Sentencia CL-412-16 — Registro 8166
Resumen
En primera instancia se declara sin lugar la demanda ordinaria de emplazamiento interpuesta por la demandante, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que el acuerdo de cancelación y el acta de descargos y descargos, contienen las indicaciones claras de las causas que motivaron la desvinculación de ello, tuvo la oportunidad de defenderse tanto en la audiencia como en el juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguiente: a) la proposición jurídica expuesta resulta incompleta, ya que, en el desarrollo se alude al artículo 863 del Código del Trabajo, pero la misma no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; b) se realizan en el desarrollo inapropiados alegatos de instancia en contra de lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha prohijado sus argumentos, realizados el análisis del material probatorio aportado al proceso y ha decidido de conformidad a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: a) la proposición jurídica expuesta resulta incompleta, ya que en el desarrollo se alude artículo 863 del Código del Trabajo), pero la misma no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; b) se insta la valoración de la prueba testifical, la cual, por ser prueba no reglada está supeditada a la inmediación del juzgador de instancia; c) se realizan en el desarrollo inapropiados alegatos de instancia en contra de lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha prohijado sus argumentos y, ha tomado en cuenta todo el material probatorio aportado al proceso decidiendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 10 de octubre del 2016, por el Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada en juicio por el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO. OBJETO DEL PROCESO: demanda en vía ordinaria de emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la justa causa de un despido directo, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto, hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme y demás derechos laborales, más las costas personales y procesales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 21 de agosto del 2014, por la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Psicología, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de junio del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de mayo del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE EMPLAZAMIENTO promovida por LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de Su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, En consecuencia -SEGUNDO: ABSUELVE: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, de toda responsabilidad económica derivada del presente juicio como ser: Preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos o dejados de percibir. TERCERO: CONDENA: a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de sus representante legal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a pagarle a la trabajadora LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, la cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS, CON TRECE CENTAVOS (LPS. 32,482.13) por concepto de derechos adquiridos, según calculo elaborado por el Ministerio del Trabajo.- CUARTO: Y en cuanto al incidente de tacha propuesto por la parte demandada contra el testigo Oscar Vallecillo Madrid CON lugar, ya que la declaración de dicho testigo, demuestra un interés directo para favorecer a la demandante, ya que la causal invocada por la demandada para despedirlo es la misma que invoco para despedir a la demandante.-QUINTO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inicio a laborar como empleada de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, el 16 de enero de 1992, hasta el momento del despido injusto de fecha 29 de julio del 2014, fecha en que ocupaba el cargo de Asistente de Oficialía Mayor/Oficinista Mecanógrafa, devengado un salario de L.29,250.00, que la certificación del Acuerdo de Despido está fundamentada en motivos falsos, no autorizados por el Código del Trabajo, sin cumplirse los supuestos legitimadores de las causas ni reunir los requisitos de ley, redundando en un despido ilegal e injusto; argumento también que la demandada ha querido dolosamente imputarle todas las causas de despido que se le han ocurrido solo para despedirle sin indemnizarlo, por un hecho que es falso, alegó que la patronal no le dejó claro por cual causa exactamente lo despidió ya que ya no estaba asignado a ninguna caja o función de recolección de dinero, ni se le habían dado instrucciones particulares que no haya acatado, que desde el año 2012 el puesto fue de Asistente de Oficialía Mayor/Oficinista Mecanógrafa, y no de cajera, siendo el despido ilegal e injusto, dejándole indefenso ante las causas del despido, ya que en el acuerdo de despido no se le explicó cuando se supone que se cometió dichas faltas, de qué modo particular se realizaron, cuales son las pruebas con que cuentan para demostrar que cometió dichas faltas que justifiquen el despido; manifestó también que el 24 de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia de descargo por hechos que datan de los años 2007 y 2010 en la cual tampoco le dijeron cuales eran las pruebas para demostrar que cometió las faltas que se le imputan en el año 2014, porque el puesto era de Asistente de Oficialía Mayor/Oficinista Mecanógrafa, faltando a lo preceptuado en el artículo 117 del Código del Trabajo, alegó que en fecha 06 de agosto del 2014 se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contestó dicha demanda señalando que la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, dio por terminado el contrato de trabajo fundamentando la determinación entre otros en las siguientes argumentaciones: En fecha 22 de julio del 2014, puso en conocimiento a la Gerencia de Recursos Humanos mediante memorándum realizado por la Superintendencia Económica Administrativa informe del faltante de cantidades de dinero en la dirección de control de Ingresos, que no fueron enterados a la Corporación Municipal, por pago de impuestos realizados por contribuyentes, cantidades que fueron recibidas por parte de empleados de esta Municipalidad de San Pedro Sula y que asciende a un total de L.2,197.067.58; que en fecha 21 de julio del 2014, mediante oficio numero 100, emitido por parte de la Oficina de Control de Ingresos, se realizo investigación minuciosa donde claramente se establece faltantes de cantidades de dinero y que la empleada demandante se desempeñó como cajera asignada a la caja número 2 del Departamento de Tesorería, quien realizaba la labor de cobros de impuestos municipales en efectivo, fondos que debía enterar a la Municipalidad y no se realizaron, por lo que se ha corroborado que varios pagos que se han presentado fueron debidamente cancelados por parte de los contribuyentes en la caja numero 2 aparecen en el sistema en mora, por lo que los contribuyentes afectados hacen su reclamo aduciendo que no poseen saldos con la Municipalidad de San Pedro Sula, aportando además los recibos de impuestos cancelados y se muestra mismos que fueron pagados a la caja 2, por lo que el total de dichos faltantes ascienden a la cantidad de L.1,428,534.54); argumentó también que en fecha 24 de julio del año 20014, se le realizo audiencia de descargo, dándole el derecho a la defensa, que le corresponde, respetando las garantías constitucionales tal y como lo establece el artículo 82 de la Constitución de la República, donde se le mostraron documentos que respaldan el faltante en mención, así como los recibos pagados por impuestos presentados por los contribuyentes y la designación de caja, donde la demandante, estableció que en efecto reconoce ser su firma y que estuvo asignada a la caja numero 2, no obstante no pudo desvirtuar claramente los hechos y que fue contradictoria en su declaración por la sustracción de cantidades de dinero, sumas que dejaron de ingresar como tributo a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, lo que causa a demás un perjuicio económico a la Comuna Sampedrana; que quedó demostrado y comprobado el acto de no ingresar cantidades de dinero y que han sido cometidos por la trabajadora demandante, quien estaba asignada a la caja 2, ya que los montos de dinero fueron pagados por contribuyentes pero no fueron enterados a tesorería, denotando con ello acto contrario a las buenas costumbres del trabajador en perjuicio del patrono, siendo esto una causa justa para dar por terminada la relación laboral, tipificada en los artículos 97 numeral 3, 112 incisos b, d, e, del Código del Trabajo; asimismo alegó que en fecha 24 de julio del 2014, la demandante y su apoderado legal y dos miembros del Sindicato tuvieron acceso a recibos de los contribuyentes que han brindado a la oficina de Control de Ingresos para que se les resuelva su situación porque alegan que no es problema de ellos sino que es un problema municipal, tuvieron acceso a reclamo que han hecho entre otros las personas jurídicas que en total reclaman que se apliquen pagos que efectuaron en la caja numero 2 por la suma de L.1,428,534.54, a lo que la demandante reconoció su firma en algunos recibos de los contribuyentes, manifestó también que dentro de la suma de L.1,428,534.54) que la actora no entregó a las arcas de la comuna están incluidos los siguientes pagos no enterados en fecha 26 de enero del 2010, la señora RAFAELA DEL CARMEN CASTILLO pago en la caja numero 2 la factura por recibo de bienes inmuebles numero 31-03585235 por un valor de L.512.46 y no existe evidencia en los registros contables del ingreso de este pago, en fecha 12 de febrero del 2010, la empresa Profesionales en metal y concreto S. de R.L. pago en la caja numero 2 la factura 32-01471199, de Industria Comercio y servicios por la suma de L.15,144.00 y no existe evidencia en los registros contables del ingreso de este pago, en fecha 13 de noviembre del 2009 la empresa Inversiones Simas S.de R.L. para en la caja numero 2 la factura 31-01453438 de Industria Comercio y servicio por la suma de L.12,458.92 y no existe evidencia en los registros contables del ingreso de este pago, en fecha 12 de febrero dl 2010, el señor Jorge Enrique Escoto Córdoba pago en la caja numero 2 la factura 32-01470874 por L.15,848.88 y no existe evidencia en los registros contables del ingreso de este pago y así un sinnúmero de pagos que constan en el soporte del informe. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 12 de mayo del 2016, dictó sentencia declarando, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO; bajo el criterio que quedó acreditado la mala conducta de demostrada en su trabajo por parte de la demandante en perjuicio de la Municipalidad de San Pedro Sula, que la demandante no logró acreditar fehacientemente que el despido de que fue objeto fuese injusto e ilegal, en cambio la parte demandada logró probar que el despido fue justo, legal y apegado a derecho. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 24 de junio del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que el acuerdo de cancelación y el acta de descargos y descargos, contienen las indicaciones claras de las causas que motivaron la desvinculación de ello, tuvo la oportunidad de defenderse tanto en la audiencia como en el juicio, por lo que resulta indudable que la demandante incurrió en la falta a ella atribuida, pues ante la inexistencias de faltantes no enterados a las arcas de la institución demandada, sin dar justificación de ello, se concluye que no fue diligente en las funciones que como cajera le fueron encomendadas, faltando a así con el cumplimiento de sus respectivas obligaciones y de cooperación en aras de la actividad ejecutada. 5.- Mediante auto de fecha 24 de agosto del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, en su condición de representante procesal de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 10 de octubre del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, en su condición de representante procesal de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de noviembre del 2016, se tuvo por precluído de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado JAVIER ADUARDO APARICIO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. 2. Que el Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de forma indirecta de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, INCURRIENDO EL SENTENCIADOR EN ERROR DE HECHO, ANTE LA ERRONEA APRECIACIÓN DE PRUEBA DETERMINADA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Artículo que fuera Interpretado por el Decreto No. 89 (Gaceta No. 19,956 del 23 de diciembre de 1969). PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el número uno (1), segundo párrafo, primera oración, del artículo 765 del Código del Trabajo Vigente, en cuanto al error de hecho. NORMAR PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA INFRACCIÓN: Los errores incurrido por la Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a su mala apreciación fueron posibles o se dieron a través de la vulneración de los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo producto de la equívoca interpretación del material probatorio que consta en el proceso. De igual forma sirvió de medio la norma procesal establecida en el artículo 863 del Código del Trabajo, respecto a la prescripción de la acción de despido. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: En la Doctrina Laboral de Casación, se ha mantenido el solidó criterio de que la infracción de la ley sustantiva cuando es producto de un error de hecho (infracción indirecta) en que ha incurrido el sentenciador, debe entenderse así[1]: “Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley”. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A su vez, para que la sentencia sea casada por el expresado concepto, es necesario que la prueba en este caso mal apreciada sea tal, que su existencia o inexistencia altere radicalmente el sentido de la sentencia acusada, es decir, que se trate de una prueba esencial que incida en forma definitiva sobre la decisión de la litis.- V. En lo atinente a la apreciación de los medios instructorios, tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural.- SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA DE LA FORMA SIGUIENTE: Ante un supuesto de despido directo, como es el caso, la ley sustantiva laboral señalada, concede la prerrogativa al empleado de cuestionar esta terminación unilateral y exigir al empleador a que le pruebe la justa causa del despido; esta justa causa no solo se basa en la existencia de una posible conducta reprochable en materia laboral, si no que además la misma debe de estar sancionada dentro del espacio temporal que la norma laboral exige, ya que de lo contrario también estaríamos ante un despido ilegal e injusto. Si este (El patrono) no lo prueba, la consecuencia directa e inmediata es pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Esta es la violación acusada del Artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Es pues, de conformidad a dicha disposición legal, obligación de la patronal, probar no solamente la concurrencia de las causas que dieron lugar al despido, si no que además probar que desde el acaecimiento de la posible causa y el despido, ha existido la inmediatez que exige la misma ley, según lo dispone el art. 863 del Código del Trabajo, ya que de lo contrario, podríamos estar ante un posible hecho reprochable laboralmente, pero si la decisión del patrono no se ha dado oportunamente, se transforma en un despido ilegal o injusto que tiene como consecuencia directa e inmediata según el artículo violentado 113 del Código del Trabajo, pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Pero es el caso que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, al confirmar totalmente la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, con ello violentó de manera indirecta el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente, al absolver a la Municipalidad de San Pedro Sula, cuando la debió de haber condenado, por cuanto los medios de prueba valorados erróneamente, sirviendo de medio procesal para la infracción alegada, los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo (y que más adelante se explica), no demostraron la legalidad del despido en los sentidos ya dichos, según la prueba propuesta y evacuada en juicio y que ha sido erróneamente apreciada por la Corte de Apelaciones, ya que las faltas invocadas por la patronal, son extemporáneas en cuanto a la oportunidad de ser alegadas como causas justas de despido, sucedidas hace cuatro (4), cinco (5), y siete (7), nueve (9), y once (11) años, antes del despido, y por ello habiendo transcurrido entre las mismas más del tiempo permitido por la misma ley para ser aplicadas las sanciones (un mes señala la ley en su artículo 863 C.T.), por lo que la conclusión correcta a que debió llegar la Corte de Apelaciones era esta, y no aquella, y por ello debió condenar a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a favor de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, conclusión ésta que salta de manifiesto de la prueba que obra en los autos, como adelante se explica y hace admisible el motivo que se invoca y es suficiente mérito para que se case parcialmente la sentencia recurrida. SINGULARIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ERRÓNEAMENTE APRECIADAS Y LA CLASE DE ERROR: Para el planteamiento de este motivo, es preciso realizar a la vez un estudio cronológico de la plataforma probatoria controvertida en el cargo y el análisis de los errores incurrido por la Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a su mala apreciación vulnerando los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo producto de la equívoca interpretación del material probatorio que consta en el proceso: La Corte de Apelaciones, infringió de manera indirecta la disposición sustantiva establecida en el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente, al apreciar erróneamente la siguiente prueba analizada cronológicamente, prueba ésta que solo es relacionada de manera general y no particular, estableciendo la Corte sentenciadora que la misma obra a folios 26-26, 66-100, 108-112 p.p.[2]: 1. (Folios 66 al 95 p.p.) Constancia de fecha 29 de septiembre de 2014, junto con las fotocopias de la facturas pagadas y facturas original actualizada por el sistema electrónico emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS,que relaciona 30 contribuyentes (folios 66 y 67 p.p.), que según dicho documento presentaron sus reclamos porque no aparecen pagados los impuestos ni registrados los pagos en los registros contables. Y, 2. (Folios 108 al 112 p.p.) El Oficio MSPS/DMI 100 de fecha 21 de julio de 2014. Emitido por el señor ROLANDO PERDOMO como nuevo Director de Control de Ingresos: 3. Estas dos pruebas (Folios 66 al 95 p.p.) y (Folios 108 al 112 p.p.) fueron valoradas erróneamente por la Corte de Apelaciones, quien concluyó que la prueba demuestra la comisión de las faltas y que el conocimiento de las mismas por parte de la patronal, debe de computarse desde otras fechas que no fueron precisadas en el fallo y no desde que las faltas fueron cometidas. 4. La correcta valoración de esta prueba debió ser que la misma no puede servir de prueba inculpatoria ya que, para el caso de la constancia y sus anexos (f 66 y 95 p.p.), son de fecha 29 de septiembre de 2014, por ello un documento elaborado después del despido que fue realizado en fecha 29 de julio de 2014, y no puede ser valorado en cargo de la empleada. Y esa constancia junto con el oficio de fecha 21 de julio de 2014 (f 108-110 p.p.), más por el contrario revelan que efectivamente existían reclamos por parte de los señalados contribuyentes, pero estos reclamos eran de los años 2003 (Supertornillos), 2005 (Quevedo Guardado María), 2007 (Moncada Santiago), 2009 (Peña Mejía José), y 2010 (Seguros Continental y otros) y la fecha de despido ocurrió el día 29 de julio 2014, es decir, habiendo transcurrido más de cuatro (4), cinco (5), y siete (7), nueve (9), y once (11) años respectivamente y no es racional, ni inteligible establecer que hasta las fechas próximas al despido la patronal tuvo conocimiento, ya que año a año los contribuyentes señalados en dichos documentos debían de presentar sus recibos de pago para que se les extendieran sus permisos de operación de todos esos años[3], siendo que la misma constancia establece que en los registros contables y en los sistemas electrónicos de la Municipalidad aparece la mora, por lo que el conocimiento de las posibles faltas correspondió a cada una de las administraciones desde el 2003 hasta el 2010, quienes sea ya por poca o nula diligencia no procedieron a sancionar, si es que correspondía, máxime cuando año por año esa mora era reflejada en el sistema, por lo que la conclusión y la apreciación de esta prueba debió ser en el sentido de servir de base para condenar a la patronal ante la evidencia de un despido injusto o ilegal por ser extemporáneo en cuanto a la oportunidad de aplicarse la sanción. (Folio 66 al 95 p.p.). 5. (folios 97 al 100 p.p.)Denuncia de fecha 30 de julio 2014 presentada por la Abogada MARNIE MENARDIE MARCONI. Dicho medio de prueba fue valorado erróneamente por la Corte de Apelaciones, al considerarla como una prueba de cargo que sustenta las faltas por las que se le despide a mi representada, cuando la apreciación correcta y adecuada a la racionalidad era otra. En dicha denuncia (Hecho QUINTO de la denuncia) se reconoce que el Tesorero, quien era jefe de la empleada conocía las supuestas irregularidades en todos esos años (2003 al 2010) y no lo reportó, y el Tesorero como tal es representante del patrono, en este caso la Municipalidad de San Pedro Sula. Incluso debió valorar esta prueba la Corte sentenciadora en cuanto a que pese a que el Tesorero, no reportó las supuestas irregularidades, el deber de vigilancia no es del Tesorero solamente, si no del Alcalde Municipal, quien según la Ley de Municipalidades es el Administrador de la Comuna. En este caso, la responsabilidad del deber de cuidado y vigilancia era de los Alcaldes de esos periodos 2003 al 2010, quienes tenían acceso al sistema de computo donde aparecían reflejadas las moras y por falta de diligencia no sancionaron las posibles faltas. Es así, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, incurrió en el error, de dar por demostrado, sin estarlo, que la Municipalidad de San Pedro Sula, nunca perdió la relación causa-efecto, lo cual rompe la consonancia con su deber de identificar correctamente las causales del despido asegurándose de la oportunidad del mismo, conclusión errónea en la valoración de la prueba, que salta de manifiesto de los autos, pero según el análisis de la citada Corte en su ORDINAL SEGUNDO, de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, “…no existe prueba alguna que acredite que la demandada haya tenido conocimiento de ello durante ese tiempo…”cuando la misma prueba valorada por ella, y citada únicamente señalando los folios 26-26, 66-100, 108-112 p.p., revela una conclusión diferente. Se debe dejar en claro, que el juez de apelación debe ser preciso al indicar la fecha en que incurrieron los hechos imputados y la fecha del despido como consecuencia de la falta; la marcada omisión conduce al operador judicial al grave error de no precisar que, los hechos imputados ocurrieron en los años2003, 2005, 2007, 2009, y 2010 y la fecha de despido ocurrió eldía 29 de julio 2014, es decir, habiendo transcurrido más de cuatro (4), cinco (5), y siete (7), nueve (9), y once (11) años respectivamente y teniendo la patronal, que es una sola, indistintamente de su Alcalde en turno, conocimiento de las posibles faltas y por el paso del tiempo las perdonó. DEMOSTRACIÓN DE QUE ESA MALA APRECIACIÓN CONSTITUYE UN ERROR DE HECHO MANIFIESTO, QUE COMO TAL APARECE EN AUTOS: Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del análisis de los yerros señalados, se pone de manifiesto que según la prueba señalada como indebidamente apreciada, se colige que entre la fecha de la ocurrencia de la presuntas faltas, que no se determinan concretamente en fechas, pero si en años (2003, 2005, 2007, 2009 y 2010), y la de la determinación de poner fin a la relación laboral (29 de julio de 2014), la municipalidad empleadora tuvo toda la oportunidad y el tiempo para investigar y sancionar las posibles faltas, pero pese a ello no lo hizo, y se evidencia igualmente en los autos que según se desprende de la prueba que obra a folios 113, 117, 124, 125, 126, 134, 148 y 149 de la primera pieza, que incluso esta nueva Administración que es la que despide, conoció de las posibles faltas incluso desde febrero de 2014 (folio 113 p.p.), pero despide hasta en julio de 2014, o sea cinco (5) meses después, por lo que se trata este de un error manifiesto de la Corte de Apelaciones que justifica ahora este recurso. Entonces, tales extremos temporales evidencian, la tardanza en que incurrió, sin justificación alguna, LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA en adoptar la determinación de romper el contrato de trabajo mientras la empleada era cajera en los años 2007 y 2010, lo que atenta contra la inmediatez y razonabilidad de la decisión. Lo anterior, se entiende mejor, explicado a la luz de la jurisprudencia nacional y extranjera (como mero sustento del motivo),que ha establecido que lo justo del “despido no es dable predicarlo sino en tanto aparezca debidamente probada la conducta disonante del trabajador con sus deberes de tal, encauzada en el marco legal correspondiente invocado por el empleador; y en cuanto éste haya ejercido con inmediatez su prerrogativa de provocar la terminación del vínculo, o en caso de no ser así, que resulte razonable, apareciendo también debidamente acreditado en el proceso, que debió cumplir diligencias, actuaciones o tomar medidas apropiadas para tal efecto. De no ocurrir lo primero, [tal es el caso nuestro] la ilegalidad de la decisión del empleador no amerita mayor comentario; y de no aparecer establecido lo segundo, muy a pesar de la gravedad de la falta imputada al trabajador, el despido deviene igualmente ilegal.”[4] Es así que entre la posible falta y la sanción debe existir una secuencia tal que para el empleado y todos los intervinieres en el proceso laboral, no quede ninguna duda acerca de que la terminación unilateral del contrato se originó en una determinada conducta del trabajador, impidiendo así que el empleador pueda invocar incumplimientos perdonados o infracciones ya olvidadas como causales de un despido que, en verdad tiene motivación distinta. También sirve para demostrar la mala apreciación y el error de hecho manifiesto en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo, que resultó en la violación indirecta del citado artículo 113 del Código del Trabajo, al obtenerse un fallo por mayoría, y no por unanimidad, estando justificado el voto disidente de la Magistrada LESBIA DINORA CUBAS URCINA, ante la evidencia que resultaba de los autos y la prueba evacuada (Folios 51 al 54 segunda pieza). ALTERACIÓN RADICALMENTE EL SENTIDO DE LA SENTENCIA ACUSADA:Al valorarse erróneamente la prueba, la Corte de Apelaciones llegó a una conclusión igualmente equivocada, ya que confirmó la sentencia de primera instancia que absuelve a la Municipalidad de San Pedro Sula, de toda responsabilidad económica para con mi representada derivada del despido indirecto, cuando de haberse apreciado correctamente, el fallo hubiere sido en el sentido de reformar la sentencia de primera instancia y condenar a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que señala el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Lo anterior, y la razón se refuerza al analizar incluso el voto disidente de la Magistrada LESBIA DINORA CUBAS URCINA, ante la evidencia que resultaba de los autos y la prueba evacuada (Folios 51 al 54 segunda pieza), llegando a una conclusión diferente de haberse apreciado correctamente la prueba, y que literalmente dispuso: “…aseverar y aceptar que el plazo de treinta días para que el empleador haga uso de su poder disciplinarios sancionador, ante la comisión de una falta laboral, corre a partir de la última denuncia o reclamo, creo que es disminuir la garantía a la estabilidad laboral, pues se deja a la voluntad patronal la posibilidad de prorrogar el termino e invocar causa de terminación personaras y ello no es posible dadas las circunstancias concretas de aplicación de las normas y principios Constitucionales.- SEPTIMO: Por virtud de las consideraciones arriba trascritas, discrepo del criterio de las Magistradas Karla Ferrera Alvarez y Marta Elena Chinchilla Rodriguez…considerando que debió ser otorgado el recurso de apelación interpuesto por la abogada Gandhi Rocio Mejia Mendoza y como consecuencia de ello, reformada la sentencia venida en apelación declarando ha lugar la demanda.- Puestas en esa dimensión las cosas, habrá de casarse parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión de primera instancia que había declarado sin lugar la demanda de emplazamiento laboral y absuelto a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, del pago de las prestaciones laborales y la indemnización por terminación de la relación laboral sin justa causa que establece el artículo 113 primer párrafo segunda oración del Código del Trabajo Vigente, cuando la consecuencia inmediata y directa era la condena en esos conceptos y esto es resultado del error de hecho en que ha incurrido la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, al apreciar erróneamente la prueba arriba relacionada.”. 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguiente: a) la proposición jurídica expuesta resulta incompleta, ya que, en el desarrollo se alude al artículo 863 del Código del Trabajo, pero la misma no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; b) se realizan en el desarrollo inapropiados alegatos de instancia en contra de lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha prohijado sus argumentos, realizados el análisis del material probatorio aportado al proceso y ha decidido de conformidad a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde. 4.- Que en un segundo motivo se esgrime: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de forma indirecta de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, INCURRIENDO EL SENTENCIADOR ENERROR DE HECHO, ANTE LA FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DETERMINADA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Artículo que fuera Interpretado por el Decreto No. 89 (Gaceta No. 19,956 del 23 de diciembre de 1969). PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación esta comprendido en el número uno (1), segundo párrafo, primera oración, del artículo 765 del Código del Trabajo Vigente, en cuanto al error de hecho. NORMAR PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA INFRACCIÓN: Los errores incurrido por la Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a su falta de apreciación de determinada prueba fueron posibles o se dieron a través de la vulneración de los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo producto de la no valoración del material probatorio que consta en el proceso. De igual forma sirvió de medio la norma procesal establecida en el artículo 863 del Código del Trabajo, respecto a la prescripción de la acción de despido. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: En la Doctrina Laboral de Casación, se ha mantenido el solidó criterio de que la infracción de la ley sustantiva cuando es producto de un error de hecho (infracción indirecta) en que ha incurrido el sentenciador, debe entenderse así[5]: “Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley”. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A su vez, para que la sentencia sea casada por el expresado concepto, es necesario que la prueba en este caso mal apreciada sea tal, que su existencia o inexistencia altere radicalmente el sentido de la sentencia acusada, es decir, que se trate de una prueba esencial que incida en forma definitiva sobre la decisión de la litis.- V. En lo atinente a la apreciación de los medios instructorios, tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural.-” SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA DE LA FORMA SIGUIENTE: Ante un supuesto de despido directo, como es el caso, la ley sustantiva laboral señalada, concede la prerrogativa al empleado de cuestionar esta terminación unilateral y exigir al empleador a que le pruebe la justa causa del despido; esta justa causa no solo se basa en la existencia de una posible conducta reprochable en materia laboral, si no que además la misma debe de estar sancionada dentro del espacio temporal que la norma laboral exige, ya que de lo contrario también estaríamos ante un despido ilegal e injusto. Si este (El patrono) no lo prueba, la consecuencia directa e inmediata es pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva (Esta es la violación acusada del Artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente). Es pues, de conformidad a dicha disposición legal, obligación de la patronal, probar no solamente la concurrencia de las causas que dieron lugar al despido, si no que además probar que desde el acaecimiento de la posible causa y el despido, ha existido la inmediatez que exige la misma ley, según lo dispone el art. 863 del Código del Trabajo, ya que de lo contrario, podríamos estar ante un posible hecho reprochable laboralmente, pero si la decisión del patrono no se ha dado oportunamente, se transforma en un despido ilegal o injusto que tiene como consecuencia directa e inmediata según el artículo violentado 113 del Código del Trabajo, pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Pero es el caso que la Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, al confirmar totalmente la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, con ello violentó de manera indirecta el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente, al absolver a la Municipalidad de San Pedro Sula, cuando la debió de haber condenado, por cuanto dejó de valorar medios de prueba que obran en los autos y que eran determinantes para resolver el fondo del asunto, utilizando para la violación las normas procesales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Traba, (y que más adelante se explica), ya que de las pruebas no valoradas se evidenciaba y queda de manifiesto en los autos, que las faltas invocadas por la patronal, son extemporáneas en cuanto a la oportunidad de ser alegadas como causas justas de despido, sucedidas hace cuatro (4), cinco (5), y siete (7), nueve (9), y once (11) años, antes del despido, y por ello habiendo transcurrido entre las mismas más del tiempo permitido por la misma ley para ser aplicadas las sanciones (un mes señala la ley en su artículo 863 C.T.), por lo que de valorarse esa prueba, la conclusión de la Corte de Apelaciones fuera otra, en el sentido de que debió condenar a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a favor de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, conclusión ésta que salta de manifiesto de la prueba que obra en los autos y que no fue valorada, como adelante se explica y hace admisible el motivo que se invoca y es suficiente mérito para que se case parcialmente la sentencia recurrida. SINGULARIZACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE NO FUERON APRECIADAS O VALORADAS Y LA CLASE DE ERROR: Para el planteamiento de este motivo, es preciso identificar la prueba que NO FUE VALORADA y que era determinante para que la Corte de Apelaciones formara un convencimiento completo, correcto y lógico; y que la llevó a incurrir en error de hecho, vulnerando los deberes establecidos en los artículos 738 (Análisis de la prueba) y 739 (Libre formación del convencimiento) del Código del Trabajo (normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la ley sustantiva) producto de la no valoración del material probatorio que consta en el proceso y que fue oportunamente evacuado en juicio: La Corte de Apelaciones, infringió de manera indirecta la disposición sustantiva establecida en el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente, al NO APRECIAR la siguiente prueba, ni valorarla en la relación de los hechos controvertidos, ni en su fundamentación del fallo, omitiendo pronunciarse sobre la misma: 1. (folio 113 p.p.) MEMORANDO de fecha 11 de febrero de 2014 emitido por el Lic. Ángel Rolando Perdomo Matute y dirigido al Ing. Armando Calidonio Alvarado. Esta prueba que no fue valorada, ni apreciada, establecía que los reclamos de los contribuyentes y que fueron conocidos por la actual administración de la Municipalidad de San Pedro Sula, databan de fechas anteriores incluso al mes de febrero de 2014 y el despido se produjo cinco (5) meses después en julio 2014. Para el caso, el documento refiere: “Para atender y resolver los reclamos de CONTRIBUYENTES que pagaron correctamente sus tributos, pero que en el sistema electrónico no aparece el crédito del pago, …” Lo que evidenciaba que la patronal conocía desde antes, o incluso desde febrero de 2014, las faltas imputadas a mi representada, y pese a ello, fue objeto de despido, cinco (5) meses después, volviéndose con ello ilegal e injusto el despido a que fue objeto, según la limitación temporal que establece el artículo 863 del Código del Trabajo. 2. (folio 117 p.p.) CONSTANCIA de fecha 28 de febrero de 2014 emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS. Este medio de prueba que no fue valorado por la Corte de Apelaciones, demostraba plenamente que desde esa fecha (28 de febrero de 2014) la Comisión Verificadora conocía de las supuestas faltas laborales de mi representada como CAJERA MUNICIPAL No. 2, por lo que incluso la administración actual de la patronal, que despidió, dejó pasar la oportunidad para hacerlo, pero no obstante, lo hizo, aproximadamente cinco (5) meses después, volviéndose con ello ilegal e injusto el despido a que fue objeto, según la limitación temporal que establece el artículo 863 del Código del Trabajo. De haber valorado la Corte de Apelaciones este medio de prueba, el fallo fuera otro. 3. (folio 124 p.p.)CONSTANCIA de fecha 29 de abril de 2014 emitida por Banco Continental donde se informa que se emitió un cheque certificado de la empresa SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S. A. (SOGESA) a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula. Lo que evidenciaba que la investigación de las supuestas faltas databa desde casi tres (3) meses antes del despido, por lo que incluso la administración actual de la patronal, que despidió, dejó pasar la oportunidad para hacerlo, pero no obstante, lo hizo, volviéndose con ello ilegal e injusto el despido a que fue objeto, según la limitación temporal que establece el artículo 863 del Código del Trabajo. De haber valorado la Corte de Apelaciones este medio de prueba, el fallo fuera otro en el sentido de condenar a la patronal. 4. (folio 125 p.p.) CONSTANCIA de fecha 05 de mayo de 2014 emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS.Lo que evidenciaba que la investigación de las supuestas faltas databa desde mas dedos (2) meses antes del despido. Es así que la administración actual de la patronal, dejó pasar el tiempo razonable para despedir, volviéndose con ello ilegal e injusto el despido a que fue objeto mi representada, según la limitación temporal que establece el artículo 863 del Código del Trabajo. De haber valorado la Corte de Apelaciones este medio de prueba, el fallo fuera otro en el sentido de condenar a la patronal. Es así que el error se vuelve manifiesto. 5. (folio 126 p.p.)Copia de factura-recibo por bienes inmuebles periodo 2010, con nota a mano de fecha 26 de marzo de 2014 por parte de un miembro de la Comisión Verificadora ARMANDO RIVAS cuatro meses antes del despido a mi representada, lo que demuestra que la acción para sancionar le había prescrito a la patronal, por ello el despido era ilegal e injusto, pero dicho medio de prueba no fue valorado por la Corte de Apelaciones, incurriendo por ello en error de hecho manifiesto. 6. (folio 134 p.p.) CONSTANCIA de fecha 19 de junio de 2014 emitida por la Comisión Verificadora compuesta por los señores RIGOBERTO GONZALEZ, ARMANDO RIVAS Y SOBEIDA CASTELLANOS. Lo que evidenciaba que la investigación de las supuestas faltas databa desde mas de un (1) mes antes del despido a mi representada y en conjunto con la demás prueba demuestra que la acción de despido es ilegal e injusta, pero la Corte de Apelaciones no llegó a esta conclusión por no haber valorado esta y el resto de la prueba relacionada en este motivo. 7. Declaración testifical de la señora THELMA SOBEIDA CASTELLANOS BARAHONA de fecha 05 de diciembre de 2014 que obra en acta que corre a folio (148 y 149.p.p.), este medio de prueba, que no fue valorado por la Corte de Apelaciones, demostraba que la señora Barahona como miembro de la Comisión investigadora reconoce que fue nombrada en febrero de 2014 y que desde esa fechas conocía de los hechos imputados a mi representada. Es así, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, incurrió en el error, de dar por demostrado, sin estarlo, que la Municipalidad de San Pedro Sula, nunca perdió la relación causa-efecto, lo cual rompe la consonancia con su deber de identificar correctamente las causales del despido asegurándose de la oportunidad del mismo, conclusión errónea a que llegó POR NO VALORAR LA PRUEBA relacionada, que salta de manifiesto de los autos, pero según el análisis de la citada Corte en su ORDINAL SEGUNDO, de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, “…no existe prueba alguna que acredite que la demandada haya tenido conocimiento de ello durante ese tiempo…”cuando la misma prueba acá apuntada, revela una conclusión diferente y que no es otra que la patronal tuvo tiempo suficiente para investigar y sancionar las posibles faltas laborales, pero contrariamente, lo hizo fuera del plazo racional que señala la ley laboral, por lo que la conclusión inmediata a que debía llegar era reformar la sentencia, condenando a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a que le concedía como consecuencia el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. DEMOSTRACIÓN DE QUE ESA FALTA DE APRECIACIÓN CONSTITUYE UN ERROR DE HECHO MANIFIESTO, QUE COMO TAL APARECE EN AUTOS: Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del análisis de los yerros señalados, se pone de manifiesto que según la prueba señalada como NO apreciada o NO valorada, se colige que entre las fechasen que la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA tuvo conocimiento de las posibles faltas imputables a mi representada (febrero, abril, mayo y 19 junio de 2014), y la de la determinación de poner fin a la relación laboral (29 de julio de 2014), pasó más del tiempo que permite el Código del Trabajo para despedir justificadamente a un trabajador, por lo que se trata este de un error manifiesto de la Corte de Apelaciones que justifica ahora este recurso. ( Ver folios 113, 117, 124, 125, 126, 134, 148 y 149 de la primera pieza). Tales extremos temporales evidencian la tardanza en que incurrió, sin justificación alguna, LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA en adoptar la determinación de romper el contrato de trabajo de mi representada, lo que atenta contra la inmediatez y razonabilidad de la decisión. Como se ha dicho, la jurisprudencia nacional y extranjera ha establecido que lo justo del “despido no es dable predicarlo sino en tanto aparezca debidamente probada la conducta disonante del trabajador con sus deberes de tal, encauzada en el marco legal correspondiente invocado por el empleador; y en cuanto éste haya ejercido con inmediatez su prerrogativa de provocar la terminación del vínculo, o en caso de no ser así, que resulte razonable, apareciendo también debidamente acreditado en el proceso, que debió cumplir diligencias, actuaciones o tomar medidas apropiadas para tal efecto. De no ocurrir lo primero, [tal es el caso nuestro] la ilegalidad de la decisión del empleador no amerita mayor comentario; y de no aparecer establecido lo segundo, muy a pesar de la gravedad de la falta imputada al trabajador, el despido deviene igualmente ilegal.”[6] Al no haber valorado o apreciado la prueba señalada, el error de hecho en que incurrió la Corte recurrida, es manifiesto, y concluyó en la violación indirecta del citado artículo 113 del Código del Trabajo, al obtenerse un fallo por mayoría, y no por unanimidad, estando justificado el voto disidente de la Magistrada LESBIA DINORA CUBAS URCINA, ante la evidencia que resultaba de los autos y la prueba evacuada (Folios 51 al 54 segunda pieza). ALTERACIÓN RADICALMENTE EL SENTIDO DE LA SENTENCIA ACUSADA: Al NO valorarse la prueba a que se ha hecho mérito, la Corte de Apelaciones llegó a una conclusión igualmente equivocada, ya que confirmó la sentencia de primera instancia que absuelve a la Municipalidad de San Pedro Sula, de toda responsabilidad económica para con mi representada derivada del despido indirecto, cuando de haberse apreciado esa prueba y valorado la misma, el fallo hubiere sido en el sentido de reformar la sentencia de primera instancia y condenar a la patronal al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que señala el artículo 113 párrafo primero y dentro de este párrafo específicamente la segunda oración, del Código del Trabajo Vigente. Lo anterior, y la razón del motivo se refuerza al analizar incluso el voto disidente de la Magistrada LESBIA DINORA CUBAS URCINA, ante la evidencia que resultaba de los autos y la prueba evacuada (Folios 51 al 54 segunda pieza) que no fue valorada por la mayoría, llegando a una conclusión diferente de haberse apreciado la prueba, y que literalmente dispuso: “…a ello se le agrega que, según consta en la documentación visible a folios del 117 al 140 de la primera pieza, desde el 28 de febrero del año 2014, se había revisado y comprobado en los asientos contables de la demandada los pagos realizados por los reclamantes, así como que estos se había efectuado en la caja número 2, en donde de manera rotativa se asignaba a la trabajadora demandante, y el despido se produjo cinco meses después (f.24 al 26 p.p.).” Y como corolario, que demuestra la incidencia del error en el fallo: “…aseverar y aceptar que el plazo de treinta días para que el empleador haga uso de su poder disciplinarios sancionador, ante la comisión de una falta laboral, corre a partir de la última denuncia o reclamo, creo que es disminuir la garantía a la estabilidad laboral, pues se deja a la voluntad patronal la posibilidad de prorrogar el termino e invocar causa de terminación personaras y ello no es posible dadas las circunstancias concretas de aplicación de las normas y principios Constitucionales.- SEPTIMO: Por virtud de las consideraciones arriba trascritas, discrepo del criterio de las Magistradas Karla Ferrera Alvarez y Marta Elena Chinchilla Rodriguez…considerando que debió ser otorgado el recurso de apelación interpuesto por la abogada Gandhi Rocio Mejia Mendoza y como consecuencia de ello, reformada la sentencia venida en apelación declarando ha lugar la demanda.- Es por ello que habrá de casarse parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión de primera instancia que había declarado sin lugar la demanda de emplazamiento laboral y absuelto a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, del pago de las prestaciones laborales y la indemnización por terminación de la relación laboral sin justa causa que establece el artículo 113 primer párrafo segunda oración del Código del Trabajo Vigente, cuando la consecuencia inmediata y directa era la condena en esos conceptos y esto es resultado del error de hecho en que ha incurrido la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, ante la falta de apreciación la prueba arriba relacionada.”. 5.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: a) la proposición jurídica expuesta resulta incompleta, ya que en el desarrollo se alude artículo 863 del Código del Trabajo), pero la misma no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; b) se insta la valoración de la prueba testifical, la cual, por ser prueba no reglada está supeditada a la inmediación del juzgador de instancia; c) se realizan en el desarrollo inapropiados alegatos de instancia en contra de lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha prohijado sus argumentos y, ha tomado en cuenta todo el material probatorio aportado al proceso decidiendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde. 6.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripciónn ordinaria.En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, señalando los errores procesales siguientes: En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, se excede en sus facultades legales e incorpora en su parte dispositiva o fallo, hechos y circunstancias ajenas al pleito y a los hechos controvertidos, incluyendo en un ordinal del FALLO, lo siguiente: “TERCERO:A prevención se le hace la observación a la apoderada judicial demandante, abogada GANDHI ROCIO MEJIA MENDOZA; para que en lo sucesivo, ajuste su comportamiento y participación de acuerdo a los fines que persigue el recurso de apelación según el artículo 705 del Código Procesal Civil, así como a lo establecido en los artículos 26 y 27 del Código de Ética del Profesional del Derecho Hondureño, caso contrario se procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 88 del Código Procesal Civil.-” Lo anterior vicia de nulidad la sentencia, ya que si bien los órganos jurisdiccionales poseen la facultad de dirección del proceso, nunca deben escapar de los límites legales impuestos; en este caso la normativa exige congruencia entre la sentencia y el fallo con los puntos debatidos, no debiéndose pronunciar o establecer juicios personales o particulares en el fallo, ya que este denotaría falta de objetividad que puede poner en entre dicho la parcialidad e independencia judicial. Si bien, el pronunciamiento tercero del fallo, responde a los dichos de la Apoderada Recurrente en Apelación, al establecer ella apreciaciones particulares respecto a la opinión de la ciudadanía respecto a la confianza en la seguridad jurídica del país, esto no debe ser objeto de un pronunciamiento en el fallo de la sentencia, ya que la vicia, la hace excesiva respecto a los puntos de debate y la vuelve personal en contra de la representación judicial y no denota objetividad e impersonalizad en la resolución de un conflicto del trabajo, yendo en contra de la formalidad procesal que exigen los artículos 206, 207, 208, en especial este último que establece: Artículo 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Si se observa, el fallo impugnado ahora en casación, también adolece de vicios de nulidad, que de no valorarse los motivos de casación, de manera subsidiaria se pide sea decretada por consta de autos.”. 7.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. 8.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación, y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 412-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Casación Laboral CL-604-13 de 7/10/2014
[2] Ver Folio 46 vuelto. Acápite Hechos probados del fallo recurrido.
[3] Ver HECHO CUARTO de la contestación a la demanda donde la patronal refiere: “…este contribuyente en el próximo ejercicio fiscal reclamaba porque no le rebajaban el pago efectuado le pedían que acreditara el pago hecho con la copia del cheque certificado..” (FOLIO 53 P.P.)
[4] SALA DE CASACIÓN LABORAL.COLOMBIA.-ID: 239041.-NÚMERO DE PROCESO: 38855.-TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA.-FECHA: 28/08/2012
[5] Casación Laboral CL-604-13 de 7/10/2014
[6] SALA DE CASACIÓN LABORAL.COLOMBIA.-ID: 239041.-NÚMERO DE PROCESO: 38855.-TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA.-FECHA: 28/08/2012