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Sentencia CL-402-17 — Registro 8438

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer mes, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 25 de Julio del 2017, dictó sentencia reformando la de primera instancia, donde declara sin lugar la demanda y absuelve a la demandada del pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, condenando y fijando los derechos adquiridos en L. 7,431.11, confirmándola en sus demás extremos, es decir, sobre declarar sin lugar el pago de costas; sin embargo, en ninguno de esos fallos se hace pronunciamiento sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada, pese a que es sobre dicha base que el Ad quem modifica lo resuelto por el A quo, siendo su deber hacerlo.- VI.- Adicionalmente, se observa en dicha sentencia, que al apreciar y valorar el material probatorio sobre los extremos relacionados con la excepción perentoria de prescripción, que tiene vinculación con la fecha de terminación de la relación laboral, ha dejado de revisar toda la prueba aportada por las partes y practicada en primera instancia, omitiendo su deber de exhaustividad, lo cual violenta el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal, resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VIII.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral por lo establecido en el artículo 858 del Código del Trabajo, se dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor ALEX DANILO RAPALO LINARES, como recurrente; además es parte recurrida, la empresa mercantil denominada CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada TATIANA CORINA ARRIAGA DE HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer mes, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de septiembre del dos mil diez, por el señor ALEX DANILO RAPALO LINARES, mayor de edad, soltero, Operario de montacargas, hondureño y con domicilio en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, contra la empresa mercantil denominada CERVECERÍA HONDUREÑA S.A. DE C.V., por medio de su representante legal el señor MAURICIO LEIVA ARBOLEDA. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO. Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada, contra la sentencia definitiva proferida el tres de marzo del dos mil diecisiete (03/03/17) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda supraindicada; en consecuencia, se REFORMA la misma en los siguientes términos. UNO Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir; consecuentemente, se ABSUELVE a la demandada de dichos pagos. DOS Fijar como monto total de condena la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (LPS.7,431.11) de acuerdo a los valores siguientes: vacaciones proporcionales: Lps. 36.67; décimo tercer mes proporcional: Lps. 5,072.22; décimo cuarto mes proporcional: Lps. 2,322.22. TRE CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos. CUATRO SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la empresa mercantil denominada CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., en actividades laborales permanentes e ininterrumpidas, en un centro de trabajo que la empresa ahora demandada tiene en El Progreso, Departamento de Yoro; el demandante laboró desde el 26 de septiembre del año 2003, primero como ayudante de bodega y durante aproximadamente los últimos tres años y medio de prestación de servicios estuvo desempeñándose en el puesto de operador de montacargas, actividad laboral que es de naturaleza permanente en la empresa demandada. A la fecha de la terminación injusta de la relación de trabajo del demandante por parte del patrono, devengaba un salario promedio diario de L.213.89; que la empresa demandada durante todo ese tiempo le ordenó al demandante firmar aproximadamente doce contratos de trabajo, expresando en los mismos que se trataba de contratos temporales con un horario de lunes a sábado de 6:30 a.m. a 8:00 p.m. extendiéndose también algunas veces dicho horario por disposición del patrono, y una forma de pago semanal. En fecha 02 de febrero del 2010, el señor Marco Antonio García Sánchez, le notificó al demandante verbalmente al igual que a otro compañero trabajador que a partir de esa fecha quedaban despedidos del trabajo, bajo el injusto e ilegal argumento de que sus contratos de trabajo temporales habían expirado. En tal sentido al haber dado por terminado el contrato individual de trabajo el que en su mera condición fáctica siempre fue una relación laboral permanente, es justo y legal que el patrono le pague al demandante las prestaciones sociales y demás derechos que legalmente le corresponden. Que el demandante solicitó la intervención de un Inspector de Trabajo, para que se constatara el despido y además gestionar mediante dicho reclamo el pago de las prestaciones sociales, por lo que en fecha 08 de marzo del 2010, se levantó una acta por un Inspector de trabajo en las instalaciones físicas principales de la empresa demandada en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al plantear dicho reclamo el representante patronal de la empresa expresó: “Que yo había laborado para la empresa con un contrato de trabajo temporal hasta la fecha del 27 de noviembre del 2009, y que después de esa fecha según su versión yo laboré con proveedores de servicios para la empresa; y que ésta era una relación de trabajo diferente a la anterior. Finalmente expresó dicho representante patronal que, por ello, consideraba que de acuerdo con la Ley Laboral mi reclamo no era procedente”. Es oportuno expresar, que al demandante nunca se le notificó la supuesta sustitución de patronal, lo que realmente ha acontecido es que el demandante continuó efectuando su trabajo como operador de montacargas, en el mismo lugar y bajo las órdenes de los mismos supervisores y jefes que la empresa demandada tenía en el centro laboral de su propiedad en El Progreso, Departamento de Yoro, pero como el patrono hizo caso omiso de tales gestiones, finalmente y como el centro de trabajo fue donde se desempeñó el demandante, por lo que decidió gestionar el reclamo ante la Inspección Regional del Trabajo de El Progreso, Yoro. Por otro lado, aunque hubiese existido un nuevo patrono, lo cierto es que la empresa demandada tiene responsabilidad solidaria, en virtud del artículo 28 del Código del Trabajo, respecto de la solidaridad entre el patrono sustituido y el nuevo patrono.- 2. La parte demandada, la empresa mercantil denominada CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que el demandante mantuvo una relación laboral transitoria por contrato de interinato con la demandada en el puesto de Ayudante de Utilidad General, que finalizó en noviembre del 2009, el cual nunca desempeñó un puesto dentro de la empresa como trabajador permanente. Siendo aplicables a la situación general en que ocurría el referido interinato en lo establecido en el artículo 100 del Código del Trabajo, señalando para este caso específico en el inciso 8), el cual a su vez está relacionado con el artículo 108 del mismo cuerpo legal. Los derechos del interino son exigibles durante la vigencia de la relación laboral, tales como el pago del salario, de las vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, indemnización en caso de riesgo profesional, pero nunca la permanencia. En razón de lo anterior, resulta imposible que el demandante haya sido despedido por la demandada en fecha 2 de febrero del 2010, porque para esa fecha ya no era empleado de la Cervecería Hondureña, S.A. de C.V. En la demanda se ha manifestado muy generalmente que existe la solidaridad en el pago de los derechos laborales por parte de la demandada derivada de la sustitución de patrono, pero en realidad se ignora cuál es la sustitución a la que se refiere el trabajador demandante. Por esta razón es necesario aclarar que la figura de sustitución de patrono tiene otro matiz diferente al planteado en la demanda. En este sentido, ya refiriéndose a este caso concreto, nos encontramos con que el actor ni siquiera se ha molestado en identificar al supuesto contratista, al intermediario o al patrono sustituto, por lo que, hablar de una responsabilidad solidaria sin mencionar aunque sea mínimamente su origen, sujetos afectados y alcances, no puede más que desembocar en una acción fallida, habida cuenta la falta de litisconsorcio, de una consignación de los elementos indispensables para la determinación de la relación jurídica, y en consecuencia, de una responsabilidad objetiva. Que en audiencia primera de trámite de fecha 09 de noviembre de 2011 la representante procesal de la parte demandada opuso la excepción perentoria de prescripción, exponiendo que el demandante fue contratado por la demandada inicialmente en el mes de noviembre de 2008, para comenzar a laborar por tiempo definido como empleado interino para cubrir las vacaciones de empleados permanentes de la Cervecería Hondureña; que el contrato por interinato finalizó en el mes de noviembre del 2009, último mes en que la demandada le generó pago en concepto de salario por labores prestadas, fundamentándose dicha excepción en el hecho que desde el mes de noviembre del 2009, mes en que finalizó el contrato de trabajo del demandante como empleado interino hasta la fecha en que el demandante hace su primer reclamo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en fecha 08 de marzo del 2010 transcurriendo 98 días, más del tiempo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de marzo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda laboral promovida por el señor Alex Danilo Rápalo Linares contra la empresa mercantil denominada CEVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.; CONDENANDO a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.18,190.90, los cuales se desglosan así: preaviso L.6,350.59; auxilio de cesantía L.6,350.59; auxilio de cesantía proporcional L.1,340.68, vacaciones proporcionales L.459.66, décimo tercer mes proporcional L.483.85, décimo cuarto mes proporcional L.3,205.53, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que dentro de las controversias del presente juicio está en determinar: 1) La fecha que inició a laborar el trabajador para la demandada, que quedó acreditado en autos mediante el informe rendido por el Banco Atlántida que la demandada acreditaba a la cuenta del trabajador demandante en concepto de planillas desde el 15 de noviembre del año 2005 hasta el 11 de abril del año 2006, y nuevamente volvió a depositar créditos por planilla en fecha 26 de noviembre del año 2008 hasta el 02 de diciembre del 2009. Que si bien es cierto aparece depósitos de la demandada en la cuenta del demandante desde noviembre del 2005, también no es menos cierto que desde abril del 2006 no volvió a acreditarle, hasta en fecha 26 de noviembre del año 2008, mes y año que aparece el trabajador demandante presentando ante la demandada solicitud de empleo y constancia donde establece que está enterado que no va iniciar labores mientras no haya concluido el proceso de selección y contratación, abonado a ello también aparece en las planillas de la demandada en la semana del 16 al 22 de noviembre del 2008 en adelante razón por la cual este tribunal es del criterio que el trabajador demandante ingresó a laborar para la demandada en fecha 16 de noviembre del 2008; 2) Que también es controvertido el determinar la fecha de finalización de la relación de trabajo, ya que la demandada aduce que el contrato finalizó en fecha 29 de noviembre del año 2009, pero según los comprobantes de pago presentados por la parte actora se establece que el último pago que recibió el trabajador demandante fue en fecha 01 de febrero del año 2010, razón por la cual este tribunal tomara como fecha de despido la alegada por el demandante ya que es acorde a los medios de prueba allegados al proceso la cual se tomara que fue despedido el 02 de febrero del año 2010. Que en cuanto a la excepción perentoria interpuesta por la parte demandada es procedente declararla sin lugar en vista de que quedó acreditado en autos que el último pago recibido por el trabajador demandante fue en fecha 01 de febrero del año 2010 y su reclamo lo interpuso ante la Secretaría del Trabajo el 08 de marzo del año 2010, únicamente habían transcurrido un mes con siete días, y ya el Código del Trabajo establece en su artículo 864 que todas las acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados prescriben en el término de dos meses.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, dictó sentencia REFORMANDO la proferida en primera instancia, de la manera siguiente: UNO Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir; consecuentemente, se ABSUELVE a la demandada de dichos pagos. DOS Fijar como monto total de condena la cantidad de L.7,431.11 por los conceptos de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional. TRES CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a las planillas incorporadas al proceso y los documentos visibles a folios 9 al 10 y 294 de los autos, es indudable que la desvinculación laboral se produjo el 2 de diciembre del 2009, pues pese a que en la cuenta bancaria del demandante se efectuó una transacción en fecha posterior, no es posible determinar la persona que efectuó la misma, aun y cuando haya sido realizada en la ventanilla COCHSA, ni que ésta haya sido mediante un sistema de pago de planillas, pues el movimiento bancario lo hubiera reflejado como tal, por lo que de acuerdo a las probanzas antes señaladas se concluye que la desvinculación se materializó en la fecha antes indicada; de ahí que acudirse ante la autoridad del trabajo hasta el 8 de marzo del 2010, se estima que el derecho del actor estaba prescrito tal y como lo ha afirmado la demandada en el curso del proceso; en ese sentido, y no habiendo prueba relacionada a la supuesta sustitución patronal a la que hace referencia el accionante, la demanda debe ser desestimada concediéndose únicamente los derechos adquiridos otorgados por la iudex A-Quo, pero en los valores que éste tribunal establecerá, pues la juzgadora los efectuó tomando en consideración una fecha distinta a la que efectivamente terminó el nexo jurídico laboral.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal del señor ALEX DANILO RAPALO LINARES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal del señor ALEX DANILO RAPALO LINARES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada TATIANA CORINA ARRIAGA DE HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 25 de Julio del 2017, dictó sentencia reformando la de primera instancia, donde declara sin lugar la demanda y absuelve a la demandada del pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, condenando y fijando los derechos adquiridos en L. 7,431.11, confirmándola en sus demás extremos, es decir, sobre declarar sin lugar el pago de costas; sin embargo, en ninguno de esos fallos se hace pronunciamiento sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada, pese a que es sobre dicha base que el Ad quem modifica lo resuelto por el A quo, siendo su deber hacerlo.- VI.- Adicionalmente, se observa en dicha sentencia, que al apreciar y valorar el material probatorio sobre los extremos relacionados con la excepción perentoria de prescripción, que tiene vinculación con la fecha de terminación de la relación laboral, ha dejado de revisar toda la prueba aportada por las partes y practicada en primera instancia, omitiendo su deber de exhaustividad, lo cual violenta el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal, resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- VII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VIII.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral por lo establecido en el artículo 858 del Código del Trabajo, se dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 25 de Julio del 2017, visible a folios del 22 al 28 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 402-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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