Sentencia CL-391-16 — Registro 8024
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de la terminación de la relación laboral de forma ilegal, unilateral e injustificada por despido verbal, caso contrario en sentencia definitiva se condene al patrono al reintegro a su puesto de trabajo o a otro de igual o mejor categoría con igual o mayor salario, pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización de daños y perjuicios desde la terminación del contrato hasta la fecha del reintegro, aumentos otorgados por el patrono en forma general a los demás empleados del centro de trabajo durante el tiempo de su ausencia, devolución o restitución de las deducciones de L. 5,000.00 mensuales practicadas a su sueldo por el pago de lo no debido del impuesto sobre la renta de las cantidades que recibió del pago de salarios dejados de percibir como consecuencia de las sentencias de los despidos anteriores, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: no se demuestra de qué manera se ha infringido el artículo 113 párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el artículo 18 del decreto 113-2011 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al reformar y revocar parcialmente el fallo de primera instancia ha realizado el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso determinado conforme a su libre convencimiento lo que corresponde; en atención, a que los denominados salarios dejados de percibir (ficción jurídica) son en concepto de indemnización de daños y perjuicios."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: carece de claridad y precisión cuando en la explicación se alude al artículo 701 del Código Procesal, disposición que no corresponde al orden laboral. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar parcialmente el fallo de primera instancia ha prohijado sus argumentos y, ha tomando en cuenta el material probatorio aportado al proceso decidiendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo resulta inadmisible por contenerlos defectos técnicos siguientes: a) el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, no tiene incidencia en el fallo impugnado; b) carece de claridad y precisión en la explicación, cuando se alude al artículo 701 del Código Procesal, disposición que no corresponde al orden laboral; y, c) se realizan alegatos de instancia. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de septiembre el año dos mil dieciséis, por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA); además es parte recurrida, el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, representante procesal de la señora TRANCITO MARLENI LOPEZ REYES, OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de la terminación de la relación laboral de forma ilegal, unilateral e injustificada por despido verbal, caso contrario en sentencia definitiva se condene al patrono al reintegro a su puesto de trabajo o a otro de igual o mejor categoría con igual o mayor salario, pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización de daños y perjuicios desde la terminación del contrato hasta la fecha del reintegro, aumentos otorgados por el patrono en forma general a los demás empleados del centro de trabajo durante el tiempo de su ausencia, devolución o restitución de las deducciones de L. 5,000.00 mensuales practicadas a su sueldo por el pago de lo no debido del impuesto sobre la renta de las cantidades que recibió del pago de salarios dejados de percibir como consecuencia de las sentencias de los despidos anteriores, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de noviembre del año dos mil catorce por el abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, representante procesal de la señora TRANCITO MARLENI LOPEZ REYES, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA), por medio de ERNESTO EMILIO CARIA GONZALES, en ese entonces Presidente del Honorable Directorio de Especialistas. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento del Departamento de Francisco Morazán, que falló revocando la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, en su condición de Representante Procesal demandante.- II.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ARGEL ROVELO HERNANDEZ, en su condición de Representante Procesal demandado.- III.- REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, que obra a folios 160-165 frente de la primera pieza del expediente, en los términos siguientes: UNO: REVOCANDO los numerales TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia definitiva que: “Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO OROZCO ZALDIVAR, en su condición de representante procesal de la señora TRANCITO MARLENI LOPEZ REYES, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); en consecuencia: a) DECLARA CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida por el abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO OROZCO ZALDIVAR, en su condición de representante procesal de la señora TRANCITO MARLENI LOPEZ REYES contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), siendo representado legalmente a través del señor ERNESTO EMILIO CARIAS, en cuanto a la pretensión de devolución o restitución de las deducciones de L. 5,000.00 mensuales practicadas a su sueldo por el pago de lo no debido del impuesto sobre la renta de las cantidades que recibió de pago de salarios dejados de percibir como consecuencia de las sentencias de los despidos anteriores, por consiguiente CONDENA a el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), siendo representado legalmente a través del señor ERNESTO EMILIO CARIAS, a la devolución o restitución de la totalidad de deducción del impuesto sobre la renta que se ha estado gravando al salario mensual de la señora TRANCITO MARLENI LOPEZ REYES, el cual ha sido de Lps. 5,000.00 mensuales, desde que se hizo efectivo el reintegro por anteriores despidos.- DOS: CONFIRMANDO los numerales 1), 2) y 4) de la parte resolutiva de la sentencia apelada.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La Demandante Manifestó en el escrito de su acción que la demandante inicio su relación laboral con la demandada el 19 de abril del año 2004 nombrada en el cargo de jefe del departamento de geriatría y gerontología, habiendo terminado su relación laboral por despido verbal, el 30 de junio del año 2014, siendo su último salario 47,000.00. La demandante fue sometida a una constante persecución por diferente periodos y autoridades de IMPREMA, lo que es evidente con los despedidos injustificados: fue despedida el 22 de mayo del año 2006 y otorgado su reintegro a su puesto de trabajo mediante sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre del año 2007 y reintegrada a su puesto de trabajo el 5 de diciembre del año 2008, como consecuencia de las represalias fue despedida nuevamente el 7 de enero del año 2009 en cuyo juicio fue condenado nuevamente; la administración que ejercía en aquel momento inicio su hostigamiento al obligar a la demandante que pague el impuesto sobre la renta de las cantidades de dinero que recibió a titulo de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir como consecuencia de las sentencias de los dos despidos anteriores; para materializar el exceso de autoridad en este pago le impusieron una deducción mensual de su sueldo la cantidad de 5,000.00; la demandada continuo con la asechanza y persecución laboral, a tal grado que la señora directora especialista, licenciada Nessy Martínez, llamo a la demandante para consultarle “si había pensado en solicitar sus prestaciones laborales”, la respuesta de la demandada fue negativa y le afirmó que no está dispuesta a renunciar de su puesto de trabajo; meses después de las insinuaciones de la licencia Nessy Martínez resulto ser más agresivo y tenaz en su propósito, el otro director especialista licenciado Cesar Guiovany Guifarro Rivera quien en fecha 27 de mayo del año 2014 le convoco a su oficina y en forma directa entrevisto a mi representada manifestándole, “que con instrucciones precisas del directorio del IMPREMA estoy facultado para dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo con usted (la trabajadora TRANCITO MARLENI LOPEX REYES) a partir del 30 de junio del año 2014”; pero no se trato de un mutuo acuerdo sino de una presión terminada en coacción por lo que exigía que firmara la renuncia de su puesto de trabajo y a cambio de ello le garantiza el pago del 100% de sus prestaciones laborales y que únicamente tenía dos opciones salir por la puerta grande o salir por la puerta estrecha. La actora en vista de estas acciones recurrió al Licenciado Ernesto carias corrales el Director Especialista presidente del Honorable Directorio del IMPREMA, en forma directa y por escrito haciéndole una relación de los hechos de la persecución que había sido sometida, para que conociera las actuaciones del Director y Especialista Licenciado Cesar Guiovani Guifarro Rivera y que hacía de su conocimiento la expresa revocatoria del documento adquirido por este Director a través de un trato hostil y ratificándole que se tuviera sin valor y efecto alguno, por no existir ninguna causal para dar por terminada su relación laboral; el día 30 de junio del año 2014 el director Guifarro llego a la oficina de trabajo de mi representada para advertirle que ese era su ultimo día de trabajo y a gritos enfurecido golpeando su escritorio le expreso que se retirara y que había dado instrucciones que no se le permitiera el acceso a la institución, pues estas actuaciones demuestran que no existió ningún convenio voluntario de terminar la relación laboral sino que fue un despido verbal de forma agresiva y violenta y ante tal circunstancia mi representada le solicito que se lo diera por escrito a lo que él se negó expresándole que se lo decía de forma verbal; no obstante a este trato mi representada se retiro de sus labores hasta el final de su jornada el día 30 de junio de 2014; el despido verbal quedo evidenciado el día martes 01 de julio del año 2014 al llegar mi representada a la hora de ingreso a su trabajo cuando uno de los guardias impidió el ingreso a la institución en el cumplimiento de órdenes superiores,. 2. La parte demandada, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contestó dicha demanda señalando que jamás se ha despedido a la demandante verbalmente y que ante autoridad competente; que el simple hecho de no permitirle la entrada a las oficinas de mi representada no constituye despido verbal, que en su defecto la acción procesal a seguir debió ser la del despido indirecto; a la demandante se le realizo el pago de una indemnización mediante el cheque numero 27735 de fecha 25 de junio del 2014 a favor de la demandante por la cantidad de L. 535,615.95 y de es conformidad de la accionante con el arreglo en torno a la ruptura del nexo contractual, sin que se evidencien vicios de presiones, coacciones o imposiciones; aunando lo anterior, señora Juez el documento de terminación de contrato por mutuo acuerdo no se desprende la existencia de la violación predicada por la parte actora, y por ende no se presenta ningún vicio del consentimiento que invalide el acuerdo transaccional a que llegaron las partes, del cual se colige que la demandante acepto la oferta o formulada. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por FERNANDO AUGUSTI OCAMPO ZALDIVAR, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO; bajo el criterio que la terminación del contrato de trabajo indica la extinción del contrato de trabajo hasta el 30 de junio del año 2014, y en la misma se concede a la demandante el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, posteriormente la demandante comunica y solicita al patrono REVOQUE y se tenga por no puesta la firma, se deje sin valor ni efecto la terminación de contrato de trabajo por mutuo consentimiento, al afirmar que fue objeto de mobbing y temor y es por eso que firma el mencionado acuerdo mutuo; revocatorio o retractación que nunca fue contestada por el empleador, lo que provoca que la demandante siga laborando para el INPREMA y fue el 1 y 2 de julio del año 2014 que al momento de ingresar a su centro de trabajo, su empleador no permite el acceso de su persona, y que por lo tanto dicha actuación constituye el despido verbal que aduce la demandante. Los indicios que se considera constituyen mobbing laboral es el hecho que partiendo de la Buena Fe con que debe caracterizar a las partes de un contrato de trabajo, en su inicio, duración y terminación, el acuerdo mutuo debió de haberse celebrado ante autoridad competente, con el objeto de tutelar tanto derechos del patrono como del trabajador, situación que no fue así; en el acta de terminación de la relación laboral por acuerdo mutuo, en franco abuso de de su posición como empleador, la autoridad del INPREMA inserta en el mismo, que libera a ésta de toda responsabilidad laboral, civil y administrativa con su persona, excediéndose en dicha disposición, pues no podría eximir de responsabilidad civil y administrativa al INPREMA si no es objeto de la controversia y materia en el juicio, cosa que no se ha acreditado en autos; en el caso bajo análisis se le ofrece a la demandante el pago de sus prestaciones laborales a sabiendas que éstas están sujetas a un despido directo, ilegal e injusto; además no se establece en la acta de terminación de la relación laboral el motivo por el cual finaliza la relación laboral, pues verdaderamente no existe causa alguna; la prohibición a la demandante de ingresar al centro de trabajo los días 1 y 2 de julio del 2014, tal como quedó evidenciado en las actas que levanta la Inspección General del Trabajo, pues si existía un auténtico acuerdo de voluntades, no debieron de restringirle su ingreso a su, a ese momento ex centro de trabajo; de todo lo anterior se concluye que la terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo es ineficaz por adolecer de vicios en el consentimiento por parte del trabajador, ya que se evidenció que fue objeto de un acoso moral sistémico que provocó intimidación en la demandante al momento de firmar el supuesto acuerdo, por lo que dicha ineficacia provoca la nulidad del mismo e indiscutiblemente se ha configura el despido directo, menoscabando de esta forma el Derecho al Trabajo y a su estabilidad bajo el principio laboral progresista y novedoso de Conservación del Puesto. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, dictó sentencia revocando parcialmente la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que si bien la devolución o restitución de las deducciones de L. 5,000.00 mensuales practicadas al sueldo por el pago de lo no debido del impuesto sobre la renta de las cantidades que recibió del pago de salarios dejados de percibir como consecuencia de las sentencias de los despidos anteriores, “dicha deducción las realiza el INPREMA a requerimiento de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en donde el INPREMA únicamente como agente retenedor, está en la obligación de cumplir, por lo que en estricto derecho, este Juzgado del Trabajo, no es competente para conocer de dicha pretensión” lo que a la luz del estudio del proceso es una limitación al goce del derecho otorgado a la demandante, pues, los derechos de los salarios dejados de percibir son en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y los tribunales de justicia no pueden hacer ni autorizar deducción alguna. La Normativa especial que regula las recaudaciones fiscales, garantizan la protección del derecho de los trabajadores, de los salarios en concepto de beneficios o indemnizaciones laborales, dentro de ellas las de los salarios dejados de percibir, esto como una garantía de la protección social. 5. Mediante auto de fecha dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formular por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintiuno de septiembre el año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la/el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado(a) Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. 2. Que la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de RECONOCIMIENTO JUDICIAL admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo113 párrafo segundo del Código del Trabajo en relación con el artículo 18 del decreto 113-2011 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: RECONOCIMIENTO JUDICIAL, vía exhibición de documentos, admitida a la parte demandante que se refiere al numeral 2 del inciso C), que precisa: Que mes inicio la deducción de Lps. 5,000.00 mensuales como pago del impuesto de la renta de los salarios dejados de percibir por los reintegros de los despidos anteriores, y que fue evacuada mediante exhibición de documentos y que corre agregado de folio 127 al 139 de la primera pieza procesal, en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REVOCAR Y CONFIRMAR por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en la evacuación a dicho medio de prueba, se estableció que la deducción de los Lps. 5,000.00 mensuales inicio en agosto del 2013 y fue autorizado por al demandante, sumado a esto el OFICIO DRC. No. 197/2014 de fecha 26 de junio del 2014, dirigido por la Abogada MIRIAM GUZMÁN BONILLA, en su carácter de Ministra Directora de la extinta (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS) DEI al Presidente del Directorio de Especialistas ERNESTO EMILIO CARIAS en el cual con sobrada claridad se aprecia lo siguiente: “….CONCLUSIÓN: Se comprobó que de acuerdo a la revisión efectuada que el contribuyente el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), debe retener y enterar al fisco la cantidad de Lps. 226,086.68 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100, por concepto de retención a efectuar a la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES con RTN 17021962001603, en los años 2006, 23007, 2008, 2009 y 2010; cabe mencionar que los beneficios que se pagaran en concepto de: Decimo tercer mes, decimo cuarto mes y vacaciones, no están sujetos a gravamen ya que no exceden del monto gravable, según el art. 10 inciso h de la Ley de Impuesto sobre la Renta” finalmente dicho oficio indica que, POR TANTO, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), debe retener y enterar al fisco la cantidad de Lps. 233,426.68 en concepto de impuesto adeudado al fisco del valor total de la demanda…., (ver folios del 133 al 135 de los autos de la primera pieza procesal) sumado a que además la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES, autorizo dicha deducción, (ver inciso c) del folio 127 y folio 130 de los autos de la primera pieza procesal), el cual ha sido de Lps. 5,000.00 mensuales, desde que se hizo efectivo el reintegro por despidos anteriores. Que de manera ilustrativa corre agregado a folio 38 y vuelto de la primera pieza procesal criterio sostenido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial entre ellos el del magistrado abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, quien dicho sea de paso es el DIRECTOR del bufete OCAMPO OROZCO mismo que representa en juicio a la parte actora, quienes han dejado en claro su criterio unánime en la demanda laboral promovida por MARÍA ISABEL RUBIO GONZÁLEZ contra INVERSIONES ESCOLARES S.A., que se registro en primera instancia con numero 626-2012 y segunda instancia con número 8184 en el fallo de fecha jueves 24 de octubre del 2013 y que precisa en el CONSIDERANDO (6) “… caso muy diferente hubiera sido si se hubiera condenado al reintegro, pues en este caso si le correspondía a la sociedad Inversiones Escolares S.A. de C.V., deducir las cantidades correspondientes a los impuestos dejados de pagar y enterarlos al fisco”, como podrá apreciar esta Honorable Corte en sede de instancia que el bufete OCAMPO OROZCO ha pretendido un derecho amparado en criterios distintos a los ya establecidos, en su condición de Juzgador. Que del extremo que antecede, se aprecia que con dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó enmarcado en Ley. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo segundo del Código del Trabajo en relación con el artículo 18 del decreto 113-2011 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico.”. 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: no se demuestra de qué manera se ha infringido el artículo 113 párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el artículo 18 del decreto 113-2011 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al reformar y revocar parcialmente el fallo de primera instancia ha realizado el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso determinado conforme a su libre convencimiento lo que corresponde; en atención, a que los denominados salarios dejados de percibir (ficción jurídica) son en concepto de indemnización de daños y perjuicios. 4. Que en un segundo motivo se esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la falta de apreciación del medio de prueba documental admitida a la parte demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo en relación con los 113 párrafo segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA: Singularizo la prueba que no fue apreciada por la corte recurrida, de la siguiente manera: La Documental Privado: Admitida a la parte demandada, que se refiere al acta de TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO de fecha 27 de mayo del 2014, suscrita entre la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES y el Representante de INPREMA CESAR GUIOVANY GUIFARRO RIVERA para el pago de prestaciones laborales y liberación de responsabilidad laboral (ver folio 61 de la primera pieza procesal)en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR Y CONFIRMAR por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, hace suyas las motivaciones del mismo, por lo que, manifiestamente incurrió en error de hecho, al faltar la apreciación al medio de prueba señalado anteriormente y admitido a ambas partes y evacuado en el acto de su proposición, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En el caso en particular la falta de apreciación por parte del Tribunal recurrido respecto al medio de prueba documental señalado anteriormente ha dado por establecido en forma indubitable que las partes litigantes han llegado a un acuerdo mutuo regulado por el Código del Trabajo, sin que en el documento de terminación de contrato por mutuo acuerdo se desprende la existencia de la violencia predicada por la parte actora, o la presencia de algún vicio del consentimiento que invalide el acuerdo transaccional a que llegaron las partes, del cual se colige que la demandante aceptó la oferta o fórmula del INPREMA originada en la necesidad de reestructuración que resulta ser una conducta lícita, sin que aparezca demostrado el terror, martirio, asechanza, persecución, drama, gritos del que se habla en el escrito de demanda por la parte actora, ni que dicha trabajadora hubiese sido coaccionada o compelida por fuerza a firmar el documento respectivo, ya que, el proponer la terminación del contrato por mutuo acuerdo no constituye un acto de coacción y es lícito en la medida que será finalmente la trabajadora quien decida si lo acepta o no, quien al aceptar el contenido del mismo, libero a mi representada de toda responsabilidad laboral. El extremo que antecede revela que la falta de apreciación del medio de prueba anteriormente indicado, provoco que la corte recurrida incurriera manifiestamente en error de hecho al faltar su apreciación al contenido del acta de TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. Sumado a lo anterior, también la falta de apreciación de la prueba antes indicada provoco que el tribunal recurrido, noobservara los deberes de congruencia y motivación ya que el fallo recurrido no solo omitió resolver conforme los agravios expuestos por la apelante, a lo cual estaba obligado conforme lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, sino que violentó su deber de resolver todas las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representada y una notoria injusticia. También se ha infringido el deber de motivación, ya que pese a REFORMAR Y CONFIRMAR el fallo de primera instancia, no cumple con su cometido de explicar, menos razonar, en que basa su determinación el ad-quem.”. 5. Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: carece de claridad y precisión cuando en la explicación se alude al artículo 701 del Código Procesal, disposición que no corresponde al orden laboral. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar parcialmente el fallo de primera instancia ha prohijado sus argumentos y, ha tomando en cuenta el material probatorio aportado al proceso decidiendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde. 6. Que en un tercer motivo se aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la falta de apreciación del medio de prueba documental admitida a ambas partes, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 117 del Código del Trabajo en relación con los 113 párrafo segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA: Singularizo la prueba que no fue apreciada por la corte recurrida, de la siguiente manera: La Documental Publica: Admitida a ambas partes, que se refiere al acta de inspección de fecha 02 de julio del 2014, que precisa el contenido de la solicitud por parte de la señora TRANCITO MARLENI LOPEZ REYES para la constatación del despido verbal (ver folio 12 al 15 de la primera pieza procesal) en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR Y CONFIRMAR por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, hace suyas las motivaciones del mismo, por lo que, manifiestamente incurrió en error de hecho, al faltar la apreciación al medio de prueba señalado anteriormente y admitido a ambas partes y evacuado en el acto de su proposición, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En el caso en particular la falta de apreciación por parte del Tribunal recurrido respecto al medio de prueba documental señalado anteriormente ha dado por establecido en forma indubitable que al negarse por parte del empleador el despido verbal alegado se invirtió la carga de la prueba en la parte actora en correcta aplicación a la doctrina procesal laboral, en virtud de que en el documento que contiene el acta de inspección de fecha 02 de julio del 2014, el asesor legal del Directorio de Especialistas de la parte demandada ante las autoridades del trabajo correspondientes con sobrada claridad expreso: “Al respecto se rechaza totalmente que haya despedido verbalmente a la reclamante antes descrita, en virtud de que dicha facultad la tiene otorgada excesivamente la ley, como para el directorio de especialistas.”El extremo que antecede revela que la falta de apreciación del medio de prueba anteriormente indicado, provoco que la corte recurrida incurriera manifiestamente en error de hecho al faltar su apreciación al contenido del documento que contiene el acta de inspección de fecha 02 de julio del 2014. Sumado a lo anterior, también la falta de apreciación de la prueba antes indicada provoco que el tribunal recurrido, no observara los deberes de congruencia y motivación ya que el fallo recurrido no solo omitió resolver conforme los agravios expuestos por la apelante, a lo cual estaba obligado conforme lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, sino que violentó su deber de resolver todas las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representada y una notoria injusticia. También se ha infringido el deber de motivación, ya que pese a REFORMAR Y CONFIRMAR el fallo de primera instancia, no cumple con su cometido de explicar, menos razonar, en que basa su determinación el ad-quem.”. 7. Que al igual que en el segundo motivo, en la explicación se alude al artículo 701 del Código Procesal, disposición que no corresponde al orden laboral lo que le resta claridad y precisión al cargo. Además el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar parcialmente el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del a-quo, observándose que ha tomado en cuenta el material probatorio aportado al proceso realizando el análisis del mismo, determinado el despido directo de la demandante, por lo cual resulta improcedente la admisión del presente motivo. 8. Que en un cuarto motivo se alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la falta de apreciación del medio de prueba documental admitida a la parte demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA: Singularizo la prueba que no fue apreciada por la corte recurrida, de la siguiente manera: La Documental Publica: Admitida a la demandada, que se refiere a la reestructuración organizacional del Departamento de Geriatría y Gerontología donde laboraba la señora TRANCITOMARLENI LÓPEZ REYES (ver folio del 67 al 75 de la primera pieza procesal) en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR Y CONFIRMAR por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, hace suyas las motivaciones del mismo, por lo que, manifiestamente incurrió en error de hecho, al faltar la apreciación al medio de prueba señalado anteriormente y admitido a ambas partes y evacuado en el acto de su proposición, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En el caso en particular la falta de apreciación por parte del Tribunal recurrido respecto al medio de prueba documental señalado anteriormente ha dado por establecido en forma indubitable que a la demandante se le explico que el Departamento de Geriatría y Gerontología del cual ella fungió como jefe iba a desaparecer como al efecto ocurrió, en virtud de que mediante RESOLUCIÓN No. DE/196-22-07-2014 se estableció lo siguiente: Que en base al Art. No. 14 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, corresponde a Directorio de especialistas, definir la estructura y organización de las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento del Instituto, con base al Reglamento y manuales de puestos y salario y procesos que para tales efectos se aprueben, con el propósito de que se desarrolle un eficiente sistema de administración y control, sobre la base de parámetros cuantificables., por lo que RESUELVE: APROBAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INPREMA. El extremo que antecede revela que la falta de apreciación del medio de prueba anteriormente indicado, provoco que la corte recurrida incurriera manifiestamente en error de hecho al faltar su apreciación al contenido del documento que contiene RESOLUCIÓN No. DE/196-22-07-2014 y el Organigrama Gerencial. Sumado a lo anterior, también la falta de apreciación de la prueba antes indicada provoco que el tribunal recurrido, no observara los deberes de congruencia y motivación ya que el fallo recurrido no solo omitió resolver conforme los agravios expuestos por la apelante, a lo cual estaba obligado conforme lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, sino que violentó su deber de resolver todas las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representada y una notoria injusticia. También se ha infringido el deber de motivación, ya que pese a REFORMAR Y CONFIRMAR el fallo de primera instancia, no cumple con su cometido de explicar, menos razonar, en que basa su determinación el ad-quem.”. 9. Que el cargo resulta inadmisible por contenerlos defectos técnicos siguientes: a) el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, no tiene incidencia en el fallo impugnado; b) carece de claridad y precisión en la explicación, cuando se alude al artículo 701 del Código Procesal, disposición que no corresponde al orden laboral; y, c) se realizan alegatos de instancia. 10. Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente porque la resolución es imprecisa alejada completamente de los lineamientos que exigen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil vigente. Al respecto Honorable Corte, SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA, RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO, de la sentencia recurrida de fecha 17 de junio del 2016,al tenor del articulo 720 numeral 2 con relación al artículo 719 letra c) del Código Procesal Civil, PIDO a esta Honorable Corte en sede de instancia el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico por las razones que me permito exponer:1) Resulta que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha 17 de junio del 2016, contiene una condena accesoria improcedente misma que me permito transcribir y que corresponde; “….a la devolución o restitución de la totalidad de deducciones del impuesto sobre la renta que se ha estado gravando al salario de la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES, el cual ha sido de Lps. 5,000.00 mensuales, desde que se hizo efectivo el reintegro por despidos anteriores” (las negrillas son mías), en atención al extremo que antecede podrá apreciar esta Honorable Sala Laboral, que el fallo recurrido no hace referencia a ninguna norma legal o disposición reglamentaria que contravenga el contenido del OFICIO DRC. No. 197/2014 de fecha 26 de junio del 2014, dirigido por la Abogada MIRIAM GUZMÁN BONILLA, en su carácter de Ministra Directora de la extinta (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS) DEI al Presidente del Directorio de Especialistas ERNESTO EMILIO CARIAS en el cual con sobrada claridad se aprecia lo siguiente: “….CONCLUSIÓN: Se comprobó que de acuerdo a la revisión efectuada que el contribuyente el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), debe retener y enterar al fisco la cantidad de Lps. 226,086.68 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100, por concepto de retención a efectuar a la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES con RTN 17021962001603, en los años 2006, 23007, 2008, 2009 y 2010; cabe mencionar que los beneficios que se pagaran en concepto de: Decimo tercer mes, decimo cuarto mes y vacaciones, no están sujetos a gravamen ya que no exceden del monto gravable, según el art. 10 inciso h de la Ley de Impuesto sobre la Renta” finalmente dicho oficio indica que, POR TANTO, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), debe retener y enterar al fisco la cantidad de Lps. 233,426.68 en concepto de impuesto adeudado al fisco del valor total de la demanda…., (ver folios del 133 al 135 de los autos de la primera pieza procesal) que la reforma de la sentencia recurrida a la pretensión a la devolución o restituciónde Lps. 5,000.00 mensuales, desde que se hizo efectivo el reintegro por despidos anteriores, convierte la misma en una CONDENA INFUNDADA EN UN EVIDENTE ABUSO DE AUTORIDAD.-2) Así mismo esa omisión del control de la motivación fáctica en la sentencia recurrida provoca la falta de racionalidad y carácter lógico del fallo, en virtud de que no sustenta el argumento mediante el cual REFORMA el fallo de primera instancia agrava la sentencia a los intereses de mi representada al condenar sin fundamentos de derecho a la devolución o restitución de la totalidad de deducciones del impuesto sobre la renta que se ha estado gravando al salario de la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES, quien además autorizo dicha deducción, (ver inciso c) del folio 127y folio 130 de los autos de la primera pieza procesal), el cual ha sido de Lps. 5,000.00 mensuales, desde que se hizo efectivo el reintegro por despidos anteriores. Lo anterior provoca una grave indefensión en contra de mi representada, ya que el fallo recurrido carece de suficiencia necesaria para comprender o dejar claramente establecidos sus alcances jurídicos.-3) Que además y por todo lo anterior, SE OBJETA dicha condena correspondientea la devolución o restitución de la totalidad de deducciones del impuesto sobre la renta que se ha estado gravando al salario de la señora TRANCITO MARLENI LÓPEZ REYES, el cual ha sido de Lps. 5,000.00 mensuales, desde que se hizo efectivo el reintegro por despidos anteriores en virtud de que ha sido criterio sostenido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial entre ellos el del magistrado abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, quien dicho sea de paso es el DIRECTOR del bufete OCAMPO OROZCO mismo que representa en juicio a la parte actora, quienes han dejado en claro su criterio unánime en la demanda laboral promovida por MARÍA ISABEL RUBIO GONZÁLEZ contra INVERSIONES ESCOLARES S.A., que se registro en primera instancia con numero 626-2012 y segunda instancia con número 8184 en el fallo de fecha jueves 24 de octubre del 2013 y que precisa en el CONSIDERANDO (6) “… caso muy diferente hubiera sido si se hubiera condenado al reintegro, pues en este caso si le correspondía a la sociedad Inversiones Escolares S.A. de C.V., deducir las cantidades correspondientes a los impuestos dejados de pagar y enterarlos al fisco”, como podrá apreciar esta Honorable Corte en sede de instancia que el bufete OCAMPO OROZCO ha pretendido un derecho amparado en criterios distintos a los ya establecidos, en su condición de Juzgador. (ver folio 38 y vuelto de la primera pieza procesal) 4) Finalmente, la parte demandante exige en su escrito de demanda el reintegro al trabajo POR DESPIDO VERBAL, DE FORMA ILEGAL, UNILATERAL E INJUSTIFICADA, aunado a la demanda de COACCIÓN Y HOSTIGAMIENTO (Ver acápite lo que se demanda del escrito de demanda que correa a folio 4 y vuelto de la primera pieza procesal), por lo que, la corte recurrida devenía obligada hacer la respectiva separación al momento de su pronunciamiento sobre cada uno de ellos, es decir, sobre lo ILEGAL, UNILATERAL, INJUSTIFICADA, LA COACCIÓN Y HOSTIGAMIENTO alegado, en vista que al ser negado tanto el despido verbal, así como la coacción y hostigamiento, se revirtió la carga de la prueba; y a consecuencia de eso hacer los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, hecho que no hizo. Por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de méritono solo omitió resolver conforme los agravios expuestos por nuestra defensa, a lo cual estaba obligado conforme lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, sino que violentó su deber de resolver todas las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mi representada y una notoria injusticia. También se ha infringido el deber de motivación, ya que pese a REFORMAR Y CONFIRMAR el fallo de primera instancia, no cumple con su cometido de explicar, menos razonar, en que basa su determinación el ad-quem., es decir, que el fallo recurrido no es congruente con las pretensiones deducidas en juicio, es por ello, que procede se anule el mismo, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 206 y 207 del Código de Procesal Civil, en virtud de que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias, provocando además INDEFENSIÓN a los intereses de mi representada, ya que, el fallo recurrido no hace referencia a nada en lo absoluto que esté relacionado con la pretensión principal.”. 11. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. 12. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación, y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 391-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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