Sentencia CL-417-16 — Registro 7312
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, en cuanto al reconocimiento de la permanencia en el cargo, reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta que sea reintegra la al puesto de trabajo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. Que la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en su primer y único motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO INFRINGIDO: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos 765 numeral 1, en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación con el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1) del artículo 765 CAUSALES DE CASACIÓN, del Código del Trabajo, que a la letra dice: “1. “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”. …Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Ha citado de forma incorrecta el precepto legal sustantivo, de orden nacional que se estima violado, ya que los señalados resultan no serlo; el artículo 765 del Código del Trabajo contiene las causales de casación, por lo tanto es el medio o fundamento del motivo que se pretenda y no la norma violada, respecto al artículo 20 de dicho Código, es una disposición de carácter general no susceptible de ataque; y, el artículo 47 del mismo ordenamiento, es de índole conceptual, por lo tanto inviolables para los efectos de la casación; b) el precepto autorizante se ha formulado de forma inexacta, ya que hace alusión a todas las modalidades de violación por la vía directa (falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea), mismas que por la independencia de los cargos se deben formular de forma separada, siendo lo correcto invocar dentro de la causal una sola de las modalidades, además que no es propio acusar la falta de aplicación de una norma y al mismo tiempo la aplicación indebida y mucho menos faltar aun mas a la claridad y precisión aduciendo interpretación errónea; c) la violación directa se produce con prescindencia del material probatorio, esto es sin hacer valoración de medios de prueba, ya que lo que se procura es la confrontación del fallo con la Ley; y d) formula alegaciones propias de instancia.-“
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 27 de septiembre del 2016, por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor DEYBI NORMAN FUNES FUNES, representado en juicio por el Abogado ILICH JOSUE MARTINEZ AGUIRIANO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para nulidad de un contrato por haber sido elaborado con fraude de ley, simulando una relación mercantil para ocultar la relación laboral, que se declare el contrato de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente y en consecuencia se ordene el reintegro al puesto de trabajo como empleado permanente, en virtud de despido, ilegal e injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de septiembre del 2014, por el señor DEYBI NORMAN FUNES FUNES, mayor de edad, casado, hondureño, estudiante universitario y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de junio del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 02 de mayo del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DEYBI NORMAN FUNES FUNES contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República en su condición de representante legal del Estado de Honduras Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al reconocimiento de la permanencia en el cargo, reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta que sea reintegra la al puesto de trabajo; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República en su condición de representante legal del Estado de Honduras Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al reconocimiento de la permanencia en el cargo, reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta que sea reintegrada al puesto de trabajo a DEYBI NORMAN FUNES FUNES. III) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar con la demandada en fecha 05 de septiembre del 2011, mediante contratos de trabajo continuos, devengando un salario mensual de L.11,000.00, en el puesto de Promotor de Empleo, en el Programa Nacional de Empleo por Hora; que en fecha 20 de mayo del 2014, fue despedido mediante memorando N°0411-2014, que literalmente dice: “Con instrucciones del Secretario de Estado, por este medio se le recuerda que su contrato laboral de Servicios Profesionales venció el pasado 20 de abril de 2014, tal como les fue notificado, por lo que no deben seguir asistiendo a las oficinas en las que realizaban sus labores. Por lo anterior, se le notifica que se le cancelará el tiempo laborado hasta la fecha. Reiteramos el agradecimiento por los servicios prestados a esta institución. Sin otro particular, nos suscribimos de usted “, alegó que el despido violentó lo dispuesto en el Código de Trabajo en el artículo 112 y 117 y del Código del Trabajo, porque no se le invoca causal alguna y que la misma sea justificada, negándosele el derecho a la defensa; que celebró Contratos de Trabajo, y que las labores para la cual fue contratado son permanentes, y en vista que en el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese término de duración, adicionalmente el artículo 20 establece los tres elementos para que exista contrato de trabajo, durante la prestación de sus servicios, firmó una serie de contratos desde el 05 de septiembre de 2011 hasta el 2014, de manera continua para la prestación de los mismos servicios, cumpliendo dentro de la Secretaría el Trabajo con labores de naturaleza permanente, y no de carácter excepcional, ya que la causa que dio origen a la relación de trabajo aún subsiste dentro de la Secretaría, por lo que se dieron los presupuestos para considerar el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Aduciendo también que por la continuidad en la prestación de sus servicios se le reconocen derechos propios de los empleados de naturaleza permanente como ser: Aguinaldo, Décimo cuarto mes de salario y vacaciones.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, contestó dicha demanda señalando que efectivamente el demandante mantuvo una relación de servicios mediante la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, contratos que fueron temporales, con una vigencia determinada, de manera contractual, prestando sus servicios profesionales como Promotor de Empleo, que inició el 5 de septiembre del 2011, en el Departamento Dirección General de Empleo, con un sueldo mensual de L.11,000.00), encontrándose sujeta dicha relación laboral únicamente a las cláusulas allí pactadas, no existiendo según el ordenamiento jurídico vigente obligación por parte del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de prorrogarse el mismo, en virtud que los Contratos de Servicios Profesionales tienen una vigencia determinada, que la parte demandante manifiesta que en fecha 20 de mayo de 2014, fue despedido y lo que realmente existió en el presente caso fue la finalización del último contrato suscrito entre las partes por haber llegado dicho contrato a su fin, aspecto que era de conocimiento del demandante, puesto que al momento de suscribir el mismo se daba por enterado que su contrato tenía una fecha de inicio y fecha de finalización; argumentó también que a lo referente de que la parte demandante aduce que el contrato que celebró con la demandada constituye un fraude a la Ley, manifestó que en cada contrato que firmaba la parte demandante en la cláusula tercera de cada contrato suscrito se establece literalmente lo siguiente: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO. Este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el acuerdo correspondiente; asimismo, la cláusula octava literalmente establece: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción. En la cláusula novena de dicho contrato quedó establecido lo siguiente: LEYES APLICABLES: Las partes contratantes convinieron expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo expresamente pactado en el mismo; de tal manera que analizando el contenido de las cláusulas antes relacionadas que lo ordenado en el Código Civil según artículo 1348 y que manifiesta que los contratos son ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de lo establecido en ellos, en virtud de ello, los argumentos alegados por la parte demandante en el sentido que se reconozca el derecho de permanencia laboral no tiene razón de ser, porque está probado en autos que no fue cancelado, simplemente se le notificó que “su contrato laboral de Servicios Profesionales venció el pasado 28 de abril de 2014”, ya que el mismo había llegado a su término por el cual fueron celebrados, como efectivamente así sucedió; alegó también la relación laboral que mantuvo el demandante fue contractual prestando sus servicios como Promotor de Empleo, por lo que la relación laboral estaba sujeta únicamente a las cláusulas pactadas en dichos contratos, no existiendo según el ordenamiento jurídico obligación de parte del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de prorrogarle el mismo, ya que este contrato tenía una vigencia por tiempo determinado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de mayo del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral, en cuanto al reconocimiento de la permanencia en el cargo, reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta que sea reintegrada al puesto de trabajo; promovida por el señor DEYBI NORMAN FUNES FUNES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; condenó al demandado al reconocimiento de la permanencia en el cargo, reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta que sea reintegrada al puesto de trabajo al demandante señor DEYBI NORMAN FUNES FUNES; bajo el criterio que quedó probado la existencia de la relación laboral durante varios contratos individuales de trabajo sucesivos, que la demandante tiene derecho a la permanencia y a todos los demás derechos de conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Código de Trabajo desde el inicio de la relación laboral, además el demandante laboró para la demandada por más de 200 días, acumulando una antigüedad de 2 años 8 meses y 15 días, amparado en los artículos 47 y 347 del Código del Trabajo, y siendo que la pretensión es el reintegro a su puesto de trabajo también garantizado en el artículo 129 de la Constitución de la República, acarreando con ello la responsabilidad por parte del empleador al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral a la fecha que se haga efectivo el reintegro.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 21 de junio del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que aunque en el contrato se haya establecido que el trabajador no se considera empleado permanente y que se somete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal cláusula no es aplicable, porque el demandante desarrolló labores de carácter permanente y continuas en la institución y además la relación laboral reúne los tres elementos esenciales para que exista contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, que la relación de trabajo es de carácter eminentemente laboral y que se considera nula cualquier cláusula que venga a disminuir, renunciar o tergiversar derechos de los trabajadores y también establece que en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras, que la relación laboral finalizó el 20 de mayo del 2014, por haber llegado a su fin y el contrato no fue renovado, por lo que la demandante fue despedida sin indicarle ninguna causal justa.- 5.- Mediante auto de fecha 19 de agosto del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 27 de septiembre del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de octubre del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ILICH JOSUE MARTINEZ AGUIRIANO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario, por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en su primer y único motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO INFRINGIDO: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos 765 numeral 1, en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación con el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1) del artículo 765 CAUSALES DE CASACIÓN, del Código del Trabajo, que a la letra dice: “1. “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, estimó la presente demanda en virtud que considera que los Contratos de Servicios Profesionales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el demandante reúne los tres elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 deI Código del Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los poderes del Estado, son contratos de orden público no sujetos del Código del Trabajo que es para los particulares ni sujetos a sueldo o salario, sino a honorarios profesionales pagados por el ejercicio de su profesión, sin sujeción de subordinación sino a lo que establece la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. El Tribunal A Quo, así como el Ad Quem han aplicado mal la norma, puesto que la relación laboral que existió entre el demandante y mi representada estaba sujeta a un Régimen de Contratos de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las cláusulas contractuales contenidas en el mismo, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso, y como así lo establece el Artículo 2 del Código de Trabajo vigente: “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1) ... 2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales”, relación que era por tiempo limitado y determinado, y al no ser una relación permanente, no ameritaba expresar causal alguna, pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización, ya estaba establecido que dicho contrato no sería renovado “sin mediar causal alguna”, asimismo, en el contrato se manifiesta su consentimiento en las cláusulas contentivas del mismo, y por lo tanto, el contrato con la totalidad de sus cláusulas se convierte en Ley entre las partes; por lo que el Ad Quem también violenta la Pacta Sunt Servanda, que debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo a lo pactado, y conforme a las normas de autonomía de la voluntad de las partes. En los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo, las partes acordaron que para dirimir las posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este, cuando aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo; olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato, excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b) ... c) ... ch) d)…; (el subrayado y cursiva es mío), por tanto mi representado, el Estado de Hondura a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que forma parte de uno de los Poderes del Estado, como es el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir, por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Profesionales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. La Corte Suprema de Justicia debe tener conocimiento que el criterio unificado es ilegal e inconstitucional, en virtud que éste no ha sido decretado por el Congreso Nacional de la República, quien es el único que puede crear, modificar, reformar e interpretar la Ley. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de prueba antes relacionados y como consecuencia de ello, la indebida aplicación de los artículos 20, 47 y 738 del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente Demanda de Casación.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Ha citado de forma incorrecta el precepto legal sustantivo, de orden nacional que se estima violado, ya que los señalados resultan no serlo; el artículo 765 del Código del Trabajo contiene las causales de casación, por lo tanto es el medio o fundamento del motivo que se pretenda y no la norma violada, respecto al artículo 20 de dicho Código, es una disposición de carácter general no susceptible de ataque; y, el artículo 47 del mismo ordenamiento, es de índole conceptual, por lo tanto inviolables para los efectos de la casación; b) el precepto autorizante se ha formulado de forma inexacta, ya que hace alusión a todas las modalidades de violación por la vía directa (falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea), mismas que por la independencia de los cargos se deben formular de forma separada, siendo lo correcto invocar dentro de la causal una sola de las modalidades, además que no es propio acusar la falta de aplicación de una norma y al mismo tiempo la aplicación indebida y mucho menos faltar aun mas a la claridad y precisión aduciendo interpretación errónea; c) la violación directa se produce con prescindencia del material probatorio, esto es sin hacer valoración de medios de prueba, ya que lo que se procura es la confrontación del fallo con la Ley; y d) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 417-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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