Sentencia CL-413-16 — Registro 7252
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria para el emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la causa justa de un despido directo, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera el carácter de firme y demás derechos laborales, costas personales y procesales y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III.- Este único motivo no resulta admisible dado que en el mismo se detectan los siguientes errores: a) el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo, pues la parte demandada inicia las investigaciones en virtud de las denuncias interpuestas por diversos contribuyentes y, es así como la Comisión Verificadora detecta las faltas imputables al demandante, aplicando de forma correcta el artículo 863 del Código de Trabajo, por las circunstancia acontecidas; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 numeral b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 10 de octubre del 2016, por el Abogado HORARIO IVAN FAJARDO FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor OSCAR VALLECILLO MADRID, como recurrente; además, es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, representada en juicio por el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en vía ordinaria para el emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la causa justa de un despido directo, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera el carácter de firme y demás derechos laborales, costas personales y procesales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 22 de agosto del 2014, por el señor OSCAR VALLECILLO MADRID, mayor de edad, casado, Gestor de Cobros, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de junio del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de mayo del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE EMPLAZAMIENTO promovida por OSCAR VALLECILLO MADRID, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROSULA, a través de Su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, En consecuencia SEGUNDO: ABSUELVEE: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, de toda responsabilidad económica derivada del presente juicio como ser: Preaviso, auxilio de cesantía, y salarios caídos o dejados de percibir. TERCERO: CONDENA: a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a pagarle al trabajador OSCAR VALLECILLO MADRID, la cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.16,634.89), por concepto de derechos adquiridos, según calculo elaborado por el juzgado.- CUARTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar con la demandada el 19 de junio del 2001, hasta el momento del despido injusto el 29 de julio de 2014, quien se desempeñaba en el cargo de Gestor de Cobros, con un salario de L.19,338.00 durante los últimos 6 meses al despido, que el 29 de julio del 2014, la Secretaría de la Municipalidad de San Pedro Sula le entregó certificación de Acuerdo de Despido de fecha 28 de julio de 2014, fundamentado en motivos falsos no autorizados por el Código del Trabajo, sin cumplirse los presupuestos legitimadores de las causas y sin reunir todos los requisitos de ley, redundando en un despido ilegal e injusto; argumento también que la demandada ha querido dolosamente imputarle todas las causas de despido que se le han ocurrido solo para despedirle sin indemnizarlo, por un hecho que es falso, alegó que la patronal no le dejó claro por cual causa exactamente lo despidió, ya que, ya no estaba asignado a ninguna caja o función de recolección de dinero, ni se le habían dado instrucciones particulares que no haya acatado, que desde el año 2010, el puesto fue de Gestor de Cobros y no Cajero, siendo el despido ilegal e injusto, dejándole indefenso ante las causas del despido, ya que en el acuerdo de despido no se le explicó cuando se supone que se cometió dichas faltas, de qué modo particular se realizaron, cuales son las pruebas con que cuentan para demostrar que cometió dichas faltas que justifiquen el despido; manifestó también que el 24 de julio de 2014, se llevó a cabo la audiencia de descargo por hechos que datan de los años 2007 y 2010, en la cual tampoco le dijeron cuáles eran las pruebas para demostrar que cometió las faltas que se le imputan en el año 2014, porque el puesto era de Gestor de Cobros, faltando a lo preceptuado en el artículo 117 del Código del Trabajo, alegó que en fecha 14 de agosto del 2014, se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, contestó dicha demanda rechazando los hechos alegados por la parte demandante, manifestó que el despido fue apegado a derecho y que el demandante incumplió con la obligación de enterar a las arcas municipales todos los pagos efectuados en concepto de impuestos por parte de contribuyentes, cometiendo actos totalmente contrarios a la moral y las buenas costumbres, que los hechos que motivaron su despido están claramente establecidos, ya que la demandada tuvo conocimiento a través de los entes auditores a pesar de haber ocurrido años atrás, citándolo a audiencia de descargo en la cual no justificó sus acciones cometidas en esos años; que el demandante pretende alegar con el principio de la inmediatez, es la confirmación que si cometió los hechos imputados queriendo ocultarlos en la supuesta prescripción del derecho.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 10 de mayo del 2016, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral, absolvió a la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, del pago de Preaviso, auxilio de cesantía, y salarios caídos o dejados de percibir y condenó a dicha Municipalidad a pagarle al trabajador Oscar Vallecillo Madrid, la cantidad de L.16,634.89, por concepto de derechos adquiridos, según cálculo elaborado por el juzgado, sin costas; promovida por el señor OSCAR VALLECILLO MADRID, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO; bajo el criterio que la parte demandante no probó que el despido de que fue objeto fuese injusto e ilegal, al contrario, quedó probada la mala conducta demostrada por el trabajador demandante en el desempeño de su trabajo en perjuicio de la Municipalidad de San Pedo Sula, Cortés.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 28 de junio del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que se acreditó que la demandada tuvo motivos para dar por terminada la relación de trabajo con el demandante en razón de su poder directivo y disciplinario, pues es indudable que en razón de denuncias presentadas por contribuyentes comprendidos en ámbito territorial del Municipio de San Pedro Sula, Cortés, previa una investigación realizada por la comisión nombrada al efecto, se concluyó sin lugar a dudas que durante el periodo comprendido en los años 2007-2010, a través de la caja número 3 de la Municipalidad de San Pedro Sula y que estaba bajo la responsabilidad del demandante, se emitieron facturas originales por la Dirección de Control de Ingresos debidamente pagadas, mediante cheque y en efectivo, sin que de ella exista registro de dichos pagos en los asientos contables y en el sistema electrónico de la demandada, desempeño laboral que en dichas circunstancias se contrapone a la diligencia que toda persona que presta servicios subordinados debe observar en las tareas encomendadas, en esta caso particular, las actividades que como cajero le fueron asignadas y confiadas; circunstancias fácticas que de manera clara se señalaron e invocaron en la notificación del despido tal y como lo manda el artículo 117 del Código del Trabajo, de lo anterior la desvinculación laboral es justificada y la demandada está exenta de responsabilidad económica a excepción de los derechos adquiridos.- 5.- Mediante auto de fecha 24 de agosto del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HORARIO IVAN FAJARDO FLORES, en su condición de representante procesal del señor OSCAR VALLECILLO MADRID, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 10 de octubre del 2016, compareció ante éste Tribunal formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de noviembre del 2016, se tuvo por precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de forma indirecta de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, INCURRIENDO EL SENTENCIADOR EN ERROR DE HECHO, ANTE LA ERRONEA APRECIACIÓN DE PRUEBA DETERMINADA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Artículo que fuera Interpretado por el Decreto No. 89 (Gaceta No. 19,956 del 23 de diciembre de 1969). PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación esta comprendido en el número uno (1), segundo párrafo, primera oración, del artículo 765 del Código del Trabajo Vigente, en cuanto al error de hecho. NORMAR PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA INFRACCIÓN: Los errores incurrido por la Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a su mala apreciación fueron posibles o se dieron a través de la vulneración de los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo producto de la equívoca interpretación del material probatorio que consta en el proceso. De igual forma sirvió de medio la norma procesal establecida en el artículo 863 del Código del Trabajo, respecto a la prescripción de la acción de despido. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: En la Doctrina Laboral de Casación, se ha mantenido el solidó criterio de que la infracción de la ley sustantiva cuando es producto de un error de hecho (infracción indirecta) en que ha incurrido el sentenciador, debe entenderse así ( Casación Laboral CL-604-13 de 7/10/2014): “Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley”. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A su vez, para que la sentencia sea casada por el expresado concepto, es necesario que la prueba en este caso mal apreciada sea tal, que su existencia o inexistencia altere radicalmente el sentido de la sentencia acusada, es decir, que se trate de una prueba esencial que incida en forma definitiva sobre la decisión de la litis.- V. En lo atinente a la apreciación de los medios instructorios, tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, aun cuando no se esté́ de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural.- SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA DE LA FORMA SIGUIENTE: Ante un supuesto de despido directo, como es el caso, la ley sustantiva laboral señalada, concede la prerrogativa al empleado de cuestionar esta terminación unilateral y exigir al empleador a que le pruebe la justa causa del despido; esta justa causa no solo se basa en la existencia de una posible conducta reprochable en materia laboral, sino que además la misma debe de estar sancionada dentro del espacio temporal que la norma laboral exige, ya que de lo contrario también estaríamos ante un despido ilegal e injusto. Si este (El patrono) no lo prueba, la consecuencia directa e inmediata es pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Esta es la violación acusada del Artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oraciónn, del Código del Trabajo Vigente. Es pues, de conformidad a dicha disposición legal, obligación de la patronal, probar no solamente la concurrencia de las causas que dieron lugar al despido, sino que además probar que desde el acaecimiento de la posible causa y el despido, ha existido la inmediatez que exige la misma ley, según lo dispone el art. 863 del Código del Trabajo, ya que de lo contrario, podríamos estar ante un posible hecho reprochable laboralmente, pero si la decisión del patrono no se ha dado oportunamente, se transforma en un despido ilegal o injusto que tiene como consecuencia directa e inmediata según el artículo violentado 113 del Código del Trabajo, pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Pero es el caso que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, al confirmar totalmente la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, con ello violentó de manera indirecta el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente, al absolver a la Municipalidad de San Pedro Sula, cuando la debió de haber condenado, por cuanto los medios de prueba valorados erróneamente, sirviendo de medio procesal para la infracción alegada, los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo (y que más adelante se explica), no demostraron la legalidad del despido en los sentidos ya dichos, según la prueba propuesta y evacuada en juicio y que ha sido erróneamente apreciada por la Corte de Apelaciones, ya que las faltas invocadas por la patronal, son extemporáneas en cuanto a la oportunidad de ser alegadas como causas justas de despido, sucedidas hace cuatro (4), cinco (5), y siete (7), nueve (9), antes del despido, y por ello habiendo transcurrido entre las mismas más del tiempo permitido por la misma ley para ser aplicadas las sanciones (un mes señala la ley en su artículo 863 C.T.), por lo que la conclusión correcta a que debió llegar la Corte de Apelaciones era esta, y no aquella, y por ello debió condenar a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a favor del señor OSCAR VALLECILLO MADRID, conclusión ésta que salta de manifiesto de la prueba que obra en los autos, como adelante se explica y hace admisible el motivo que se invoca y es suficiente mérito para que se case parcialmente la sentencia recurrida. SINGULARIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ERRÓNEAMENTE APRECIADAS Y LA CLASE DE ERROR: Para el planteamiento de este motivo, es preciso realizar a la vez un estudio cronológico de la plataforma probatoria controvertida en el cargo y el análisis de los errores incurrido por la Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a su mala apreciación vulnerando los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo producto de la equivoca interpretación del material probatorio que consta en el proceso: La Corte de Apelaciones, infringió de manera indirecta la disposición sustantiva establecida en el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oraciónn, del Código del Trabajo Vigente, al apreciar erróneamente la siguiente prueba analizada cronológicamente, prueba ésta que solo es relacionada de manera general y no particular, estableciendo la Corte sentenciadora que la misma obra a folios 71, 72, 79 al 179, 180, 182 vuelto al 183, 189 p.p.(Ver Folio 38 vuelto y 39. Acápite Hechos Probados, número 1, del fallo recurrido): 1. (Folios 70 y71 p.p.) El Oficio MSPS/DMI 100 de fecha 21 de julio de 2014. Emitido por el señor ROLANDO PERDOMO como nuevo Director de Control de Ingresos donde informa que se han venido realizando investigaciones desde pasadas fechas sobre reclamos de contribuyentes. Esta prueba fue valorada erróneamente por la Corte de Apelaciones, quien concluyó que la prueba demuestra la comisión de las faltas y que el conocimiento de las mismas por parte de la patronal, debe de computarse desde esa fecha (21 de julio de 2014) y no desde que las faltas fueron cometidas. La correcta valoración de esta prueba debió ser, en concordancia con la demás prueba, que la misma no puede servir para demostrar que el conocimiento de las supuestas faltas imputadas a mi representado son conocidas desde el 21 de julio de 2014, más por el contrario revelan que efectivamente existían reclamos por parte de los señalados contribuyentes, pero estos reclamos eran desde los años 2007 y 2010 y la fecha de despido ocurrió el día 29 de julio 2014, es decir, habiendo transcurrido más de cuatro(4), siete (7), años respectivamente y no es racional, ni inteligible establecer que hasta las fechas próximas al despido la patronal tuvo conocimiento, ya que año a año los contribuyentes señalados en dichos documentos debían de presentar sus recibos de pago para que se les extendieran sus permisos de operación de todos esos años, siendo que el mismo oficio establece que: “…investigación que hemos venido realizando para constatar los faltantes que encontrará en el detalle…” Establece también el medio de prueba que en los registros contables y en los sistemas electrónicos de la Municipalidad aparece la mora, por lo que el conocimiento de las posibles faltas correspondió a cada una de las administraciones desde el 2005 hasta el 2010, quienes sea ya por poca o nula diligencia no procedieron a sancionar, si es que correspondía, máxime cuando año por año esa mora era reflejada en el sistema, por lo que la conclusión y la apreciación de esta prueba debió ser en el sentido de servir de base para condenar a la patronal ante la evidencia de un despido injusto o ilegal por ser extemporáneo en cuanto a la oportunidad de aplicarse la sanción. 2. (Folio 79 p.p.) MEMORANDO de fecha 11 de febrero de 2014 emitido por el Lic. Ángel Rolando Perdomo Matute y dirigido al Ing. Armando Calidonio Alvarado. Esta prueba que ha sido erróneamente valorada, en el sentido de concluir la corte de apelaciones que justificaba el despido directo, realmente establecía que los reclamos de los contribuyentes y que fueron conocidos por la actual administración de la Municipalidad de San Pedro Sula, databan de fechas anteriores incluso al mes de febrero de 2014 y el despido se produjo cinco (5) meses después en julio 2014. Para el caso, el documento refiere: “Para atender y resolver los reclamos de CONTRIBUYENTES que pagaron correctamente sus tributos, pero que en el sistema electrónico no aparece el crédito del pago, …” Lo que evidenciaba que la patronal conocía desde antes, o incluso desde febrero de 2014, las faltas imputadas a mi representado, y pese a ello, fue objeto de despido, cinco (5) meses después, volviéndose con ello ilegal e injusto el despido a que fue objeto, según la limitación temporal que establece el artículo 863 del Código del Trabajo, pero la Corte de Apelaciones valoró erróneamente este medio de prueba lo que concluyó con una sentencia absolutoria, cuando debió ser al contrario. 3. (Folio 80) Constancia de fecha 01 de abril de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente ALEX HUMBERTO HERNANDEZ RIVERA. 4. (Folio 85) Constancia de fecha 27 de marzo de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente JULIA RIVERA ABREGO. 5. (Folio 87) Constancia de fecha 03 de junio de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente PROCASA DE HONDURAS. 6. (Folio 89) Constancia de fecha 11 de abril de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente PLANTAS TROPICALES. 7. (Folio 91) Constancia de fecha 06 de junio de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente CAFE MI DELICIA. 8. (Folio 93) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente CASA DE EMPEÑOS DALLANA. 9. (Folio 95) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente LARIOS BONES HECTOR EDUARDO. 10. (Folio 97) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente VALLE ZALDIVAR ALMA YANET. 11. (Folio 99) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente garcia contreras martina. 12. (Folio 101) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente INTEK HONDURAS. 13. (Folio 103) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente chinchilla portillo javier adolfo. 14. (Folio 106) Constancia de fecha 24 de abril de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente ELIA IBETTE CHINCHILLA PORTILLO. 15. (Folio 108) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE PAPEL. 16. (Folio 110) Constancia de fecha 21 de marzo de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente NOLVIA ARGENTINA MEDINA VILLALOBOS. 17. (Folio 112) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente CORPORACIÓN DE ALIMENTOS DEL NORTE. 18. (Folio 114) Constancia de fecha 01 de abril de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente LUCREACIA ECHEVERRI ARIAS. 19. (Folio 116) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente INGENIERIA BARMED. 20. (Folio 118) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente SEGUROS CREFISA. 21. (Folio 120) Constancia de fecha 17 de marzo de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente MARIA ELENA GABIRIT NUÑEZ. 22. (Folio 122) Constancia de fecha 21 de abril de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente TANIA MAGALY RIVERA FLORES. 23. (Folio 124) Constancia de fecha 28 de marzo de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente DIGNA MARIBEL CALDERON LOPEZ. 24. (Folio 126) Constancia de fecha 27 de febrero de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente DIAZ PONCE MARVIN EFRAIN. 25. (Folio 128) Constancia de fecha 17 de marzo de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente BLANCA LIDIA PADILLA MEJIA. 26. (Folio 131) Constancia de fecha 02 de junio de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente PLASTICOS VANGUARDIA. 27. (Folio 142) Constancia de fecha 09 de abril de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente DROGUERIA RISCHBIETH. 28. (Folio 173) Constancia de fecha 27 de marzo de 2014, junto con las fotocopias de las facturas pagadas emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS, que relaciona cuenta del contribuyente IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES. Todos (del numeral 3 al 28) estos medios de prueba documentales (folios 80 al 142), que fueron admitidos y evacuado oportunamente, fueron valorados erróneamente por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, por cuanto los mismos sirvieron para que la misma llegara a la conclusión de que a la patronal no se le había vencido el plazo para proceder a la acción de despido, por cuanto la patronal procedió inmediatamente a sancionar al empleado. Este error se plasma manifiesto en los autos y de la misma prueba relacionada, ya que todos y cada uno de los documentos demuestran lo contrario, y es que la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, desde febrero de 2014 hasta junio 06, 2014 tuvo conocimiento de las faltas que se le imputaban a mi representado (CAJA 3); pero sea ya por descuido, o falta de diligencia no hizo uso de su facultad disciplinaria, excediéndose en consecuencia del plazo que le concedía la ley para hacerlo, según lo dispone el artículo 863 del Código del Trabajo, realizando el despido cinco (5) meses después de que incluso ya se tenía conocimiento de las faltas imputadas (Despido el 28 de julio 2014). Esta era la apreciación correcta de estos medios de prueba y no el que le dio la Honorable Corte de Apelaciones. 29. Declaración Testifical de la señora THELMA SOBEIDA CASTELLANOS BARAHONA de fecha 17 de noviembre de 2014 que obra en acta que corre a folio 183 p.p., este medio de prueba, fue erróneamente valorado por la Corte de Apelaciones, ya que al contrario de sus conclusiones, el medio de prueba demostraba que la señora THELMA CASTELLANOS como miembro de la Comisión investigadora reconoce que fue nombrada en febrero de 2014 y que desde esa fechas conocía de los hechos imputados a mi representado ya que los estaba investigando, por ello quedaba demostrado que la oportunidad del despido que tenía la patronal, venció al comenzar incluso cinco (5) meses antes de producirse. Es así, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, incurrió en el error, de dar por demostrado, sin estarlo, que la Municipalidad de San Pedro Sula, nunca perdió la relación causa-efecto, lo cual rompe la consonancia con su deber de identificar correctamente las causales del despido asegurándose de la oportunidad del mismo, conclusión errónea en la valoración de la prueba, que salta de manifiesto de los autos, pero según el análisis de la citada Corte en su ORDINAL SEGUNDO, de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, “…y es que de las pruebas allegadas al proceso no resulta demostrado que la demandada haya tenido conocimiento de ello en un momento anterior, bien porque se iniciara un proceso investigativo y/o disciplinario o porque conociendo de ello decidió no hacerlo y perdonar la conducta constitutiva de falta laboral imputada al demandante……”cuando la misma prueba valorada por ella, y citada únicamente señalando los folios 71, 72, 79 al 179, 180, 182 vuelto al 183, 189 p.p., revela una conclusión diferente y chocante con la valoración adecuada de la prueba. Se debe dejar en claro, que el juez de apelación debe ser preciso al indicar la fecha en que incurrieron los hechos imputados y la fecha del despido como consecuencia de la falta; la marcada omisión conduce al operador judicial al grave error de no precisar que, los hechos imputados ocurrieron en los años 2005, 2007, 2009, y 2010 y que la investigación y conocimiento de esta nueva administración data desde febrero de 2014. Al practicarse el despido el día 28 de julio 2014, transcurrieron más de cuatro (4), cinco (5), y siete (7), nueve (9) años respectivamente desde las posibles faltas, y hasta cinco (5) meses desde que se tuvo conocimiento la nueva administración, por lo que teniendo la patronal, que es una sola, indistintamente de su Alcalde en turno, conocimiento de las posibles faltas desde más allá de un mes que la ley le permite, por el paso del tiempo las perdonó. Esta era la valoración adecuada de la prueba y no otra. DEMOSTRACIÓN DE QUE ESA MALA APRECIACIÓN CONSTITUYE UN ERROR DE HECHO MANIFIESTO, QUE COMO TAL APARECE EN AUTOS: Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del análisis de los yerros señalados, se pone de manifiesto que según la prueba señalada como indebidamente apreciada, se colige que entre la fecha de la ocurrencia de la presuntas faltas, que no se determinan concretamente en fechas, pero si en años (2005, 2007, 2009 y 2010), y la de la determinación de poner fin a la relación laboral (28 de julio de 2014), la municipalidad empleadora tuvo toda la oportunidad y el tiempo para investigar y sancionar las posibles faltas, pero pese a ello no lo hizo, y se evidencia igualmente en los autos que según se desprende de la prueba que obra a folios 71, 72, 79 al 179, 180, 182 vuelto al 183, 189 p.p., que incluso esta nueva Administración que es la que despide, conoció de las posibles faltas incluso desde febrero de 2014 (folio 79 p.p.), pero despide hasta en julio de 2014, o sea cinco (5) meses después, por lo que se trata este de un error manifiesto de la Corte de Apelaciones que justifica ahora este recurso. Entonces, tales extremos temporales evidencian, la tardanza en que incurrió, sin justificación alguna, LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA en adoptar la determinación de romper el contrato de trabajo mientras el empleado era cajero en los años 2007 y 2010, lo que atenta contra la inmediatez de la decisión, según dispone el artículo 863 del Código del Trabajo. Lo anterior, se entiende mejor, explicado a la luz de la jurisprudencia nacional y extranjera (como mero sustento del motivo),que ha establecido que lo justo del “despido no es dable predicarlo sino en tanto aparezca debidamente probada la conducta disonante del trabajador con sus deberes de tal, encauzada en el marco legal correspondiente invocado por el empleador; y en cuanto ééste haya ejercido con inmediatez su prerrogativa de provocar la terminaciónn del vvínculo, o en caso de no ser así, que resulte razonable, apareciendo también debidamente acreditado en el proceso, que debió cumplir diligencias, actuaciones o tomar medidas apropiadas para tal efecto. De no ocurrir lo primero, [tal es el caso nuestro] la ilegalidad de la decisión del empleador no amerita mayor comentario; y de no aparecer establecido lo segundo, muy a pesar de la gravedad de la falta imputada al trabajador, el despido deviene igualmente ilegal.”(SALA DE CASACIÓN LABORAL. COLOMBIA.- ID: 239041.- NÜMERO DE PROCESO: 38855.- TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA.- FECHA: 28/08/2012) Es así que entre la posible falta y la sanción debe existir una secuencia tal que para el empleado y todos los intervinieres en el proceso laboral, no quede ninguna duda acerca de que la terminaciónn unilateral del contrato se originó en una determinada conducta del trabajador, impidiendo así que el empleador pueda invocar incumplimientos perdonados o infracciones ya olvidadas como causales de un despido que, en verdad tiene motivación distinta. También sirve para demostrar la mala apreciación y el error de hecho manifiesto en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo, que resultó en la violación indirecta del citado artículo 113 del Código del Trabajo, al obtenerse un fallo por mayoría, y no por unanimidad, estando justificado el voto disidente de la Magistrada LESBIA DINORA CUBAS URCINA, ante la evidencia que resultaba de los autos y la prueba evacuada (Folio 45 segunda pieza). ALTERACIÓN RADICALMENTE EL SENTIDO DE LA SENTENCIA ACUSADA: Al valorarse erróneamente la prueba, la Corte de Apelaciones llegó a una conclusión igualmente equivocada, ya que confirmó la sentencia de primera instancia que absuelve a la Municipalidad de San Pedro Sula, de toda responsabilidad económica para con mi representado derivada del despido, cuando de haberse apreciado correctamente, el fallo hubiere sido en el sentido de reformar la sentencia de primera instancia y condenar a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que señala el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Lo anterior, y la razón se refuerza al analizar incluso el voto disidente de la Magistrada LESBIA DINORA CUBAS URCINA, ante la evidencia que resultaba de los autos y la prueba evacuada (Folios 45 y 46 segunda pieza), llegando a una conclusión diferente de haberse apreciado correctamente la prueba, y que literalmente dispuso: “…QUINTO: … no solo es que consta de la documentación visible a folios del 79 al 178 de la primera pieza que la comisión nombrada conocía desde el 27 de febrero del año dos mil catorce de los reclamos de los contribuyentes al haber revisado y verificado (f. 93) que no existía evidencia de registro en los asientos contables de ingresos los pagos efectuados por diversos contribuyentes, efectuados en la caja municipal No. 3, donde estuvo asignado el trabajador…”. “OCTAVO: Por virtud de las consideraciones arriba trascritas, discrepo del criterio de las Magistradas Karla Ferrera Alvarez y Brenda Celina Hernández…considero que debió ser otorgado el recurso de apelación interpuesto por la abogada Gandhi Rocío Mejía Mendoza y como consecuencia de ello, reformada la sentencia venida en apelación declarando ha lugar la demanda.-”. Puestas en esa dimensión las cosas, habrá de casarse parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión de primera instancia que había declarado sin lugar la demanda de emplazamiento laboral y absuelto a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, del pago de las prestaciones laborales y la indemnización por terminación de la relación laboral sin justa causa que establece el artículo 113 primer párrafo segunda oración del Código del Trabajo Vigente, cuando la consecuencia inmediata y directa era la condena en esos conceptos y esto es resultado del error de hecho en que ha incurrido la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, al apreciar erróneamente la prueba arriba relacionada”.”.- III.- Este único motivo no resulta admisible dado que en el mismo se detectan los siguientes errores: a) el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo, pues la parte demandada inicia las investigaciones en virtud de las denuncias interpuestas por diversos contribuyentes y, es así como la Comisión Verificadora detecta las faltas imputables al demandante, aplicando de forma correcta el artículo 863 del Código de Trabajo, por las circunstancia acontecidas; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace merito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 413-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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