Sentencia CL-384-17 — Registro 8430
Resumen
Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago entre otros de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de vacaciones, pago de bono estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, más costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar que párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; y, b) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En relación al anterior motivo de casación, resulta inadmisible pues el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-quem haya incurrido en un error de este tipo, porque el mismo analizó la prueba singularizada y en su conjunto con los otros medios probatorios."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de noviembre del 2017, por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores: PEDRO ROLANDO SÁNCHEZ FIGUEROA, JORGE ALBERTO VÁSQUEZ MÉNDEZ, JOHANA LIZETH MATUTE CARDONA, LEDY ONDINA MONTES BLANDIN, ELOISA EDELVINA SÁNCHEZ GUIFARRO, JOSÉ RAMÓN CANALES ORTIZ, representada en juicio por el Abogado BARBARA REYES SALINAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago entre otros de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de vacaciones, pago de bono estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de mayo del 2015, por la Abogada BARBARA REYES SALINAS, en su condición de representante procesal de los señores: PEDRO ROLANDO SÁNCHEZ FIGUEROA, soltero, Técnico en Telecomunicaciones, de este domicilio; JORGE ALBERTO VÁSQUEZ MÉNDEZ, casado, Labrador, de este domicilio; JOHANA LIZETH MATUTE CARDONA, casada, Secretaria, de este domicilio; LEDY ONDINA MONTES BLANDIN, casada, Secretaria, de este domicilio; ELOISA EDELVINA SÁNCHEZ GUIFARRO, soltera, Licenciada en Pedagogía, de este domicilio, y JOSÉ RAMÓN CANALES ORTIZ, casado, Electricista, con domicilio en la Aldea Catautare, Pespire, Departamento de Choluteca; todos mayores de edad y hondureños, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por intermedio de su Gerente General y representante legal el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 02 de junio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 16 de marzo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ENRIQUE CASTRO BECERRA en su condición de Representante Procesal demandada-apelante.- II.- REFORMAR de forma PARCIAL, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 16 de marzo del 2017 que corre a folios del 433 al 449, de primera pieza de autos de así: 1) REVOCAR: PARCIALMENTE los numerales 1 y 2 de la sentencia apelada en la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR la demanda a favor de las señoras PEDRO ROLANDO SÁNCHEZ FIGUEROA, JORGE ALBERTO VÁSQUEZ MÉNDEZ, JOHANA LIZETH MATUTE CARDONA y JOSÉ RAMÓN CANALES ORTIZ con todos los derechos a ellos otorgados en la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia.- DOS: EXCLUIR a las señoras LEDY ONDINA MONTES BLANDIN, ELOISA EDELVINA SÁNCHEZ GUIFARRO para ser reintegradas y de todos sus pretensiones de derecho reclamados por DESESTIMIENTO de la demanda ya que le fueron pagadas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por el empleador.- TRES: ABSOLVER a HONDUTEL por medio de su Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, al reintegro de las señoras indicadas en el numeral anterior CUARTO: CONFIRMAR PARCIALMENTE los numerales 1 y 2 y CONFIRMAR TOTALMENTE el numeral TRES de la parte resolutiva de la sentencia apelada.- III. SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar así: Pedro Rolando Sánchez Figueroa, el 25 de agosto del 2005, en el puesto de Médico en el Departamento de Servicios Médicos, devengando un salario ordinario mensual de L. 13,900.00; Jorge Alberto Vásquez Méndez, el 01 de octubre del 2006, como Agente de Seguridad Interna, devengando un salario ordinario mensual en los últimos meses de L. 13,258.99; Johana Lizeth Matute Cardona, el 07 de junio del año 2006, como de Secretaria Ejecutiva II de la Sección de Instalación y Mantenimiento de Servicio, que al momento de ser despedida se desempeñaba funcionalmente como Técnico o Auxiliar Administrativo, devengando en los últimos seis meses un salario de L. 14,368.99; Ledy Ondina Montes Blandin, el 08 de marzo de 1985, como Secretaria Ejecutiva II del Departamento de Conmutación (REDES) en el área de Ingeniería, devengando en los últimos meses un salario ordinario mensual de L. 32,509.00; Eloisa Edelvina Sánchez Guifarro, el 08 de septiembre de 1995, en el puesto de Cajero II, devengado un salario ordinario mensual de L. 15,423.68 y José Ramón Canales Ortiz, el 10 de noviembre del 2006, como Administrador III, devengando en los últimos seis meses, un salario ordinario mensual de L. 15,800.00, que fueron objeto de acoso laboral que comenzó cuando se le notificó una suspensión del contrato de trabajo efectivo del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, o sea un plazo de 120 días, debiéndose presentar el 05 de febrero del 2015 y contra dicha suspensión presentaron formal oposición; que mediante oficio GGH-560-2015, GGH-431-2015, GGH 432-2015, GGH-499-2015, GGH-527-2015, GGH-428-2015, respectivamente y de fecha 05 de febrero del año 2015, HONDUTEL notificó la terminación de la relación laboral invocándole tres supuestas causales, las cuales rechazaron porque la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió, de tal manera que no llegó a tipificarse, y según el artículo 111 numeral 8) deberá ser por más de 120 días y la suspensión operó por 120 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión y que no fue autorizada; argumentaron que las llamadas reingenierías gerenciales, reestructuraciones administrativas o crisis económica no es una causal de despido ni facultan al patrono para dar por terminados los contratos de trabajo, sin responsabilidad de su parte; asimismo, antes de la finalización de la suspensión en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, la demandada estaba obligada a notificar a la Secretaría del Trabajo la reanudación de los contratos de trabajo, para tener derecho a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de las partes y los que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes; y a pesar de que la demandada no hizo los llamados respectivos, se presentaron al lugar de trabajo el 05 de febrero del 2015, a la hora indicada, a quienes les negaron el ingreso; por lo que no hubo reanudación de las labores y si no hay reanudación la suspensión no ha finalizado y que la terminación de las relaciones laborales les violentaron el Artículo 129 de la Constitución de la República y la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDURAS y SITRATELH, así como los Artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en los cargos y no la discriminación, y que además de las causales invocadas la demandada ha realizado un acoso constante a los trabajadores, despidiéndoles en reiteradas ocasiones, violentando el derecho al trabajo y la dignidad como seres humanos; manifestó además que a algunos de los demandantes se les adeudan el pago de vacaciones, el goce de días de vacaciones, el aguinaldo proporcional del año 2014 y a otros inclusive el pago de horas extras y del 28% por trabajo nocturno, y con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible se dio por agotado el trámite administrativo en fechas 24 de marzo y 30 de abril del 2015.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que con el propósito de rescatar la empresa el 07 de octubre del 2014, invocó lo instituido en los artículos: 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 08 de octubre del 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el día 04 de febrero del 2015, debiéndose presentar a las labores el personal suspendido el día 05 de febrero del 2015 y dentro de ese personal suspendido se encontraba la demandante; además manifestó que es de público conocimiento que la empresa demandada ha venido operando con pérdidas netas desde el 2009 hasta la fecha, mismas que se incrementaron durante los períodos fiscales de los años 2012 y 2013, al extremo que resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas; y lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revestida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; que el 10 de octubre del 2014, presentó ante la Secretaría del Trabajo, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de HONDUTEL y que el 03 de febrero del 2015, presentó también ante dicha Secretaría de Estado formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persistían, lo que imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar al trabajador que legalmente fue suspendido; por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión al demandante, el 05 de febrero del 2015, HONDUTEL notificó al demandante la decisión de dar por terminado los contratos de trabajo de los empleados cuyos contratos fueron suspendidos, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; además, alegó que durante el periodo de suspensión le pagaron a los demandantes la indemnización equivalente a 30 días de salario, por no haberle dado el aviso de suspensión del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con 30 días de anticipación.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada BARBARÁ REYES SALINAS en su condición de Representante Procesal de los señores PEDRO ROLANDO SÁNCHEZ FIGUEROA, JORGE ALBERTO VÁSQUEZ MÉNDEZ, JOHANA LIZETH MATUTE CARDONA, LEDY ONDINA MONTES BLANDIN, ELOISA EDELVINA SÁNCHEZ GUIFARRO y JOSÉ RAMÓN CANALES ORTIZ, en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Gerente General y Representante legal el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, condenó a la empresa demandada a reintegrar a los demandantes al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de los demandantes como el bono de utilidades, bono estudiantil, el pago del complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2013 y 2014 y demás derechos que pudieran existir; declaró sin lugar el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por préstamos en la Banca Privada; absolvió a la parte demandada del pago de dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que al momento “suspender” el contrato de trabajo de cada uno de los demandantes, no contaba con la debida autorización de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para hacerlo, en tal virtud, lo que se dio al momento de producirse la supuesta “suspensión” fue un despido que además de ilegal es injusto, ya que el Código del Trabajo, es el que establece el procedimiento legal para llevar a cabo la suspensión de un contrato de trabajo, por lo tanto no son las normas jurídicas las que justifican el despido del trabajador, sino los hechos concreto que la parte patronal considera justificativos de su decisión y que el trabajador tiene el derecho de conocer, los cuales no fueron aportados al proceso; además el despido infringió garantías constitucionales como ser la estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo, y el derecho a la salud, al tenor de lo establecido en los artículos 64 y 128 párrafo primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 3 del Código del Trabajo; por otra parte los actos con los que se violen las normas de orden público son nulos, aunque se expresen en un pacto o contrato; que constituye también una pretensión de los demandantes el pago del reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto de indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por préstamos en la Banca Privada; sin embargo, no fue acreditado en los autos los gastos médicos quirúrgicos que hayan incurrido los demandantes a partir del despido, como tampoco que tuviera préstamo con el INJUPEMP y que éste haya caído en mora, lo mismo con instituciones bancarias privadas, en consecuencia los reclamos resultan improcedentes; que conforme a la información proporcionada por HONDUTEL en relación al pago del décimo tercer mes del año 2014, mediante Oficio que corre a folios 383 al 386, este concepto no fue pagado en su totalidad en vista que fueron suspendidos de su puesto de trabajo a partir del 8 de octubre del año 2014, en consecuencia, al momento de ser reintegrados y realizado el pago de los salarios dejados de percibir, deberá incluirse el complemento del pago del décimo tercer mes del año 2014; en el caso de los demandantes Pedro Rolando Sánchez Figueroa, Jorge Alberto Vásquez Méndez, Johana Lizeth Matute Cardona Eloisa Edelvina Sánchez Guifarro y José Ramón Canales Ortiz, las vacaciones correspondientes al período del 2013-2014, se les adeuda el goce de días de vacaciones, ya que no fueron disfrutadas en su totalidad, por lo cual, al momento de proceder a la liquidación de la presente sentencia se deberá incluir esta información conforme a lo demostrado a folio 384; que si bien la juzgadora procedió admitir el hecho nuevo relacionado, pero al mismo no le otorga el valor probatorio pretendido por la parte que lo propuso, debido a que si bien la mencionada Resolución es favorable para HONDUTEL pero la misma incide en la resolución del presente proceso, de manera contraria a la pretendida, ya que constituye una evidencia más que al momento de ser despedidos, HONDUTEL no contaba con la mencionada autorización, convirtiendo de esta forma el despido de los demandantes en ilegal e injusto, tal como ya concluido la suscrita; que si bien es cierto, un buen ambiente laboral es algo fundamental en cualquier empresa, de este depende en gran medida la efectiva productividad de los empleados, no obstante en cuanto al acoso laboral (mobbíng) que la parte actora dice haber sufrido, la juzgadora considera que no se ha producido, ya que por el hecho de haber sido objeto de suspensión del contrato de trabajo y posterior despido, estas son instituciones que el Código el Trabajo las regula y que autorizan al patrono aplicarlas con las limitaciones que el mismo código establece, por lo cual a criterio de la juzgadora, el despido de los demandantes no se dio a consecuencia de violencia o acoso en las relaciones laborales (mobbing).- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 02 de junio del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en donde reformó de forma PARCIAL, la sentencia definitiva de fecha 16 de marzo del 2017; revocó parcialmente los numerales 1 y 2 de la sentencia apelada en lo cual confirmó la demanda a favor de los señores Pedro Rolando Sánchez Figueroa, Jorge Alberto Vásquez Méndez, Johana Lizeth Matute Cardona Y José Ramón Canales Ortiz, con todos los derechos a ellos otorgados en la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia; excluyó a las señoras Ledy Ondina Montes Blandin, Eloisa Edelvina Sánchez Guifarro, para ser reintegradas y de todas sus pretensiones de derecho reclamados por desistimiento de la demanda, ya que les fueron pagadas las prestaciones e indemnizaciones laborales por el empleador; absolvió a la empresa demandada, al reintegro de dichas señoras y confirmó parcialmente los numerales 1 y 2; y confirmó totalmente el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo, y que se revisa en apelación no está apegada a derecho; este convencimiento se fundamentó en que la parte demandante con su medio de prueba documental acreditó en juicio la relación laboral que existió entre el empleador demandada y trabajadores demandantes, y que todos fueron suspendidos de sus contratos de trabajo, por decisión unilateral del empleador por 120 días a partir del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015; que la empresa demandada al cumplirse el término de los 120 días de suspensión del contrato individual de trabajo de la demandante, procedió a notificarle su terminación de la relación laboral sin tener autorización de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, tanto para la suspensión del contrato de trabajo como la prórroga del mismo por lo que violenta los artículos 101, 102 y 103 del Código del Trabajo; también quedó probado que la parte demandada infringió Garantías Constitucionales y Normas contempladas en el Código del Trabajo con respecto a la estabilidad laboral; por lo que el despido resulta ser ilegal e injustificado; que consta de autos que la Juez sentenciadora, tenía conocimiento de las demandantes Ledy Odina Montes y Eloisa Edelvina Sánchez Guifarro del desistimiento de la demanda para su reintegro a su puesto de trabajo, por haber negociado sus prestaciones e indemnizaciones con HONDUTEL, sin embargo, aparecen incluidos en la sentencia definitiva que se conoce en apelación, pues dichas señoras debió la Juez sentenciador excluirlas por haber negociado sus prestaciones con la parte demandada en tal sentido resulta la sentencia definitiva incongruente procediendo su reformatorio parcial.- 5.- Mediante auto de fecha 05 de septiembre del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 13 de noviembre del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y tres nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha 14 de noviembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de diciembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BARBARA REYES SALINAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En esta caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”, Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que los trabajadores, en este caso, solamente tienen derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”. Por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar que párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; y, b) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia.- IV. Que el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 325, 326, 330, 331, 335, 336, 340, 341, 345, 346,; B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 353 AL 360, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregados de folios 325, 326, 330, 331, 335, 336, 340, 341, 345, 346; b) Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 353-360, todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes, hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, no se tomaron en cuenta los estados financieros, evidencia irrefutable y contundente de la situación financiera de la empresa. 2) El Código Procesal Civil, aplicado de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 325, 326, 330, 331, 335, 336, 340, 341, 345, 346; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 353-360, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- V. En relación al anterior motivo de casación, resulta inadmisible pues el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-quem haya incurrido en un error de este tipo, porque el mismo analizó la prueba singularizada y en su conjunto con los otros medios probatorios.- VI. Que el impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 325, 326, 330, 331, 335, 336, 340, 341, 345, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, si no que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenando a mi representada a reintegrar a los trabajadores PEDRO ROLANDO SÁNCHEZ FIGUEROA, JORGE ALBERTO VÁSQUEZ MÉNDEZ, JOHANA LIZETH MATUTE CARDONA, LEDHY ONDINA MONTES BLANDIN, ELOISA EDELVINA SÁNCHEZ GUIFARRO, JOSÉ RAMÓN CANALES ORTIZ; a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha doce (12) de enero del dos mil diecisiete (2017). El ad quem, al omitir esa motivación, produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme en lo establecido en la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hace un análisis exhaustivo del por qué utiliza como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso subjudice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en las opciones de las partes, de manera que el caso sub examine ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida. TERCERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal adquem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme en los establecido en la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio de los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 353-360, de la primera pieza de autos, con los que se acredita de manera fehaciente la falta de fondos de la empresa y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, extremo demostrado mediante la presentación del medio de prueba de marras, con el que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. PROCEDENCIA DE LAS NULIDAD SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, ya nos establece que las sentencias en su contenido deben ser claras, precisas y exhaustivas, en su contenido en relación a los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas en relación a los argumentos facticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras, como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa casusa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. Nulidades en las que el recurrente pretende que la argumentación planteada en los motivos de casación, también se estudien como motivos de nulidad.- VIII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en sus dos motivos de casación y sin lugar las nulidades solicitadas en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR las nulidades solicitadas de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 384-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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