Sentencia CL-374-17 — Registro 8416
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, concediendo todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 112 del Código del Trabajo indicado como violado contiene varios literales que hacen referencia a distintas causas que facultan al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirige el ataque; b) omite indicar de forma completa el precepto autorizante, ya que no señala el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) tratándose su ataque de violación a la Ley por la vía directa resulta innecesario y falta de claridad y precisión señalar normas procesales como medio de la violación; d) la violación directa se produce al margen del material probatorio y siendo que la forma de la terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y por ende de la prueba resulta impropio el ataque por esta vía; y, e) formula alegatos de instancia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible, a saber: a) omite los requisitos del artículo 769 del Código de Trabajo como ser, el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado, precepto legal autorizante conforme al artículo 765 del mismo Código del Trabajo: y b) carece de explicación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, por la Abogada NANCY CAROLA FIGUEROA NÙÑEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras BERTA LIDIA RUIZ GARCÍA, REINA TERESA RAUDALES MEZA, RUTH YANETH COLINDRES HERNÁNDEZ y otros, representadas en juicio por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, concediendo todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; asimismo, se pide la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución a las funciones que les fueron suspendidas, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, causadas y proporcionales, más las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo del dos mil catorce, por las señoras BERTA LIDIA RUIZ GARCÍA, soltera, ama de casa; REINA TERESA RAUDALES MEZA, casada, ama de casa; RUTH JANETH COLINDRES HERNÀNDEZ, casada, ama de casa; DENIA PATRICIA ALVARADO OCHOA, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; MARIA DEL CARMEN SILVA MARADIAGA, soltera, ama de casa, y LESBY SOBEYDA MENDOZA RODRÌGUEZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, todas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal, señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, casada, Máster en Ciencias Contables, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de junio del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida UNICAMENTE por las señoras BERTA LIDIA RUIZ GARCIA, REINA TERESA RAUDALES MEZA, RUTH JANETH COLINDRES HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN SILVA MARADIAGA Y LESBY SOBEYDA MENDOZA RODRIGUEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACINES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA A RECONOCER una relación de trabajo permanente que sostenían las demandantes señora BERTA LIDIA RUIZ GARCIA, REINA TERESA RAUDALES MEZA, RUTH JANETH COLINDRES HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN SILVA MARADIAGA Y LESBY SOBEYDA MENDOZA RODRIGUEZ con el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a REINTEGRAR en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo a las señoras demandantes BERTA LIDIA RUIZ GARCIA, REINA TERESA RAUDALES MEZA, RUTH JANETH COLINDRES HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN SILVA MARADIAGA Y LESBY SOBEYDA MENDOZA RODRIGUEZ, más los salarios dejados de percibir hasta la fecha del reintegro a sus puestos de trabajo.- CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, al pago del incremento o ajuste salarial y bonificación de desempeño según lo estipulado en la contratación colectiva del año 2011-2012, así mismo al pago de vacaciones a las demandantes BERTA LIDIA RUIZ GARCIA REINA TERESA RAUDALES MEZA, RUTH JANETH COLINDRES HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN SILVA MARADIAGA, MARIA DEL CARMEN SILVA MARADIAGA Y LESBY SOBEYDA MENDOZA RODRIGUEZ, de igual forma al pago del décimo tercer y cuarto mes de salario adeudados 2012-2013, 2013-2014, asimismo lo referente al incremento o de ajuste salarial y el bono de desempeño mismos que serán calculados al momento de realizar la liquidación correspondiente a los salarios dejados de percibir. QUINTO: Se declara SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora DENIA PATRICIA ALVARADO OCHOA en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- SEXTO: SE ABSUELVE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, al reconocimiento de una relación de trabajo y al reintegro a su puesto de trabajo de la trabajo de la señora DENIA PATRICIA ALVARADO OCHOA, así como al pago de pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario.- SEPTIMO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), de la manera siguiente: Berta Lidia Ruiz García, el 01 de febrero de 2011, en el puesto de Auxiliar de Mantenimiento, devengando un salario mensual de L.6,700.00; Reina Teresa Raudales Meza, el 05 de enero de 2011, en el puesto de Auxiliar de Mantenimiento, devengando un salario mensual de L.6,700.00; Ruth Janeth Colindres Hernández, el 11 de mayo de 2011, en el puesto de Auxiliar de Mantenimiento, devengando un salario mensual de L.6,700.00; Denia Patricia Alvarado Ochoa, el 01 de abril de 2011, en el puesto de Conserje, devengando un salario mensual de L.9,000.00; Maria del Carmen Silva Maradiaga, el 01 de febrero de 2011, en el puesto de Aseadora, devengando un salario mensual de L.9,000.00; y, Lesby Sobeyda Mendoza Rodríguez, el 04 de mayo del 2010, en el puesto de Auditor I, devengando un salario mensual de L.10,000.00. Desempeñando las demandantes sus labores de manera continua e ininterrumpida por la naturaleza de las mismas, pues son labores permanentes en la institución demandada, al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 y 52 último párrafo del Código del Trabajo; además de lo anterior, se puede observar en los contratos de trabajo suscritos entre las partes, éstos reúnen todos los elementos de un contrato de trabajo según lo preceptuado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, que son: La actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia y un salario o retribución del servicio, así como el cumplimiento de un horario de trabajo, son labores permanentes y no pueden desaparecer por la naturaleza de las mismas, lo cual deja ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral; por lo que las demandantes consideran que les asiste el derecho de permanencia en el puesto que han venido desempeñando, con todos los derechos que tienen los empleados permanentes en la institución demandada; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la Institución demanda.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda, señalando que el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados: “cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo”, esta disposición ha sido observada por el INJUPEMP para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado, para cada periodo anual el Congreso Nacional le aprueba un presupuesto de ingresos y egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente y cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las instituciones del Estado y no exclusivamente para el INJUPEMP, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal. Que las demandantes fueron contratadas por el INJUPEMP con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida y asignación presupuestaria registradas con la nomenclatura 23500, 24900 y 12100, las cuales son de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible únicamente con los empleados permanentes.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida únicamente por las señoras Berta Lidia Ruiz García, Reina Teresa Raudales Meza, Ruth Janeth Colindres Hernandez, Maria del Carmen Silva Maradiaga y Lesby Sobeyda Mendoza Rodríguez, contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP), sin costas; bajo el criterio que las demandantes fueron contratadas como temporales, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la naturaleza de la labor que desempeñaban las demandantes. Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se desnaturalizó, pues la permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada por las demandantes provocó la exigencia y necesidad de la demandada en cuanto a los puestos de trabajo; que por lo tanto, los puestos que desempeñaron las demandantes en la institución demandada no pueden ni deben ser considerados de carácter temporal; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal, haciendo referencia al artículo 3 de Código del Trabajo, con el cual resuelve este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, que dice: “Son nulos ipso jure los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”; por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido de las demandantes, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente los solicitado por las demandantes en cuanto al reintegro a sus labores. Siendo que la contratación simulada no estipula lo referente a las vacaciones, así como quedó establecido en la causa mediante el medio de prueba documental admitido al apoderado demandante, que las demandantes no gozaron de sus vacaciones en los periodos 2012-2013, 2013-2014, ni se les realizó pago alguno, así como también no se les concedió el pago del décimo tercer mes y cuarto mes de salario, y que ante la presencia de una contratación por tiempo indefinido, procede el pago de vacaciones correspondientes a los años laborados, igual el pago del décimo tercer y cuarto mes de salarios.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al juicio se pudo establecer que las demandantes ingresaron a laborar a la institución demandada, desarrollando sus labores en forma continua, pues aún y cuando hubo algunos días de interrupción se debe de entender su relación en forma continua, puesto que se les renovó sus contratos para laborar en el mismo cargo, considerando el tribunal Ad Quem, tales interrupciones como fraude a la ley para evitar que se consideraran los contratos celebrados en forma continua y no ininterrumpida, y no habiendo acreditado la parte demandada que la labor desarrollada por las demandantes ya no se continuaban haciendo en la institución demandada, procede en consecuencia declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. Que la demandada no les invocó a las demandantes ninguna causal justa para dar por terminada la relación laboral, lesionando con ello los derechos fundamentales como ser el principio de igualdad de trato y el derecho al trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NANCY CAROLA FIGUEROA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada NANCY CAROLA FIGUEROA NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada NANCY CAROLA FIGUEROA NÚÑEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 Y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El artículo 112 del Código del Trabajo, regula las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo indeterminado. PRIMER MOTIVO: En el presente caso a las demandantes, el Patrono NO LAS DESPIDIO, sino que aconteció que su contrato de trabajo finalizó totalmente y en consecuencia la relación laboral entre las partes concluyó de pleno derecho, la conclusión de la relación antes expresada constituye un hecho irrebatible por cuanto no consta en el expediente de primera instancia prueba fehaciente aportada por la demandante, que acredite que previo a la finalización del Contrato de Servicios Profesionales promoviera acción contra el Instituto para que judicialmente se decretara que la naturaleza del trabajo que desempeñaba era continua y permanente y que dicha conste en sentencia firme; por lo anterior no se produce el presupuesto que impone el artículo 112 del Código del Trabajo que medie despido con causa justificada para que sus disposiciones sean aplicables al caso concreto.-Por las razones antes expresadas en el caso de la demandante no se produce el evento de haberse separado de su trabajo invocando cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo, en consecuencia no existe posibilidad jurídica de que el patrono por ello debe ser condenado al reintegro ni debe ser sancionado con la obligación de indemnizarle como lo dispone la ley para el caso del despido sin causa justificadas de las estipuladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo cual dicha norma sustantiva no debió haber sido aplicada en su sentencia ‘por la corte recurrida para resolver el caso concreto. Lo expuesto en este primer motivo hace admisible el recurso de casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 112 del Código del Trabajo indicado como violado contiene varios literales que hacen referencia a distintas causas que facultan al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirige el ataque; b) omite indicar de forma completa el precepto autorizante, ya que no señala el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) tratándose su ataque de violación a la Ley por la vía directa resulta innecesario y falta de claridad y precisión señalar normas procesales como medio de la violación; d) la violación directa se produce al margen del material probatorio y siendo que la forma de la terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y por ende de la prueba resulta impropio el ataque por esta vía; y, e) formula alegatos de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por falta de apreciación de determinada prueba”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios: 1) Documental Público: Los que se presentan en el acto, 2). Reconocimiento Judicial: 1) Cantidad y tipos de contratos suscritos entre las partes, 2) Constatar los alcances y las obligaciones del INJUPEMP derivados de los contratos suscritos, 3) Constatar el tipo de planilla presupuestaria mediante el cual se le pagaba sus servicios profesionales a las demandantes, 4) Constatar así mismo en sus expedientes administrativos si durante la vigencia de su contratación las hoy demandantes solicitaron a las institución el cambio de modalidad de su contrato de temporal a permanente; 3) Documental por Oficio: INJUPEMP: Dirección Ejecutiva a fin de que se informe a este juzgado lo siguiente: Cual es la naturaleza permanente de la actividad o giro que realiza el INJUPEMP. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El artículo 113 del Código del Trabajo regula que la terminación del contrato de trabajo por una de las causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo surte efecto desde que el patrono la comunica al trabajador, en el caso de mérito el patrono no les comunico a las trabajadoras que la terminación del contrato de trabajo era por una de las causas en el artículo 112 del Código del Trabajo, sino que lo que ocurrió fue que las demandantes les expiro la vigencia de su contrato de servicios personales en virtud de que su vigencia no fue ampliada, por tal razón no existe ninguna nota de despido, porque ellas ya conocían la vigencia de sus contratos de servicios profesionales o personales, los cuales expiraban en la fecha establecida en su último contrato, extremo que se acreditó en su oportunidad para demostrar que todo lo actuado por mi representada es dentro del marco de la ley, en este tipo de contratos es facultad del contratante decidir si amplía la vigencia de la relación contractual mediante la suscripción de un nuevo documento, es decir que jurídicamente no es posible que el contratista obligue al contratante a suscribir un nuevo documento para ampliar la vigencia de la relación, si fuese el caso que existiera un contrato vigente, es dable que una de las partes le exija a la otra su cumplimiento pero el asunto que nos ocupa no existe ningún tipo de contrato vigente por el contrario la vigencia del contrato de servicios profesionales que vinculaba a mi representado con la parte actora se extinguió al cumplirse totalmente el termino para el cual fue celebrado y en consecuencia quedó rescindido de pleno derecho en aplicación de lo convenido en la cláusula de Rescisión del Contrato de los referidos contratos que textualmente dice: “ El contrato podrá rescindirse de pleno derecho y sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO” por los casos siguientes: a)...b)...c)...d).... Por vencimiento del contrato. La Corte de Apelaciones del Trabajo aplica indebidamente el artículo 113 del Código del Trabajo el cual no es vinculante al caso de autos habida cuenta que la norma sustantiva contenida en el artículo 113 del Código del trabajo es aplicable cuando para la terminación del contrato de trabajo se expresa una causa justa de las que relevan de responsabilidad a la parte que termina la relación y que se enuncian en el Artículo 112 del Código del Trabajo, por lo cual dicha aplicación causa la violación directa a la ley sustantiva de orden nacional. Lo expuesto en este segundo motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente merito la sentencia recurrida.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 112 del Código del Trabajo indicado como violado, contiene varios literales que hacen referencia a distintas causas que facultan al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirige el ataque; b) omite indicar de forma completa el precepto autorizante, ya que no señala el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) el artículo 112 del Código del Trabajo indicado, en éste cargo la Impetrante acusa su aplicación indebida y en el anterior motivo por falta de aplicación, lo cual es un contrasentido, ya que una misma norma no puede haber sido aplicada y dejada de aplicar a un mismo tiempo, por otra parte, aun cuando los cargos en casación son independientes, la técnica del recurso no permite que pueda desconocerse la falta de claridad y precisión en cuanto al modo de violación respecto a una misma norma; d) falta de claridad y precisión, al señalar por una parte normas procesales como medio de la violación alegada, y por otra, indica prueba dejada de apreciar lo cual se produce por la vía indirecta por error de hecho o de derecho; y, e) formula alegatos de instancia.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en esta falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalado así: Medio de prueba Documental Contratos de Servicios Profesionales y sobre la naturaleza de la partida presupuestaria bajo la cual se pagó el mismo mediante los cuales se constató la partida presupuestaria de personal no permanente y cuya vigencia concluyo de pleno derecho. Como consecuencia de la finalización de la vigencia del Contrato y de la disponibilidad de fondos, la cláusula de las obligaciones contractuales entre las partes deja definido y concluido sin ninguna responsabilidad para las partes.”.- VII. Que el cargo que antecede no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible, a saber: a) omite los requisitos del artículo 769 del Código de Trabajo como ser, el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado, precepto legal autorizante conforme al artículo 765 del mismo Código del Trabajo: y b) carece de explicación.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 374-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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