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Sentencia CL-363-17 — Registro 8413

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa del despido, caso contrario pague las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, pago de indemnizaciones por despido en estado de embarazo, se denuncia la simulación de contrato individual de trabajo en virtud de ser la naturaleza de las labores desempeñadas con carácter permanente, en consecuencia se pide se declare la nulidad de la cláusula que establece un término de duración a término de la relación laboral del contrato individual de trabajo que establece un término de duración de la relación laboral por ende falle declarando con lugar el pago de los conceptos reclamados por imputar una causa de terminación de contrato no establecida en el mismo como tal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 del Código del Trabajo, entre ellos omite consignar la declaración del alcance de su impugnación, ya que en dicho apartado lo que incluye es el texto de la sentencia impugnada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El anterior cargo resulta inadmisible por lo siguiente: a) omite señalar la norma sustantiva laboral de orden nacional infringida, ya que la que indica, el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no tiene ese carácter; y, b) el precepto autorizante no corresponde al orden laboral, sino civil, cuando el artículo 765 del Código del Trabajo ya establece las causales o motivos de este extraordinario recurso.- V.- Que los defectos técnicos señalados vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 17 de octubre del 2017, por el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora BLANCA LIZETH COREA GÓMEZ, representada en juicio por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa del despido, caso contrario pague las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, pago de indemnizaciones por despido en estado de embarazo, se denuncia la simulación de contrato individual de trabajo en virtud de ser la naturaleza de las labores desempeñadas con carácter permanente, en consecuencia se pide se declare la nulidad de la cláusula que establece un término de duración a término de la relación laboral del contrato individual de trabajo que establece un término de duración de la relación laboral por ende falle declarando con lugar el pago de los conceptos reclamados por imputar una causa de terminación de contrato no establecida en el mismo como tal, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de abril del 2013, por la señora BLANCA LIZETH COREA GÓMEZ, mayor de edad, casada, Secretaria, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO, por medio del Presidente Doctor VÍCTOR HUGO BARNICA ALVARADO, mayor de edad, Doctor en Medicina. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 06 de junio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN ESTADO DE EMBARAZO contra EL ESTADO DE HONDURAS Promovida por la señora BLANCA LIZETH COREA GÓMEZ Contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 2) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA: A) PAGAR UN GRAN TOTAL CIENTO UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 101,035.00) al demandante desglosado en los siguientes conceptos PREAVISO L. 24,500.00; AUXILIO DE CESANTÍA L. 36,750.00; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 2,109.72; VACACIONES: L. 6,343.80; VACACIONES PROPORCIONALES L. 1,406.48; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L. 87.50; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 5,337.50; INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN ESTADO DE EMBARAZO: L. 24,500.00- B) al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria sujetos a la liquidación que en su momento procesal oportuno se efectúe; 3) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRE Y POST NATAL, HORAS DE LACTANCIA Y REAJUSTE POR BONIFICACIÓN contra EL ESTADO DE HONDURAS Promovida por la señora BLANCA LIZETH COREA GÓMEZ Contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 4) ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA del pago de los conceptos señalados. 5) SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a trabajar para la demandada el 01 de noviembre del 2009, que firmó un contrato individual de trabajo, con la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional contra el Narcotráfico, con el objeto de que prestara los servicios como Aseadora-Conserje de la Institución, devengado un salario mensual de L. 10,500.00; y que a partir de esa fecha celebró cinco contratos de trabajo, mismos que tenían un término de duración, prestando los servicios durante 3 años y 9 meses; manifestó además que el 03 de enero del 2013, se le entrego una notificación en la que se le puso en conocimiento que el Contrato Individual de Trabajo había finalizado, y sin imputarle ninguna de las causas para dar por terminado el contrato plasmadas en cláusula octava donde se estableció de forma expresa las causas por las que el Contrato únicamente podría terminar; también denunció nulidad de la cláusula quinta, en virtud de simulación contractual; y concluyo manifestando que si se desestima la nulidad que pidió de la cláusula quinta del Contrato Individual de Trabajo en la que pretendían simular que las labores eran accidentales en la Institución, entonces la terminación del contrato de Trabajo siempre es legal, al no haberse pactado en el contrato que el mismo únicamente finalizaría conforme a tres causas de terminación y en las mismas en ningún momento pactamos que la duración del contrato sería una causa de terminación del mismo y que aun y cuando se invocara cualquiera de las causas de terminación, el demandante conservaría el pago de los derechos; y siendo las labores desempeñadas de naturaleza permanente, y evidente la simulación que pretendió el patrono en este caso con el único fin de evadir el pago de preaviso y cesantía, no hay salida para la institución, en cualquier de los dos casos es procedente el pago reclamado, y aunado a esto no respetaron la protección que la legislación laboral que le daba al hijo que esperaba y que era de conocimiento público y había sido notificado al empleador previamente, es más la nota de cancelación la recibo hasta el 07 de enero del 2013, porque estaba incapacitada y cuando la llamaron el 02 de enero para anunciarle que sería despedida fue ingresada y abortó el bebé.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando totalmente el contenido de la demanda y a legó en su defensa que no cuenta con los recursos para dar cumplimiento a las pretensiones del demandante y tal como lo ha mencionado anteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo Numero PCM-048-2014, el CNCN ha sido suprimido en todas sus estructuras, tanto institucional como presupuestariamente, por tanto no puede violentar dicho Decreto ni las Disposiciones establecidas en la Constitución de la República, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones nominadas en el presupuesto o en contravención con las normas presupuestarias.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora BLANCA LIZETH COREA GÓMEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO, por medio del Presidente Doctor VÍCTOR HUGO BARNICA ALVARADO, condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la suma de L. 101,035.00, en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, indemnización por despido en estado de embarazo, al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria sujetos a la liquidación que en su momento procesal oportuno se efectúe; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de pre y post natal, horas de lactancia y reajuste por bonificación; absolvió a la parte demandada del pago de los conceptos señalados, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no logró acreditar en juicio la temporalidad del contrato, contrario sensu se probó que la decisión de dar por terminada la relación laboral obedece a un acto unilateral y arbitrario del patrono, siendo que los contratos a término tienen carácter de excepción, los argumentos de la defensa atentan con el principio de estabilidad laboral, regulado por la Constitución de la República y demás Tratados de Derechos Humanos de los cuales Honduras es suscriptor asimismo habiéndose efectuado el despido con violación al debido proceso puesto que la demandante acreditó haberse encontrado en estado de embarazo y encontrándose en suspenso la relación laboral por gozar de incapacidad medica; que en la presente litis la parte actora ha demostrado la ilegalidad del despido denunciado puesto que la causa invocada no se encuentra ajustada a derecho de conformidad al artículo 112 y 117 del Código de Trabajo, siendo el despido la sanción más grave impuesta por el patrono al Trabajador y se concibe generalmente como un acto unilateral de voluntad mediante el cual el patrón decide dar fin a la relación laboral que lo vincula con el trabajador; por lo que es procedente declarar con lugar la presente demanda ordenando el pago de prestaciones laborales a los demandantes consistente en los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y auxilio de cesantía proporcional e indemnización por despido en estado de embarazo; con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en virtud de despido injustificado sujetos a la liquidación que en su momento procesal oportuno se efectúe; que en cuanto al pago de vacaciones pendientes y proporcionales, aguinaldo y decimocuarto y proporcionales hasta la fecha de terminación laboral, a favor del demandante a esta pretensión la demandada no aporto ningún documento que acredite el pago proporcional de estos conceptos hasta la fecha de terminación de la relación laboral, derechos estos protegidos por el principio de irrenunciabilidad en materia laboral por lo que procede ordenar su pago, en consecuencia se declaran con lugar el pago de los mismos, según los conceptos solicitados en el acápite cuantía del escrito de la demanda; asimismo la actora solicita horas de lactancia, pre y post natal, derechos estos que de conformidad a la prueba documental consistente en la incapacidad de fecha 03 de enero de 2013 se constató que la demandante sufrió un aborto; por lo cual no procede el pago de estos derechos; por lo que procede declarar sin lugar el pago de los mismos; en cuanto al pago de reajuste por bonificación la parte actora no es clara a que concepto se refiere la misma, como tampoco probó con ningún medio probatorio que le asistiera el mismo; en consecuencia se declara sin lugar el pago de dicho concepto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 06 de junio del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al juicio, se pudo establecer que la demandante ingresó a laborar en el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico desde el 01 de noviembre del 2009 como aseadora-conserjes, firmando varios contratos de trabajo por tiempo determinado, desarrollando sus labores en forma continua y para la misma clase de trabajo y no habiendo acreditado la parte demandada que la labor desarrollada por la demandante ya no se continúa haciendo en la institución demandada, procede en consecuencia declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito, recordándole a la institución demandada que los contratos por tiempo determinado tienen el carácter de excepción y no la regla, en consecuencia si la institución Demandada consideraba que se requería de los servicios de la demandante, debió de haber celebrado un contrato por tiempo determinado y no una serie de contratos, pues con la celebración de varios contratos convirtió la relación que originalmente era temporal en indefinida por disposición de la ley, pues en el Código del Trabajo se establece de manera clara y precisa, que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, debiendo de contarse el tiempo de servicio desde la fecha de inicio de la relación de trabajo y agrega dicho ordenamiento jurídico, que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba; que la parte demandada no le señala en la nota de terminación de la relación laboral, ninguna de las causas justas que dan lugar al despido por ¡o que el mismo es ilegal e injusto, además se acreditó en autos que la demandante se encontraba con incapacidad cuando se dio por terminada la relación laboral; que la parte demandante también solicita en su demanda el pago de indemnización por despido en estado de embarazo, el cual es procedente declararlo con lugar, en virtud de haberse acreditado que al momento de la terminación de la relación laboral la demandante se encontraba en estado de embarazo del cual tenía conocimiento el patrono; de igual manera solicita el pago de pre y post natal y horas de lactancia, los cuales es procedente declarar éstos dos últimos conceptos sin lugar, en virtud de haberse acreditado que la demandante sufrió un abortó que le provocó la pérdida de su bebe.- 5.- Mediante auto de fecha 29 de agosto del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 17 de octubre del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de noviembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 del Código del Trabajo, entre ellos omite consignar la declaración del alcance de su impugnación, ya que en dicho apartado lo que incluye es el texto de la sentencia impugnada.- III.- En adición, en el único motivo de casación invoca: “El artículo 719 del Código Procesal Civil dice: Causales del Recurso: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulas: a) Competencia Genérica, b). . . y c) La forma y contenido de la Sentencia, enunciados que paso a desarrollar a continuación: CAUSAL POR FALTA DE COMPETENCIA GENÉRICA: Infracción al Artículo 3 literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en relación al Artículo 2 del Código del Trabajo Vigente, por la apreciación del señor Juez, por lo cual debió obtenerse o inhibirse de conocer el asunto que nos ocupa, en virtud que los contratos de cualquier naturaleza suscritos entre la Administración Pública y personas particulares se regirán por las normas y disposiciones del Derecho Administrativo vigente y aplicable y no del Derecho Laboral y siendo la competencia la facultad que tiene cada Juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Que en la Sentencia recurrida, se establece que la parte demandada rechazo las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que entre los demandantes y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de la Presidencia, nunca ha existido una relación de trabajo ya que la relación entre ellos se encontraba enmarcadas en contratos Administrativos de Servicios Profesionales, al tenor de lo que también establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 3, que dicha ley conocerá: a) las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resoluciones y recisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de la Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, las Municipalidades y por las instituciones Autónomas, como ser los relativos a los Contratos por Servicios Profesionales o Técnicos, por lo tanto, la materia laboral no es competente para conocer de ese asunto y esto crearía un problema jurídico ya que lo contratos de cualquier naturaleza suscritos entre la Administración Pública y personas particulares se regirán por las normas y disposiciones del Derecho Administrativo vigente y aplicable y no del Derecho Labora y siendo la competencia la facultad que tiene cada Juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.”.- IV.- El anterior cargo resulta inadmisible por lo siguiente: a) omite señalar la norma sustantiva laboral de orden nacional infringida, ya que la que indica, el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no tiene ese carácter; y, b) el precepto autorizante no corresponde al orden laboral, sino civil, cuando el artículo 765 del Código del Trabajo ya establece las causales o motivos de este extraordinario recurso.- V.- Que los defectos técnicos señalados vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 363-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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