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Sentencia CL-427-17 — Registro 8447

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de reconocimiento de permanencia en el puesto de trabajo originada por la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, se condene al pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir, pago décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones causadas y proporcionales, pago de reajuste del salario mínimo y demás derechos legales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 738 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida, no ostenta tal calidad; b) carece de claridad y precisión cuando se indican dos acápites denominados preceptos autorizantes e igualmente dos acápites del concepto a la infracción; c) en la formulación se alega la falta de aplicación, pero en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos y por ende a la valoración del material probatorio lo cual, es incompatible con el mismo; y, d) en el desarrollo se realizan inoportunos alegatos de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal, en fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO, representada en juicio por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reconocimiento de permanencia en el puesto de trabajo originada por la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, se condene al pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir, pago décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones causadas y proporcionales, pago de reajuste del salario mínimo y demás derechos legales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de diciembre del dos mil quince, por la señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO, quien es mayor de edad, casada, Secretaria Comercial, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de junio del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, REAJUSTE AL SALARIO MINIMO; instaurada por la Señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO; contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; III.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la Señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO; la suma de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (Lps. 25,411.26) por los conceptos siguientes: Preaviso Lps. 4,621.96; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 6,602.80; Vacaciones Proporcionales Lps. 1,743.14; Aguinaldo Proporcional Lps. 4,479.57; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 967.79; Reajuste al salario mínimo Lps. 6,996.00. Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de salarios adeudados y horas extras; instaurada por la señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO; contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; IV. ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA pagar a la Señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO dichos conceptos. V.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, desempeñándose en el Instituto Central Vicente Cáceres, suscribiendo de varios contratos continuos e ininterrumpidos, desde el 02 de Febrero del año 2015, en el puesto de Aseadora/Conserje, devengando un salario mensual de 7,323.73. En virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida, por lo que de acuerdo a lo estipulado en el los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo debe de considerársele una empleada permanente dentro de la institución, además de lo anterior los contratos de trabajo reúnen todos los elementos de un contrato de trabajo al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 del Código del Trabajo, los cuales son: La actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia y un salario o retribución del servicio. En fecha diez de agosto de dos mil quince fue despedida de su puesto de trabajo en forma directa e injustificada, a la vez que se nombró de inmediato el sustituto en su puesto de trabajo, por lo que el demandando argumentó abandono en su puesto de trabajo, lo cual no es cierto, pues el día tres de agosto del dos mil quince se encontraba mal de salud con un ataque de Chicungunya, por lo que se presentó de inmediato al médico y este le indicó tres días de reposo y que oportunamente notificó la demandante a sus superiores por intermedio de su esposos el señor Víctor Manuel Lagos Sánchez, incapacidad esta que el patrono se negó a recibir, al cumplir los tres días de reposo aun no se sentía bien de salud, por lo cual acudió nuevamente donde el médico quien le indico nuevamente tres días de reposo, de lo cual hizo llegar la incapacidad al patrono, que tampoco fue recibida; no obstante una vez cumplida la incapacidad el día diez de Agosto se presentó a sus labores cotidianas y se encontró con la sorpresa que estaba despedida negándole el acceso al trabajo y su jefe el señor Rigoberto Rivera le manifestó que había otra persona en su lugar.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante sostenía una relación laboral bajo la modalidad de contrato de prestación de Servicios Profesionales por tiempo limitado, con fecha de inicio y terminación con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte de la demandante, devengando un salario de L. 7,323.73 la parte actora suscribió contrato de servicios profesionales por tiempo limitado, regidos por las cláusulas establecidas en el mismo, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes; en consecuencia se deduce que la reclamante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado; por otra parte el artículo 47 del Código de Trabajo al que hace referencia la demandante, no es aplicable a los Contratos de Servicios Profesionales celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente Administrativos de carácter temporal, con una vigencia determinada; cabe mencionar también que los Contratos de Servicios Profesionales “dada la naturaleza del mismo, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y a lo expresamente pactado en el mismo y para dirimir las controversias que surjan de la implicación de este contrato, sometiéndose a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción. Así mismo estos el contrato del demandante era por tiempo determinado con carácter de excepción, con una duración del tres de julio al treinta de julio del año dos mil quince, por lo tanto terminada la vigencia del mismo la demandada no incurre en responsabilidad alguna con el demandante. Por otra parte es preciso mencionar que la demandante fue despedida puesto que dejo de asistir a sus labores después de cumplirse el plazo del mismo contrato, faltó a sus labores desde el 4 al 8 de agosto y el lunes 10 del mismo mes del año 2015, sin realizar ningún tipo de reporte verbal, tal como lo establece el Código de Trabajo en su artículo 112 en el cual se establecen las causas justas que facultan al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte en su literal h) el cual dice “Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes presentándose hasta el día 10 de agosto sin documentación médica, aduciendo una incapacidad no fue refrendada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es la Institución autorizada por el Estado de Honduras para validar las incapacidades de los empleados, y es por esta situación que la demandada se avoco a la inspectoría de trabajo a efecto de que levantara un acta a efecto de constatar el abandono de su puesto de trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por la señora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS GALO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que la carga de la prueba recayó en el demandado al haber alegado abandono de labores, por lo que devenía la obligación ineludible de probar tal extremo; y resulta que del análisis de los medios de prueba aportados al proceso se llega a la conclusión que la parte demandada no probo el abandono de labores alegado ya que si bien es cierto corre agregado a los autos Certificación extendida por la Secretaría Administrativa de la Inspección General del Trabajo levantada por la Inspectora de Trabajo FELICIA ZAVALA TURCIOS en fecha 22 de septiembre de 2015, en donde el Señor CELSO RIGOBERTO RIVERA en su condición de Administrador manifiesta lo siguiente: “Que la trabajadora CAMILA ESPERANZA MATAMOROS no se presentó a sus labores los días 4, 5, 6 , 7, 8 y lo de agosto del año 2015 y no justifico ni verbal ni por escrito el motivo por el cual no se presentó a cumplir con su trabajo”; sin embargo a pesar de la anterior afirmación lo cierto es que la demandada no acreditó en autos el libro de control de entradas y salidas donde se constate las ausencias de la demandante; por lo que la Suscrita es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, y al pago de los salarios dejados de percibir.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha siete de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que habiendo alegado el demandado un abandono de trabajo, es a éste a quien le corresponde probar el mismo, por lo que debió haber citado a la demandante a una audiencia de descargo a efecto de que expusiera los motivos de sus ausencias; audiencia de descargo que no fue realizada a la demandante; lo cual de conformidad a nuestra Constitución de la República constituye una clara violación al derecho de defensa que tiene derecho la demandante, ya que no se le permitió desvanecer los cargos que se le imputaban, ya que ninguna resolución produce efectos sin haberse notificado, ya que la notificación constituye una relación jurídica procesal, con el efecto consiguiente de producir la pendencia de la litis, además se determina la jurisdicción y competencia y la calidad de la parte, ya que para que de inicio los efectos del despido, el patrono se lo debe comunicar al trabajador en forma legal y en el caso de autos no se hizo en forma legal dicha notificación ya que la parte demandada no acredito haber efectuado dicha llamada telefónica, por lo tanto vuelve el despido ilegal e injusto.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta documento público, consistente en el Acta de Abandono levantado por el Inspector del Trabajo nombrado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental público consistente en el Acta de Inspección de la Secretaría del Trabajo, donde se constató claramente en el libro de firmas de asistencia de la Señora Demandante CAMILA E. MATAMOROS GALO, que la misma, no se presentó del 4 al 10 de agosto del 2015 a sus labores, asimismo quedó constatado que no había presentado ni un tan solo documento médico que justificara sus faltas. Lo cual fue claramente expresado en los Considerando (10) referente al Acta agregada a folio 70 y que sin fundamento alguno ahora se cambia el sentido de lo fallado. No obstante lejos de centrarse el fallo en lo peticionado, se procede a cambiar el fondo del fallo emitido por el Juez Aquo, al expresarse en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial en el Considerando (11): “Que habiendo delegado al demandado un abandono de trabajo, es a este a quien corresponde probar al mismo (lo cual fue totalmente probado al llevar al Inspector del Trabajo para levantar Acta del Abandono) que la Juez Aquo no valoró como tal, ni tampoco el Adquem, al cambiar la intención de fallo del Aquo al agregar además que se hubo de haber realizado audiencia de descargo, lo cual es totalmente adverso e incorrecto, pues en el presente caso, la demandante sabía que su contrato había llegado a su fin en las condiciones como lo preceptúa el artículo 347 del Código del Trabajo, si ya no existía la relación laboral como procedería una audiencia de Descargo, pues en el presente caso la señora MATAMOROS, no había cumplido ni el derecho para gozar de vacaciones, mucho menos alcanzar permanencia, por lo que no se presentó deliberadamente a sus labores, no obstante, el patrono procedió a hacerse valer de la presencia del Inspector del Trabajo para que hiciera el levantamiento de los hechos de abandono imputados. Debe observarse para enfatizar el fallo erróneo que se ha emitido por el Tribunal de Alzada Aquem, el hecho que además, como parte demandante, no presentó documento alguno que estableciera los días de incapacidad que aduce, que como repito ya hubiera sido improcedente al día 10 de agosto del 2017 que la hubiera presentado ya que su contrato era temporal y ya había finalizado el mismo, de tal manera que no existe controversia de ninguna naturaleza. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso se debe de admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclaman, el reclamo lo constituye el pago de prestaciones y demás beneficios hasta que quede firme la sentencia, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada por el solo hecho de haber llegado a su fin el mismo y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de prestaciones e indemnizaciones, por la razón que en el caso que nos ocupa no hay tal despido injustificado como se pretende hacer ver sino que ella misma provocó su despido, sin que nadie le hubiera dicho que su contrato había finalizado, al abandonar su cargo por más de tres días, el presente caso no es una contratación permanente, ya que la señora Matamoros, es empleada solamente con fines esporádicos requeridos por el centro educativo que la contrató, de tal manera que si la institución no requiere el servicio puede no contratarla, La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo).”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 738 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida, no ostenta tal calidad; b) carece de claridad y precisión cuando se indican dos acápites denominados preceptos autorizantes e igualmente dos acápites del concepto a la infracción; c) en la formulación se alega la falta de aplicación, pero en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos y por ende a la valoración del material probatorio lo cual, es incompatible con el mismo; y, d) en el desarrollo se realizan inoportunos alegatos de instancia.- 4.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 427-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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