Sentencia CL-392-16 — Registro 8025
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y por adquirir y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículo 19, 21, 26 y 46 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) en la explicación realiza alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 13 de septiembre del 2016, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor FERNANDO ANTONIO CARIAS, representado en juicio por el Abogado MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y por adquirir y salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios; todo en virtud de un despido ilegal e injusto, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de marzo del 2015, por el señor FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, bajo el PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de junio del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de abril del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR; la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITIULO DE DAÑO Y PERJUICIOS, TODO EN VIRTUD DE DESPIDO ILEGAL E INJUSTO, PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES instaurada por el señor FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION, representada por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, siendo su actual titular el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION, representada por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, siendo su actual titular el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) A pagar al señor FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.93,075.14) desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO: L.18,666.68; AUXILIO DE CESANTIA: L.65,333.38; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: L.5,444.43; VACACIONES PROPORCIONALES: L.3,630.65 mas los salarios dejados de percibir desde la fecha que se opero el despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria.- 3) DECLARAR SIN LUGAR; la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL instaurada por el señor FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION, representada por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, siendo su actual titular el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 4) ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION, representada por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, siendo su actual titular el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA del pago de decimo cuarto mes proporcional. 5) SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que ingresó a trabajar con el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), en el cargo de motorista, mediante un Contrato de Servicios Profesionales, en fecha 01 de junio de 2007 e inicialmente con vigencia al 31 de diciembre de 2007, y que a partir de esa ultima fecha fueron celebrando de forma continua e ininterrumpida con la demandada contratos sucesivos en el mismo cargo hasta el 31 de diciembre de 2014 con un último sueldo mensual de L.8,000.00, que todos los contratos se titulaban Contratos de Servicios Profesionales de conformidad al artículo 20 de Código del Trabajo, con la concurrencia de los tres elementos que se establecen; asimismo argumentó que la actividad desarrollada dentro del cargo de motorista era de naturaleza permanente en el Programa, que el contrato de trabajo era un contrato por tiempo indefinido, aunque en cada uno de ellos se les consignó duración en su vigencia, y que en cada vencimiento de cada contrato incluyendo el ultimo que se suscribió persistió siempre la causa que les dio origen, y fueron por tiempo indefinido, que entre la terminación de uno y la iniciación de otro no hubo al menos un día de interrupción, por lo que la labor continua consolida los contratos celebrados con la demandada y que fue una contratación por tiempo indefinido para todos los efectos legales; aduce también que en fecha 01 de diciembre de 2014 le notificaron la decisión de no renovar el último contrato de trabajo, y que no se consigna en dicha notificación las razones de tal decisión, tomando en cuenta que el programa PROHECO sigue vigente y por consiguiente las necesidades en las actividades de motorista dentro del programa, continúan existiendo, por lo que tal decisión se convierte en un despido directo, ilegal e injustificado; y con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo, agotando con ello la vía administrativa . 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante comenzó a prestar sus servicios profesionales mediante una relación regida por contratos a término del 01 de junio del 2007 denominado contrato de servicios profesionales con validez y vigencia determinadas, sin embrago aunque se hayan suscrito contratos en forma continua e ininterrumpida nunca existió entre la demandada y el demandante una relación laboral por tiempo indefinido, a lo que el demandante tenía conocimiento que lo contrataban bajo las condiciones regidas por las clausulas contractuales legalmente acordadas por las partes, con fecha de inicio y fecha de terminación y no de forma continua como procura el demandante hacerlo ver al Juzgador; argumentó también que el 01 de enero de 2008 se suscribieron en forma ininterrumpida y sucesivamente nuevos contratos y que no están sujetos a lo establecido en el Código del Trabajo ya que la contratación fue a través de contratos de servicios profesionales celebrados entre el demandado y el demandante a término, los que fueron consentidos y aceptados por ambas partes, que la forma de contratación se sustenta en la normativa de la Ley General de Administración Pública y las Disposiciones Generales para la Ejecución el Presupuesto General d Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, sujeto estrictamente al derecho administrativo, que al efecto se somete al conocimiento del articulo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que si bien es cierto se cumplen los tres elementos para la existencia de un contrato, pero no existe la estructura presupuestaria que cada empleado público debe tener en el sistema integrado de Administración Financiera (SIAFI) y la Dirección del Servicio Civil; argumentó que el demandante de manera hábil quiere sorprender al juzgador al querer cambiar la naturaleza de los contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo limitado, aduciendo que se trata de un contrato individual de trabajo, y que todo trabajador contratado por esa Secretaría de Estado, bajo cualquier modalidad debe de cumplir con toda y cada una de las obligaciones que se derivan de su contratación, así como recibir sus beneficios de conformidad a la ley y un salario como retribución y por estar sujeto a una subordinación por la clase de actividad que desarrollaba; aclarando que en relación a los contratos a plazo fijo son los que tienen carácter excepcional y en el presente caso el carácter excepcional está establecido en que dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y la Dirección General de Servicio Civil para ese cargo Motorista de PROHECO, no existe una estructura presupuestaria, que aunque siendo necesario y continuo su contrato de prestación de servicios profesionales no se encuentra enmarcado en los actos de los órganos de la Administración Pública, que adoptan la forma de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias; haciendo referencia al artículo 14 de la Ley de Servicio Civil; manifestó además que el demandante el 01 de diciembre de 2014 recibió la notificación de no renovar su último contrato, pero a lo manifestado por el demandante de que en dicho contrato no se le consignaron las razones de tal decisión, si la razón por las que se da por terminada la relación laboral es que la vigencia de su contrato venció y finalizo en la fecha indicada en el mismo. 3.- El Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de abril del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condenó a la demandada al pago de los derechos adquiridos mas los salarios dejados de percibir desde la fecha que se operó el despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia, declaró sin lugar el pago del decimocuarto mes proporcional y absolvió a la demandada al pago por dicho concepto, sin costas; promovida por el señor FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, bajo el PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO); bajo el criterio que al no proponer medios de prueba la parte demandada, no logró probar la temporalidad de la contratación, habiendo la parte actora probado que laboró en forma permanente y continua en un lapso de más de 7 años como motorista asignado al Programa Hondureño de Educación Comunitaria de la Secretaría de Educación, funciones cuya naturaleza son permanentes en la institución demandada, así como probó que los contratos firmados, cumplen con los 3 requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, así como probó que la demandada decidió en forma unilateral dar por terminada la relación laboral sin expresar las razones en las cuales fundamenta su decisión. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 09 de junio del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante acreditó la existencia de varios contratos de trabajo por tiempo determinado, en los cuales se estableció que la función a realizar era de motorista, por lo que la función ha sido siempre la misma, por lo que no cabe duda que la relación de trabajo debe de tenerse como por tiempo indefinido. 5.- Mediante auto de fecha 18 de agosto de 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 13 de septiembre del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de octubre, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ , en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso, ya que la corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos suscritos entre el demandante y la Secretaría de Educación que se encuentran en los Folios 4lal folio 81 inclusive, donde consta que la relación laboral es Por tiempo determinado, pues en cada uno de los Contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece “ se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle permanencia al personal contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado “, artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la Ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en Este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no aplicó en el presente caso el Artículo 46 numeral b) del Código de Trabajo, mediante el cual se establece que los contratos individuales de trabajo pueden ser a)... b) Por tiempo limitado, tal es el caso de la contratación del señor FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI quien fue contratado por la secretaría de Educación y su fecha de vencimiento era el 31 de diciembre del año dos mil catorce. El objeto de pedir concurre en lo que reclaman, el reclamo lo constituye el pago de los salarios dejados de percibir desde la cancelación que fue objeto hasta que quede firme la sentencia, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada por el solo hecho de haber llegado a la finalización de su contratación a la insuficiencia de fondos y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir, primero en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino la finalización de la relación laboral mediante un contrato firmado a término, mismo que fue consentido por la parte demandante, segundo que han sido despedidos injustamente, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no considero que el código de trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y estable que los mismos obliga o lo expresamente pactado, y que como puede comprobar el tribunal de alzada en ninguno de sus folios encontrara Documentación referente a que el cese del contrato se deba a causas imputadas a los mismos por consiguiente no puede el tribunal AQUEM inventar una figura jurídica que descalifique el actuar legal de mi defendida la Secretaría de Educación, la cual dejo claro que la no renovación de los contratos se debe a que el demandante mantenía una relación contractual a término. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo)”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículo 19, 21, 26 y 46 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) en la explicación realiza alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 392-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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