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Sentencia CL-42-18 — Registro 8347

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, cantidades adeudadas por cualquier concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: la violación directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el despido ilegal o injusto del demandante, lo cual fue objeto del material probatorio, resultando improcedente el ataque al fallo recurrido por la vía invocada.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación invoca como infringido el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, disposición que no es una norma de carácter sustantiva, inviolable para el recurso de casación; b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, c) que alegándose aplicación indebida, deviene obligado a citar la norma sustitutiva, es decir, cuál era a criterio del Recurrente la que debió aplicarse.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la corte sentenciadora que el motivo empleado no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de abril del 2018, por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE, y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, representada en juicio por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, cantidades adeudadas por cualquier concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de mayo del 2015, por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores: 1) JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio en Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara; 2) ISELA ZULEMA SALDIVAR, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en Quimistán, Departamento de Santa Bárbara; 3) YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, soltero, Técnico en Telefonía, con domicilio en Villa Nueva, Departamento de Cortés; 4) MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, casada, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 5) VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, casada, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 6) CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público y Secretaria Comercial, con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; 7) LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, casada, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; 8) ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, y 9) CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, casado, Electricista, con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; todos mayores de edad, hondureños, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 01 de diciembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de agosto del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES en su condición de representante procesal de los señores JOSELITO CANTILLANO CHAVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, también de generales expresadas; en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo, reconociendo únicamente el goce de vacaciones a la demandante CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, veintiséis (26) días del periodo 2013-2014, más pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; en consecuencia. II.- CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a Reintegrar a los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR SARMIENTO, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJIA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, al puesto de trabajo, reconociendo únicamente goce de vacaciones para la demandante CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, veintiséis (26) días del período 2013-2014, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva. III. Declarar SIN LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES en su condición de representante procesal de los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR SARMIENTO, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNÁNDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, también de generales expresadas a pagar: Bono de utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y de la privatización de la empresa y goce de vacaciones adeudadas para los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR SARMIENTO, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA; en consecuencia; IV.- ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a pagar a los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR SARMIENTO, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, bono utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y por la privatización de la empresa asimismo al pago de goce de vacaciones a los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA; V. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar para la empresa demandada así: Joselito Cantillano Chávez, el 24 de abril del 2008, como Auxiliar Técnico Administrativo I, devengando un salario mensual de L.30,417.99; Isela Zulema Saldivar Sarmiento, el 19 de marzo del 2006, como Jefe de Agencia, ejerciendo funciones de ventas y atención al cliente, devengando un salario mensual de L.15,678.99; Yencen Armando Ávila Girón, el 17 de abril del 2006, como Técnico en Telefonía, devengando un salario mensual de L.10,700.52; María Mercedes Orellana, el 16 de abril de 1998, como Oficial de Servicios Comercial II, como Gestión de Red, devengando un salario mensual de L.21,290.25; Vilma Argentina Hernández, el 23 de abril de 1998, como Auxiliar Técnico Administrativo II, con funciones encargado de Ventas Prepago y Recargas en el Departamento de móvil, devengando un salario mensual de L.36,397.35; Carmen Guadalupe Reyes Cruz, el 01 de septiembre de 2006, como Administrativo I, devengando un salario mensual de L.12,598.99; 7) Lynn Rosibel Mejía Amador, el 21 de agosto del 2006, como Operador de Telecomunicaciones III del Departamento de Ventas, devengando un salario mensual de L.11,080.98; Eric Fernando Aguilar, el 17 de marzo de 1998, como jefe de administrativo II, devengando un salario mensual de L.36,000.00; y Carlos Humberto Guillen Zelaya, el 02 de junio de 1986, en el cargo de Cablista, devengando un salario mensual de L.26,885.97; alegaron que el acoso laboral comenzó cuando se les notificó una suspensión de los contratos de trabajo del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, o sea por 119 días pues debían presentarse el 5 de febrero de 2015 y contra esta suspensión formularon la oposición respectiva, y que mediante oficios GGH-348-2015, HHG-408-2015, GGH-240-2015, GGH-129-2015, GGH-128-2015, HHG-461-2015, GGH-426-2015, GGH-1262015 Y GGH-167-2015, todos de 5 de febrero del 2015 se les notificó, respectivamente, la terminación de la relación laboral invocándoseles las causales establecidas en el artículo 100 4), 5), y 15) del Código del Trabajo, además por la grave crisis económica en la que HONDUTEL se encuentra sumergida y a las series dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha estado atravesando, y lo que hace necesario adoptar medidas tendientes a la generación de ahorro y reducción de pérdidas con el objeto de sanear el déficit presupuestario y eliminar el desfase existente entre los ingresos presupuestados y la recaudación vía facturación; y que no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle al puesto de trabajo, por lo que se ven en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado el contrato individual de trabajo, y que a pesar de tales circunstancias se comprometieron al pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; manifestaron que la terminación sin causa, de la relación laboral lo hicieron en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH y artículo |1 y 2 del convenio 111 de la OIT, en la que se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos y la no discriminación; y además las causas invocadas no existieron, y que la demandada realizó un acoso constante a los trabajadores, despidiéndolos en reiteradas ocasiones violentando el derecho al trabajo y a la dignidad como seres humanos; y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativos, constando las actas de fechas 8, 22 y 23 de abril del 2015.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, alegando en su defensa que con el propósito de rescatar a HONDUTEL, el 7 de octubre del año 2014, invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5), y 15); 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, por 120 días, debiéndose presentar a las labores el personal suspendido el 05 de febrero del 2015 y que dentro del personal suspendido se encontraban los señores demandantes; y que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo éstas: a) Recuperación e incremento de ingresos por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación; b) Incremento en las ventas de servicios corporativos, principalmente a clientes gubernamentales; c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos; y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; que el 10 de octubre de 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, HONDUTEL, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la empresa demandada, que estaba aún pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. Notificando ante dicha Secretaría que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persistían, lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos; por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a los demandantes, el 05 de febrero de 2015, HONDUTEL, notificó a los demandantes la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto, fundamentándose en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno del Trabajo; Cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y Certificación de la Resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria No. 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008; alegó también que la demandada no ha incurrido en violación de los derechos laborales de los demandantes, ya que, si bien es cierto que la figura de suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice y que a pesar de la medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado, además manifestó que la parte demandada durante el período de suspensión pagó a los demandantes la indemnización equivalente a treinta (30) días de su salario, por no haberle dado el aviso de suspensión de su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, con treinta (30) días de anticipación, acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 102 del Código de Trabajo, de lo que se deriva, que los demandantes aceptaron y validaron de forma tácita la medida de suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción, tal y como lo han hecho los demás trabajadores suspendidos; por lo que desde ese momento queda nula de pleno derecho la petición de oposición presentada por el demandante ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de agosto del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDIVAR, YENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARIA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNANDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE, y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en cuanto al reintegro al puesto de trabajo, más pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; reconociendo únicamente el goce de vacaciones a la demandante Carmen Guadalupe Reyes Cruz, de 26 días del periodo 2013-2014; condenó a la empresa demandada a Reintegrar a los demandantes, al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; reconociendo únicamente goce de vacaciones para la demandante Carmen Guadalupe Reyes Cruz, de 26 días del período 2013-2014; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, en cuanto al pagar de: bono de utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y de la privatización de la empresa y goce de vacaciones adeudadas para los señores Joselito Cantillano Chávez, Isela Zulema Saldivar Sarmiento, Yencen Armando Ávila Girón, Maria Mercedes Orellana Cruz, Vilma Argentina Hernandez Ulloa, Lynn Rosibel Mejía Amador, Eric Fernando Aguilar Izaguirre y Carlos Humberto Guillén Zelaya; en consecuencia; absolvió a la empresa demandada del pago a los demandantes de dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que consta que a los demandantes que el 07 de octubre del 2014, se les notificó la suspensión de su contrato de trabajo por 120 días, que como consecuencia de la suspensión, en virtud de ampararse la parte demandada en las causales contenidas en el artículo 100, numerales 4, 5 y 15 así como también el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, fueron cancelados de su puesto de trabajo mediante oficio Número GGH-348-2015, GGH-408-2015, GGH-240-2015, GGH 129-2015 GGH-128-2015, GGH-461-2015, GGH-426-2015, GGH 126-201 y GGH-167-2015, todos de fecha 05 de febrero del 2015, al amparo de los citados artículos, por lo que esta operadora de justicia ha llegado al convencimiento que se ha violentado el procedimiento, infringiendo desde todo de punto vista las normas procesales, que sumado a ello HONDUTEL ofrece en el mismo oficio que contiene el despido el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, situación ésta, que es contraria, ya que por una parte aduce tener causas justas para despedir a los demandantes sin responsabilidad, pero por otro lado hace ofrecimiento expreso del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; que en el caso sub judice ocurrió una suspensión del contrato de trabajo por 120 días como ya se expresó anteriormente, que producto de la suspensión conlleva la terminación de la relación de trabajo aduciendo que las causas persisten, es oportuno acotar que mediante Informe la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la resolución se emitió en fecha 27 de octubre del 2015, 8 meses después de haberse realizado el despido, lo cual se puede apreciar que dicha terminación operó antes que la entidad precitada pronunciara declarando con o sin lugar dichas suspensiones; conllevando esto a una franca violación al ordenamiento jurídico y específicamente a lo establecido en el artículo 102 del Código del Trabajo; que es por los argumentos antes expuestos que está suscrita es del convencimiento que debe declararse con lugar la demanda de mérito, en vista que los demandantes han probado de manera irrefutable el despido ilegal e injusto de que fue objeto por su empleador, conllevando al reintegro al puesto de trabajo de los demandantes desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo y a título de daños los salarios dejados de percibir desde que operó la terminación hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, así como los beneficios que se otorgaron a otros empleados por la contratación colectiva; asimismo, los demandantes dentro de sus pretensiones solicitan el goce de vacaciones adeudadas, extremo que fue acreditado que se les deben únicamente goce de vacaciones a la demandante Carmen Guadalupe Reyes Cruz, 26 días de vacaciones que corresponde al período 2013-2014, con lugar esta pretensión; que los demandantes solicitan el pago de derechos como ser pago de bono utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y de privatización de la empresa; lo que cabe explicar que dichas pretensiones no fueron objeto de prueba en el presente juicio lo cual imposibilita a esta Juzgadora el otorgamiento de éstos, así como el pago de vacaciones a los demás demandantes; en consecuencia, se declaran sin lugar estas pretensiones.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 01 de diciembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación, está apegada a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que se fundamenta en que quedó probado la relación laboral que existió entre el empleador y trabajadores demandantes, al igual el salario que devengaban al momento del despido, tal como aparecen detallados en el motivo tercero de la sentencia definitiva apelada; que mediante notificación escrita dio por terminada la relación laboral a todos los trabajadores demandantes con fecha 05 de febrero del 2015, la cual fue acreditada con la prueba documental; que la parte demandada suspendió a los trabajadores temporalmente de sus puestos de trabajo por el término de 120 días a partir del 8 de octubre del 2014 al 5 de febrero del 2015, invocando causas como ser la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad y otros, motivo que no es congruente con el ofrecimiento de pago de la totalidad a sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales, lo que implica una voluntad unilateral de un despido ilegal, al no contar con la autorización legal respectiva al momento del despido de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, incurriendo con ello en violación de Garantías Constitucionales entendía en el artículo 129 de este Ordenamiento Legal y artículo 112 y 117 del Código del Trabajo vigente, por lo que procede el reintegro de los trabajadores demandantes y todos sus derechos o prestaciones que justificaron en el juicio; que el empleador con sus medios de prueba que acreditó en juicio, no pudo desvanecer que violentó los artículos 101, 102 y 103 del Código del Trabajo vigente, al despedir a los trabajadores sin contar con la autorización oficial por la autoridad competente para suspender el contrato de trabajo, lo que hace un despido ilegal.- 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 17 de abril del 2018, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ), en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento cancelé o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violenté de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: la violación directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el despido ilegal o injusto del demandante, lo cual fue objeto del material probatorio, resultando improcedente el ataque al fallo recurrido por la vía invocada.- IV. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social rio autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaria de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación invoca como infringido el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, disposición que no es una norma de carácter sustantiva, inviolable para el recurso de casación; b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, c) que alegándose aplicación indebida, deviene obligado a citar la norma sustitutiva, es decir, cuál era a criterio del Recurrente la que debió aplicarse.- VI. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en el tercer motivo de casación dice lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 0, 30, 40, 5° Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente establecidas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- VII.- Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que se incurren en los siguientes defectos técnicos: a) la disposición señalada como infringida (artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código de Trabajo) no ostenta la condición de ser normas sustantivas nacionales del orden laboral, tal como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio.- VIII. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en el cuarto motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 249 y 250, 254 y 255, 258 y 259, 263 y 264, 268 y 269, 273 y 274, 278 y 279, 283 y 284, 288 y 289 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 249 y 250, 254 y 255, 258 y 259, 263 Y 264, 268 Y 269, 273 Y 274, 278 Y 279, 283 Y 284, 288 y 289 fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.”.- IX. El error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la corte sentenciadora que el motivo empleado no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral.- X. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en un quinto motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 296 al 303, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 296 al 303 de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 296 al 303 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.”.- XI. Al igual que el motivo anterior el error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la corte sentenciadora que el motivo empleado no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral.- XII. Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en un sexto motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 339 al 428, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132- 2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 339 al 428, de la primera pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132- 2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia él a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contra parte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- XIII. Al igual que los dos motivos anteriores, el error de hecho debe aparecer de modo manifiesto en los autos y, en el caso que nos ocupa no existe una falta de apreciación de la prueba, así como no aparece en pugna con la evidencia demostrada por la prueba documental señalada, arribando a la conclusión la corte sentenciadora que el motivo empleado no es proporcional ni razonable para que diera lugar a la terminación justificada de la relación laboral.- XIV. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 249 y 250, 254 y 255, 258 y 259, 263 y 264, 268 y 269, 273 y 274, 278 y 279, 283 y 284, 288 y 289 con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores JOSELITO CANTILLANO CHÁVEZ, ISELA ZULEMA SALDÍVAR SARMIENTO, VENCEN ARMANDO ÁVILA GIRÓN, MARÍA MERCEDES ORELLANA CRUZ, VILMA ARGENTINA HERNÁNDEZ ULLOA, CARMEN GUADALUPE REYES CRUZ, LYNN ROSIBEL MEJÍA AMADOR, ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE y CARLOS HUMBERTO GUILLEN ZELAYA a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en uno (1) de diciembre del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso subjudice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- XV. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XVI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en sus seis motivos de casación y sin lugar las nulidades solicitadas en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) SIN LUGAR las nulidades solicitadas de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 42-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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