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Sentencia CL-383-17 — Registro 7613

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral, absolvió a la parte demandada a pagar al demandante por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, reajuste por bonificación, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, pago de retroactivo y otros derechos colaterales se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la ley, por una parte expresa falta de aplicación y por otra aplicación indebida, los cuales debió realizar con la debida separación, por la técnica del recurso y especialización de las formas de violación; b) el artículo 765, numeral 1° del Código de Trabajo que señala como precepto autorizante, contiene dos párrafos con situaciones jurídicas distintas, la cual debió indicar con precisión; y c) realiza extensos alegatos de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la ley, por una parte expresa falta de aplicación y por otra aplicación indebida, los cuales debió realizar con la debida separación, por la técnica del recurso y especialización de las formas de violación; b) el artículo 765, numeral 1° del Código de Trabajo que señala como precepto autorizante, contiene dos párrafos con situaciones jurídicas distintas, la cual debió indicar con precisión; y c) realiza extensos alegatos de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de noviembre de 2017, por el Abogado CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición propia en el libre ejercicio de su profesión y como representante procesal de los señores MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO, ZONIA ALICIA ALVARENGA LOPEZ y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR, como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), representada en juicio por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral por ajuste salarial, ajuste por derechos adquiridos consistentes en vacaciones, bonificaciones, decimotercero y decimocuarto mes de salario, elaboración, ajuste y pago de nuevo cálculo de prestaciones laborales y otros derechos colaterales; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de junio de 2015, por los señores CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas, hondureño y de este domicilio; MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO, mayor de edad, soltera, hondureña, Secretaria Ejecutiva y de este domicilio, ZONIA ALICIA ALVARENGA LOPEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas y representante legal el señor ERNESTO EMILIO CARÍAS CORRALES, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por los señores, CONRADO REINERY LANDA PEREIRA, MARÍA MERCCEDES MALDONADO SUAZO, ZONIA ALICIA ALVARENGA, y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente, Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, en cuanto al pago del ajuste del 5.5% de salario por los siguientes conceptos: Preaviso, auxilio de Cesantía, auxilio de cesantía proporcional, Vacaciones pendientes, reajuste por bonificación, Aguinaldo Proporcional, Décimo cuarto mes proporcional, pago de retroactivo y otros derechos colaterales; en consecuencia, 2) ABSUELVE AL DEMANDADO EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente, Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, a pagar a CONRADO REINERY LANDA PEREIRA, MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO, ZONIA ALICIA ALVARENGA, y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR por los siguientes conceptos: Preaviso, auxilio de Cesantía, auxilio de cesantía proporcional, Vacaciones pendientes, reajuste por bonificación, Aguinaldo Proporcional, Décimo cuarto mes proporcional, pago de retroactivo y otros derechos colaterales; 3) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que mediante resolución del Honorable Directorio de Especialista, como órgano ejecutivo de la entidad demandada el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), fue aprobado el otorgamiento de un 5.5% de ajuste salarial a todos los empleados de la institución, ajuste salarial que comprendía el periodo del 01 de enero del 2014 al 31 de enero de 2015, y mandó que el cálculo y pago de dicho ajuste se hiciera a todos los empleados que estuvieran laborando al 31 de diciembre del 2013 y con efecto retroactivo desde el 01 de enero del 2014; además manifestaron que consta en los archivos de INPREMA la copia de los acuerdos de nombramiento y cancelación respectivamente, y que laboraron para la demandada así: Conrado Reinery Landa Pereira, desde el 04 de abril de 1983 hasta el 28 de febrero del 2014; María Mercedes Maldonado Suazo, desde el 03 de julio de 1995 hasta el 31 de enero del 2014; Zonia Alicia Alvarenga, desde el 03 de febrero del 2004 hasta el 30 de abril del 2014; y Ricardo Alberto Castejón Taylor, desde el 08 de noviembre de 1983 hasta el 28 de febrero del 2014; argumentaron que es de conocimiento público que previo dictamen de la Secretaría de Finanzas el referido ajuste salarial se les hizo efectivo a todos los empleados de la institución en la segunda quincena del mes de febrero del corriente año, con efectividad desde el 01 de enero del 2014; alegaron también que los trabajadores que fueron despedidos con causa justificada en el mes de noviembre del 2014 y los despedidos por mutuo acuerdo en el mes de diciembre del 2014, a ambos se les hizo efectivo el pago del 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales y posteriormente, en el mes de marzo del 2015, por orden del Directorio de Especialistas procedieron a hacerles el pago del ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales y otros derechos colaterales, en proporción al tiempo laborado, así como el ajuste y pago de otros derechos colaterales, los que se hicieron de forma retroactiva desde el 05 de noviembre del 2014, es decir, calculados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral; pero que de manera inexplicable la demandada excluyó a los demandantes de dichos derechos y beneficios laborales; que en fecha 21 de abril del 2015 se agotó la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes y alegando en su defensa que según la Resolución N° DE/260/23-09-2014, considerando 4 emitida por los Directores Especialistas del INPREMA, fecha 23 de septiembre del 2014, en virtud de que la misma se encontraba condicionada en que se aplicaría incremento salarial del 5.5% a los empleados permanentes del instituto contratados antes del 31 de diciembre de 2013; que el incremento se aplicaría retroactivamente a partir del 01 de enero del 2014; y que el incremento salarial recaería sobre el salario de aquellos empleados permanentes que estén activos al 23 de septiembre del 2014, argumentó que por ello las demandas son ineptas por no haber hecho la integración de las condicionantes contenidas en dicha resolución; asimismo, alegó que los demandantes manifestaron en su escrito de demanda que la relación terminó antes de que emitieran dicha resolución, por lo que los demandantes no se encontraban activos a la fecha 10 de febrero del 2015. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral, absolvió a la parte demandada a pagar al demandante por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, reajuste por bonificación, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, pago de retroactivo y otros derechos colaterales, sin costas; demanda ordinaria laboral promovida por los señores CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA; MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO; ZONIA ALICIA ALVARENGA LOPEZ y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas y representante legal el señor ERNESTO EMILIO CARÍAS CORRALES; bajo el criterio que llegando a la conclusión que con el Oficio N°DE-40-2015, que contiene la Resolución número DE/40/10-02-15 en el considerando 4, en donde el reajuste de salario de 5.5% aplicaba a partir del 01 de enero del 2014, para todos los empleados permanentes del INPREMA, contratados antes del 31 de diciembre del 2013 y activos a la fecha, por lo que no les asiste el derecho que reclaman los demandantes porque a la fecha de la resolución 23 de septiembre del 2014, ya no laboraban para la demandada; porque si bien es cierto, los demandantes laboraron los primeros meses del año 2014; no es menos cierto, que la resolución establece que deberían estar activos a la fecha del 23 de septiembre de 2014, es decir, la fecha que surtió efectividad el aumento del 5.5%. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 30 de mayo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que consta en autos la Resolución N° DE/40/10-02-15 en el considerando 4, que señala que el Directorio de Especialistas, en fecha 23 de septiembre del 2014, emitió la Resolución N° DE/260/23-09-2014, en la que resolvió “aplicar un ajuste de salario de 5.5%, retroactivo a partir del 01 de enero de 2014, para todos los empleados permanentes del INPREMA, contratados antes del 31 de diciembre del 2013 y activos a la fecha”; por lo que quedó probado que los demandantes a la fecha 23 de septiembre del 2014, fecha en que se emitió la Resolución N° DE/260/23-09-2014, ya no laboraban para el INPREMA, por lo que el ajuste de salario acordado del 5.5% no les corresponde, ya que es bien claro cuando dicha resolución dice “contratados antes del 31 de diciembre del 2013 y activos a la fecha”, es decir, 23 de septiembre de 2014. 5.- Mediante auto de fecha 21 de septiembre del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA, en su condición propia en el libre ejercicio de su profesión y como representante procesal de los señores MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO, ZONIA ALICIA ALVARENGA LOPEZ y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 13 de noviembre de 2017, compareció ante este Tribunal el Abogado CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA, en su condición propia en el libre ejercicio de su profesión y como representante procesal de los señores MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO, ZONIA ALICIA ALVARENGA LOPEZ y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 14 de noviembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de enero del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso. II. Que el Abogado CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Ser la sentencia recurrida violatoria por infracción directa, a consecuencia de la falta de aplicación de los Artículos 64, 128 numerales 4, 8, y 10 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 96 numeral 9, 116 literal e, 120 literales c, d, e, 123 literal b), 374, 734, y 858 del Código de Trabajo; asimismo por la aplicación indebida de la Resolución N° DE/260/23-09-2014 emitida por el Directorio de Especialistas del INPREMA por encima de lo que señala la Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765, Numeral 1° del Código del Trabajo. PASO A EXPLICAR LA VIOLACIÓN EN LA FORMA SIGUIENTE: PRIMERO: A) Las partes demandantes promovimos la demanda bajo la suma siguiente: “Demanda Ordinaria Laboral por Ajuste Salarial, Ajuste por Derechos Adquiridos consistentes en Vacaciones, Décimo Tercero y Décimo Cuarto Mes de Salario, Ajuste y Pago de Nuevo Cálculo de Prestaciones Laborales y Otros Derechos Colaterales, condena en Costas”. De lo anterior claramente se desprende que la acción promovida por la parte demandante es de emplazamiento, por lo que, la Institución demandada, deberá ser condenada en sentencia a que haga nuevamente los cálculos o ajustes de la indemnización por auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones, decimotercero y decimocuarto mes de salario, así corno cualquier otro derecho adquirido, tomando en consideración hasta el último día laborado, tal como lo manda la Ley. En proporción al tiempo laborado, todo en virtud del ajuste salarial de. 5.5% otorgados a todos los trabajadores contratados al 31 de diciembre del 2013 y aprobado de manera retroactiva desde el uno (1) de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y pagado a los empleados de la Institución en la segunda quincena del mes de febrero del año 2015 y sea obligado mediante sentencia condenatoria a que realice un nuevo cálculo para efectos de que se nos haga el ajuste a nuestras prestaciones e indemnizaciones laborales. B) Que la Corte de Apelaciones, al confirmar la sentencia emitida por el Juzgado del Trabajo, no solamente hizo suyas las consideraciones por las cuales se ha declarado SIN LUGAR la demanda promovida por CONRADO RENIERY LANDA PEREIRA quien actúa en causa propia y en su condición de representante procesal de los señores MARÍA MERCEDES MALDONADO SUAZO, ZONIA ALICIA ALVARENGA LOPEZ Y RICARDO ALBERTO CASTEJON TAYLOR, sino que también la Corte de Apelaciones, reafirma y ratifica las mismas consideraciones por las cuales el Juzgado del Trabajo, de manera injusta declaró Sin Lugar la demanda objeto del presente recurso de Casación. C) El Artículo 64 y 128 de la Constitución de la República son categóricos al señalar: Artículo 64 “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, silos disminuyen, restringen o tergiversen. Artículo 128 señala, “Las Leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1)...2)...3)...4) Los créditos a favor de los trabajadores por salarios indemnizaciones y demás prestaciones sociales serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley. 5)...6)...7)...8)...el trabajador tendrá derecho al pago efectivo de las vacaciones causadas y de las proporcionales correspondientes al periodo trabajado...“en relación con el Artículo 3 del Código del Trabajo, que señala” Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.” y, el artículo 738 del mismo Código, manda que “el Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”. Asimismo el artículo 858 del Código de Trabajo señala: “ A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran las normas análogas de este Código y en su defecto, las del Código de Procedimientos Civiles”, por lo que, el tribunal de alzada al denegar la demanda interpuesta, fundamentado en la Resolución N° DE/260/23-09-2014 emitida por el INPREMA, violenta los Artículos 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública que señalan: Articulo 7) Los actos de la Administración Pública que señalan: Artículo 7) Los actos de la Administración Pública deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1.- La Constitución de la Republica. 2.- Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras. 3.- La presente Ley. 4.- Las Leyes administrativas especiales. 5.- Las Leyes especiales y generales vigentes en la República. 6.- Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes. 7.- Los demás Reglamentos generales o especiales. 8.- La Jurisprudencia administrativa. 9.- Los principios generales del Derecho Público. Y el Artículo 8 señala.- Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: 1).. .2).. .3).. .4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la república. SEGUNDO: En relación a los hechos supuestamente probados, la A quo cometió inexcusables errores de mero derecho al afirmar entre otros, en el numeral 5): ... “que la prueba de exhibición de documentos al amparo que la parte contraria (demandada) exhibiera la planilla de los empleados y ex empleados de INPREMA a fin de constatar el pago efectivo del retroactivo pagado a los beneficiarios; extremo éste que no se pudo constatar en vista que no se proporcionó la información, solicitando el demandante que se tuviera como hecho probado al amparo del artículo 734 del Código del Trabajo; motivando al respecto la juzgadora, que en ese sentido es preciso explicar que los extremos no guardan relación con los demandantes, sino en relación a los demás empleados de la institución”. En tal sentido la juzgadora no tuvo en cuenta u omite deliberadamente el objeto de dicha prueba, que era precisamente la de acreditar fehacientemente a qué empleados o ex empleados se les pagó dicho beneficio económico, asimismo si los demandantes aparecen pagados en dichas planillas; sobre el particular es oportuno señalar lo paradójico de lo expuesto por la juzgadora, ya que por una parte admite que no se proporcionó la información, y por la otra califica de manera inexplicable “que los extremos no guardan relación con los demandantes, sino en relación a los demás empleados de la institución”, de lo que resulta ineludible la interrogante ¿de dónde saca o cómo sabe la Señora Jueza, que los extremos no guardan relación con los demandantes, sino en relación a los demás empleados de la institución, cuando consta en autos que no se proporcionó la información?, motivación que vicia la sentencia por ser incongruente. Por otra parte en este caso la Señora Jueza se aparta del mandato contenido en la ley, en dos aspectos medulares: el primero es que dicho medio probatorio fue propuesto y admitido en tiempo y forma sin objeción de la parte contraria, por lo tanto su ejecución resultaba obligatoria; y, el segundo es que el mandato contenido en el artículo 734 del Código del Trabajo, que “si decretada una inspección, ésta no se llevare a efecto por renuencia de la parte que deba facilitarla, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar”, ello no puede ser desobedecido por la juzgadora, ya que con ello transgrede flagrantemente lo dispuesto en los artículos 305, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. Además muestra parcialismo hacia la parte demandada al no valorar objetivamente el hecho que para el período de aplicación del incremento salarial a partir del 01 de enero de 2014 todavía estábamos laborando para la institución. Es oportuno señalar que estos documentos a los cuales la juzgadora de primera instancia no les dio ninguna importancia o valor; omisión injustificable tomando en cuenta que si bien es cierto que el juzgador no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, también es irrefutable que esta circunstancia es limitativa, dado que el Código del Trabajo en su artículo 738 manda, que el Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo, y por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia la A-quo debió indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, pero la sentencia recurrida carece inexplicablemente de esta ineludible formalidad, sin que la honorable Corte de Apelaciones en su oportunidad cumpliera con su ineludible atribución de hacer justicia enmendado y revocando la sentencia recurrida. Con lo expuesto queda plenamente demostrada la violatoria por infracción directa, a consecuencia de la falta de aplicación del artículo 738 del Código de Trabajo que obliga al Juez, al proferir su decisión, analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, característica esencial que inexplicablemente no está contenida en la sentencia impugnada y aún más desconoció por completo el contenido de la disposición citada en el Artículo 734 del Código del Trabajo. Todo lo anterior se confirma en el tercer considerando numeral 5 de la sentencia definitiva apelada. TERCERO: Por otra parte la Jueza A quo comete otro error en las motivaciones SEXTA y SÉPTIMA de la sentencia, en las que desestima nuestras justas pretensiones, al afirmar adhiriéndose completamente a la literalidad del Oficio N° DE-40-2015, que corre a folios 100 al 105 de los autos, que contiene la resolución número DE/40/10-02-15 específicamente el considerando (4): que dice: Que en fecha 23 de septiembre del año 2014 y según acta N° 37-2014, El Directorio de especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (TNPREMA) emitió la Resolución N° DE/260/23-09-2014, misma que en su parte resolutiva con fundamento en los 9 y 14 del de la Ley del INPREMA RESOLVIÓ: PRIMERO: Aplicar un ajuste del salario del 5.5%, retroactivo a partir del 01 de enero del 2014 para todos los empleados permanentes del Instituto Nacional de Previsión Magisterio (INPREMA), contratados antes del 31 de diciembre del 2013 y activos a la fecha, teniendo en cuenta que la limitación de que el ajuste del salario de 5.5%, retroactivo se le pague únicamente al personal permanente contratado antes del 31 de enero y activos a la fecha es una disposición arbitraria, ilegal e injusta, por cuanto implica que el obligado, en este caso la institución demandada, pueda decidir a su sola voluntad a qué empleados favorecer y cuáles no; resultando en este caso, que conforme a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, es extraordinariamente obvio que la limitación establecida en la cuestionada y cuestionable Resolución emitida por el Directorio de Especialistas, es única deliberadamente para excluir a ex empleados aun cuando todavía se encontraban laborando para la Institución al 01 de enero de 2014 y meses subsiguientes inclusive, como así ocurre con el suscrito apoderado procesal y sus representados, y con todo ello se ultrajan principios fundamentales e irrenunciables del derecho de trabajo contemplados particularmente en los artículos 60 y 128 primer párrafo de la Constitución de la República, relativos a la igualdad ante la Ley y a los privilegios de que gozan los créditos a favor de los trabajadores respectivamente; todo lo anterior relacionado con los artículos 3, 96 numeral 9 y 367 del Código del Trabajo, consecuentemente la interpretación de la A quo es notoriamente errónea y parcializada hacia la otra parte. CUARTO: Seguidamente la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO en la Fundamentación de su considerando 9 de la sentencia impugnada, cita la Resolución DE/260/23-09-2014 emitida por el Directorio de Especialistas del INPREMA lo que es contrario a lo preceptuado en la Constitución de la República, Código de Trabajo y demás leyes aplicables. Que habiendo explicado también la aplicación indebida del Código del Trabajo y que conlleva la violación de la ley sustantiva, es meritorio que el motivo de casación prospere y que se case completamente la sentencia recurrida. QUINTO: Nos causa agravio, que el órgano jurisdiccional nos niegue el legítimo derecho al ajuste de nuestras prestaciones laborales, basando su fallo en disposiciones derivadas de una resolución emitida por organismo descentralizado, como lo es el INPREMA, violentando el orden jerárquico de las leyes que rigen nuestro sistema judicial, ya que no debe aplicarse una resolución de directorio de un órgano descentralizado si contraviene las disposiciones de una Ley y mucho menos si violenta las garantías que la Constitución de la República otorga a todos los trabajadores, ya que la sentencia se fundamenta en la Resolución DE-40-2015 que contiene la Resolución N° DE/260/23-09-2014 la que en su considerando 4 y en su parte medular dice, “1) Que se aplicaría el incremento salarial del 5.5% para los empleados permanentes del Instituto contratados antes del 31 de diciembre de 2013, 2) Que dicho incremento se aplicaría retroactivamente a partir del 1 de enero del 2014, 3) Que dicho incremento salarial recaería sobre el salario de aquellos empleados permanentes y que estuvieren activos al día 23 de septiembre del 2104.” Siendo este numeral 3 del considerando 4 el que vulnera nuestros derechos, pues nosotros fuimos contratados antes del 31 de diciembre del 2013, laboramos, en su orden, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril del 2014, por lo que nos corresponden, también en su orden, 1, 2 y 4 meses de ajuste salarial y por tal, ajuste a las prestaciones laborales y otros derechos colaterales, en aplicación de los Artículos 64, 128 numeral 4 de la Constitución de la República, 3 del Código de Trabajo. Siendo pertinente resaltar que la fundamentación en la que se basa el Órgano Jurisdiccional para declarar SIN LUGAR nuestra demanda es incorrecta, por lo tanto contraria a derecho.”. III. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la ley, por una parte expresa falta de aplicación y por otra aplicación indebida, los cuales debió realizar con la debida separación, por la técnica del recurso y especialización de las formas de violación; b) el artículo 765, numeral 1° del Código de Trabajo que señala como precepto autorizante, contiene dos párrafos con situaciones jurídicas distintas, la cual debió indicar con precisión; y c) realiza extensos alegatos de instancia. IV. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso - Administrativo, con carácter subsidiario solicito también se declare la nulidad de la sentencia recurrida, dado que, tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente porque no se sustenta en ninguna disposición sustantiva, tal como puede apreciarse de la PARTE DISPOSITIVA de dicho fallo, en la cual solo se citan disposiciones de la Constitución de la República; de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; del Código del Trabajo; y del Código Procesal, es decir no señala ningún fundamento jurídico de carácter sustantivo que sustente dicha sentencia y por ende absolver a la Institución demandada en franca vulneración de mis derechos y de mi representados, lo cual incluso es un obstáculo para la formulación del Recurso de Casación, ya que no se puede atacar la aplicación de normas sustantivas que no han sido expuestas en la parte resolutiva del fallo, con lo cual se violenta el deber de citar las leyes en que se funden las sentencias, tal como lo determina el artículo 200 literal c) del Código Procesal Civil, que manda que “en los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 200 del Código Procesal Civil, al no citar las leyes sustantivas en que funda su fallo; así como los artículos 206 y 208 del mismo cuerpo legal, referidos a la claridad, precisión y exhaustividad; y, a la congruencia respectivamente, ya que dicha sentencia no resulta clara, precisa, exhaustiva, ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en el proceso.”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que la sentencia carezca de fundamentación jurídica, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación y sin lugar nulidad solicitada en forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 383-17. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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