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Sentencia CL-429-17 — Registro 8449

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, caso contrario sea condenada la parte demanda al reintegro en iguales o mejores condiciones a los puestos de trabajo y en concepto de indemnización de daños y perjuicios por tratarse de despido directo ilegal e injusto, el pago de los salarios dejados de percibir contados desde la fecha del despido directo hasta la fecha en que se produzca la reinstalación a los puestos de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada, la situación jurídica planteada tiene que ver con el material probatorio por lo que no se puede invocar la falta de aplicación."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTES SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 17 de noviembre del 2017, por la Abogada SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS, representados en juicio por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, caso contrario sea condenada la parte demanda al reintegro en iguales o mejores condiciones a los puestos de trabajo y en concepto de indemnización de daños y perjuicios por tratarse de despido directo ilegal e injusto, el pago de los salarios dejados de percibir contados desde la fecha del despido directo hasta la fecha en que se produzca la reinstalación a los puestos de trabajo, pago de salarios adeudados, pago del decimocuarto mes de salario en concepto de compensación social, pago de vacaciones causadas y no gozadas y mucho menos compensadas, pago del disfrute de vacaciones, pago de aumentos de salarios otorgados por el empleador durante el tiempo que dure la separación de los puestos de trabajo y cualquier otro beneficio inherente producido durante la secuela del juicio, más costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de octubre del 2014, por los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS, soltera, Secretaria Comercial y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS, casado, Perito Mercantil y Contador Público; ambos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del FONDO VIAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de junio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de marzo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA PARA EL REINTEGRO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES. PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR CONTADOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO DIRECTO HASTA LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA REINSTALACIÓN, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS Y NO GOZADAS. PAGO DE AUMENTOS DE SALARIO OTORGADOS POR EL EMPLEADOR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SEPARACIÓN DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO; instaurada por los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b) Asimismo pagarle a los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS 30 días de salario en concepto de indemnización; vacaciones 2013-2014. Conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; III. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS para el pago de Decimo Cuarto Mes de Salario; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar a los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS dicho concepto. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación de trabajo, bajo la modalidad de contrato individual de trabajo por tiempo indefinido así: Aminta Azucena Paguaga Salinas, el 12 de junio del 2006, en el puesto de Oficial de Atención al Cliente, devengando un último salario mensual de L.13,392.00 y José Raúl Rovelo Lagos, el 06 de enero del 2006, en el puesto de Oficial de Gastos, devengando un último salario mensual de L. 20,089.00; que durante el tiempo que laboraron, realizaron las funciones, actividades y tareas encomendadas de forma ordenada, disciplinada y eficiente, así como de manera ininterrumpida, continua y permanente, sin lapsos de tiempo dejados de laborar; que han causado las vacaciones correspondiente al octavo período pero por causas imputables al patrono, no fue posible gozar de las mismas en el orden y en las fechas correspondientes, a la señora Aminta Azucena Paguaga Salinas, le adeudan 30 días hábiles de vacaciones del año 2013 al 2014; y José Raúl Rovelo Lagos, desde el 06 de enero del 2014, asimismo les adeudan salarios, pago del décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social; que fueron despedidos Aminta Azucena Paguaga Salinas el 25 de junio del 2010 y José Raúl Rovelo Lagos el 24 de junio del 2010, no obstante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán a través de la Sentencia Definitiva de fecha 22 de marzo del 2012, determinó que los despidos eran nulos, por violentar derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorga a los trabajadores, siendo procedente, también desde este punto vista, la reinstalación a los puestos de trabajo;, siendo confirmada de igual forma por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial en fecha 22 de mayo del 2012; de igual modo, la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha 03 de septiembre del 2013, en la que declaró no ha lugar el recurso de casación de que hizo merito en su único motivo; por lo que fueron reintegrados a los puestos de trabajo en el mes de enero del 2014 y una vez reinstaladas los enviaron a gozar vacaciones por el término de 4 meses en el orden a Aminta Azucena Paguaga Salinas, de marzo a abril del 2014 y a José Raúl Rovelo Lagos, de enero a mayo del 2014; además fueron suspendidos del puesto de trabajo por el termino 120 días, en el orden a Aminta Azucena Paguaga Salinas, de abril hasta el mes de agosto del 2014, y a José Raúl Rovelo Lagos de mayo hasta el mes de septiembre del 2014; y que en fecha 19 de septiembre del 2014, el Ingeniero Hugo Alfredo Ardon Soriano, en su carácter de Director Ejecutivo del Fondo Vial, nos envió una carta notificándoles que a partir de esta fecha se da por terminada la relación laboral, estableciendo como causal válida para dar por terminada la relación laboral, la reducción de presupuesto que sufrió la institución a inicios del segundo trimestre del año y que será permanente para los próximos años, lo que irremediablemente conlleva a la reducción de personal y deberá entregar todos los bienes que conforme a inventario tiene bajo la responsabilidad; argumentaron que dicha nota es injusta, arbitraria e ilegal en virtud que en la misma no se les estableció con precisión cuál fue la causal o el motivo que cometieron contenido en el artículo 112 del Código del Trabajo, para que el Fondo Vial tomara la determinación de despedirlos y por otra parte, no se les señaló los artículos que violentaron o infringieron de la Constitución de la República y del Código del Trabajo; violentándoles con ello los derechos; y con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a la Secretaría del Trabajo, y en virtud de que la demandada no llevaba instrucciones de conciliar, tal motivo, no fue considerado, por lo que se dio por agotado el trámite administrativo el 01 de octubre del 2014. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que es una entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), de duración indefinida, de interés público, con independencia administrativa, técnica y financiera, cuya dirección y administración está a cargo del Director Ejecutivo del Fondo Vial, quien dentro de sus atribuciones y funciones tiene las de nombrar al personal del Fondo Vial, suspenderlo o removerlo cuando hubiere razón justificada de conformidad con las normas que regulan al personal de la Administración Pública, lo cual sin duda alguna legitima y justifica la acción de dar por terminada la relación laboral de los actores de la demanda y con mucha razón al no contar con el suficiente presupuesto que le permite cumplimentar las obligaciones contraídas y en cumplimiento a lo que señala el Artículo 354 de la Constitución de la República; normativa categórica que desvirtúa toda pretensión de reintegro al puesto de trabajo que improcedentemente reclaman los demandante en virtud de que la institución ya no cuenta con el presupuesto suficiente para sostenerles en el cargo y que luego de un análisis minucioso de reducción de gastos las autoridades de la demandada consideraron las funciones del Oficial de Gastos innecesaria ya no tenía razón de ser porque ya no había fondos disponibles para tal rubro, razón por la cual procedieron a cerrar la plaza; que el contrato suscrito por las partes en su clausula primera convinieron las causales por las cuales se podría dar por finalizada la relación laboral, donde en el numeral 7 se acordó como causal de terminación de la misma el caso fortuito o fuerza mayor, aceptación expresa esta que se concluye en la Cláusula Décimo Tercera de dicho contrato cuando las partes ratificaron y aceptaron el contenido de lo convenido en el mismo; en fe de lo cual firman a su entera satisfacción; alegó que la Administración Pública gira alrededor de las leyes especiales atinentes a cada caso y conforme a las Disposiciones Presupuestarias aprobadas anualmente; fuera de ello se estaría incurriendo en un flagrante abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del FONDO VIAL; condenó a la parte demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; Asimismo a pagarles 30 días de salario en concepto de indemnización; vacaciones 2013-2014; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de decimo cuarto mes de salario; absolvió a la parte demandada de pagar a los demandantes dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que los demandantes han acreditado el despido ilegal e injustificado de que fueron objeto por su empleador, asistiéndoles el derecho a ser reintegrados al puesto de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de los actores, consecuentemente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito; que la parte demandante solícita pago de salarios adeudados, decimo cuarto mes, pago de vacaciones causadas, pago del disfrute de vacaciones; en lo que respecta al pago de salario adeudado procede declarar con lugar dicha petición en virtud de estar acreditado en autos a folio 81 que a los demandantes se les adeuda 30 días de salario en concepto de Indemnización en virtud de la suspensión; en lo que concierne al pago del decimo tercer mes procede declarar sin lugar en virtud de constar que ya se les hizo efectivo el mismo del periodo 2013-2014; en relación al pago de vacaciones procede declarar con lugar dicha solicitud en virtud de estar acreditado en autos que a los demandantes se les adeuda las mismas del periodo 2013-2014; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 23 de junio del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que siendo el objeto del proceso la pretensión o petición dirigida al juzgador frente a otra persona, y la resistencia entendida como oposición a la pretensión, son los supuestos de hecho de los que las partes pretenden derivar una consecuencia jurídica; es decir, que éste es el ámbito dentro de los cuales se fijan los términos del debate, así al demandado no se le admitirán otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar el despido, por lo tanto si las razones del despido no están contempladas en la ley, no se puede justificar tal acción, por lo anteriormente expuesto, a juicio de este Tribunal es procedente confirmar la sentencia definitiva que se conoce en vía de apelación. 5.- Mediante auto de fecha 16 de octubre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de noviembre del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de noviembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de diciembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 111 numeral 1, del Código del Trabajo en relación con el artículo 12 inciso d) de la Ley del Fondo Vial. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Resulta honorable Corte, que el Juzgador infringe directamente la ley sustantiva citada al haberla ignorado, y no aplicarla siendo el caso de hacerlo. Honorable Corte, el Juzgador está en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan la crítica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que no se aplicaron las normas sustantivas invocadas, aun habiéndose acreditado plenamente que el despido laboral se realizó en apego a la norma especial .- Honorable Corte, nuestro Código del Trabajo en el artículo sin responsabilidad para las partes, como ser cualquiera de las estipulaciones en ellos si no fueren contrarias a la ley, en este caso el Contrato que regía la relación laboral de los demandantes es la Ley del Fondo Vial, por lo que en la sentencia de primera y segunda instancia se desconoce por completo que los actos realizados por el Fondo Vial se enmarcan en una ley de carácter especial, que por su naturaleza es de aplicación preferente a cualquier norma de carácter general como lo es el Código del Trabajo, en tal sentido la doctrina señala que las leyes especiales tienen aplicación preferente sobre las leyes de carácter general, ya que son creadas para resolver un hecho en particular, que es el caso de la ley del Fondo Vial que fue creada para regular las situaciones que se suscitan entre el Fondo Vial y los particulares, por tanto estos últimos se someten a la aplicación, subordinación y cumplimiento de las normas en este establecido, bajo los procedimientos ya prescritos en la misma, y por ende cada empleado del Fondo Vial se sujeta a su observancia; Quedando obligado el Fondo Vial, únicamente al pago de las prestaciones, por tanto ineludiblemente debe aplicarse la norma sustantiva invocada, no habiéndolo hecho así se ha incurrido en infracción directa de la ley por falta de aplicación, dando lugar a la prosperidad del cargo y casar la sentencia anulándola, proferida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veintitrés (23) de junio, del año dos mil diecisiete (2017), en cuanto declara con lugar la demanda de reintegro y pago de derechos correspondientes y salarios dejados de percibir y demás derechos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Las normas sustantivas violadas se encuentran en los artículos 111 numeral 1, del Código del Trabajo en relación con el 12 inciso d) de la Ley del Fondo Vial.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada, la situación jurídica planteada tiene que ver con el material probatorio por lo que no se puede invocar la falta de aplicación. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 429-17. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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