabajo a tiempo determinado, bajo la partida presupuestaria 12100, y no ha querido firmar los contratos temporales; que la demandada ha sido respetuosa de la sentencia definitiva y firme, misma en que condenó al INJUPEMP, reintegrar en igualdad de condiciones de trabajo a la hoy demandante, situación está que se ha cumplido en todo su contexto, de tal manera que esta nueva interposición de demanda es totalmente absurda y extemporánea, porque el momento procesal oportuno en que debió plantearse dicha pretensión fue precisamente en la demanda ya juzgada y ejecutada. En el caso de la contratación de la ahora demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo de lo cual la demandante estaba debidamente enterada para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratante pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato como acontece en la presente demanda. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de abril del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), sin costas, bajo el criterio que es evidente que la relación que venían sosteniendo la demandada con la demandante, era con carácter de permanente, ya que así lo estableció el mandato judicial que así lo mando este Tribunal en la sentencia emitida por este Tribunal en fecha 18 de mayo del año 2012, y que fue confirmada por el Tribunal de alzada en sentencia dictada en fecha 26 de junio del año 2014, la cual tiene el carácter de firme; y si bien es cierto la demandante fue reintegrada por la institución demandada en fecha 30 de septiembre del año 2015, al ser reintegrada por el Tribunal se le reconoció su antigüedad y se consideró celebrado el contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, sin embargo la demandada mantuvo a la actora con el estatus de temporal, prueba de ello volvió hacer los contratos individuales de trabajo con carácter definido, y la excluyo de gozar de todos los derechos de un empleado permanente por esa condición; contraviniendo la orden judicial que le reconoció el derecho a la estabilidad y le dio la calidad de un empleado contratado por tiempo indefinido; y el hecho que la demandada la considere una empleada temporal a pesar de haber sido reintegrada por un Tribunal y no haya adecuado presupuestariamente su planilla de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal eso no significa que no tenga derechos. Consta de autos que la demandada no le pagó los incrementos salariales años 2013, 2014 y 2015, bonos por desempeño, aumento por índice de Precios al Consumidor (IPC) años 2013-2014 y 2014 y 2015, incentivo por antigüedad del último quinquenio en base a L.450.00, por considerar que la empleada no es permanente, derechos que le eran inherentes por ser una empleada por tiempo indefinido por mandato de la Ley, por tal razón procede que se le reconozca desde la fecha que fue reintegrada 30 de septiembre del año 2015, dos años atrás tal como se pide, tomando como base el salario de L.9,200.00 más los incrementos. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se considera no atendibles los cargos formulados, pues la condena impuesta no es contraria a las normas presupuestarias, pese al impacto que el pago de las obligaciones declaradas pudieran tener en el presupuesto de la entidad demandada, la contratación de la actora paso por decisión judicial a ser considerada por tiempo indefinido y de ello nacen derechos que la demandada está obligada a cumplir, de otra es de considerar, que no es necesario u obligatorio a estimar el litis pendencia señalado por el recurrente en sus alegaciones, pues no se trata de un hecho alegado en la demanda o incorporado en el curso del proceso, razones por las que se estima se ajusta a derecho y debe ser confirmada. 5. Mediante auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CLAUDIO JOAQUIN RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de diciembre del dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 literal b) relacionado con el artículo 97 numeral 1) y 2) del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La Norma Sustantiva de orden Nacional violada, está contenida en el artículo 112 literal 1) relacionada con el artículo 97 numeral 3) y 13) del Código del Trabajo y 354 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 Y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION. PRIMER MOTIVO: Antecedentes 1) El procedimiento según se constata de los antecedentes, se inicia con la acción promovida por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, quien pretende de la entidad denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), el reconocimiento de la permanencia desde la fecha de su ingreso según lo dictara una Resolución Definitiva Judicial, pago de reajustes salariales sobre la base del salario que devengaba al momento de su reintegro en septiembre 2015, reajuste conforme al índice de precios del consumidor (IPC) autorizados por la demandada y los aplicados de conformidad al Contrato Colectivo correspondiente a los dos últimos años 2012-2013 y 2014-2015 del 5.20% y 5.8% para los trabajadores permanentes de igual antigüedad, capacidad y rango de la accionante, y los que se aplican y los que se pacten en contratos colectivos para los trabajadores permanentes de igual rango, nivel, capacidad y antigüedad; pago de reajuste salarial aplicado por la demandada a los trabajadores permanentes por costo de vida, pago de reajuste vacaciones de los dos últimos dos años, pago del bono por desempeño del 5.50% anual sobre el salario mensual reajustada, pago del Incentivo por Antigüedad de LP.450.00 anual, pago del 5% adicional al valor del l3avo mes de los últimos dos años, pago de las vacaciones concedidas irregularmente y el bono vacaciones y loa salarios adeudados durante tal periodo, todo en violación al Código del Trabajo, Contrato Colectivo y Reglamento Interno de Trabajo, pago de otros incrementos concedidos a los trabajadores permanentes de igual antigüedad, nivel o rango de puesto y capacidad, y las costas del juicio, en virtud del principio de vencimiento en juicio.- Pretensiones que principalmente sustenta en el incumplimiento de la demandada a ese respecto al no asignarle funciones y luego hacerlo como comodín; concederle vacaciones sin haber sido pagadas, ni el bono que corresponde a estas, inobservando e incumpliendo las obligaciones que le impone el Reglamento Interno de Trabajo, artículos 46 y 47 concurriendo en actos que vulneran sus derechos y que ofenden su dignidad; a raíz de su reintegro como empleada permanente ordenado por sentencia firme e irrecurrible, la demandada estaba obligada a ajustar su salario a los rangos establecidos para todos los trabajadores permanentes…, 2) La Institución demandada al surtirse el traslado de la demanda, rechaza la pretensión actora por carácter de la debida sustentación legal, dejando a cargo de la demandante la prueba de los hechos alegados, razones estas por las que también rechaza los hechos que sustentan; entre los hechos y razones en que se apoya la defensa invoca la temporalidad de la contratación, las limitaciones que establece el presupuesto general de la República para la contratación de personas naturales que presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente, como razón que justifica por qué la demandada formaliza contratos por periodos de vigencia determinado.- Argumentos estos que dice estar sustentados en Leyes vigentes de la República por lo tanto asegura que no requiere ser aprobado, sin embargo, ofrece presentar los atestados respectivos para su acreditación; sobre la misma base, asevera que la prestación excepcional de dichos servicios no deberán entenderse los mismos como personal permanente o indefinido, estableciendo incluso en dichos contratos la temporalidad de tiempo de los mismos, la hoy demandante fue contratada de manera temporal y bajo la modalidad de contrato individual de trabajo a tiempo determinado, bajo la partida presupuestaria denominada 12100 por lo que se colige la temporalidad de los servicios prestados por la hoy demandante contratación que asegura subsumirse jurídicamente en lo que dispone el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, si era el caso no estaba de acuerdo con la forma de contratación, lo procedente era que lo hubiera manifestado y formulado desde el inicio de la relación, acción que hasta ahora promueve 3) El A-quo declaro ha lugar la pretensión de la actora, fallo que principalmente se fundamenta en el carácter permanente del contrato de trabajo, no porque así la hubiera contratado la demandada, sino por mandato judicial, reconociéndole su antigüedad laboral y se consideró celebrado su contrato por tiempo indefinido, sin embargo la demandada continuo teniendo a la empleada con el status de empleada temporal; y la excluyo de gozar de todos los derechos de un empleado permanente por esa condición; el no pago de los incrementos salariales, bono de desempeño, aumento por índice de precios al consumidor, incentivo por antigüedad del último quinquenio en base L. 450.00 a los cuales la empleada si tenía derecho por ser una empleada contratada por tiempo indefinido....4) De dicha sentencia manifestó su desacuerdo el representante convencional de la entidad demandada recurriendo en apelación ante esta Alzada, pretendiendo la reforma del mismo porque según expone reseñando el contenido de la contestación de la demanda, acusando al A-quo de no haber tomado en cuente la asignación de presupuesto anual que realiza el Congreso Nacional de la República, para la operación anual del INJUPEMP, entre ellas están los fondos de la planilla 12100 o 121 y 24900 o 249…. asignadas no solo a INJUPEMP, sino a todas las instituciones que forman la administración pública, misma que no puede pasar al siguiente año y una condena en el pago de lo reclamado por la parte actora es contraria a las normas presupuestarias que son ley de la república impactando en el presupuesto del INJUPEMP y se transformaría en un antecedente judicial que también afectara a todas las demás instituciones de la administración pública descentralizada, centralizada, desconcentrada, y empresas pública; citando la finalidad de la institución demandada y la ausencia de presupuesto para el pago de los contratos por planilla por servicios profesionales 12100 o 121 y 24900 o 249 por considerarlos que no son empleados de la institución y si algún funcionario público cancela en concepto de prestaciones laborales a alguna persona de esa planilla está en riesgo de ser separado por el Tribunal Superior de Cuentas por no apegarse a lo dictado a la ley antes relacionada; finaliza asegurando la existencia de una LITIS PENDENCIA, al interponerse demanda ordinaria de reintegro con numero de ingreso 457-2016, el cual esta Corte de Apelaciones ya le confirma la demanda de reintegro expediente que asegura encontrarse ante Corte Suprema de Justicia por el recurso de casación. En el artículo 112 literal I) del Código del Trabajo, se establece expresamente como causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte: Literal I). Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario convencional, y en relación a los numerales 3 y 13 del artículo 97 del mismo cuerpo legal establecen: numeral 3. Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; y numeral 13. Cumplir las demás obligaciones que les impongan este código, las leyes y reglamentos de trabajo, y en relación el artículo 354 del Código del trabajo establece que durante el periodo de vacaciones, el trabajador beneficiario no puede dedicarse a trabajar en ninguna forma por cuenta ajena. La sentencia Impugnada omite aplicar al caso concreto el articulo 112 en su literal 1, relacionado con los numerales 3 y 13 del artículo 97 y 98 del Código del Trabajo, todos aplicables al caso de autos, causando con ello la violación indirecta por falta de aplicación de la Norma sustantiva descrita. El Contrato de Trabajo celebrado con la parte demandante, fue suscrito para que este desempeñara funciones, en interés de su patrono de conformidad con las instrucciones que le impartieran sus superiores Jerárquicos. La sentencia impugnada incurrió en la violación del precepto legal aludido por su falta de aplicación, al haberse probado fehacientemente en juicio y según lo establecido en el Código de Trabajo en su artículo 46 literal b), regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado.” III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) aduce en un apartado, la falta de aplicación del artículo 112 literal b) del Código del Trabajo, luego en otro la infracción de la misma norma pero en su literal l), lo cual causa confusión; b) el tema del derecho de la permanencia o temporalidad de la relación laboral, fue objeto de la controversia y del material probatorio, por lo que el ataque al fallo por la vía directa, no era el adecuado en este recurso extraordinario, dado que la misma solo puede ser en situaciones de hechos aceptados por las partes; c) incluye el señalamiento de normas procesales que no es compatible con el tipo de infracción alegado; y, d) en su explicación realiza extensos e inapropiados alegatos de instancia. IV.- Que la Impetrante en un segundo motivo expone: “NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo. En relación con el articulo 112 literal L, y articulo 46 literal b), 97 numerales 3 y 13 y 98 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal segundo del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por falta de apreciación de determinada prueba”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios a). A folio 152 Constancia extendida por la Suscrita Jefe del Departamento de recursos Humanos del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), atendiendo a lo solicitado en EXORTO según expediente No. 0501-2016-00059-LTO referente al juicio promovido por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, EN CUANTO AL EXTREMO 1) Se informa que el salario mensual que devenga la hoy demandante era de L.9,000.00 En CUANTO AL EXTREMO 2) Se informa que los incrementos salariales aplicados a los empleados permanentes fueron: para el año 2013 la cantidad de 5.20%, para el año 2014 la cantidad de 5.18% para el año 2015 la cantidad de 5.82% mismos que no fueron aplicados a su salario mensual por cuanto no era empleada con status permanente. EN CUANTO AL EXTREMO 3) Se informa que para el año 2016 se dio un incremento salarial a los empleados permanentes en base al IPC de 2.36%, mismo que no fue aplicado a su salario mensual por cuanto no era empleada permanente. EN CUANTO AL EXTREMO 4) Se informa que los aumentos aplicados en base al IPC, de los autos de los años 2013,2014 y 2015, no fueron aplicados en los salarios dejados de percibir, por cuanto la hoy demandante no era empleada con status permanente, EN CUANTO AL EXTREMO 5) Se informa que la hoy demandante gozo un periodo de vacaciones de 20 días correspondientes del 20 de noviembre al 30 de diciembre del año 2015, mismas no fueron pagadas económicamente ya que solo los empleados permanentes gozan de ese beneficio. EN CUANTO AL EXTREMO 6) Se informa que a la hoy demandante no se le pagaron las vacaciones de 28 días concedidas del 20 de noviembre al 30 de diciembre del año 2015. Por cuanto no era empleada con status permanente. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Código del Trabajo en su artículo 46 literal b), regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados “cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo”, esta disposición ha sido observada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), para personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras, creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en la Gaceta el 7 de abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un presupuesto de ingresos y egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de previsión social a los servidores públicos.- Por el hecho de disponer de recursos aprobados en el presupuesto anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigencia Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para mi representado, cuando las circunstancias lo exige por requerirse de personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, lo anterior constituye la razón que justifica el por qué mi representado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada.- Los argumentos de este hecho se sustentan en las Leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser aprobado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación.- 2) Que la demandante fue contratada de manera temporal y bajo la modalidad de contrato individual de trabajo a tiempo determinado, bajo la partida presupuestaria 12100, que la demandante no ha querido firmar los contratos temporales; que su representada ha sido respetuosa de la sentencia definitiva y forme promulgada por el Juzgado de Letras de esta sección judicial, misma que se condenó al INJUPEMP, reintegrar en igualdad de condiciones de trabajo al hoy demandante, situación está que se ha cumplido en todo contexto, de tal manera que la nueva interposición de demanda es totalmente absurda y extemporánea, porque el momento procesal oportuno en que debió plantearse dicha pretensión fue precisamente en la demanda ya juzgada y ejecutada.- 3) Que el INJUPEM en el caso de la contratación de la ahora demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código del Trabajo de lo cual la demandante estaba debidamente enterada para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando términos distintos a los consignados en el contrato como acontece en la presente demanda.-Como la Causa Justa para la terminación del contrato de trabajo fue válidamente alegada en juicio, la falta de apreciación de los medios de prueba antes singularizados, causan la violación indirecta de norma sustantiva de orden nacional por error de hecho por la cual se acusa a la sentencia recurrida. Lo expuesto en este motivo hace admisible el recurso de Casación y es suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.”. V.- Que el cargo anterior también no resulta admisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) invoca la infracción del artículo 113 del Código del Trabajo, pero el mismo contiene varios párrafos y literales con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; en adición, la referida disposición no tiene relación o incidencia con la decisión de fondo del asunto; b) el precepto autorizante citado, artículo 765 ordinal segundo del referido Código, no armoniza con el concepto de la infracción alegado, que tampoco es preciso, ya que se limita a enunciar que es por falta de apreciación de prueba; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 47, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 431-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

18