Sentencia CL-385-17 — Registro 8579
Resumen
En segunda instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios y las costas del juicio, promovida por el trabajador y se ordena el pago de los derechos adquiridos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “XI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIII.- Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal, resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- XIV.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. seis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, por la Abogada MARTHA GABRIELA TALBOTT RIVERA, en su condición de representante procesal de la CORPORACION MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, como recurrente; además es parte recurrida, el señor VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA, representado en juicio por el Abogado RICARDO ALFONSO RESTREPO NARANJO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha doce de mayo del dos mil catorce, por el señor VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Industrial, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, por medio del Alcalde Municipal el Abogado JUAN CARLOS MORALES PACHECO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha dos de mayo del dos mil diecisiete, la cual falla: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado RICARDO ALFONSO RESTREPO NARANJO, contra la Sentencia Definitiva Laboral proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha 02 de mayo del 2017. Mediante la cual DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios y las costas del juicio, promovida por el trabajador señor VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA, contra la Corporación Municipal de Siguatepeque, a través del Alcalde Municipal, Abogado JUAN CARLOS MORALES PACHECO. ABSUELVE A LA MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE de toda responsabilidad en el juicio. Y CONDENA a la Corporación Municipal de Siguatepeque al pago de los derechos adquiridos. Sin costas. SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA LABORAL PROFERIDA por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha 12 de septiembre del 2016. Mediante la cual DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios y las costas del juicio, promovida por el trabajador señor VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA, contra la Corporación Municipal de Siguatepeque, a través del Alcalde Municipal, Abogado JUAN CARLOS MORALES PACHECO. ABSUELVE A LA MUNICIPALIDA DE SIGUATEPEQUE de toda responsabilidad en el juicio. TERCERO: DECLARA CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida por el señor VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA, contra la Corporación Municipal de Siguatepeque, por medio de su Alcalde y representante legal Municipal el Abogado JUAN CARLOS MORALES PACHECO. CUARTO: CONDENA a la Corporación Municipal de Siguatepeque por medio de su Alcalde y representante legal el Abogado JUAN CARLOS MORALES PACHECO, a pagar al trabajador demandante VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA la cantidad de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps. 1,183,656.02), desglosados de la siguiente forma: PREAVISO, DOS MESES equivalente a L. 110,913.48; AUXILIO DE CESANTIA, CUATRO MESES equivalentes a L. 221,826.96; AUXILIO DE CESANTIA PEOPORCIONAL, SEIS DIAS equivalentes a L. 924.28; VACACIONES PROPORCIONALES, SEIS DIAS equivalente a L. 610.02; AGUINALDO PROPORCIONAL, TREINTA Y UN DIAS, equivalente a L.4,087.96; DECIMO CAURTO MES PROPORCIONAL, DOSCIENTOS ONCE DIAS, equivalente a L. 27,855.16; REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO equivalente a L.771,224.16; VACACIONES PENDIENTES,VEINTICINCO DIAS equivalente a L.46,214.00, más a título de danos y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el día del despido, directo, ilegal e injusto hasta la fecha que de conformidad con las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con la Municipalidad de Siguatepeque, desde el veintiséis de enero del año dos mil diez, en el puesto de Administradora Municipal devengando un salario mensual de L. 10,000.00, el Alcalde Municipal, José Eduardo Oseguera Santos, le prometió que se le iba a nivelar el salario de acuerdo al arancel del Ingeniero Industrial. En el año 2011 el actor reclamó ajuste a su salario mínimo de L. 2,030.00, pasando a devengar L. 12,000.00 mensuales, más la promesa antes citada de que pronto se le iba a nivelar su salario de acuerdo al arancel del ingeniero, a finales del año 2012 nuevamente reclamó la nivelación de acuerdo al arancel como profesional de la Ingeniería Industrial, por lo que se le aumentó L 3,400.00, pasando a devengar la cantidad de L 15,400.00. A fines del año 2014 el Alcalde Municipal le ordena realizar e1 proceso de transición a las nuevas autoridades municipales, por lo que debían hacer el registro de todos los inventarios municipales, junto al auditor municipal llevaron a cabo este proceso, el cual terminó el 21 de enero del 2014 y fue entregado y presentado al señor Alcalde saliente para entregarles el día siguiente de la toma de posesión del 25 de enero del dos mil catorce, al demandante se le informó que debía presentarse el 28 del mismo año ya que las nuevas autoridades, asistirán a la toma de posesión Presidencial. El 23 de enero 2014, el actor se presentó antes de su hora normal de trabajo, sin embargo no pudo entrar al mismo pues los llavines de la oficina habían sido cambiados, debido a que la persona que le reemplazaría portaba las nueva llaves, fue hasta las 10 de la mañana que tuvo acceso a la oficina y se dio cuenta que las puertas fueron violentadas, dañaron la impresora a que estaba a su cargo, por lo que inmediatamente redactó y dirigió al nuevo alcalde, con copia al auditor municipal, tesorero municipal y recursos humanos, un memorándum de exoneración de responsabilidades sobre el inventario y demás documentos importantes de su departamento, debido a este hecho tuve la oportunidad de hablar con el señor Alcalde, Juan Carlos Morales, le manifestó que tenía que despedirle porque tenía compromisos políticos. Desde el martes 28 de enero 2014 después que el Alcalde le manifestara sus intenciones de despedirle, fue víctima de acoso para que interpusiera su renuncia, e incluso se le quiso imponer responsabilidad por un problema de pago a la DEI en cuanto a pago de los impuestos sobre la renta e impuestos de los contratistas desde el año 2012, en el que no tiene responsabilidad ya que su departamento presentó en 3 o 4 ocasiones dichos informes para estos pagos. El jueves 30 de enero en horas de la mañana se le despido de su cargo de trabajo, en esa carta de despido solamente le dicen que a partir de la fecha quedó cancelado su acuerdo como Administrador y no le dicen por qué lo despiden, dicho despido se realizó sin respetarle el derecho a la legitima defensa ya que no se le realizo una audiencia de descargo previa.- 2. La parte demandada, la CORPORACION MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, contestó dicha demanda señalando que al demandante no se le paga lo estipulado en el Arancel de Ingeniero Industrial pues no se dan los presupuestos para que el demandante pueda gozar de ese beneficio, todo en razón de la naturaleza del cargo que desempeñó. Si bien el demandante fue despedido del cargo de Administrador Municipal, pero fue despedido por razones que le competen al señor Alcalde.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha dos de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor VICTOR ANTONIO DUARTE ARGUETA, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE; ABSUELVE a la demandada de toda responsabilidad en el presente juicio; declaró CON LUGAR la tacha en contra de la testigo la señora IVETT MELISSA ZAVALA RODRIGUEZ y SIN LUGAR la tacha en contra del testigo el señor RAMON EDGARDO RAMIREZ LARA; CONDENA a la demandada a pagar la cantidad de L.19,548.00 al demandante, en concepto de derechos adquiridos, sin costas; bajo el criterio que quedó probado relación laboral que existió entre el demandante y la demandada, la cual inició en fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, mediante acuerdo de nombramiento firmado por quien ese entonces era el señor Alcalde Municipal JOSE EDUARO OSEGUERA SANTOS. La relación laboral sostenida entre las partes terminó el treinta de enero del dos mil catorce, fecha en que mediante la cual se le notifico la cancelación de su acuerdo de nombramiento, dicha cancelación no es una carta de despido, sino una cancelación de acuerdo de nombramiento, el demandante que fue nombrado mediante Acuerdo No.04-2010 por el Alcalde Municipal, quien tiene las facultades de nombrar, ascender, trasladar y destituir al personal, de conformidad con la Ley, si bien el citado acuerdo de cancelación no especifica puntualmente las razones por las cuales era separado de su cargo, el mismo es justificado, pues la demandada, en el establece los preceptos legales que le facultaban para cancelarlo de su puesto de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el despido realizado en circunstancias como el caso en examen, se aparta del principio de terminación escrita y motivada imperante en el contrato de trabajo, que obliga a las partes a brindar en el momento de la ruptura una explicación por escrito, expresa y clara de la causa o motivo que lo condujo o impulso a tomar la decisión de despido y que sea suficiente para justificar la terminación del vínculo laboral. En el presente caso la nota de despido no se ajusta a los requisitos que prescribe el artículo 117 del Código del Trabajo, por lo tanto, convierte al despido en ilegal y resultan irrelevante las pruebas de la parte demandada, en cuanto a que, las mismas solo podrían haberse proyectado bajo el supuesto existencia de hechos o motivos facticos que fueron omitidos en el despido escrito.- 5. Mediante auto de fecha cinco de septiembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARTHA GABRIELA TALBOTT RIVERA, en su condición de representante procesal de la CORPORACION MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARTHA GABRIELA TALBOTT RIVERA, en su condición de representante procesal de la CORPORACION MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado RICARDO ALFONSO RESTREPO NARANJO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la Abogada MARTHA GABRIELA TALBOTT RIVERA, de forma subsidiaria solicita la nulidad de la sentencia recurrida, en la forma siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste de autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, señalando los errores procesales siguientes: a ) En la parte resolutiva de la sentencia dictada por el Ad Quem de fecha 27 de junio del año 2017 es INCONGRUENTE, pues señala en el numeral primero que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ricardo Alfonso Restrepo Naranjo, contra la sentencia definitiva laboral proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua de fecha 2 de mayo del 2017 y en el numeral segunda REVOCA la sentencia definitiva laboral por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque en fecha 12 de septiembre de 2016 (la negra es nuestra); en consecuencia no se sabe a ciencia cierta cual es la que esta revocando, pues señala dos sentencias en diferentes fechas una de la que apeló y otra que revoca. Además REVOCA la sentencia dictada por el Juez A Quo, con lo cual también revoca la condena de los derechos adquiridos que fueron condenados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, tales como: vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes en forma proporcional, deducción que se hace en virtud de que omite por completo pronunciarse en cuanto a si la condena en cuanto a esos derechos adquiridos los confirma o no, lo que también hace que la sentencia sea INCONGRUENTE. b) Una de las pretensiones de la parte Demandante fue el reajuste de salario mínimo conforme el Arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, por su parte la Demandada se opuso a su aplicación, en virtud de alegar que no se le puede obligar a la aplicación de un Arancel que no es Ley, en virtud de que no fue aprobado por el Soberano Congreso Nacional por lo que no constituye ley de la República, pues dicho Arancel por ser aprobado únicamente por su junta Directiva aplica a los profesionales de la ingeniería entre si y en el libre ejercicio de su profesión, pero no se puede obligar a una institución a su aplicación en cuanto al aspecto salarial, sobre todo cuando el cargo para el cual se desempeñaba el Demandante no tiene ninguna relación con la profesión de la ingeniería. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en su sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, específicamente en la parte resolutiva de la misma, condena a la Corporación Municipal de Siguatepeque por medio de su Alcalde y representante legal el Abogado Juan Carlos Morales Pacheco, a pagar al trabajador demandante Víctor Antonio Duarte Argueta, entre otros, la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (Lps.771.224.16) en concepto de reajuste del salario mínimo, sin embargo en la parte considerativa de su sentencia no hace ningún pronunciamiento con respecto al porque se debe de condenar a su representada al pago del salario mínimo establecido en el Arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, que fue uno de los hechos controvertidos, incurriendo en violación a la ley al haber omitido por completo pronunciarse al respecto, dejando en indefensión a la parte Demandada, pues una cosa es la condena al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y otra muy diferente es una condena por reajuste de salario conforme a un arancel que no le es aplicable al demandante y por ese mismo motivo debió de haberse pronunciado y no lo hizo. c) La condena del Ad Quem en cuanto a que la demandada debe de cancelar un reajuste conforme el Arancel ya mencionado, violenta los derechos y garantías de la Demandada pues como ya se dijo, no hizo ningún pronunciamiento al respecto, haciendo además caso omiso de la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia quien en forma reiterada se ha pronunciado en el sentido, de que el Arancel de de honorarios mínimos por servicios profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CIMEQH), no es una Ley, puesto que su origen, discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del órgano competente, cual es el Congreso Nacional, por consiguiente no se han seguido los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, para la formación de la ley, por tanto al no ser una ley no es de aplicación obligatoria. d) Al no hacer ningún pronunciamiento en relación a la condena de reajuste de salario mínimo conforme el Arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, violenta lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Civil, norma supletoria por disposición del artículo 858 del Código del Trabajo, que establece que: 1. las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, 2, La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, en relación está última disposición con el artículo 245 también del Código Procesal Civil que señala en relación a la valoración de la prueba que “1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así corno de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca; 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”. e) La Sentencia de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, también es CONTRADICTORIA puesto que en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia REVOCA la sentencia definitiva laboral proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua de fecha 12 de septiembre del año 2016, quien había declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto, y sin lugar los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y las costas del juicio promovida por el señor Víctor Antonio Duarte Argueta contra la Corporación Municipal de Siguatepeque, a través del Alcalde Municipal, Abogado Juan Carlos Morales Pacheco y declaró sin lugar las costas del juicio, sin embargo el Tribunal Ad Quem, por una parte como ya se dijo, revoca la sentencia de primera instancia pero no se pronuncia sobre las costas del juicio en primera instancia, por lo que existe una confusión en cuanto a sí se condenó o no en costas en la primera instancia o si su pronunciamiento en la parte resolutiva de la sentencia cuando señala SIN COSTAS se refiere tanto a la primera como a la segunda instancia. Todas incongruencias y omisiones en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de la Seccion Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, llevan a la violación del artículo 206 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del Código del Trabajo, que señala que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas y el artículo 208 del mismo cuerpo legal, también establece que: las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Al contener la sentencia omisiones e incongruencias, violenta las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, principios que reiteradamente han sido reconocidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia en varias sentencias y ha establecido de manera contundente: que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámite previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y además ha establecido que para garantizar el debido proceso, es indispensable que la resolución cumpla con los requisitos de congruencia y motivación y que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión. Por todo lo anterior Honorable Corte Suprema de Justicia se debe declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete.”.- VII.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 27 de junio del 2017, revocó el fallo definitivo dictado por el Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo por ministerio de la Ley de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha 12 de septiembre del 2016, declarando por ello con lugar la demanda y condena a la demandada a pagar preaviso, auxilio de cesantía, reajuste del salario mínimo, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y otros conceptos, sin costas; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente, es decir conforme los hechos y pretensiones alegados por las partes, omitiendo motivar y explicar lo relacionado sobre los extremos vinculados con la condena efectuada a la demandada por el reajuste de salario mínimo por un monto equivalente a L. 771,224.16, sin determinar de dónde surge ese concepto, es decir, de que ordenamiento jurídico tiene su asidero y que fuera imperativa su aplicación (ni menciona en sus fundamentos la Ley de Salario Mínimo) y como arribó a establecer esos valores; además, habiéndose acreditado en el proceso, que el último salario mensual que el demandante devengaba era de L. 15,400.00, no razona como en la condena efectuada por el preaviso, auxilio de cesantía y otros conceptos, superan en exceso lo que el salario promedio mensual de los últimos 6 meses podría generar, tomando en cuenta que el mismo era el referente para calcular los mismos conforme lo dispuesto por el artículo 123 del Código del Trabajo.- Finalmente, dicha sentencia no realiza ningún pronunciamiento sobre las tachas opuestas por la parte demandante contra de los testigos IVETT MELISSA ZAVALA RODRIGUEZ y RAMON EDGARDO RAMIREZ LARA, siendo el momento procesal oportuno para hacerlo, tal como lo ordena el artículo 736 segundo párrafo de ese mismo Código. VIII.- Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- IX.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha venido señalando: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015).- X.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151). XI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIII.- Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal, resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- XIV.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 123, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 27 de junio del 2017, visible a folios 6 al 8 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 385-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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