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Sentencia CL-428-17 — Registro 8448

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de un relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, reajuste de salario mínimo según lo estipulado en el artículo 39 de la ley del salario mínimo y en concepto de daños y perjuicios por el reajuste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa. "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HODURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor RICARDO ROMERO GONZÁLEZ, representado en juicio por la Abogada SINTYA PATRICIA MONDRAGON COELLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de un relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, reajuste de salario mínimo según lo estipulado en el artículo 39 de la ley del salario mínimo y en concepto de daños y perjuicios por el reajuste, además de lo que se le adeude, una suma igual, además a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del dos mil catorce, por el señor RICARDO ROMERO GONZÁLEZ mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de junio del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de abril del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por RICARDO ROMERO GONZALES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por os siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporciona! y reajuste al salario mínimo, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a RICARDO ROMERO GONZALEZ la cantidad de CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.103,425.25) por los siguientes conceptos: preaviso L.18,340.00; auxilio de cesantía L. 55,020.00, auxilio de cesantía proporcional L.8,252.82; vacaciones proporcionales L.5,501.88; y decimo tercer mes proporcional L.3,930.00; reajuste al salario mínimo L.12,380.55; mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por RICARDO ROMERO GONZALEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de vacaciones pendientes, decimo cuarto mes pendiente y proporcional, horas extras, y el pago doble del reajuste al salario mínimo; en consecuencia; 4) ABSUELVE AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a vacaciones pendientes, decimo cuarto mes pendiente y proporcional, horas extras, y el pago doble del reajuste al salario mínimo al señor RICARDO ROMERO GONZALEZ; 6) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en la Secretaría de Estado en el Despachos de Salud en fecha 06 de agosto de 2007, en el puesto de vigilante, devengando un salario mensual en los últimos seis meses de L. 7,000.00, que en fecha 02 de julio de 2014 fue despedido mediante oficio No. 129-UP-2014-DNG. Todos los contratos que celebró con la institución demandada, eran contratos por tiempo determinado, mismo que constituyen un abuso al derecho y un evidente fraude a la ley, ya que las labores para las cuales fue contratado son permanentes dentro de la institución en la cual laboró por más de siete años de manera ininterrumpida, se le otorgaban vacaciones, decimo tercero y decimo cuarto mes de salario, estos últimos derechos se le otorgaban de manera parcial ya que la cantidad que le entregaban era simbólica y no según lo que estipula la propia ley, derechos que solo gozan los verdaderos trabajadores, por ende si es un trabajador permanente, la terminación laboral debió hacerse bajo la normativa que establece el artículo 112 y el 117 del Código de Trabajo. La institución demandada no siguió el procedimiento establecido dentro de la Ley de Contratación del Estado, tampoco se apego al procedimiento establecido para contratar personas a término según la establecido en la Ley de Servicio Civil, quedando su relación en una zona gris, es decir en una situación laboral atípica que ambas partes supondrían no son objeto de derechos ni obligaciones, y que sin embargo toda relación laboral por atípica que esta sea. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación contractual con la demandada mediante contratos de servicios profesionales y técnicos con fecha de inicio y terminación, contratos que fueron consentidos y aceptados sin objeción alguna por demandante, rechazando todos los hechos restantes, en cuanto a que fue despedido, lo cual no es cierto porque lo que se dio fue la cancelación natural de un contrato, ya que existe una causal cuando el mismo hecho se menciona el motivo para la no renovación de su contrato que se debió a un recorte presupuestario de la partida 12100, ya que no es por incumplimiento de sus labores del demandante, sino por la falta de presupuesto, y en cuanto siguieron el procedimiento establecido dentro de la Ley de Contratación del Estado, aclarando que dicha secretaría en la actualidad maneja los servicios de seguridad a través de una empresa de servicio la cual brinda seguridad, por lo tanto si la institución requiere de los servicios de una persona específica para tal fin debe hacerse mediante la suscripción de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos tal como lo establece el artículo 200 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en, fecha veinticinco de abril del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por RICARDO ROMERO GONZÁLEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que si bien es cierto el demandante solicita la nulidad del contrato por simulación del mismo; no es menos cierto que del contrato se desprenden los derechos que reclama el hoy demandante; por lo que las estipulaciones del contrato de trabajo por contravenir normas constitucionales así como de orden laboral; es en razón de ello que se declara sin lugar la nulidad del contrato. Al demandante se le contrató bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos con contratos a término; que al ser confrontados con la norma de acuerdo a lo que establece la legislación laboral los contratos eran verdaderos contratos de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20, relacionado con el 47 y 347 del Código de Trabajo, por lo tanto estamos frente a una relación laboral, por cuanto al demandante le asiste el reclamo a la permanencia en el cargo y que como consecuencia el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales sumado a ello se colige que la parte demandada no justificó, que el despido del demandante esté apegado a derecho, por cuanto se vuelve ilegal e injusto; en consecuencia, se declara con lugar la demanda de merito. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, por lo que el criterio que debe servir para dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador, y en el presente caso, la demandada al contestar la demanda aceptó que existió una relación laboral entre las partes ya que fue contratado mediante un contrato de prestación de servicios profesionales y técnicos, al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por la demandante como vigilante, función que siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos. 5.- Mediante auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HODURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HODURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada SINTYA PATRICIA MONDRAGON COELLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2, en relación con el artículo 117, 113 párrafo primero interpretado, 116 literal e) y 120 literal e) reformado, todos del Código de Trabajo del Código de Trabajo. En articulo 2 numeral 2 relacionado establece lo siguiente: “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y... Y también del artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 02 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo el señor RICARDO ROMERO GONZALES con mi representado, fue a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos. En ese sentido el Código de Trabajo estipula una excepción para los conflictos laborales entre empleados públicos y el estado sean dilucidados en la jurisdicción laboral; por lo cual, al ser la demandante empleada público de carácter temporal, con labores similares al término genérico de “actos laborales”, pero los contratos Servicios Profesionales y Técnicos le dieron al demandante el status legal y la condición de empleado público solo que en carácter temporal, ya que no era un empleado permanente. En adición a ello, los empleados públicos no firman contratos de trabajo sino que son nombrados mediante acuerdos del Secretario de Estado y en este caso en forma interina. El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan, y La Ley del Servicio Civil vigente desde el 14 de octubre del año 1993 cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta, establece los requisitos para trabajar con el Estado, dichos requisitos fueron totalmente obviados por el juzgador y, en la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 25 de abril del 2017. En función de lo anterior, la interpretación correcta que el juzgador debió realizar del articulado descrito, es que al demandante RICARDO ROMERO GONZALES no le son aplicables lo preceptuado en el artículo 2.2 del Código del trabajo por ser un empleado público de carácter temporal, por consiguiente también El Estado de Honduras no estaba obligado a cumplir con las exigencia del artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo ya que también en ninguna forma el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán se refiere la vigencia acordada por ambas partes en los contratos presentados. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado: Admitida a la parte demandada (ver folios 25, 26, 39, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en si conjunto. Donde se puede constar en su clausula tercera que el mismo... “será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente y será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado, los cuales fueron evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto; ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba , tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo. En ese sentido, ésta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al apreciar este medio de prueba erróneamente arriba a la conclusión de que:”. . . .este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el estado de Honduras han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo...” (Considerando 9 el cual no cito ad literam). Cuando dicho medio de prueba lo que revela es una relación temporal entre un empleado público con el estado, lo cual no implica, una desprotección para el empleado, pues tiene expedita otra vía denominada contencioso administrativa. En el caso en particular, si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el señor RICARDO ROMERO GONZALEZ fue empleado público en carácter temporal por medio de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; consecuentemente la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, en el cual se establece que: “Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan “ además, los artículos 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 428-17. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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